Dice Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del sol azteca, que no cree en las investigaciones ni en las declaraciones de José Luis Soberanes presidente de la CNDH
Jorge Ramos Pérez / El Universal / Ciudad de México, Lunes 30 de abril de 2007
Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del PRD, acusó al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, de modificar sus posturas en torno a la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de la región de Zongolica.
“Contradice lo dicho por él antes. El señor Fidel Herrera, gobernador del estado de Veracruz, a mí me informó que se estaba haciendo el análisis de todos los miembros del Ejército destacamentados en Zongolica y que habían detenido preventivamente a dos miembros del Ejército, eso me lo informó a mi Fidel Herrera y que me desmienta. Entonces hoy no sé si ya recibió instrucciones para echarse para atrás”, sostuvo Acosta Naranjo.
La semana pasada el gobernador de Veracruz dijo que no había responsabilidad de miembros del Ejército en el fallecimiento de la anciana.
“Vamos a esperar el resultado de las investigaciones, del agente del Ministerio Público, que por disposición de la Constitución local del estado de Veracruz es autónomo, no dependen sus investigaciones del Poder Ejecutivo local ni federal”, aseguró Acosta Naranjo.
“Esperaremos estas conclusiones lo único que puedo decir con certeza es que no creo en las versiones del presidente de la CNDH (José Luis Soberanes Fernández), que no creo que la autoridad correspondiente sea el gobernador de Veracruz”, sostuvo el perredista.
En opinión de Acosta Naranjo no se ha dicho que no hay delito en el caso de Ernestina Ascencio, y que el gobernador “ha dicho de manera inusual que él cree que no fueron los militares, eso le corresponderá resolverlo a las autoridades y no termina el problema con un dictamen incluso del procurador, siguen muchas otras instancias para resolver, nosotros no inventamos los boletines de la Sedena ni los firmó Guadalupe Acosta Naranjo ni el CEN del PRD, lo firmaron los responsables de la Sedena”.
Para Acosta Naranjo “Soberanes no tiene autonomía ante Calderón y Calderón está utilizando una figura tan importante como la CNDH para cubrir a quien él considera no debe ser tocado por nadie. Este es un tema que debe investigarse hasta el fondo”.
lunes, 30 de abril de 2007
LA PANTOMIMA DE ZONGOLICA...
jpbecerracostam@prodigy.net.mx / www.milenio.com / Lunes 30 de abril del 2007
Los argumentos periciales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la muerte de la anciana Ernestina Ascencio en la Sierra de Zongolica parecen rotundos: contrarios a los indicios del gobierno veracruzano, los cuales afirman que sí hubo violación y golpes en el caso de la indígena, las evidencias de la CNDH concluyen lo contrario.
Sin embargo, hay algo que sigue incomodándome desde que viajé a la zona para hacer un reportaje: los testimonios. Según José Luís Soberanes, el ombudsman nacional, la hoy occisa nunca afirmó en las horas posteriores a los hechos que la hubieran violado y que los supuestos criminales fueran militares. Soberanes dice que las palabras de la señora fueron tergiversadas cuando las tradujeron del náhuatl al español. Autoridades locales me enviaron hace un par de días un correo electrónico en el que aseguran que eso es falso. Que revisaron la traducción del intérprete y que la mujer dijo lo que dijo horas antes de morir.
Cuando estuve reporteando allá, Marta, la hija de 35 años de la anciana, me contó -exigí que hablara en su magro español- que su madre, tirada en una ladera cercana a Tetlatzinga (su pueblo), donde la halló luego de que le avisaron que ahí yacía, pronunció una palabra que no existe en náhuatl: “Soldados”. La hija le había preguntado que qué le había ocurrido. Su madre, con voz trémula y llorosa, agregó: “Se me echaron encima”. “¿Qué es eso de que se le echaron encima?”, le pregunté a Marta. Con la mirada tristísima, pronunció siete palabras en su escueto español: “Aquí, en comunidad, quiere decir que violaron”. Y agregó: “Aquí, así se decide eso”.
Al preguntarles por separado a varios lugareños acerca del significado de tal expresión, me lo confirmaron. Cuando los hijos de la mujer y un líder de la zona -hoy defenestrado- llevaban a la anciana al hospital aquel 25 de febrero, se detuvieron un momento en la casa del alcalde para gritar que la habían violado unos soldados. Javier Pérez Pascuala preguntó: “¿Es cierto, señora? ¿Fueron soldados?” La mujer no pudo contestar pero asintió dos veces.
Vuelvo a insistir: alguien miente. Sé que hoy lo políticamente correcto es avalar lo que dice la CNDH, pero a mí me siguen perturbando esos testimonios y esas miradas donde no pude atisbar, por más que lo intenté, un asomo de falsedad.
Reitero: sea quien sea -en Veracruz o en la Ciudad de México- quien haya montado una pantomima, la tiene que pagar. Y muy caro…
domingo, 29 de abril de 2007
"YA DEJEN EN PAZ A ERNESTINA": QUIRASCO
La titular de la CEDH
Pide cerrar el Caso Ernestina, ya dejenla descansar en paz
Máxima Guevara / www.diariodelitsmo.com / Xalapa. Veracruz, sábado 28 de abril del 2007
La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Nohemí Quirasco Hernández, pidió que ya se deje descansar en paz a la señora Ernestina Ascencio Rosario, la mujer indígena presuntamente ultrajada y asesinada en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, pues dijo que es necesario que el Ministerio Público concluya las indagatorias y deslinde responsabilidades.
sábado, 28 de abril de 2007
ENVIA LA CNDH EXPEDIENTE DEL CASO ASCENCIO A FISCALIA ESPECIAL
Es un acto de trascendencia, opina Fidel Herrera
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL / La Jornada / Sábado 29 de abril del 2007
Jalapa, Veracruz, 27 de abril. El gobernador Fidel Herrera Beltrán informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió el expediente técnico y científico sobre el caso de Ernestina Ascensión Rosario a la fiscalía especial que fue creada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Herrera Beltrán afirmó que su administración celebra la respuesta del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, para atender el requerimiento de la PGJE y turnar "el expediente técnico y las pruebas científicas y periciales" que recabó la CNDH. Dicha documentación se anexará a las indagatorias que realizan las autoridades del estado y servirá para que "en poco tiempo" el Ministerio Público emita su veredicto, "sustentado en los principios de imparcialidad, transparencia, certeza jurídica y legalidad".
El mandatario estatal refrendó que de esa form queda garantizado que la única instancia como autoridad investigadora es el Ministerio Público, como establece el marco legal vigente en el país.
Aunque los reporteros cuestionaron a Herrera Beltrán sobre las descalificaciones de Soberanes Fernández a la indagatoria integrada por la procuraduría veracruzana, el mandatario se limitó a adular al ombudsman y el trabajo de la CNDH.
Dijo que enviar el material técnico y científico a la PGJE es "un acto de gran trascendencia y de gran responsabilidad de la CNDH, sin precedente, que habla de la altura y la calidad profesional y moral del doctor Soberanes, y que nos pone en posibilidad de valorar lo actuado por la comisión, que tiene mayor capacidad técnica, científica y recursos para la averiguación de los posibles hechos constitutivos de violación a los derechos humanos".
No nos vendimos: familiares de Ascensión
En un supuesto comunicado emitido por la familia Inés Ascensión, difundido la noche del jueves por el dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, René Huerta -desconocido hasta la semana pasada por autoridades indígenas de Soledad Atzompa-, los hijos de Ernestina Ascensión niegan que hayan sido "comprados" por el gobierno federal para cambiar la exigencia de justicia por apoyos financieros.
A pesar de que se intentó hablar con la familia para corroborar la veracidad del comunicado, ésta y René Huerta se negaron a hacerlo. Este último ha asumido la vocería de los deudos y es el encargado de difundir los escritos enviados por correo electrónico a los medios de información.
En su texto, los familiares reiteraron que para alcanzar la resignación por la muerte de su madre esperan que haya justicia y que los funcionarios municipales de Soledad Atzompa, así como de instancias estatales y federales, no lucren con el deceso.
"No somos tontos. Sabemos distinguir entre quién nos engaña, quiénes quieren sacar beneficios y quién nos dice la verdad. Hemos confiando en las autoridades que nos prometieron", dicen en una parte del comunicado.
"El 19 de abril tuvimos una reunión con personas que venían de Gobernación. Platicamos con ellas y nos dijeron que teníamos su apoyo, que confiáramos en que iban a buscar la verdad y hacer justicia. Que confiáramos en las instituciones que están a cargo de las investigaciones y en el Ejército Mexicano, y que iban a apoyar a toda la sierra de Zongolica para que viviéramos mejor, pero ahora dicen que nos vendimos."
Señalaron que no sólo se les ha prohibido hablar y moverse libremente por la comunidad, pues "ahora vivimos asustados y tenemos que andar escondiéndonos porque no somos libres de hablar con nadie, porque se enojan las autoridades municipales y comunales", sino que han sido objeto de acoso y agresiones.
"El día sábado 21 abril, a la una la madrugada, a unos 200 metros de nuestros hogares, y el 22 de abril, también a dicha hora, se detuvo una camioneta con 10 hombres que con un faro alumbraban nuestra vivienda. Al hacerle señas para que se detuvieran continuaron su camino, pero al ser alcanzados se pudo comprobar que llevaban tres armas. Media hora después llegó el presidente municipal de Soledad Atzompa diciendo que eran cazadores de conejitos. También a algunos integrantes de la familia, misteriosamente, les han destruido sus milpas".
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL / La Jornada / Sábado 29 de abril del 2007
Jalapa, Veracruz, 27 de abril. El gobernador Fidel Herrera Beltrán informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió el expediente técnico y científico sobre el caso de Ernestina Ascensión Rosario a la fiscalía especial que fue creada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Herrera Beltrán afirmó que su administración celebra la respuesta del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, para atender el requerimiento de la PGJE y turnar "el expediente técnico y las pruebas científicas y periciales" que recabó la CNDH. Dicha documentación se anexará a las indagatorias que realizan las autoridades del estado y servirá para que "en poco tiempo" el Ministerio Público emita su veredicto, "sustentado en los principios de imparcialidad, transparencia, certeza jurídica y legalidad".
El mandatario estatal refrendó que de esa form queda garantizado que la única instancia como autoridad investigadora es el Ministerio Público, como establece el marco legal vigente en el país.
Aunque los reporteros cuestionaron a Herrera Beltrán sobre las descalificaciones de Soberanes Fernández a la indagatoria integrada por la procuraduría veracruzana, el mandatario se limitó a adular al ombudsman y el trabajo de la CNDH.
Dijo que enviar el material técnico y científico a la PGJE es "un acto de gran trascendencia y de gran responsabilidad de la CNDH, sin precedente, que habla de la altura y la calidad profesional y moral del doctor Soberanes, y que nos pone en posibilidad de valorar lo actuado por la comisión, que tiene mayor capacidad técnica, científica y recursos para la averiguación de los posibles hechos constitutivos de violación a los derechos humanos".
No nos vendimos: familiares de Ascensión
En un supuesto comunicado emitido por la familia Inés Ascensión, difundido la noche del jueves por el dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, René Huerta -desconocido hasta la semana pasada por autoridades indígenas de Soledad Atzompa-, los hijos de Ernestina Ascensión niegan que hayan sido "comprados" por el gobierno federal para cambiar la exigencia de justicia por apoyos financieros.
A pesar de que se intentó hablar con la familia para corroborar la veracidad del comunicado, ésta y René Huerta se negaron a hacerlo. Este último ha asumido la vocería de los deudos y es el encargado de difundir los escritos enviados por correo electrónico a los medios de información.
En su texto, los familiares reiteraron que para alcanzar la resignación por la muerte de su madre esperan que haya justicia y que los funcionarios municipales de Soledad Atzompa, así como de instancias estatales y federales, no lucren con el deceso.
"No somos tontos. Sabemos distinguir entre quién nos engaña, quiénes quieren sacar beneficios y quién nos dice la verdad. Hemos confiando en las autoridades que nos prometieron", dicen en una parte del comunicado.
"El 19 de abril tuvimos una reunión con personas que venían de Gobernación. Platicamos con ellas y nos dijeron que teníamos su apoyo, que confiáramos en que iban a buscar la verdad y hacer justicia. Que confiáramos en las instituciones que están a cargo de las investigaciones y en el Ejército Mexicano, y que iban a apoyar a toda la sierra de Zongolica para que viviéramos mejor, pero ahora dicen que nos vendimos."
Señalaron que no sólo se les ha prohibido hablar y moverse libremente por la comunidad, pues "ahora vivimos asustados y tenemos que andar escondiéndonos porque no somos libres de hablar con nadie, porque se enojan las autoridades municipales y comunales", sino que han sido objeto de acoso y agresiones.
"El día sábado 21 abril, a la una la madrugada, a unos 200 metros de nuestros hogares, y el 22 de abril, también a dicha hora, se detuvo una camioneta con 10 hombres que con un faro alumbraban nuestra vivienda. Al hacerle señas para que se detuvieran continuaron su camino, pero al ser alcanzados se pudo comprobar que llevaban tres armas. Media hora después llegó el presidente municipal de Soledad Atzompa diciendo que eran cazadores de conejitos. También a algunos integrantes de la familia, misteriosamente, les han destruido sus milpas".
GOBERNADOR DE VERACRUZ LLENA DE ELOGIOS A SOBERANES
Regina Martínez
Jalapa, Veracruz, 27 de abril (apro).- Finalmente el gobierno estatal recibió los informes requeridos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre los estudios técnicos levantados en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 72 años presuntamente violada por militares el 25 de febrero.
Por ello, el gobernador Fidel Herrera Beltrán calificó de "altamente comprometedor y enaltecedor" el gesto de la CNDH, al entregar en esta fecha los expedientes del caso, en respuesta al requerimiento del fiscal especial.
Sin embargo, no dejó de reconocer que la CNDH cuenta con mayor capacidad para abordar el caso, frente a los recursos de la Procuraduría local:
"Esto nos pone en la posibilidad de valorar lo actuado por la comisión, que tiene mayor capacidad técnica, científica y recursos para la averiguación de los posibles hechos constitutivos de violación a los derechos humanos", acotó.
La CNDH, reiteró, ha puesto a disposición del MP el expediente técnico, pruebas científicas y periciales, mismos que serán integrados al expediente de investigación ministerial de los "hechos que produjeron la muerte de la señora".
Estos documentos, dijo, serán valorados por el fiscal especial Juan Alatriste. De esta manera, y "sustentado en los principios de imparcialidad, transparencia, certeza jurídica y legalidad, unido a todo lo actuado en la integración de la averiguación, estamos seguros de que la autoridad competente habrá de concluirla en poco tiempo".
Así, Herrera Beltrán celebró la determinación de la CNDH, "pues es el principio de colaboración institucional y el acatamiento constitucional a la interacción de los Poderes de la Unión, la plena vigencia de los artículos 21 y demás relativos a la Constitución, y de las disposiciones legales que dan origen a esta comisión".
De esta manera, apuntó, "quedan totalmente garantizadas las facultades del Ministerio Público", y por ello "Veracruz saluda la determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", insistió.
En sus alabanzas, Herrera Beltrán subrayó que dicho acto es de "gran trascendencia y de una gran responsabilidad sin precedente, que habla de la altura y la calidad profesional y moral de José (Luis) Soberanes".
EXHONERA HERRERA BELTRAN A MILITARES DEL CASO ASCENCIO
Laura Castro Medina
Orizaba, Veracruz, 27 de abril (apro-cimac).- Sin que la Procuraduría local concluya las investigaciones, y menos emita su reporte, el gobernador priista Fidel Herrera Beltrán exoneró de toda responsabilidad a elementos del Ejército Mexicano del caso Ernestina Ascencio, mientras --a través de una carta electrónica presuntamente emitida por los cinco hijos de la indígena— éstos piden los “dejen en paz”, y redimen de toda responsabilidad en el escándalo a militares.
En breve entrevista realizada por el conductor Ciro Gómez Leyva, el gobernador de Veracruz dijo sobre el caso de Ernestina Ascencio:
“Confío plena y absolutamente --porque estuve en el sitio-- que nadie, ningún integrante del Ejército Mexicano, tiene ninguna acción que ver con lo que ocurrió”.
Agregó, ante la insistencia del periodista:
“Nadie nunca aquí actuó de mala fe, a lo mejor pudieron haber cometido un error, yo no me niego a considerar, espero que en la averiguación eso sea muy contundente, pero aquí nadie tuvo mala fe”.
Explicó que si en esta ocasión hablaba del caso, es porque anteriormente se había abstenido por apego a la ley, dando paso a que el Ministerio Público concluyera su investigación.
Sin embargo, abundó, estuvo muy de cerca del caso. Incluso cerca del cuerpo de Ernestina. “Vi y saludé a los 94 miembros del Batallón García, del glorioso Ejército Mexicano, destacamentados en la sierra de Zongolica.
“Ahora debo reconocer que la actitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fortalece el trato respetuoso e institucional”, remató.
Así mismo, informó que el lunes anterior se reunió con José Luis Soberanes con la finalidad de contribuir a una determinación técnica y profesional, con sustento científico, avalada con lo que se tenía de pruebas.
Sin embargo, reconoce que la CNDH cuenta con mejores recursos e infraestructura para efectuar una investigación:
“Pero tras celebrar la comparecencia de la CNDH, es difícil decir que meto las manos al fuego por el procurador Emeterio López Márquez, pues en la investigación no fue él directamente quien investigó el caso de Ernestina Ascencio.
“Primero pasó por los médicos del hospital regional de Río Blanco, luego por los legistas de la primera y segunda necropsia, posteriormente por colaboradores en la Subprocuraduría de Córdoba, y por un andamiaje que probablemente no tenga toda la estructura ni los recursos de la CNDH”.
Finalmente puntualizó:
“Creo, entiendo, porque esto ha sido el término de nuestros acuerdos, que habrá primero la averiguación y después las recomendaciones, pero estaré en términos de la ley y de la moralidad a entender y atender la recomendación en sus efectos legales”.
Presunta carta
A través del correo electrónico de René Huerta Rodríguez, depuesto dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), fue emitida una carta adjudicada a las y los hijos de la víctima, en la que, en una forma por demás dudosa, piden los dejen en paz, cuando ellos mismos clamaron en repetidas ocasiones justicia por la muerte de su madre asesinada (como consta en los audios en poder de Cimac).
El comunicado dice lo siguiente: “Los hijos de la señora Ernestina Ascencio Rosario les solicitamos por este conducto, a todas las personas, que nos permitan vivir en paz nuestro duelo, que tengan un poco de sensibilidad y respeto, el hecho que nos aconteció no se lo deseamos a nadie, nuestra mamá ya está descansando, pero nosotros ya estamos cansados de tantas agresiones, ofensas y calumnias que estamos sufriendo últimamente, nadie se ha puesto a pensar en nosotros, que tenemos el deseo de que se haga justicia para encontrar un poco de resignación.
“Ahora algunas gentes dicen que ya vendimos la causa, sólo le queremos recordar que esa causa se llama nuestra madre, y que solamente quien no haya nacido de una mujer puede pensar que eso sea posible, ya que su conciencia hallará la respuesta, tal vez porque somos pobres, porque no todos sabemos leer ni escribir, y no hablamos el español como mi madre, o porque muchas veces no nos podemos defender, piensan que no tenemos valores, ni dignidad, que no tenemos sentimientos.
“Las autoridades municipales de Soledad Atzompa hicieron una junta el 23 de abril para decidir qué debemos hacer o dejar de hacer, no lo vamos a aceptar, nosotros somos libres y queremos seguir siendo libres, algunos nos dicen inocentes, pero más bien nos quieren decir tontos, que nos dejamos manipular, y no es verdad, no somos tontos y sabemos distinguir entre quien nos engaña y quienes quieren sacar beneficios, y quien nos dice la verdad; creemos que todas las ofensas que estamos recibiendo se deben precisamente a que no hemos permitido que nos utilicen”.
También en la misiva argumentan que las autoridades municipales y comunitarias se encuentran inconformes por no haberles notificado de reuniones sostenidas con autoridades federales y estatales, acusando que también ellos --las autoridades de Soledad Atzompa-- han tenido reuniones con autoridades del estado y de la Federación, sin notificar a la familia.
Agrega la carta: “Vivimos asustados, tenemos que andar escondiéndonos porque no somos libres de hablar con nadie, porque se enojan las autoridades municipales y comunales, porque quieren que les informemos todo lo que hacemos a las autoridades, mismas que critican al señor Soberanes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por hablar sin fundamento, y ellos hacen lo mismo”.
“El 19 de los presentes, nos reunimos con el señor gobernador Fidel Herrera Beltrán, exponiéndole el temor por personas desconocidas, con persecuciones, y últimamente un disparo el sábado 21 de abril a la 1:00 am, a una distancia de 200 metros de nuestros hogares, y el 22 de abril, aproximadamente a la 1:00 de la mañana, se detuvo una camioneta con 10 integrantes que con un faro alumbraba nuestra vivienda y, al hacerle señas para que se detuvieran, continuó su camino; al ser alcanzada se pudo comprobar que llevaban tres armas, y a la media hora llegó el presidente municipal de Soledad Atzompa, diciendo que eran cazadores de conejitos, y desconocemos por que a los policías ahí presentes les pidió no los bajaran y entregaran las armas a Javier Pérez Pascuala, presidente municipal; nos preguntamos ¿por que?
“También a algunos integrantes de la familia misteriosamente sus milpas han sido destruidas por vehículos”. Aclaramos que ningún familiar estuvo en la comparecencia del doctor Soberanes el día de ayer, y si fueron autoridades municipales o comunales, fue a título personal, no a nombre de la familia.
“Por este conducto les pedimos que respeten los acuerdos que tomamos el día 3 de abril en la congregación de Atzompa, municipio de Soledad Atzompa, donde estuvieron representantes municipales y comunales de 23 municipios y otras organizaciones, y se acordó respetar nuestras decisiones y esperar los resultados de la Procuraduría del estado, en quien depositamos nuestra confianza; les agradecemos si desean ayudarnos pero también agradecemos que nos respeten como personas, así como nuestra libertad y nuestras garantías individuales, pero más les vamos a agradecer que no mezclen sus intereses personales ni desvirtúen las cosas, que se pongan un momento en nuestro lugar y, con todo respeto, que nos dejen vivir en paz”.
No queremos “chivos expiatorios”
En entrevista, Julio Atenco Vidal dijo que las palabras de Fidel Herrera Beltrán lastiman al pueblo indígena, pues antes de que se emita un informe de la Procuraduría estatal, el Ejecutivo ya está exonerando a los militares como responsables del crimen de Ernestina Ascencio, por lo que no se descarta que se pueda buscar “chivos expiatorios puestos”, o que sean señalados de entre la misma comunidad indígena.
Indicó que en las próximas horas los habitantes de las comunidades indígenas de Zongolica tomarán una determinación sobre las acciones que habrán de seguir. Por el momento, esperarán al informe final de la PGJE, manteniendo su postura de exigir justicia y castigo a los verdaderos responsables del crimen de la indígena de Soledad Atzompa.
Reiteró que el agravio no fue exclusivamente para Ernestina o para su familia, sino para todas las comunidades indígenas del país, que ven pisoteados sus derechos y su dignidad.
Las fotografías como pruebas de un crimen
Respecto del proceso legal que se emprenderá en contra de peritos que proporcionaron las fotografías publicadas en medios --en que la señora se observa sobre un charco de sangre--, Atenco Vidal explicó que las fotografías no afectaron a la familia; al contrario, permitieron que el caso desde el primer momento atrajera la atención de las y los mexicanos y que no se cerrara, pues “creó mucho ruido”. Las fotografías evidenciaron que sí hubo violencia en contra de la mujer.
Indicó que le causa mucha extrañeza que luego de una reunión con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Abraham Kunio González, a partir del 12 o 13 de marzo la familia comenzó a desistirse de sus señalamientos en contra de los militares como responsables de la muerte de su madre y, peor aún, se vetó un diálogo con los medios.
Destacó que el lunes anterior, en una reunión en palacio de gobierno con funcionarios estatales, él advirtió –en representación de la comunidad indígena-- que no permitirán se busquen ‘chivos expiatorios’, pues ha trascendido desde hace más de una semana que la PGJE tiene identificados a tres presuntos responsables del crimen, pero no son militares sino se trataría de presuntos talamontes, versión que se corrobora con las declaraciones vertidas ayer por el gobernador Fidel Herrera Beltrán en una entrevista radiofónica, acotó el entrevistado.
De asentarse lo anterior en la investigación de la Procuraduría local, el gobierno veracruzano estaría limpiando la imagen del Ejército, y así podría aliarse con el gobierno federal dejando impune el crimen, observó.
Orizaba, Veracruz, 27 de abril (apro-cimac).- Sin que la Procuraduría local concluya las investigaciones, y menos emita su reporte, el gobernador priista Fidel Herrera Beltrán exoneró de toda responsabilidad a elementos del Ejército Mexicano del caso Ernestina Ascencio, mientras --a través de una carta electrónica presuntamente emitida por los cinco hijos de la indígena— éstos piden los “dejen en paz”, y redimen de toda responsabilidad en el escándalo a militares.
En breve entrevista realizada por el conductor Ciro Gómez Leyva, el gobernador de Veracruz dijo sobre el caso de Ernestina Ascencio:
“Confío plena y absolutamente --porque estuve en el sitio-- que nadie, ningún integrante del Ejército Mexicano, tiene ninguna acción que ver con lo que ocurrió”.
Agregó, ante la insistencia del periodista:
“Nadie nunca aquí actuó de mala fe, a lo mejor pudieron haber cometido un error, yo no me niego a considerar, espero que en la averiguación eso sea muy contundente, pero aquí nadie tuvo mala fe”.
Explicó que si en esta ocasión hablaba del caso, es porque anteriormente se había abstenido por apego a la ley, dando paso a que el Ministerio Público concluyera su investigación.
Sin embargo, abundó, estuvo muy de cerca del caso. Incluso cerca del cuerpo de Ernestina. “Vi y saludé a los 94 miembros del Batallón García, del glorioso Ejército Mexicano, destacamentados en la sierra de Zongolica.
“Ahora debo reconocer que la actitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fortalece el trato respetuoso e institucional”, remató.
Así mismo, informó que el lunes anterior se reunió con José Luis Soberanes con la finalidad de contribuir a una determinación técnica y profesional, con sustento científico, avalada con lo que se tenía de pruebas.
Sin embargo, reconoce que la CNDH cuenta con mejores recursos e infraestructura para efectuar una investigación:
“Pero tras celebrar la comparecencia de la CNDH, es difícil decir que meto las manos al fuego por el procurador Emeterio López Márquez, pues en la investigación no fue él directamente quien investigó el caso de Ernestina Ascencio.
“Primero pasó por los médicos del hospital regional de Río Blanco, luego por los legistas de la primera y segunda necropsia, posteriormente por colaboradores en la Subprocuraduría de Córdoba, y por un andamiaje que probablemente no tenga toda la estructura ni los recursos de la CNDH”.
Finalmente puntualizó:
“Creo, entiendo, porque esto ha sido el término de nuestros acuerdos, que habrá primero la averiguación y después las recomendaciones, pero estaré en términos de la ley y de la moralidad a entender y atender la recomendación en sus efectos legales”.
Presunta carta
A través del correo electrónico de René Huerta Rodríguez, depuesto dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), fue emitida una carta adjudicada a las y los hijos de la víctima, en la que, en una forma por demás dudosa, piden los dejen en paz, cuando ellos mismos clamaron en repetidas ocasiones justicia por la muerte de su madre asesinada (como consta en los audios en poder de Cimac).
El comunicado dice lo siguiente: “Los hijos de la señora Ernestina Ascencio Rosario les solicitamos por este conducto, a todas las personas, que nos permitan vivir en paz nuestro duelo, que tengan un poco de sensibilidad y respeto, el hecho que nos aconteció no se lo deseamos a nadie, nuestra mamá ya está descansando, pero nosotros ya estamos cansados de tantas agresiones, ofensas y calumnias que estamos sufriendo últimamente, nadie se ha puesto a pensar en nosotros, que tenemos el deseo de que se haga justicia para encontrar un poco de resignación.
“Ahora algunas gentes dicen que ya vendimos la causa, sólo le queremos recordar que esa causa se llama nuestra madre, y que solamente quien no haya nacido de una mujer puede pensar que eso sea posible, ya que su conciencia hallará la respuesta, tal vez porque somos pobres, porque no todos sabemos leer ni escribir, y no hablamos el español como mi madre, o porque muchas veces no nos podemos defender, piensan que no tenemos valores, ni dignidad, que no tenemos sentimientos.
“Las autoridades municipales de Soledad Atzompa hicieron una junta el 23 de abril para decidir qué debemos hacer o dejar de hacer, no lo vamos a aceptar, nosotros somos libres y queremos seguir siendo libres, algunos nos dicen inocentes, pero más bien nos quieren decir tontos, que nos dejamos manipular, y no es verdad, no somos tontos y sabemos distinguir entre quien nos engaña y quienes quieren sacar beneficios, y quien nos dice la verdad; creemos que todas las ofensas que estamos recibiendo se deben precisamente a que no hemos permitido que nos utilicen”.
También en la misiva argumentan que las autoridades municipales y comunitarias se encuentran inconformes por no haberles notificado de reuniones sostenidas con autoridades federales y estatales, acusando que también ellos --las autoridades de Soledad Atzompa-- han tenido reuniones con autoridades del estado y de la Federación, sin notificar a la familia.
Agrega la carta: “Vivimos asustados, tenemos que andar escondiéndonos porque no somos libres de hablar con nadie, porque se enojan las autoridades municipales y comunales, porque quieren que les informemos todo lo que hacemos a las autoridades, mismas que critican al señor Soberanes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por hablar sin fundamento, y ellos hacen lo mismo”.
“El 19 de los presentes, nos reunimos con el señor gobernador Fidel Herrera Beltrán, exponiéndole el temor por personas desconocidas, con persecuciones, y últimamente un disparo el sábado 21 de abril a la 1:00 am, a una distancia de 200 metros de nuestros hogares, y el 22 de abril, aproximadamente a la 1:00 de la mañana, se detuvo una camioneta con 10 integrantes que con un faro alumbraba nuestra vivienda y, al hacerle señas para que se detuvieran, continuó su camino; al ser alcanzada se pudo comprobar que llevaban tres armas, y a la media hora llegó el presidente municipal de Soledad Atzompa, diciendo que eran cazadores de conejitos, y desconocemos por que a los policías ahí presentes les pidió no los bajaran y entregaran las armas a Javier Pérez Pascuala, presidente municipal; nos preguntamos ¿por que?
“También a algunos integrantes de la familia misteriosamente sus milpas han sido destruidas por vehículos”. Aclaramos que ningún familiar estuvo en la comparecencia del doctor Soberanes el día de ayer, y si fueron autoridades municipales o comunales, fue a título personal, no a nombre de la familia.
“Por este conducto les pedimos que respeten los acuerdos que tomamos el día 3 de abril en la congregación de Atzompa, municipio de Soledad Atzompa, donde estuvieron representantes municipales y comunales de 23 municipios y otras organizaciones, y se acordó respetar nuestras decisiones y esperar los resultados de la Procuraduría del estado, en quien depositamos nuestra confianza; les agradecemos si desean ayudarnos pero también agradecemos que nos respeten como personas, así como nuestra libertad y nuestras garantías individuales, pero más les vamos a agradecer que no mezclen sus intereses personales ni desvirtúen las cosas, que se pongan un momento en nuestro lugar y, con todo respeto, que nos dejen vivir en paz”.
No queremos “chivos expiatorios”
En entrevista, Julio Atenco Vidal dijo que las palabras de Fidel Herrera Beltrán lastiman al pueblo indígena, pues antes de que se emita un informe de la Procuraduría estatal, el Ejecutivo ya está exonerando a los militares como responsables del crimen de Ernestina Ascencio, por lo que no se descarta que se pueda buscar “chivos expiatorios puestos”, o que sean señalados de entre la misma comunidad indígena.
Indicó que en las próximas horas los habitantes de las comunidades indígenas de Zongolica tomarán una determinación sobre las acciones que habrán de seguir. Por el momento, esperarán al informe final de la PGJE, manteniendo su postura de exigir justicia y castigo a los verdaderos responsables del crimen de la indígena de Soledad Atzompa.
Reiteró que el agravio no fue exclusivamente para Ernestina o para su familia, sino para todas las comunidades indígenas del país, que ven pisoteados sus derechos y su dignidad.
Las fotografías como pruebas de un crimen
Respecto del proceso legal que se emprenderá en contra de peritos que proporcionaron las fotografías publicadas en medios --en que la señora se observa sobre un charco de sangre--, Atenco Vidal explicó que las fotografías no afectaron a la familia; al contrario, permitieron que el caso desde el primer momento atrajera la atención de las y los mexicanos y que no se cerrara, pues “creó mucho ruido”. Las fotografías evidenciaron que sí hubo violencia en contra de la mujer.
Indicó que le causa mucha extrañeza que luego de una reunión con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Abraham Kunio González, a partir del 12 o 13 de marzo la familia comenzó a desistirse de sus señalamientos en contra de los militares como responsables de la muerte de su madre y, peor aún, se vetó un diálogo con los medios.
Destacó que el lunes anterior, en una reunión en palacio de gobierno con funcionarios estatales, él advirtió –en representación de la comunidad indígena-- que no permitirán se busquen ‘chivos expiatorios’, pues ha trascendido desde hace más de una semana que la PGJE tiene identificados a tres presuntos responsables del crimen, pero no son militares sino se trataría de presuntos talamontes, versión que se corrobora con las declaraciones vertidas ayer por el gobernador Fidel Herrera Beltrán en una entrevista radiofónica, acotó el entrevistado.
De asentarse lo anterior en la investigación de la Procuraduría local, el gobierno veracruzano estaría limpiando la imagen del Ejército, y así podría aliarse con el gobierno federal dejando impune el crimen, observó.
EL CASO ASCENCIO SACO A LA LUZ MAS REPORTES DE VIOLACIONES DE MILITARES
Isaín Mandujano
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 27 de abril (apro).- La exdiputada federal y consultora de la UNICEF, Angélica de la Peña Gómez, señaló que luego de la difusión del caso de Ernestina Ascencio, salieron a la luz más reportes de abusos de militares contra mujeres en todo el país, sobre todo en zonas indígenas, y Chiapas no es la excepción.
En el marco del foro “Por una vida libre de violencia contra las mujeres”, organizado por el Congreso local, De la Peña Gómez dijo hoy que donde haya presencia militar, persiste el riesgo de abusos, pues la autoridad civil se suplanta o se ve avasallada por aquélla.
En entrevista, la activista feminista explicó que, en México, desgraciadamente persisten muchos casos, pero en su mayoría se mantienen en el anonimato:
“Poco a poco –y derivado del asunto del feminicidio contra Ernestina Ascencio-- nos hemos dado cuenta de hechos que han quedado de forma anónima, olvidados en muchísimos lugares del país, sobre todo en zonas indígenas”.
Señaló que conoce de muchos de casos de niñas que han sido violadas y con el tiempo quedan embarazadas: “Eso es terrible, y el caso de Chiapas no es la excepción”.
Dijo que son más los casos no documentados que los que sí han podido sustentarse, pues muchas mujeres prefieren evitar por temor la difusión del abuso del que fueron víctimas por parte de militares.
“Debemos exigir que los delitos que cometan los militares se les apliquen las leyes del país, porque hay una gran impunidad”, indicó la activista.
Señaló que hay sector –entre ellos sacerdotes y militares-- que se coloca fuera de la aplicación de la justicia cuando cometen ciertos abusos, y “eso es pernicioso”.
Al hablar de la violencia contra las mujeres en México, dijo que en Chiapas existen muchos casos documentados que hoy permanecen en el anonimato:
“Muchas han muerto y otras han sobrevivido a la violencia. Hay montones de casos en Chiapas. No podemos cerrar los ojos y decir que esas cosas no pasan”.
Agregó que en Chiapas son dos los elementos presentes que deben ser tomados en cuenta para proteger los derechos de las mujeres. Uno de ellos es la fuerte militarización, y la otra circunstancia es la frontera de la entidad, región que registra un alto grado de agravios hacia ellas.
“Lejos estamos del estadio de igualdad a que tenemos derechos las mujeres como seres humanos”, concluyó.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 27 de abril (apro).- La exdiputada federal y consultora de la UNICEF, Angélica de la Peña Gómez, señaló que luego de la difusión del caso de Ernestina Ascencio, salieron a la luz más reportes de abusos de militares contra mujeres en todo el país, sobre todo en zonas indígenas, y Chiapas no es la excepción.
En el marco del foro “Por una vida libre de violencia contra las mujeres”, organizado por el Congreso local, De la Peña Gómez dijo hoy que donde haya presencia militar, persiste el riesgo de abusos, pues la autoridad civil se suplanta o se ve avasallada por aquélla.
En entrevista, la activista feminista explicó que, en México, desgraciadamente persisten muchos casos, pero en su mayoría se mantienen en el anonimato:
“Poco a poco –y derivado del asunto del feminicidio contra Ernestina Ascencio-- nos hemos dado cuenta de hechos que han quedado de forma anónima, olvidados en muchísimos lugares del país, sobre todo en zonas indígenas”.
Señaló que conoce de muchos de casos de niñas que han sido violadas y con el tiempo quedan embarazadas: “Eso es terrible, y el caso de Chiapas no es la excepción”.
Dijo que son más los casos no documentados que los que sí han podido sustentarse, pues muchas mujeres prefieren evitar por temor la difusión del abuso del que fueron víctimas por parte de militares.
“Debemos exigir que los delitos que cometan los militares se les apliquen las leyes del país, porque hay una gran impunidad”, indicó la activista.
Señaló que hay sector –entre ellos sacerdotes y militares-- que se coloca fuera de la aplicación de la justicia cuando cometen ciertos abusos, y “eso es pernicioso”.
Al hablar de la violencia contra las mujeres en México, dijo que en Chiapas existen muchos casos documentados que hoy permanecen en el anonimato:
“Muchas han muerto y otras han sobrevivido a la violencia. Hay montones de casos en Chiapas. No podemos cerrar los ojos y decir que esas cosas no pasan”.
Agregó que en Chiapas son dos los elementos presentes que deben ser tomados en cuenta para proteger los derechos de las mujeres. Uno de ellos es la fuerte militarización, y la otra circunstancia es la frontera de la entidad, región que registra un alto grado de agravios hacia ellas.
“Lejos estamos del estadio de igualdad a que tenemos derechos las mujeres como seres humanos”, concluyó.
EJERCITO REZAGADO
Jorge Carrasco Araizaga
México, D.F., sábado 27 de abril del 2007 (apro).- Sometido a la coyuntura política por decisión del presidente Felipe Calderón, el Ejército Mexicano está, más que nunca, lejos de la modernización que desde hace años reclaman las Fuerzas Armadas de México.
Concentrado en los operativos contra el narcotráfico y en la forma de librar las acusaciones por la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascencio Rosario en la sierra de Zongolica, en Veracruz, el alto mando del Ejército tiene poco margen para responder a los cambios que promueven miembros de la propia institución.
La comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, ante la Cámara de Diputados, mostró que la urgencia política le impide al Ejército siquiera reflexionar en torno a propuestas que desde hace años se han planteado para la política de defensa nacional.
Preocupado en responder a la inquietud de los diputados por los asuntos en que el Ejército ha quedado atrapado desde que Calderón lo tiene –junto con la Marina– como su principal aliado político, el general Galván se dedicó a hacer una mera presentación de lo hecho por la Secretaría a su cargo desde hace cinco meses.
Lejos de ser una auténtica comparencia en la que se dé un debate en torno a políticas públicas, la práctica que se sigue en el Congreso mexicano apenas llega a un presentación de los funcionarios que acuden como invitados y no como responsables de una cartera sobre la que tienen que rendir cuentas y transparentar sus acciones.
Por eso no resultó nada extraño que el general Galván haya ignorado por completo el intento de uno de sus excompañeros de armas para empezar a debatir lo que puede ser una nueva política de defensa nacional para México. Fue el general retirado del Ejército, ahora diputado del PRI e integrante de la Comisión de Defensa Nacional, Roberto Badillo Martínez, quien en un intento de darle sentido a la comparecencia hizo algunas propuestas. Pero se topó con una muralla, pues el secretario las pasó totalmente por alto.
Más allá de la polémica de algunas de sus propuestas, el general en retiro lanzó un tema que incomoda a muchos militares en activo: la unificación en una sola dependencia a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina.
Ello significaría para México tener un solo mando de Defensa Nacional que para operar requeriría de un Estado Mayor Conjunto, comandado alternadamente por un jefe del Ejército, uno de la Fuerza Aérea y otro de la Armada, como ocurre en muchos países, incluido Estados Unidos.
Por encima de ese Estado Mayor Conjunto, desde luego, estaría el presidente de la República, en primacía del poder civil sobre el militar, propia de los regímenes democráticos.
Además, una sola secretaría representaría ahorros y habría una política articulada para la defensa del país.
Más polémica para el sector civil fue la propuesta del general retirado Badillo para crear “una cuarta fuerza militar”, conocida como Guardia Nacional y habilitada por las Fuerzas Armadas para cumplir tareas como la defensa de las fronteras.
En ese tenor, propuso también la modernización de las defensas rurales, previstas desde hace décadas en la legislación militar. Según el diputado, con esa actualización aumentaría la actividad de inteligencia contra el narcotráfico en el campo.
A lo que no se refirió el diputado fue a la necesidad de revisar también las funciones del Estado Mayor Presidencial, originalmente concebido para la protección del presidente y su entorno familiar, pero que ha derivado en una extensa y costosa carga financiera para los mexicanos, sobre la que no hay ningún tipo de contrapeso.
No les falta razón a quienes lo caracterizan como “un Ejército dentro del Ejército”, pues ni siquiera el secretario de la Defensa tiene control sobre los mandos militares al servicio del presidente.
Tampoco se refirió al pospuesto debate sobre la participación de México en operaciones internacionales de la ONU para el mantenimiento y establecimiento de la paz en zonas de conflicto.
Todas esas propuestas, que están supeditadas a cambios legislativos y hasta ahora sólo se han discutido en la academia, muestran la necesidad compartida ya por algunos militares de que se tiene que hacer una revisión de la manera en que operan las Fuerzas Armadas en México.
En su comparecencia, el general Galván admitió que hay “una preocupación” por la necesidad de que México cuente con una política de defensa nacional, pero “no hay una concretad (sic) precisa”.
En el mejor los casos, lo único que ofreció fueron “las metas del Plan Nacional de Desarrollo en materia de seguridad nacional”, lo que, en la práctica, significa un sexenio más de rezago en los asuntos militares en México.
jcarasco@proceso.com.mx
viernes, 27 de abril de 2007
EL JUEGO DEL OMBUDSMAN
Julio Hernández López / La Jornada / Viernes 27 de abril del 2007
Aparentar, mediatizar
Partituras de elite
Oficioso MP Federal
La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un juguete caro que sirve para aparentar que en México se atienden y corrigen los excesos cometidos desde el poder contra los ciudadanos. Su actual presidente, José Luis Soberanes, es un aplicado continuador de las políticas de comercialización del conocimiento jurídico que para fines de escalamiento de la alta burocracia implantó Jorge Carpizo, el corruptor fundacional del concepto del ombudsman. Creadas desde el poder, designados sus titulares mediante arreglos facciosos y comprometidas con el funcionamiento "institucional", es decir, con el canje de favores y encubrimientos en puntos clave para que todo siga funcionando en el tono compartido por los beneficiarios de esas partituras de elite, entidades como la CNDH, el IFE y el propio IFAI demuestran que la presunta "autonomía" de ciertas organizaciones "buenas" no ha sido más que una treta bien pagada.
El caso de Zongolica ha mostrado con crudeza a un Soberanes que en otros temas había podido manejar con más eficacia los disfraces. Pero nunca ha sido dicho funcionario un verdadero defensor del pueblo que hubiera retado o confrontado al poder para que se reconociera una verdad o se estableciera la justicia. Soberanes es parte de la clase política que ha sobrevivido a la era del control priísta y ha pasado a la etapa de vaivenes a veces inexplicables o aberrantes del aprendizaje panista. A finales del sexenio de Vicente Fox mantuvo un forcejeo verbal motivado más por los modos y desdenes del ex gobernador de Guanajuato que por diferencias de fondo o conflictos trascendentes. De cualquier forma, ese distanciamiento del foxismo le permitió a Soberanes asumir posturas declarativas de presunto desafío del poder, rozando incluso, en varias ocasiones, los terrenos de la opinión política más que los propios de su encargo.
Pero con el débil aparato calderonista el hombre de política apellidado Soberanes ha encontrado comodidad y expectativas, de tal manera que la CNDH se ha acomedido a cumplir tareas de desactivación de conflictos como el de Zongolica. El planteamiento es sencillo: el secretario de la Defensa Nacional ha sostenido públicamente que no se protegerá ningún abuso cometido por hombres de verde y que, en ese tenor, se respetará y se exigirá respeto a dictámenes o señalamientos de instituciones que establezcan inocencias o culpabilidades. ¡Y resulta que el buen amigo Soberanes se ha aprontado, convirtiéndose en un oficioso agente del Ministerio Público Federal, a expedir exoneraciones pasando por encima de indagaciones locales que eran favorables al dicho de los exigentes de justicia y sin siquiera llamar a comparecer a los soldados presuntamente culpables de una violación fatal! Tal como un agente del Ministerio Público, que tiene el monopolio de la acción penal, el agente Soberanes consideró que no había sustento en las denuncias recibidas y determinó a su personal criterio que no tenía sentido seguir con el asunto: carpetazo por órdenes del jefe federal. De tal manera que, establecida una verdad por la instancia supuestamente defensora de los derechos humanos, y convalidada por los comerciantes de la opinión pública, el caso de Zongolica quedaría como una anécdota más.
Pero diputadas federales de distintos partidos, que han conocido el expediente amplio de la muerte de Ernestina, han insistido en que en San Lázaro se atienda a fondo el punto y luego, teniendo frente a ellas al titular de la CNDH, le han puesto lo que La Jornada describió en primera plana como una "tunda". Y el gobierno de Veracruz, encabezado por un personaje escurridizo y tramposo, ha sostenido sin duda la tesis de la violación que la procuraduría estatal de justicia había establecido. Además de que la fuerza de los hechos, y las evidencias documentales y testimoniales disponibles, están llevando a más segmentos periodísticos a atender cuando menos con cierto equilibrio la información derivada de este caso.
En ese contexto, la CNDH y su titular quedan en evidencia y demuestran que allí, como en el IFE, son necesarios relevos, pues la función presuntamente ejercida está ya no sólo bajo sospecha sino bajo repudio popular. Una institución que debe proteger los derechos humanos no seguirá adelante con eficacia si no hay confianza en ella. Tal vez sea tiempo de que José Luis Soberanes vaya pensando en el nuevo cargo que el agradecimiento felipista-militar tenga a bien darle.
Mientras tanto, el michoacano al que gustaba usar como canción de campaña el corrido del hijo desobediente fue a Guanajuato a hablar contra el paternalismo político y, al mismo tiempo, rendirle honores al progenitor del gran fraude del 2 de julio de 2006 que, por tanto, es padrastro o tutor de los resultados institucionales de aquellas violaciones. Menciones y agradecimiento público prodigó al jefe Chente el hijo pródigo, cuadro pictórico en el que se mezclan el reconocimiento del papel dirigente que aún tendría el ex presidente en la política interior y, sobre todo, la aceptación y el aval a las nuevas andanzas de quijotería a la inversa que está practicando a escala internacional el caballero armado de nombre Vicente, quien ha prometido ir a lomos de caballo a Venezuela para defender a aquel pueblo de las tiranías y maldades del presidente de esa república sudamericana con quien pretende (¿o pretendía?) reanudar buenas relaciones el jovenzuelo de espejuelos que sin embargo prefiere acogerse a los trazos y decisiones que toma el adulto mayor que oficialmente ya no gobierna pero sí es sapiente guía reconocible. Por cierto, linda declaración del chivo Fox en cristalería: "Soy un ciudadano privado (¿de la razón?, pregunta algún astillero siquiátrico) y el presidente Calderón es una institución aparte. No veo por qué razón mi labor a favor de la democracia en países como Venezuela pueda afectar al gobierno de México". ¡Ya está: si Hugo Chávez se queja de algo, la CNDH podría expedir un certificado de gastritis intelectual a nombre de Chente, y colorín colorado! ¡Feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 * juliohdz@jornada.com.mx * www.juliohernandez.com.mx
Aparentar, mediatizar
Partituras de elite
Oficioso MP Federal
La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un juguete caro que sirve para aparentar que en México se atienden y corrigen los excesos cometidos desde el poder contra los ciudadanos. Su actual presidente, José Luis Soberanes, es un aplicado continuador de las políticas de comercialización del conocimiento jurídico que para fines de escalamiento de la alta burocracia implantó Jorge Carpizo, el corruptor fundacional del concepto del ombudsman. Creadas desde el poder, designados sus titulares mediante arreglos facciosos y comprometidas con el funcionamiento "institucional", es decir, con el canje de favores y encubrimientos en puntos clave para que todo siga funcionando en el tono compartido por los beneficiarios de esas partituras de elite, entidades como la CNDH, el IFE y el propio IFAI demuestran que la presunta "autonomía" de ciertas organizaciones "buenas" no ha sido más que una treta bien pagada.
El caso de Zongolica ha mostrado con crudeza a un Soberanes que en otros temas había podido manejar con más eficacia los disfraces. Pero nunca ha sido dicho funcionario un verdadero defensor del pueblo que hubiera retado o confrontado al poder para que se reconociera una verdad o se estableciera la justicia. Soberanes es parte de la clase política que ha sobrevivido a la era del control priísta y ha pasado a la etapa de vaivenes a veces inexplicables o aberrantes del aprendizaje panista. A finales del sexenio de Vicente Fox mantuvo un forcejeo verbal motivado más por los modos y desdenes del ex gobernador de Guanajuato que por diferencias de fondo o conflictos trascendentes. De cualquier forma, ese distanciamiento del foxismo le permitió a Soberanes asumir posturas declarativas de presunto desafío del poder, rozando incluso, en varias ocasiones, los terrenos de la opinión política más que los propios de su encargo.
Pero con el débil aparato calderonista el hombre de política apellidado Soberanes ha encontrado comodidad y expectativas, de tal manera que la CNDH se ha acomedido a cumplir tareas de desactivación de conflictos como el de Zongolica. El planteamiento es sencillo: el secretario de la Defensa Nacional ha sostenido públicamente que no se protegerá ningún abuso cometido por hombres de verde y que, en ese tenor, se respetará y se exigirá respeto a dictámenes o señalamientos de instituciones que establezcan inocencias o culpabilidades. ¡Y resulta que el buen amigo Soberanes se ha aprontado, convirtiéndose en un oficioso agente del Ministerio Público Federal, a expedir exoneraciones pasando por encima de indagaciones locales que eran favorables al dicho de los exigentes de justicia y sin siquiera llamar a comparecer a los soldados presuntamente culpables de una violación fatal! Tal como un agente del Ministerio Público, que tiene el monopolio de la acción penal, el agente Soberanes consideró que no había sustento en las denuncias recibidas y determinó a su personal criterio que no tenía sentido seguir con el asunto: carpetazo por órdenes del jefe federal. De tal manera que, establecida una verdad por la instancia supuestamente defensora de los derechos humanos, y convalidada por los comerciantes de la opinión pública, el caso de Zongolica quedaría como una anécdota más.
Pero diputadas federales de distintos partidos, que han conocido el expediente amplio de la muerte de Ernestina, han insistido en que en San Lázaro se atienda a fondo el punto y luego, teniendo frente a ellas al titular de la CNDH, le han puesto lo que La Jornada describió en primera plana como una "tunda". Y el gobierno de Veracruz, encabezado por un personaje escurridizo y tramposo, ha sostenido sin duda la tesis de la violación que la procuraduría estatal de justicia había establecido. Además de que la fuerza de los hechos, y las evidencias documentales y testimoniales disponibles, están llevando a más segmentos periodísticos a atender cuando menos con cierto equilibrio la información derivada de este caso.
En ese contexto, la CNDH y su titular quedan en evidencia y demuestran que allí, como en el IFE, son necesarios relevos, pues la función presuntamente ejercida está ya no sólo bajo sospecha sino bajo repudio popular. Una institución que debe proteger los derechos humanos no seguirá adelante con eficacia si no hay confianza en ella. Tal vez sea tiempo de que José Luis Soberanes vaya pensando en el nuevo cargo que el agradecimiento felipista-militar tenga a bien darle.
Mientras tanto, el michoacano al que gustaba usar como canción de campaña el corrido del hijo desobediente fue a Guanajuato a hablar contra el paternalismo político y, al mismo tiempo, rendirle honores al progenitor del gran fraude del 2 de julio de 2006 que, por tanto, es padrastro o tutor de los resultados institucionales de aquellas violaciones. Menciones y agradecimiento público prodigó al jefe Chente el hijo pródigo, cuadro pictórico en el que se mezclan el reconocimiento del papel dirigente que aún tendría el ex presidente en la política interior y, sobre todo, la aceptación y el aval a las nuevas andanzas de quijotería a la inversa que está practicando a escala internacional el caballero armado de nombre Vicente, quien ha prometido ir a lomos de caballo a Venezuela para defender a aquel pueblo de las tiranías y maldades del presidente de esa república sudamericana con quien pretende (¿o pretendía?) reanudar buenas relaciones el jovenzuelo de espejuelos que sin embargo prefiere acogerse a los trazos y decisiones que toma el adulto mayor que oficialmente ya no gobierna pero sí es sapiente guía reconocible. Por cierto, linda declaración del chivo Fox en cristalería: "Soy un ciudadano privado (¿de la razón?, pregunta algún astillero siquiátrico) y el presidente Calderón es una institución aparte. No veo por qué razón mi labor a favor de la democracia en países como Venezuela pueda afectar al gobierno de México". ¡Ya está: si Hugo Chávez se queja de algo, la CNDH podría expedir un certificado de gastritis intelectual a nombre de Chente, y colorín colorado! ¡Feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 * juliohdz@jornada.com.mx * www.juliohernandez.com.mx
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA SIERRA ZONGOLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
CON RELACIÓN A LOS HECHOS DONDE PERDIÓ LA VIDA LA SRA. ERNESTINA ASCENCIO ROSARIO, EXPONDRÉ A USTEDES EN FORMA GENERAL, LAS ACCIONES REALIZADAS POR ESTA SECRETARÍA, EN EL ÁMBITO DEL FUERO DE GUERRA, POR TRATARSE DE UN ACTO DEL SERVICIO PARA LOS MILITARES QUE INTEGRARON LA BASE DE OPERACIONES QUE SE ENCONTRABA DESPLEGADA A INMEDIACIONES DE DONDE SE SUSCITARON LOS ACONTECIMIENTOS.
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA MILITAR SE ENCUENTRA INTEGRANDO LA INDAGATORIA CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SI SE INFRINGIÓ O NO LA DISCIPLINA MILITAR, HABIENDOSE REALIZADO LAS ACCIONES SIGUIENTES:
- DE INMEDIATO SE INICIÓ UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y SE DIO INTERVENCIÓN A PERITOS MILITARES.
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA SIERRA ZONGOLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ.
- SE EXAMINÓ MEDICAMENTE AL PERSONAL MILITAR Y SE INSPECCIONÓ SU VESTUARIO (NO SE DETECTARON EVIDENCIAS O INDICIOS DE CÓPULA RECIENTE O ALGUNA PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS INVESTIGADOS).
- EL MINISTERIO PÚBLICO MILITAR LE DIO INTERVENCIÓN A LA POLICÍA JUDICIAL MILITAR EN AUXILIO DE SU INDAGATORIA. - SE RECABÓ LA DECLARACIÓN DE TODO EL PERSONAL MILITAR, Y TAMBIÉN LA DEL C. JAVIER PÉREZ PASCUALA, PDTE. MPAL. DE SOLEDAD ATZOMPA, VER.
- PERITOS MÉDICOS ANALIZARON EL PROTOCOLO DE NECROPSIA, CERTIFICADOS MÉDICOS Y EXPEDIENTE CLÍNICO DE LA OCCISA.
- SE DISPUSO LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE AL PERSONAL MILITAR, PARA REALIZAR LA PRUEBA DE GENÉTICA. AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA SIERRA ZONGOLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ.
- EL MINISTERIO PÚBLICO MILITAR SOLICITÓ A SU HOMÓLOGO DEL FUERO COMÚN COPIA CERTIFICADA DE LA INDAGATORIA Y MUESTRAS DE LOS FLUIDOS ENCONTRADOS EN LA OCCISA. (NO FUERON REMITIDAS LAS COPIAS CERTIFICADAS NI LAS MUESTRAS SOLICITADAS, ADUCIENDO QUE ESTAS ÚLTIMAS SE CONSUMIERON EN SU ANÁLISIS).
- PERITOS MILITARES PARTICIPARON EN LA EXHUMACIÓN Y RENECROPSIA EN EL CUERPO DE LA OCCISA.
- EL TITULAR DE ESTA SECRETARÍA RECIBIÓ A LOS COORDINADORES DEL PRD DE LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DIPUTADOS ASÍ COMO FUNCIONARIOS DEL C.E.N. DEL MISMO PARTIDO Y AL PDTE. MPAL. DE SOLEDAD ATZOMPA, VER.
- EL PROCURADOR MILITAR SE REUNIÓ EN DIVERSAS OCASIONES CON LEGISLADORES DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE DEFENSA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
LA INDAGATORIA MILITAR AÚN NO CONCLUYE Y SE CONTINÚAN PRACTICANDO LAS DILIGENCIAS QUE RESULTEN NECESARIAS. (SEINSISTIRA EN LA REMISIÓN DE LA COPIA DE LA INDAGATORIA DEL FUERO COMÚN Y EN RECABAR LA DECLARACIÓN DE ALGUNAS PERSONAS QUE TUVIERON CONTACTO CON LA OCCISA EL DÍA DE LOS HECHOS).
NO OMITO SEÑALAR, QUE DESDE UN PRINCIPIO SE HAN PROPORCIONADO LAS FACILIDADES Y LOS APOYOS NECESARIOS A LAS AUTORIDADES CIVILES PARA LA PRÁCTICA DE SUS INVESTIGACIONES.
EN ESTE SENTIDO, EL PERSONAL MILITAR PRESUNTAMENTE INVOLUCRADO, HA PERMANECIDO DISPONIBLE PARA QUE RINDA SU DECLARACIÓN EN EL MOMENTO EN QUE LAS AUTORIDADES CIVILES LO REQUIERAN.
QUIERO MENCIONAR, QUE RESPETUOSO DE LA INDEPENDENCIA DE LOS ÓRGANOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LOS FUEROS COMÚN Y DE GUERRA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 21 CONSTITUCIONAL, EL TITULAR DE ESTA SECRETARÍA UNICAMENTE SE MANTIENE PENDIENTE DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES, PARA QUE SEAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES QUIENES DETERMINEN LO QUE EN DERECHO PROCEDA.
POR ÚLTIMO, REITERO A USTEDES SEÑORES DIPUTADOS, QUE EN NINGUNA SITUACIÓN O CIRCUNSTANCIA SE ENCUBRIRÁN ACCIONES DELICTUOSAS DE PERSONAL MILITAR, PERO DE LA MISMA MANERA, SI LOS ORGANOS JURISDICCIONALES RESUELVEN QUE NO SE INCURRIÓ EN ILÍCITOS, SE EXIGIRÁ RESPETAR LA DETERMINACIÓN.
¿QUE OCULTA SOBERANES?
Eduardo Ibarra Aguirre / http://www.argenpress.info / Viernes 27 de abril del 2007
En palabras de Judith Alamo López también podría preguntarse: “¿A quién le sirve el ombudsman?” (Forum 166, V-07, p. 19). Aunque defensor del pueblo, estrictamente hablando, me parece que en nuestro país no tenemos aún. El propósito de Carlos Salinas de Gortari, su creador, fue sólo para satisfacer las exigencias internacionales y suscribir acuerdos de libre comercio, particularmente el de Norteamérica.
Mas el trabajo de los periodistas, sobre todo los que hacen opinión, no es hacer preguntas a los lectores sino responderlas, me decía Miguel Angel Granados Chapa, allá por 1987.
Y como de responder interrogantes se trata, empiezo por el final. Ninguno de los abundantes casos que ha atendido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha enredado tanto a su titular, José Luis Soberanes Fernández, como el asesinato de la indígena Ernestina Ascencio Rosario -en Tetlacinga, Soledad Atzompa, Veracruz-, al punto de ser el centro de la crítica pública por extralimitación en las funciones que la legislación le otorga a la CNDH, por la manera tendenciosa e imprudente que ha dado al manejo de la información sobre las investigaciones, por las contradicciones en que ha incurrido y también por recurrir a violaciones a los derechos humanos de las víctimas de la posible comisión de un delito.
Todo lo anterior si nos atenemos a los juicios que hicieron diputados de todos los partidos políticos, con la predecible excepción de Acción Nacional, ante las comisiones unidas de Equidad y Género, Derechos Humanos y de Justicia.
Justamente en la conducta panista en el debate legislativo se encuentra parte de las respuestas a tantas preguntas que Soberanes fue incapaz de contestar a los diputados: “¿Por qué intervino de oficio? ¿Por qué descalifica el trabajo de la Procuraduría estatal? ¿Por qué no ha investigado a los militares? ¿Por qué no emitió recomendación al Ejecutivo? ¿Investiga a la Sedena?”
Porque Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, usurpando funciones del Ministerio Público dictaminó a Elena Gallegos y Claudia Herrera, fuera de grabadoras, lo siguiente:
“He estado al pendiente del caso de la señora que se dice (sic) asesinaron en Zongolica. La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a la información” (La Jornada, 13-III-07, p. 11).
Con Calderón y la ayuda de Soberanes retrocederíamos a los tiempos del absolutismo presidencial, cuando la palabra del inquilino principal de Los Pinos era la primera y la última, sagrada.
El doctor que pasó de “los pleitos de verduleras” al “estoy sacado de onda” está más que empeñado, obsesionado, en defender al actual titular del Ejecutivo federal porque “Antes contestaban mis informes hablando de la inmortalidad del cangrejo. Ahora me responden”. Es decir, Vicente Fox Quesada lo hostigó hasta con la Procuraduría General de la República y Calderón Hinojosa lo apapacha y hasta le aplaude.
El michoacano y su nuevo aliado Soberanes son incapaces de molestar al Ejército y menos aún al divisionario Guillermo Galván Galván, puntales del gobierno en turno, aunque desde tiempos remotos una buena parte de sus integrantes y mandos son violadores sistémicos, no sólo sexuales, de las mujeres pobres del campo y la ciudad, indias en particular, sino de los derechos humanos de los mexicanos.
En tanto, compañeros y familiares -vigilados y hostigados- de doña Ernestina se instalaron en plantón afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro porque –reporta Laura Castro Medina de Cimacnoticias- “en Soledad Atzompa prevalece la desconfianza, la indignación y el miedo a los hombres de verde
En palabras de Judith Alamo López también podría preguntarse: “¿A quién le sirve el ombudsman?” (Forum 166, V-07, p. 19). Aunque defensor del pueblo, estrictamente hablando, me parece que en nuestro país no tenemos aún. El propósito de Carlos Salinas de Gortari, su creador, fue sólo para satisfacer las exigencias internacionales y suscribir acuerdos de libre comercio, particularmente el de Norteamérica.
Mas el trabajo de los periodistas, sobre todo los que hacen opinión, no es hacer preguntas a los lectores sino responderlas, me decía Miguel Angel Granados Chapa, allá por 1987.
Y como de responder interrogantes se trata, empiezo por el final. Ninguno de los abundantes casos que ha atendido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha enredado tanto a su titular, José Luis Soberanes Fernández, como el asesinato de la indígena Ernestina Ascencio Rosario -en Tetlacinga, Soledad Atzompa, Veracruz-, al punto de ser el centro de la crítica pública por extralimitación en las funciones que la legislación le otorga a la CNDH, por la manera tendenciosa e imprudente que ha dado al manejo de la información sobre las investigaciones, por las contradicciones en que ha incurrido y también por recurrir a violaciones a los derechos humanos de las víctimas de la posible comisión de un delito.
Todo lo anterior si nos atenemos a los juicios que hicieron diputados de todos los partidos políticos, con la predecible excepción de Acción Nacional, ante las comisiones unidas de Equidad y Género, Derechos Humanos y de Justicia.
Justamente en la conducta panista en el debate legislativo se encuentra parte de las respuestas a tantas preguntas que Soberanes fue incapaz de contestar a los diputados: “¿Por qué intervino de oficio? ¿Por qué descalifica el trabajo de la Procuraduría estatal? ¿Por qué no ha investigado a los militares? ¿Por qué no emitió recomendación al Ejecutivo? ¿Investiga a la Sedena?”
Porque Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, usurpando funciones del Ministerio Público dictaminó a Elena Gallegos y Claudia Herrera, fuera de grabadoras, lo siguiente:
“He estado al pendiente del caso de la señora que se dice (sic) asesinaron en Zongolica. La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a la información” (La Jornada, 13-III-07, p. 11).
Con Calderón y la ayuda de Soberanes retrocederíamos a los tiempos del absolutismo presidencial, cuando la palabra del inquilino principal de Los Pinos era la primera y la última, sagrada.
El doctor que pasó de “los pleitos de verduleras” al “estoy sacado de onda” está más que empeñado, obsesionado, en defender al actual titular del Ejecutivo federal porque “Antes contestaban mis informes hablando de la inmortalidad del cangrejo. Ahora me responden”. Es decir, Vicente Fox Quesada lo hostigó hasta con la Procuraduría General de la República y Calderón Hinojosa lo apapacha y hasta le aplaude.
El michoacano y su nuevo aliado Soberanes son incapaces de molestar al Ejército y menos aún al divisionario Guillermo Galván Galván, puntales del gobierno en turno, aunque desde tiempos remotos una buena parte de sus integrantes y mandos son violadores sistémicos, no sólo sexuales, de las mujeres pobres del campo y la ciudad, indias en particular, sino de los derechos humanos de los mexicanos.
En tanto, compañeros y familiares -vigilados y hostigados- de doña Ernestina se instalaron en plantón afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro porque –reporta Laura Castro Medina de Cimacnoticias- “en Soledad Atzompa prevalece la desconfianza, la indignación y el miedo a los hombres de verde
FUERA DE CONTEXTO, LA PRUEBA DE LA AGRESION
La imagen de Ernestina sobre un charco de sangre corresponde al final de la autopsia
Se divulgó que esa foto daba cuenta del estado en que se halló a la anciana nahua; sin embargo, la CNDH tiene la evidencia de que el cuerpo llegó al Servicio Médico Forense sin señales de violencia física.
Arturo Ramos Ortiz / www.milenio.com / Viernes 27 de abril del 2007
La primera “prueba” de que Ernestina Ascensión murió de un golpe en la cabeza se dio mediante una fotografía del cadáver, en la que se apreciaba sangre que supuestamente salía por la nuca. La imagen, sin embargo, fue tomada después de la autopsia, luego de que el cráneo de la anciana fue abierto por los peritos médicos y cuando el cuerpo ya había sido lavado con agua. La limpieza produjo el charco rojo.
Ascensión falleció el 26 de febrero en la sierra de Zongolica, en Veracruz. Su muerte desató una polémica porque la procuraduría veracruzana dictaminó que había sido violada, presumiblemente por un grupo de soldados. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó esa versión, y aseguró que una hemorragia interna derivada de una anemia había sido la causa de la muerte.
Anteayer el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, compareció ante diputados; sin embargo, éstos se negaron a conocer las pruebas gráficas.
La fotografía referida forma parte de una secuencia sobre la autopsia de la anciana nahua, la cual se integró a la averiguación previa. Aun cuando la ley estipula discreción en el manejo de los expedientes judiciales, apareció publicada desde inicios de abril, cuando se comenzó a configurar el enfrentamiento entre la procuraduría de Veracruz, que sostiene la tesis de que la indígena murió tras una violación, y la CNDH, que afirma que la muerte fue natural y no hubo ultraje.
La fotografía de la cabeza sangrante no es la única que registra de manera visual la necropsia. De hecho, hay una secuencia de al menos 10 fotografías que dan cuenta del proceso, la cual, en primera instancia, estaba bajo el resguardo de la procuraduría estatal.
Ahora la CNDH también tiene esas gráficas. De ahí que los visitadores de la defensoría hayan acusado a la representación social estatal de un manejo malintencionado de ese material.
La foto de la cabeza sangrante es la última de la secuencia. Cuando se ven las imágenes previas, se detecta de inmediato la inconsistencia de “la prueba” presentada por quienes pregonan un homicidio violento: el pelo aparece mojado, mientras en una toma muy similar, sobre el inicio de la revisión del cadáver, la melena blanca de Ernestina está seca, esparciéndose por la tabla donde reposa el cuerpo inerte.
El resto de la secuencia muestra la exploración en diferentes partes del cadáver. En unas se aprecia el costado y en otras el frente, sin que se vean señales de sangre en la mayor parte de las imágenes. Sólo en una de las gráficas se detecta un hematoma al costado del rostro, pero se trata –según explican los peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos– de la acumulación de sangre normal en quien acaba de morir.
Soberanes aceptó no mostrar material visual: PRD
••• En una carta enviada a MILENIO, diputadas del PRD indicaron que, antes de su comparecencia en San Lázaro, se acordó con José Luis Soberanes no revisar materiales gráficos; por ello las legisladoras rechazaron ver esas evidencias. Este es el texto:
Las diputadas y los diputados del grupo parlamentario del PRD hacemos las siguientes precisiones:
1. El formato se aprobó por las mesas directivas de las comisiones de Equidad y Género, de Justicia y de Derechos Humanos, excluyendo la proyección de imágenes del cuerpo sin vida de la señora Ernestina Ascensión.
2. El doctor Soberanes tuvo conocimiento del formato desde el día 18 de abril, por lo que no fue un acto sorpresivo. Incluso el enlace de la CNDH en la cámara no lo objetó.
3. El formato permitió más de una hora al doctor Soberanes para su intervención.
4. Durante la comparecencia, las diputadas de PRD, Convergencia, PT, PRI y Alternativa le solicitamos al ombudsman que se abstuviera de mostrar imágenes del cuerpo sin vida de la señora Ernestina Ascensión que actualmente forman parte de una averiguación previa de la procuraduría de Veracruz, por considerar que resultaban ofensivas a la memoria de doña Ernestina; sin embargo, nunca se le negó el derecho a explicar su contenido.
5. Las más de 50 preguntas se orientaban a esclarecer las dudas generadas por la intervención de la CNDH, a conocer la motivación y fundamentación legal de su actuación, cuya respuesta no requería del apoyo audiovisual ni de personal técnico. Cuestionamientos que omitió responder bajo el argumento de que lo haría por escrito, por lo que esperamos recibirlas antes de que emita la recomendación sobre el caso.
6. El doctor Soberanes exoneró al Ejército cuando el propio titular de la Sedena reconoció en comparecencia el 26 de abril que aún no concluyen las investigaciones y que si se acredita la responsabilidad de elementos serán sancionados.
Con el objetivo de aportar a la opinión pública mayores elementos que les permitan normar su criterio en el caso concreto, le solicitamos amablemente la apertura de sus espacios.
Diputadas y diputados del GPPRD
NO ENCUBRIRAN A MILITARES EN EL CASO ASCENCIO. CASTIGO SI SON RESPONSABLES, ADVIERTE GALVAN
Francisco Cárdenas Cruz / El Universal / Viernes 27 de abril de 2007
En su primera comparecencia ante diputados, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, advirtió ayer que en ninguna situación o circunstancia se encubrirán acciones delictivas del personal militar, y que el que presuntamente está involucrado en el caso de la muerte de la indígena de Zongolica, Ernestina Ascencio Rosario, aseguró que éste "ha permanecido disponible para que rinda su declaración en el momento en que la autoridad civil así lo requiera", pero que si los órganos jurisdiccionales resuelven que no incurrió en delito alguno "se exigirá respeto a tal decisión".
El general-secretario se reunió con los integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional en San Lázaro, a quienes expuso los avances de las investigaciones sobre el deceso de la septuagenaria veracruzana, en las que participa la Procuraduría General de Justicia Militar a fin de determinar si se infringió o no la disciplina castrense. Para ello se examinó médicamente al personal militar, al que se le practicaron pruebas de sangre y genéticas, además de que se inspeccionó su vestuario, en el que no se hallaron evidencias o indicios de que algún miembro del Ejército haya participado en la presunta violación de doña Ernestina.
Explicó que la indagatoria militar que se lleva a cabo aún no concluye, ya que continúan las diligencias necesarias para recabar las declaraciones de personas y familiares que tuvieron contacto con la occisa el día de los hechos, el 25 de febrero pasado en la sierra de Zongolica, y aseguró que desde el inicio de este caso se proporcionaron las facilidades y apoyos a las autoridades civiles para investigar si personal militar estuvo involucrado en esos hechos. El titular de la Sedena dijo a diputados que él es respetuoso de los órganos de procuración de justicia de los fueros común y de guerra, de conformidad con el artículo 21 constitucional, por lo que únicamente se mantiene pendiente del resultado de las investigaciones "para que sean las autoridades competentes quienes determinen lo que en derecho proceda".
Sin embargo, reiteró a los legisladores que en ninguna situación o circunstancia se encubrirán acciones delictuosas del personal militar, pero que de la misma manera, si se comprueba que no cometió delito alguno se exigirá respetar la determinación de los órganos jurisdiccionales, y les dejó muy claro: "tengan la seguridad que si resulta algún militar responsable, será castigado con todo el rigor de la ley".
Las explicaciones que el general Galván Galván dio sobre el caso Ascencio Rosario -también se refirió en su comparecencia a los operativos antinarco en el país y admitió que si bien es cierto que no se ha logrado la captura de los capos más importantes, las mil 244 personas detenidas en los últimos tres meses "son operadores de nivel medio de dos de las principales organizaciones delictivas"- dejaron satisfechos a los legisladores priístas y perredistas.
"DIFICIL QUE LAS MUJERES VIOLADAS POR MILITARES OBTENGAN JUSTICIA": GENERAL GALLARDO RODRIGUEZ
Lourdes Godínez Leal
México, D.F., 26 de abril (apro.cimac).- “Es muy difícil que las mujeres violadas por militares obtengan justicia, ya que hay un respaldo absoluto de Felipe Calderón hacia el Ejército, su único apoyo para legitimarse”, dijo el general José Francisco Gallardo Rodríguez.
Gallardo, quien denunció públicamente en 1993 violaciones a los derechos humanos al interior del Ejército, así como desapariciones en el mismo, que le valieron una condena a prisión por 28 años acusado de difamación contra las Fuerzas Armadas, afirmó que “todos los poderes del Estado” le tienen miedo al Ejército.
Dijo: “Calderón declaró anticipadamente en el asunto de Zongolica que la señora (Ernestina Ascencio) había muerto por gastritis crónica y nadie, menos el Ejército, va a contradecir una opinión presidencial, porque el secretario de la Defensa (Guillermo Galván) o cualquier militar entraría en desacato al código de justicia militar y comete un delito”.
Añadió: “Al comandante supremo de las Fuerzas Armadas nadie lo puede contradecir. Entonces, todo el aparato del Estado apoyó la decisión de Calderón, de que la señora murió de gastritis. Incluso, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos lo avaló, situación que me parece muy grave porque pareciera que entonces hay una colusión”. |
Al explicar cómo el poder civil evita la confrontación con el poder militar, lo que puede originar impunidad en delitos, el general Gallardo se refirió al artículo 13 constitucional, que establece que no habrá tribunales especiales y, aunque subsiste el fuero de guerra, señala que, “cuando un militar cometa un ilícito, será juzgado por el fuero militar, pero si ese ilícito se hace o se realiza en conjunción con un civil o se ve involucrado un civil, este asunto se dirime ante la autoridad civil”.
Añadió: “Esto no ha sido en el caso de Zongolica, que debe verlo la autoridad civil conforme al artículo 13 constitucional. Lo que pasa aquí es que la autoridad civil cínicamente siempre turna los casos porque no quieren confrontarse con el Ejército”.
Explicó que, para desarmar “el aparato” que permite al Ejército y a sus militares cometer todo tipo de abusos contra civiles y no ser juzgados, son necesarias dos acciones urgentes: abrogar el fuero militar y quitarle al secretario de la Defensa la facultad de administrar justicia.
“El presidente y todos los poderes del Estado le tienen miedo al Ejército porque ha sido una institución que se ha mantenido aparte del escrutinio social y de la rendición de cuentas históricamente”, señaló.
Para Gallardo, quien afirma estar actualmente en una situación “irregular”, pues no lo han dado de baja del Ejército, aunque le retiraron sus prestaciones y sueldo, quien administra la justicia en México es el Poder Judicial y no el secretario de la Defensa.
Al referirse a ese “complejo aparato”, Gallardo afirmó: “La Constitución, en diferentes artículos que previenen el manejo del Ejército (1, 5, 13, 16, 14, 29, 35, 36, 129 y 123, apartado B) señala que éste no debe participar en asuntos de carácter político, ni en los exclusivos de la autoridad civil, y eso es el fuero militar”.
Por otra parte, Gallardo dijo que la Ley de la Administración Pública Federal, en su artículo 29, fracción décima, otorga al secretario de la Defensa la “facultad” de administrar la justicia militar, lo que “trastoca” la división de funciones que debe tener la autoridad, que está perfectamente tipificado en la división de poderes en la Constitución.
Insistió que quien administra la justicia en el país es el Poder Judicial, no el secretario de la Defensa, pero “apoyado en el artículo 29 de la Administración Pública Federal, el secretario de la Defensa nombra a los jueces, magistrados, al inculpado, a los defensores de oficio, a los ministerios públicos.
“Entonces, es una justicia de mando de carácter vertical, donde todas estas autoridades que representan la procuración y la administración de justicia dentro del Ejército, lo único que van a hacer es cumplir una orden superior. Y si el secretario de la Defensa dice: `estos señores no son culpables, aunque hayan hecho lo que sea`, esto es lo que está sucediendo actualmente en los casos de militares que violaron a mujeres”, añadió.
Finalmente, el general Gallardo insistió que el Congreso de la Unión “debe trabajar en la creación de una institución que sea un vínculo de los poderes Legislativo y Ejecutivo en su rama militar, cuya función sea supervisar la administración militar, de los mandos altos hasta los más bajos y que se cumplan las leyes dentro del Ejército, así como tutelar la disciplina militar y proteger los derechos humanos tanto de militares como de civiles y que estos actos en los que incurre el Ejército se sancionen”.
EL EJERCITO NO ENCUBRIRA A NADIE EN EL CASO ASCENCIO: SEDENA
Jorge Carrasco Araizaga
México, D.F., 26 de abril (apro).- El secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, aseguró que el Ejército no encubrirá a nadie en el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, pero advirtió que “exigirá respeto” en caso de que la justicia absuelva al personal militar señalado como presunto responsable de la muerte de la anciana.
Galván hizo la advertencia al comparecer ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en medio de la polémica por esa muerte atribuida a personal militar hasta que Felipe Calderón salió en defensa de uno de los principales aliados de su gobierno, y atribuyó el deceso a una “gastritis mal tratada”, diagnóstico defendido también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El propio general Galván puso el tema ante los diputados cuando durante su presentación inicial se refirió a los “avances en la investigación” sobre los hechos ocurridos en la sierra de Zongolica, en Veracruz.
Explicó que por tratarse de un acto relacionado con el servicio de militares, la justicia castrense realiza su propia investigación para determinar si elementos que se encontraban en la base de operaciones de la zona infringieron la disciplina.
En el caso de la investigación que está a cargo de las autoridades de Veracruz, el secretario aseguró que el personal militar señalado como involucrado “ha permanecido disponible” para declarar cuando sea requerido por la autoridad civil.
Hombre fuerte del gobierno de Felipe Calderón, el general aseguró que “en ninguna circunstancia se encubrirán acciones delictivas del personal militar”. Pero en seguida advirtió que “si los órganos jurisdiccionales resuelven que no se incurrió en delito alguno, se exigirá respeto a tal decisión”.
Luego de la exposición de Galván sobre el caso, que incluyó la enumeración de las reuniones de los altos mandos de la Sedena con legisladores y autoridades civiles, los diputados del PRD insistieron en el tema.
Galván dijo que en la reunión que tuvo con legisladores y funcionarios de ese partido, en marzo pasado, la información que había “era muy escasa y no estaba totalmente comprobada. La única información que había era que la señora había sido violada, y con esa información comentamos que efectivamente era un acto violento”.
En todo caso, reiteró, “si resulta algún militar involucrado, será castigado con todo el rigor de la ley”.
El diputado del PRI, Carlos Rojas, se sumó y le dijo al general que ante la “cadena de desatinos” en la que han participado Calderón y el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, lo que busca su partido es justicia para un caso que resulta “inadmisible”.
Galván aprovechó su comparecencia para hacer una defensa de los operativos contra el narcotráfico puestos en marcha por Calderón, y en los que el Ejército es el principal participante. En especial, se refirió a las tareas en Michoacán, estado natal de Calderón.
Anunció que en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, donde se ha incrementado el trasiego de drogas, las acciones del Ejército serán por tiempo indefinido, “en tanto se revierte la situación actual”.
Dijo que el objetivo de los militares es la ubicación de los capos que encabezan las organizaciones “Guzmán Loera”, “Cárdenas Guillén” “Carrillo Fuentes” y “Arellano Félix”.
Si bien no se ha detenido a los jefes principales del narco, aseguró, en sólo tres meses se ha capturado a mil 244 personas, que son operadores de nivel medio de dos de las principales organizaciones delictivas.
Informó que sólo en el caso de la Sedena, en los operativos se han decomisado más de 10 mil toneladas de mariguana, más de 6 mil hectáreas de amapola, 28 kilos de goma de opio, mil 477 kilos de cocaína, 67 kilos de heroína y casi 7 mil pastillas psicotrópicas.
Además, se incautaron dos aeronaves, 719 vehículos terrestres, 15 embarcaciones, mil 627 armas de fuego, casi 3 millones de pesos, cerca de medio millón de dólares, 811 quetzales guatemaltecos y 350 euros.
En defensa de la política de Calderón hacia las Fuerzas Armadas, aseguró que se detendrá la deserción en el Ejército a través de incrementos salariales, la reforma de la ley del Instituto para la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en beneficio de los militares retirados y un paquete de créditos hipotecarios que pronto será dado a conocer.
ZONGOLICA MON AMOUR
jcalixto@milenio.com / www.milenio.com / Viernes 27 de abril del 2007
Aprobada la despenalización del aborto y mientras la revolución conservadora se repone del trago amargo (la imagen de derrota de Serrano Limón sólo puede compararse con el melodramota ranchero que ejecutó Galilea Montijo luego de que se supo que en internet circulaba un video porno con ella supuestamente de protagonista, cosa que desmintió a moco tendido, en vez de negarlo con humor a través de un contundente: claro que no soy yo, si se fijan, estoy más buena que ella), ya encarrerados en la onda polémica deberíamos entrarle a los temas de la legalización de la eutanasia y las drogas, antes de que la reforma del Estado nos mate de aburrimiento
En un principio yo estaba muy contrariado con el PRD y el PRI por sus propuestas diabólicas que nomás le alteraban los nervios a las buenas conciencias y a los ayatolas, mientras nos metían en una dinámica salvaje de temas rudos, rudos, rudísimos de esos que arman más relajo que los escandalitos de Niurka. Digo, eran demasiados frentes al mismo tiempo y no alcanzaba uno a disfrutar plenamente el caos y el desorden que se organizaban alrededor de cada uno. O sea, parecía que con tal de echarle más limón a la herida, desacralizar tabúes y cobrarse lo de las elecciones de 2006 se les iba a ocurrir institucionalizar la clonación de curas paidófilos al servicio de la zoofilia fantástica, el onanismo asistido como deporte olímpico, y proponer a Zongolica como capital mundial de los derechos humanos y las gastritis mal asistidas.
Sin embargo, ahora que vivimos una especie de calma chicha después de los tornados y tsunamis que experimentamos en los procesos despenalizadores del aborto, nos quedamos como hambrientos de emoción fuerte. Porque estarán de acuerdo que esas sensaciones vertiginosas jamás nos la van a proporcionar cosas como el anuncio de Calderón de que nunca va a estar en las festividades del Día del Trabajo (sí, y la clase obrera va a llorar como antes su ausencia); el anuncio del FelIFE de que no va a permitir la revisión ciudadana de las boletas electorales (ya es de sobra conocida la voluntad anticlimática); o los resultados de la encuesta mundial Durex, según la cual 73% de los mexicanos dicen llevar una vida sexual excitante, cosa que revela que, además de ser una de las naciones más corruptas del mundo, México también está retacado de mentirosos.
Sí, pasemos a la eutanasia o a la legalización de las drogas, antes de que Fox se vaya a Venezuela a darle golpe de Estado a Hugo Chávez con ayuda de los Bribiesca, Espino y Chespirito, nomás por meterse en la agenda y salir en la tele.
¡AL DE LA PROTEINA, AL DE LA PROTEINA…!
cmarin@milenio.com / www.milenio.com / Viernes 27 de abril del 2007
Fidel Herrera dijo ayer a Ciro Gómez Leyva que confía “absolutamente en que ningún integrante del ejército mexicano tiene ninguna acción que ver con lo que ocurrió” a Ernestina Ascencio.
Desinfla, pues, la insidiosa versión que metió en un caso ministerial al propio gobernador, al Presidente de la República, a la SEDENA y a la CNDH.
Si las instituciones locales y federales no sospechan de soldados, a los impulsores de la patraña sólo les queda la improbable “violación”, misma de la que, por cierto, la Procuraduría estatal conserva una triste “proteína prostática” de un eventual pervertido solitario.
El fantasioso “asesinato”, ya sin “fractura craneoencefálica” y “luxación de vértebras cervicales”, tendrá que aclararlo el Ministerio Público de Veracruz y, como en los incidentes de tránsito, que cada quién se vaya con su golpe.
Lo imposible será que quienes alentaron la infamia dejen de competir con los cuchillos de palo.
LA VIOLACION ES REAL: SI FUERA CALUMNIA NO PROTESTARIAMOS EN EL DF; POBLADORES DE ATZOMPA
Esperan sanción a culpables
Enrique Méndez y Roberto Garduño / La Jornada / Viernes 27 de abril del 2007
Pobladores de Soledad Atzompa expresaron ayer su confianza en que el Ejército Mexicano sancionará, como ofreció el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guillermo Galván Galván, a los soldados que habrían participado en la presunta violación de la anciana Ernestina Ascensión Rosario. En conferencia de prensa conjunta con diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Antonio Hernández expresó: "si no tuviéramos confianza en el gobierno y sus instituciones, no pediríamos que nos ayuden".
Por su parte, Braulio Antonio Rosario afirmó que al reclamar justicia, los indígenas de la sierra de Zongolica, Veracruz, no denigran la imagen de una persona o del Ejército: "lo que nos pasó es de verdad, es cierto. Si fuera una calumnia, no estaríamos aquí. Lo que queremos es que se esclarezca el crimen cometido por el Ejército. En vez de combatir a la delincuencia, los soldados fueron a delinquir".
Frente al argumento de que el destacamento militar se asentó en la comunidad para combatir grupos ligados a la delincuencia organizada, dijo: "ahí nos conocemos muy bien, no hay criminales, no hay guerrilla, ni tampoco el narcotráfico.
¿Por qué no nos hacen caso? ¿Porque no nos podemos defender porque somos muy humildes?"
Aproximadamente 50 personas, entre niños, mujeres, adolescentes y hombres que viven en Soledad Atzompa se presentaron en la Cámara de Diputados para insistir en que haya justicia y castigo para "aquellos que han cometido ese crimen". Durante la conferencia, las diputadas Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, y Aliette Bautista cuestionaron el "papel de víctima" en el que se colocó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes.
"Se tiró al suelo y se hizo la víctima -dijo Maricela Contreras a los pobladores de Atzompa-. Lo más injusto es que quería presentar las fotos de la necropsia. Era una cuestión de ética no permitirlo. Ya lo había hecho, de manera irresponsable, en una conferencia de prensa".
Aliette Bautista aseguró que Soberanes conocía, de antemano, el formato de su comparecencia "y sabía a qué venía". Así que, dijo, su intento de presentar fotografías y pruebas sólo era para "dar un espectáculo. El doctor Soberanes está equivocado, defiende a los presuntos violadores y no los derechos humanos de las mujeres".
José Antonio Hernández tradujo un mensaje de Eustasia González, quien expresó en náhuatl su inconformidad "por el acto que se cometió por parte de los militares" y porque "este caso sea resuelto y sean ajusticiados los culpables".
Hernández dijo que las mujeres de Soledad Atzompa tienen la certeza de que la anciana sí fue violada por militares y por ello también tienen el temor "de que todos los soldados sean los mismos que cometieron esta anomalía. Tienen miedo de que si salen a la tienda, les suceda lo mismo" que a Ernestina.
A una pregunta respecto de si la comunidad conocía que Ernestina Ascensión Rosario estuviese enferma, y ello justificaría la versión oficial de su muerte por anemia, Javier Antonio Hernández dijo: "no estaba enferma. Ella se dedicaba a cuidar sus ovejas. Ella era una ciudadana común y por eso no nos explicamos por qué ese acto maléfico y tanto enredo".
Enrique Méndez y Roberto Garduño / La Jornada / Viernes 27 de abril del 2007
Pobladores de Soledad Atzompa expresaron ayer su confianza en que el Ejército Mexicano sancionará, como ofreció el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guillermo Galván Galván, a los soldados que habrían participado en la presunta violación de la anciana Ernestina Ascensión Rosario. En conferencia de prensa conjunta con diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Antonio Hernández expresó: "si no tuviéramos confianza en el gobierno y sus instituciones, no pediríamos que nos ayuden".
Por su parte, Braulio Antonio Rosario afirmó que al reclamar justicia, los indígenas de la sierra de Zongolica, Veracruz, no denigran la imagen de una persona o del Ejército: "lo que nos pasó es de verdad, es cierto. Si fuera una calumnia, no estaríamos aquí. Lo que queremos es que se esclarezca el crimen cometido por el Ejército. En vez de combatir a la delincuencia, los soldados fueron a delinquir".
Frente al argumento de que el destacamento militar se asentó en la comunidad para combatir grupos ligados a la delincuencia organizada, dijo: "ahí nos conocemos muy bien, no hay criminales, no hay guerrilla, ni tampoco el narcotráfico.
¿Por qué no nos hacen caso? ¿Porque no nos podemos defender porque somos muy humildes?"
Aproximadamente 50 personas, entre niños, mujeres, adolescentes y hombres que viven en Soledad Atzompa se presentaron en la Cámara de Diputados para insistir en que haya justicia y castigo para "aquellos que han cometido ese crimen". Durante la conferencia, las diputadas Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, y Aliette Bautista cuestionaron el "papel de víctima" en el que se colocó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes.
"Se tiró al suelo y se hizo la víctima -dijo Maricela Contreras a los pobladores de Atzompa-. Lo más injusto es que quería presentar las fotos de la necropsia. Era una cuestión de ética no permitirlo. Ya lo había hecho, de manera irresponsable, en una conferencia de prensa".
Aliette Bautista aseguró que Soberanes conocía, de antemano, el formato de su comparecencia "y sabía a qué venía". Así que, dijo, su intento de presentar fotografías y pruebas sólo era para "dar un espectáculo. El doctor Soberanes está equivocado, defiende a los presuntos violadores y no los derechos humanos de las mujeres".
José Antonio Hernández tradujo un mensaje de Eustasia González, quien expresó en náhuatl su inconformidad "por el acto que se cometió por parte de los militares" y porque "este caso sea resuelto y sean ajusticiados los culpables".
Hernández dijo que las mujeres de Soledad Atzompa tienen la certeza de que la anciana sí fue violada por militares y por ello también tienen el temor "de que todos los soldados sean los mismos que cometieron esta anomalía. Tienen miedo de que si salen a la tienda, les suceda lo mismo" que a Ernestina.
A una pregunta respecto de si la comunidad conocía que Ernestina Ascensión Rosario estuviese enferma, y ello justificaría la versión oficial de su muerte por anemia, Javier Antonio Hernández dijo: "no estaba enferma. Ella se dedicaba a cuidar sus ovejas. Ella era una ciudadana común y por eso no nos explicamos por qué ese acto maléfico y tanto enredo".
NUEVO INTENTO DE LA CNDH DE PROBAR SU IMPARCIALIDAD
Rechaza la CNDH que invada atribuciones del MP En su página de Internet se defiende de críticas
ALMA E. MUÑOZ / La Jornada / Viernes 27 de abril del 2007
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó que su intervención en el caso de Ernestina Ascensión Rosario signifique una invasión a las funciones conferidas a un Ministerio Público, y también aclaró que no le corresponde calificar si "se actualizan conductas delictivas".
En un apartado que al respecto colocó en su página de Internet, el organismo defendió su facultad para investigar violaciones a derechos humanos, en el caso concreto, privación de la vida y violaciones a la libertad sexual de las personas.
Además, subió un cuadro con los resultados de las necropsias y la exhumación hechas al cadáver de la indígena, mismos que descalifica, pues da cuenta de discrepancias e inconsistencias, y coincide que en ninguno de los dos dictámenes se "confirma o sustenta la causa de muerte" de Ernestina Ascensión, como tampoco se "encuentra sustento en relación a la mecánica de las lesiones que reportan, ni se hace clasificación de las mismas".
La CNDH también manifestó que no se opone a la práctica de una tercera necropsia o a la intervención de organismos internacionales para esclarecer el asunto.
"Se cuenta con las evidencias suficientes para acreditar conductas de negligencia, impericia, precipitación y omisiones en que incurrieron servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV), durante el ejercicio de sus funciones", argumentó.
Al dar respuesta a 30 preguntas sobre el caso, recibidas entre el 27 de febrero y el 17 de abril, formuladas algunas por legisladores de distintos partidos políticos, la CNDH negó, asimismo, haber recibido línea -como se le expresó en uno de los cuestionamientos- de la Presidencia de la República para dar a conocer los resultados de sus indagatorias, contrarios a los primeros informes sobre una presunta violación tumultuaria de parte de soldados acantonados en la sierra de Zongolica, Veracruz, y que derivó en el fallecimiento de la mujer.
"La CNDH supone, sin saberlo a ciencia cierta, pues ello no le corresponde aclararlo, que las afirmaciones del Presidente de la República (a este diario, respecto a que la muerte fue resultado de una gastritis mal atendida) se basaron en las que le proporcionó el personal médico forense de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), presente durante la exhumación del cadáver de la señora Ernestina Ascensión". Es claro, insistió, "que la CNDH no ha tenido ni tiene relación alguna de subordinación hacia el titular del Poder Ejecutivo (Felipe Calderón) ni le informa de sus actuaciones o investigaciones".
Por tanto, señaló en otra respuesta sobre si el presidente del organismo, José Luis Soberanes, actuaba de manera servil ante Calderón, que el ombudsman nacional "ha realizado una indagatoria en la que se busca esclarecer la verdad de los hechos, con la máxima transparencia y objetividad y sin dar importancia a quién o a quiénes pudiera convenir o perjudicar -por cualquier otra razón- esa verdad".
Insistente, el organismo precisó que el resultado de su informe no tiene como objetivo fundamental encubrir las violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Sin embargo, dejó en claro que durante la secuela procedimental, lejos de acreditarse la hipótesis del ataque sexual, "se advirtieron graves violaciones a los derechos humanos cometidas por personal de la PGJEV".
ALMA E. MUÑOZ / La Jornada / Viernes 27 de abril del 2007
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó que su intervención en el caso de Ernestina Ascensión Rosario signifique una invasión a las funciones conferidas a un Ministerio Público, y también aclaró que no le corresponde calificar si "se actualizan conductas delictivas".
En un apartado que al respecto colocó en su página de Internet, el organismo defendió su facultad para investigar violaciones a derechos humanos, en el caso concreto, privación de la vida y violaciones a la libertad sexual de las personas.
Además, subió un cuadro con los resultados de las necropsias y la exhumación hechas al cadáver de la indígena, mismos que descalifica, pues da cuenta de discrepancias e inconsistencias, y coincide que en ninguno de los dos dictámenes se "confirma o sustenta la causa de muerte" de Ernestina Ascensión, como tampoco se "encuentra sustento en relación a la mecánica de las lesiones que reportan, ni se hace clasificación de las mismas".
La CNDH también manifestó que no se opone a la práctica de una tercera necropsia o a la intervención de organismos internacionales para esclarecer el asunto.
"Se cuenta con las evidencias suficientes para acreditar conductas de negligencia, impericia, precipitación y omisiones en que incurrieron servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV), durante el ejercicio de sus funciones", argumentó.
Al dar respuesta a 30 preguntas sobre el caso, recibidas entre el 27 de febrero y el 17 de abril, formuladas algunas por legisladores de distintos partidos políticos, la CNDH negó, asimismo, haber recibido línea -como se le expresó en uno de los cuestionamientos- de la Presidencia de la República para dar a conocer los resultados de sus indagatorias, contrarios a los primeros informes sobre una presunta violación tumultuaria de parte de soldados acantonados en la sierra de Zongolica, Veracruz, y que derivó en el fallecimiento de la mujer.
"La CNDH supone, sin saberlo a ciencia cierta, pues ello no le corresponde aclararlo, que las afirmaciones del Presidente de la República (a este diario, respecto a que la muerte fue resultado de una gastritis mal atendida) se basaron en las que le proporcionó el personal médico forense de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), presente durante la exhumación del cadáver de la señora Ernestina Ascensión". Es claro, insistió, "que la CNDH no ha tenido ni tiene relación alguna de subordinación hacia el titular del Poder Ejecutivo (Felipe Calderón) ni le informa de sus actuaciones o investigaciones".
Por tanto, señaló en otra respuesta sobre si el presidente del organismo, José Luis Soberanes, actuaba de manera servil ante Calderón, que el ombudsman nacional "ha realizado una indagatoria en la que se busca esclarecer la verdad de los hechos, con la máxima transparencia y objetividad y sin dar importancia a quién o a quiénes pudiera convenir o perjudicar -por cualquier otra razón- esa verdad".
Insistente, el organismo precisó que el resultado de su informe no tiene como objetivo fundamental encubrir las violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Sin embargo, dejó en claro que durante la secuela procedimental, lejos de acreditarse la hipótesis del ataque sexual, "se advirtieron graves violaciones a los derechos humanos cometidas por personal de la PGJEV".
EL EJERCITO MEXICANO NO SERA ENCUBRIDOR DE DELINCUENTES: GUILLERMO GALVAN GALVAN
El secretario garantiza que se castigará a militares que cometan excesos
Espera la información de la procuraduría de Veracruz sobre la muerte de Ernestina Ascensión
JESUS ARANDA / La Jornada / Viernes 27 de abril del 2007
El Ejército Mexicano no encubre delitos y no tolerará abusos de poder ni excesos que violenten el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la mujer, aseveró el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, al ser cuestionado por diputados sobre la posición de la dependencia a su cargo en el caso de la muerte de la anciana Ernestina Ascensión.
Precisó que continúa abierta la averiguación de la Procuraduría Militar sobre esos hechos, que esperará la decisión de la procuraduría del estado de Veracruz y que, en caso de que resulten involucrados militares, estos recibirán el castigo correspondiente; sin embargo, demandó que si la autoridad competente determina que no hubo ilícito, se respete el fallo jurisdiccional.
El asesinato de la anciana de Zongolica estaba previsto en orden del día de la comparecencia del secretario Galván ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. En su primera intervención, el militar señaló que la procuraduría castrense sigue a la espera de que el Ministerio Público veracruzano le remita una copia de la indagatoria que realiza y que aún está pendiente de recabarse testimonios de personas cercanas a la anciana.
Sostuvo que desde un inicio, las autoridades castrenses otorgaron todas las facilidades y apoyos a sus contrapartes civiles para las investigaciones, además de que los soldados presuntamente involucrados han estado disponibles para rendir su declaración en el momento en que la justicia civil así lo requiera.
El militar hizo un recuento de la intervención de la procuraduría castrense en la indagatoria para establecer si se cometieron delitos del fuero de guerra, y recordó que se tomaron muestras de sangre de los soldados y de "fluidos" de la señora Ascensión.
Galván Galván aseveró que "en ninguna situación o circunstancia" se encubrirán acciones delictuosas del personal militar; pero de la misma manera, si los órganos jurisdiccionales resuelven que no hubo ilícito, "se exigirá respetar la determinación".
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier González Garza, le recordó al general que cuando los diputados de su partido se reunieron con él quedó claro que la anciana "fue violentada" e insistió en la importancia de que en todo caso, la actuación de uno o algunos soldados no ponga en entredicho a toda una institución.
Sin embargo, el general Galván precisó que cuando ocurrió la charla con los legisladores perredistas, "sabíamos que había sido violado de acuerdo con la información disponible", pero que en las actuales condiciones, lo mejor era esperar que la autoridad correspondiente emita una decisión definitiva.
Por su parte, Carlos Rojas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que en el caso de Zongolica se ha dado una "cadena de desatinos". Primero, porque el presidente Felipe Calderón declaró sobre la muerte natural de la señora Ascensión "como si fuera Ministerio Público", y después por el protagonismo asumido por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como por la falta de capacidad del procurador veracruzano mostrada en este asunto.
Espera la información de la procuraduría de Veracruz sobre la muerte de Ernestina Ascensión
JESUS ARANDA / La Jornada / Viernes 27 de abril del 2007
El Ejército Mexicano no encubre delitos y no tolerará abusos de poder ni excesos que violenten el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la mujer, aseveró el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, al ser cuestionado por diputados sobre la posición de la dependencia a su cargo en el caso de la muerte de la anciana Ernestina Ascensión.
Precisó que continúa abierta la averiguación de la Procuraduría Militar sobre esos hechos, que esperará la decisión de la procuraduría del estado de Veracruz y que, en caso de que resulten involucrados militares, estos recibirán el castigo correspondiente; sin embargo, demandó que si la autoridad competente determina que no hubo ilícito, se respete el fallo jurisdiccional.
El asesinato de la anciana de Zongolica estaba previsto en orden del día de la comparecencia del secretario Galván ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. En su primera intervención, el militar señaló que la procuraduría castrense sigue a la espera de que el Ministerio Público veracruzano le remita una copia de la indagatoria que realiza y que aún está pendiente de recabarse testimonios de personas cercanas a la anciana.
Sostuvo que desde un inicio, las autoridades castrenses otorgaron todas las facilidades y apoyos a sus contrapartes civiles para las investigaciones, además de que los soldados presuntamente involucrados han estado disponibles para rendir su declaración en el momento en que la justicia civil así lo requiera.
El militar hizo un recuento de la intervención de la procuraduría castrense en la indagatoria para establecer si se cometieron delitos del fuero de guerra, y recordó que se tomaron muestras de sangre de los soldados y de "fluidos" de la señora Ascensión.
Galván Galván aseveró que "en ninguna situación o circunstancia" se encubrirán acciones delictuosas del personal militar; pero de la misma manera, si los órganos jurisdiccionales resuelven que no hubo ilícito, "se exigirá respetar la determinación".
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier González Garza, le recordó al general que cuando los diputados de su partido se reunieron con él quedó claro que la anciana "fue violentada" e insistió en la importancia de que en todo caso, la actuación de uno o algunos soldados no ponga en entredicho a toda una institución.
Sin embargo, el general Galván precisó que cuando ocurrió la charla con los legisladores perredistas, "sabíamos que había sido violado de acuerdo con la información disponible", pero que en las actuales condiciones, lo mejor era esperar que la autoridad correspondiente emita una decisión definitiva.
Por su parte, Carlos Rojas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que en el caso de Zongolica se ha dado una "cadena de desatinos". Primero, porque el presidente Felipe Calderón declaró sobre la muerte natural de la señora Ascensión "como si fuera Ministerio Público", y después por el protagonismo asumido por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como por la falta de capacidad del procurador veracruzano mostrada en este asunto.
DENUNCIANTE DE VIOLACION, NON GRATO EN ZONGOLICA
René Huerta dio la versión de que Ernestina acusó a los soldados.
Juan Pablo Becerra-Acosta y Arturo Ramos / www.milenio.com / Miércoles 25 de abril del 2007
René Huerta, el primero en declarar que Ernestina Ascensión fue violada en Zongolica, fue declarado persona non grata en el municipio donde vivió la anciana, cuya muerte ha desatado una abierta confrontación entre la CNDH y el gobierno de Veracruz.
Su puesto en la dirigencia de la organización civil local más importante fue impugnado y se le acusa de lucrar con la muerte de la anciana.
Las autoridades nahuas del municipio de Soledad Atzompa hicieron esta declaratoria, que quedó asentada en el acta de la asamblea realizada el pasado lunes, en el que además se señala que Huerta ha falseado información y ha manipulado a la familia Ascensión.
El mencionado municipio, otrora olvidado por el gobierno estatal, según ha declarado la autoridad municipal en diferentes oportunidades, ahora está recibiendo apoyos de emergencia.
Adicional a este tema, las autoridades hicieron un recuento de la reciente atención del gobierno estatal a sus reclamos, especialmente de la entrega de dos autobuses para uso de la comunidad, quedando asentado que “todos los presentes reconocen que la donación se debe al crimen contra nuestra hermana Ernestina y a la buena voluntad del gobernador Fidel Herrera”.
El punto dos, relativo a la presunta violación de quien ya es llamada Hermana Mayor, la asamblea determinó que la CNDH “no investigó el señalamiento de Ernestina de que sus agresores y violadores fueron los soldados, sino que pidió la
exhumación para investigar sobre los males y posibles enfermedades que tenía la hermana Ernestina y así tratar de demostrar que su muerte fue debido a los males que padecía por su edad”, esto en apoyo a declaraciones previas del presidente Felipe Calderón.
Se señala, además, que las autoridades municipales se han presentado ante el gobernador Fidel Herrera y le han especificado que el “pueblo sólo defiende la palabra de Ernestina y pedimos justicia”.
En cuanto a René Huerta, quien difundió las versiones de violación, las críticas en la asamblea fueron abundantes: “Desde que el gobernador entregó dinero a la familia y luego los materiales de construcción de las viviendas para la familia de Ernestina (les) hicieron creer a la familia que todo se lo debían a René y aprovechando esta confusión ordenó a la familia que no dieran información a nadie si es que no estaba él, justamente cuando más necesitábamos que la realidad se difundiera lo más posible.
“No hay motivo que justifique que ayer Julio Inés (hijo mayor de Ernestina) declaró que el presidente municipal ya mandó a la chingada a la familia”, especifica el acta.
Ante esto, las autoridades y representantes comunitarios decidieron declarar que “la familia es humilde y son inocentes, el que está haciendo mal es René Huerta. Tal parece está queriendo lucrar con la muerte de nuestra hermana Ernestina y parece que René Huerta está negociando”.
“René está envenenando a la familia”, se lee en el documento del que MILENIO tiene una copia. Huerta, según la asamblea, fue invitado a aclarar posibles malos entendidos y aceptó la invitación, pero no llegó a la reunión.
La asamblea acordó que a partir de esta semana los integrantes de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de Zongolica “desconocen a René Huerta como presidente e iniciarán un proceso de destitución formal”.
Finalmente, se le declara “no bienvenido a Soledad Atzompa, se le dirá que no se le quiere volver a ver en nuestro municipio y que evite seguir manipulando a la familia a nombre de la organización”.
Juan Pablo Becerra-Acosta y Arturo Ramos / www.milenio.com / Miércoles 25 de abril del 2007
René Huerta, el primero en declarar que Ernestina Ascensión fue violada en Zongolica, fue declarado persona non grata en el municipio donde vivió la anciana, cuya muerte ha desatado una abierta confrontación entre la CNDH y el gobierno de Veracruz.
Su puesto en la dirigencia de la organización civil local más importante fue impugnado y se le acusa de lucrar con la muerte de la anciana.
Las autoridades nahuas del municipio de Soledad Atzompa hicieron esta declaratoria, que quedó asentada en el acta de la asamblea realizada el pasado lunes, en el que además se señala que Huerta ha falseado información y ha manipulado a la familia Ascensión.
El mencionado municipio, otrora olvidado por el gobierno estatal, según ha declarado la autoridad municipal en diferentes oportunidades, ahora está recibiendo apoyos de emergencia.
Adicional a este tema, las autoridades hicieron un recuento de la reciente atención del gobierno estatal a sus reclamos, especialmente de la entrega de dos autobuses para uso de la comunidad, quedando asentado que “todos los presentes reconocen que la donación se debe al crimen contra nuestra hermana Ernestina y a la buena voluntad del gobernador Fidel Herrera”.
El punto dos, relativo a la presunta violación de quien ya es llamada Hermana Mayor, la asamblea determinó que la CNDH “no investigó el señalamiento de Ernestina de que sus agresores y violadores fueron los soldados, sino que pidió la
exhumación para investigar sobre los males y posibles enfermedades que tenía la hermana Ernestina y así tratar de demostrar que su muerte fue debido a los males que padecía por su edad”, esto en apoyo a declaraciones previas del presidente Felipe Calderón.
Se señala, además, que las autoridades municipales se han presentado ante el gobernador Fidel Herrera y le han especificado que el “pueblo sólo defiende la palabra de Ernestina y pedimos justicia”.
En cuanto a René Huerta, quien difundió las versiones de violación, las críticas en la asamblea fueron abundantes: “Desde que el gobernador entregó dinero a la familia y luego los materiales de construcción de las viviendas para la familia de Ernestina (les) hicieron creer a la familia que todo se lo debían a René y aprovechando esta confusión ordenó a la familia que no dieran información a nadie si es que no estaba él, justamente cuando más necesitábamos que la realidad se difundiera lo más posible.
“No hay motivo que justifique que ayer Julio Inés (hijo mayor de Ernestina) declaró que el presidente municipal ya mandó a la chingada a la familia”, especifica el acta.
Ante esto, las autoridades y representantes comunitarios decidieron declarar que “la familia es humilde y son inocentes, el que está haciendo mal es René Huerta. Tal parece está queriendo lucrar con la muerte de nuestra hermana Ernestina y parece que René Huerta está negociando”.
“René está envenenando a la familia”, se lee en el documento del que MILENIO tiene una copia. Huerta, según la asamblea, fue invitado a aclarar posibles malos entendidos y aceptó la invitación, pero no llegó a la reunión.
La asamblea acordó que a partir de esta semana los integrantes de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de Zongolica “desconocen a René Huerta como presidente e iniciarán un proceso de destitución formal”.
Finalmente, se le declara “no bienvenido a Soledad Atzompa, se le dirá que no se le quiere volver a ver en nuestro municipio y que evite seguir manipulando a la familia a nombre de la organización”.
JUGANDO CON ERNESTINA
Raymundo Riva Palacio
El Universal / Viernes 27 de abril de 2007
¿Hasta cuándo los políticos dejarán de lucrar con los cadáveres y el sufrimiento de las personas? No se hagan ilusiones; ese futuro está lejos
Lo real dejó de ser evidente hace mucho tiempo en México, y los ánimos y frustraciones de muchos han convertido percepciones en realidades. Blancos y negros son la norma de una sociedad que tiende mucho al mundo de Shakespeare mientras actúa en su laberinto de la soledad. El nuevo capítulo de esta deformación de la cultura política se escribió en Zongolica hace 62 días sobre el cadáver de una anciana de 73 años, Ernestina Ascensio Rosario, convertida en botín por muchos actores políticos que están probablemente escondiendo tras su caso verdades comprometedoras. Después de todo, Ernestina resumía todos los elementos que la convierten en estadística del sector más marginado del país: mujer, indígena y pobre.
José Luis Soberanes, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sometido a una campaña mediática de descrédito porque asegura que Ernestina murió por enfermedad y no por violación de unos militares, la pasó mal el miércoles anterior en la Cámara de Diputados, cuando no le permitieron que diera un informe de sus indagatorias y le exigían que acreditara su autoridad moral y profesional. El expediente de 5 mil fojas muestra todas las evidencias médicas que han sido difundidas -y cuestionadas-, e incluye un dato no conocido pero incriminador contra las autoridades de Veracruz, quienes afirman que sí fue violada por militares. Se trata de un hisopo -o cotonete-, impregnado de proteína prostática, con lo cual la autoridad dice demostrar la violación. Pero la muestra corresponde a una mujer de 30 a 40 años, casi la mitad de la edad de Ernestina. Es decir, la autoridad veracruzana, por error o estupidez, envió a la CNDH una prueba falsa, lo cual debilita su insistencia sobre la culpabilidad de los militares y puede significar sanciones penales en contra del responsable.
¿Qué hay detrás?
El gobierno de Veracruz y la CNDH se han metido en una serie de discusiones sobre la presunta responsabilidad en la muerte de Ernestina. Para limar asperezas, la noche del lunes pasado el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, visitó a Soberanes en sus oficinas del sur de la ciudad, donde él y su gente le hicieron todo tipo de preguntas y dijeron que las investigaciones de la CNDH las incorporaría a las suyas. Se suponía que había quedado resuelta la confrontación pública, con el ofrecimiento de apoyo del gobernador para el futuro. El miércoles sucedió otra cosa en el Congreso. En la sesión parlamentaria, el diputado priísta por el municipio de Zongolica, Pedro Montalvo, quien se ha dedicado últimamente a pasear a indígenas por la radio para que narren en náhuatl sus tribulaciones, fue uno de quienes más cuestionó a Soberanes.
¿Qué hay detrás?
Desde 1991, el municipio de Zongolica ha sido gobernado por el PRD, y los líderes perredistas en la zona, encabezados por el alcalde de Soledad Atzompa, la cabecera municipal, Salvador Pérez Pascuala, y René Huertas, que era líder de la Confederación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, habían sido factores importantes en la articulación de las redes de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial pasada. El gobernador, que enfrentará elecciones locales en septiembre, no parece querer pasar más tragos amargos, sobre todo en estos momentos donde se encuentra muy observado por el gobierno federal por el despunte de la violencia derivada del narcotráfico, puesto en la congeladora por el presidente Felipe Calderón, y alejado de la toma de decisiones importantes dentro del PRI por sus vaivenes y falta de compromiso con los actuales mandamases del partido. En esta coyuntura, parecía más barato cargársela al Ejército que ir por la verdad. Y así lo hizo.
En contraparte, cuando se supo de la presunta violación de Ernestina, la CNDH inició una investigación de hechos, sin que mediara una denuncia. Soberanes envió a Zongolica a la visitadora Susana Pedroza de la Llave, quien levantó toda la información requerida y habló con todas las partes para determinar lo que había sucedido. La visitadora, que fue la misma que investigó la brutalidad policial en Atenco hace casi un año y determinó que varias mujeres habían sido violadas por la policía del estado de México, fue cuestionada, también, en términos de credibilidad e integridad. Le han pasado por alto que su indagatoria estuvo respaldada por una serie de documentos que incluyen el acta médica en respuesta a Huertas, quien cuando llevó aún con vida a Ernestina a una clínica en Río Blanco, pidió que se asentara que había sido violada por soldados. Así quedó en el expediente, al igual que la respuesta del director de la clínica y cuatro médicos más, que declararon no haber encontrado rastros de violación.
¿Qué hay detrás?
Huertas fue la punta de lanza de la embestida contra el Ejército, y quien comenzó la diseminación de la especie de la violación. En el transcurso de estas ocho semanas, la cohesión perredista en Zongolica se desmoronó luego de que el líder comenzara a actuar sin consentimiento de la comunidad, que se rige por usos y costumbres. Este martes, Huertas fue destituido por una asamblea como dirigente de la CROIS porque, dijeron, dejó de ser confiable para la comunidad, mientras que el alcalde Pérez Pascuala entregó a dos hijos de la finada Ernestina viviendas de interés social. Los familiares de la anciana ya no están hablando con nadie, pero el caso sigue sometido a alta temperatura.
Zongolica, que es uno de los municipios más pobres del país, ha sido caldo de cultivo de fuerzas extralegales. Ahí se han dado desde hace largo tiempo enfrentamientos entre el Ejército y policías federales con talamontes, que han hecho del tráfico ilegal de la madera que suben por la Sierra Negra de Oaxaca y bajan por Orizaba uno de los negocios más redituables de la región. Conviven políticamente con el EPR, que tiene en la zona un asentamiento importante, así como cultivadores de drogas. La presencia del Ejército que data de 1994, les resulta muy incómoda para operar, sobre todo para los talamontes, en su mayoría poblanos, que ven en la guerra mediática por Ernestina una oportunidad para replegar al Ejército.
Qué tanto el recién destituido Huertas pueda estar involucrado con esos grupos no está claro, pero se le está investigando federalmente, así como a la CROIS para determinar si tiene vínculos con el EPR. En todo caso, aun si no hubiera relación alguna, la tolvanera que se ha levantado por la muerte de Ernestina los favorece enormemente. Es como Fidel Herrera, que parece dispuesto a quemar sus fusibles dentro del gobierno estatal para tener tranquila la zona en vísperas de los comicios municipales. Las alianzas, aun si no son premeditadas, son extrañamente caprichosas. Pero han sido construidas sobre el surrealismo de la política mexicana, donde lo que parece muchas veces no es, y lo que es muchas veces no se cree. Es el dilema permanente entre verdad y verosimilitud, realidad y percepción. Doña Ernestina, después de muerta, nos lo recuerda sin cesar.
jueves, 26 de abril de 2007
PREFIERE EMETERIO LOPEZ NO HABLAR DE LA CNDH
Redacción / ElGolfo.Info / Manuel Reyes / Jueves 26 de abril del 2007
El Procurador de Justicia Emeterio López Márquez se negó a declarar sobre la recomendación que hará la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) en contra de la dependencia que preside, por el caso de la mujer de 73 años de Soledad Atzompa que murió luego de una supuesta violación por militares.
Entrevistado en la salida de la cochera de palacio de gobierno el funcionario fue cuestionado sobre los señalamientos del presidente de la CNDH, con respecto a que la muerte de Ernestina Ascencio Rosario no fue causada por una violación sino por una anemia aguda.
“Mire yo sobre eso ahorita no les puedo opinar nada, hasta que no tengamos la recomendación siguen las investigaciones, sí llevan un avance pero seguimos trabajando”, dijo el procurador.
Cabe recordar que se ha generado todo una polémica entre la CNDH y el gobierno del estado por la muerte de esta señora indígena, ya que la dependencia federal mantiene su postura de que Ascencio Rosario no fue violada y las autoridades locales mantienen esta hipótesis.
En otro orden de ideas el funcionario estatal dio a conocer que se han capacitado a los policías de la academia del Lencero, para hacerlos más eficaces en el combate a la delincuencia organizada.
El funcionario estatal dio a conocer que se capacitó a integrantes de la policía ministerial, así como a policías estatales y de otras dependencias encargados de la seguridad de los veracruzanos. “Es una capacitación a los policías para que estén atentos a toda emergencia”.
El Procurador de Justicia Emeterio López Márquez se negó a declarar sobre la recomendación que hará la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) en contra de la dependencia que preside, por el caso de la mujer de 73 años de Soledad Atzompa que murió luego de una supuesta violación por militares.
Entrevistado en la salida de la cochera de palacio de gobierno el funcionario fue cuestionado sobre los señalamientos del presidente de la CNDH, con respecto a que la muerte de Ernestina Ascencio Rosario no fue causada por una violación sino por una anemia aguda.
“Mire yo sobre eso ahorita no les puedo opinar nada, hasta que no tengamos la recomendación siguen las investigaciones, sí llevan un avance pero seguimos trabajando”, dijo el procurador.
Cabe recordar que se ha generado todo una polémica entre la CNDH y el gobierno del estado por la muerte de esta señora indígena, ya que la dependencia federal mantiene su postura de que Ascencio Rosario no fue violada y las autoridades locales mantienen esta hipótesis.
En otro orden de ideas el funcionario estatal dio a conocer que se han capacitado a los policías de la academia del Lencero, para hacerlos más eficaces en el combate a la delincuencia organizada.
El funcionario estatal dio a conocer que se capacitó a integrantes de la policía ministerial, así como a policías estatales y de otras dependencias encargados de la seguridad de los veracruzanos. “Es una capacitación a los policías para que estén atentos a toda emergencia”.
ATZOMPA: CAMBIO SU VERSION EL DIRECTOR DEL HOSPITAL RIO BLANCO
Redacción / http://criterios.com/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=11438 / Jueves 26 de abril del 2007
De agresión sexual a salmonellas
Laura Castro Medina/corresponsal
Orizaba, Veracruz, 26 abril 07 (CIMAC).- Aunque en sus últimas declaraciones públicas el director del Hospital Río Blanco, Hugo Zárate Amescua, niega que la señora Ernestina Ascencio haya sido violada, en las primeras entrevistas concedidas a la prensa aseguró que aún cuando corresponde al Ministerio Público investigar, se presume hubo una agresión sexual contra la mujer, y que la perforación del recto le provocó sangrados abundantes por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.
El pasado 14 de marzo reconoció que durante la estancia de la mujer nahua en el hospital, ésta presentaba sangrado rectal probablemente por una agresión, como evidencian grabaciones de audio en poder de Cimacnoticias.
Sin embargo, para sustentar la inexistencia de una agresión sexual, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, durante su comparecencia ayer ante la Cámara de Diputados, insistió en que su investigación sobre la muerte de doña Ernestina se respalda con el informe del Hospital Regional de Río Blanco.
Soberanes dijo que los resultados de una afección gástrica obtenidos se derivan de las investigaciones de especialistas y del informe del director y seis médicos del hospital de Río Blanco en donde fue atendida la indígena.
La CNDH había hecho semanas antes un señalamiento sobre una presunta negligencia médica en ese Hospital (reconocido con el Premio de Calidad 2006), pero de inmediato Zarate Amezcua respondió el 14 de marzo: “No me explico el por qué dicen que hubo negligencia médica, que hubo sangrado, pues sí tenía sangrado por vía rectal probablemente por una agresión, yo no puedo decir si fue agredida sexualmente o no, simplemente presentó una agresión y la paciente ya llegó con daño renal como lo dije desde la primera entrevista con daño renal con falla orgánica múltiple y con datos de infección severa”.
Y añadió: “ignoramos todo el tiempo que estuvo la paciente, que dicen que la encontraron amarrada en un árbol, y aquí llegó con deshidratación, llegó, ni siquiera con datos de anemia por ahí mencionan datos de anemia y no es cierto”.
Pero tras las entrevistas del personal de la CNDH con el personal del Hospital Regional de Río Blanco, Zarate Amezcua se desdice e intenta cambiar su versión de los hechos: “El sangrado se debió a la ruptura de vísceras causada por una salmonella, una infección que provoca la ruptura del intestino. Son datos presuntivos, nosotros incluso en nuestras notas médicas nunca dijimos que había sido ultrajada o violada la señora Ernestina, nosotros lo que concluimos es que tuvo una falla orgánica múltiple, una falla senil, insuficiencia renal, y su sangrado del tubo digestivo pudo ser causada por una salmonella”.
Cabe hacer mención que con el parte médico y la revisión del médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez, se emitió el certificado de defunción el mismo 26 de febrero, firmado por el médico legista y en el cual se especifica que Ernestina Ascencio Rosario murió por “traumatismo craneoencefálico fractura, luxación de vértebras cervicales, anemia aguda, tipo de muerte mecánica traumática. El certificado fue firmado por el doctor Juan Pablo Mendizábal Pérez. Con los mismos datos de causa de muerte se elaboró el Acta de Defunción firmada por Jorge Ruiz Ochoa oficial del Registro Civil de Río Blanco.
PAPELES VAN
Por otro lado, en entrevista concedida en la capital del estado, el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, informó que la CNDH canalizará -a petición del Fiscal Especial- a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz sus expedientes técnicos y periciales científicos sobre la investigación de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario y que enriquecerán las investigaciones del Ministerio Público de Veracruz.
Sin abundar en detalles, el ejecutivo estatal expresó su beneplácito por el enlace entre las instituciones y por la promesa de José Luis Soberanes por “el respeto a las atribuciones a cada órgano del Estado Mexicano y deja al Ministerio Público de Veracruz en condiciones de concluir su averiguación”.
De agresión sexual a salmonellas
Laura Castro Medina/corresponsal
Orizaba, Veracruz, 26 abril 07 (CIMAC).- Aunque en sus últimas declaraciones públicas el director del Hospital Río Blanco, Hugo Zárate Amescua, niega que la señora Ernestina Ascencio haya sido violada, en las primeras entrevistas concedidas a la prensa aseguró que aún cuando corresponde al Ministerio Público investigar, se presume hubo una agresión sexual contra la mujer, y que la perforación del recto le provocó sangrados abundantes por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.
El pasado 14 de marzo reconoció que durante la estancia de la mujer nahua en el hospital, ésta presentaba sangrado rectal probablemente por una agresión, como evidencian grabaciones de audio en poder de Cimacnoticias.
Sin embargo, para sustentar la inexistencia de una agresión sexual, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, durante su comparecencia ayer ante la Cámara de Diputados, insistió en que su investigación sobre la muerte de doña Ernestina se respalda con el informe del Hospital Regional de Río Blanco.
Soberanes dijo que los resultados de una afección gástrica obtenidos se derivan de las investigaciones de especialistas y del informe del director y seis médicos del hospital de Río Blanco en donde fue atendida la indígena.
La CNDH había hecho semanas antes un señalamiento sobre una presunta negligencia médica en ese Hospital (reconocido con el Premio de Calidad 2006), pero de inmediato Zarate Amezcua respondió el 14 de marzo: “No me explico el por qué dicen que hubo negligencia médica, que hubo sangrado, pues sí tenía sangrado por vía rectal probablemente por una agresión, yo no puedo decir si fue agredida sexualmente o no, simplemente presentó una agresión y la paciente ya llegó con daño renal como lo dije desde la primera entrevista con daño renal con falla orgánica múltiple y con datos de infección severa”.
Y añadió: “ignoramos todo el tiempo que estuvo la paciente, que dicen que la encontraron amarrada en un árbol, y aquí llegó con deshidratación, llegó, ni siquiera con datos de anemia por ahí mencionan datos de anemia y no es cierto”.
Pero tras las entrevistas del personal de la CNDH con el personal del Hospital Regional de Río Blanco, Zarate Amezcua se desdice e intenta cambiar su versión de los hechos: “El sangrado se debió a la ruptura de vísceras causada por una salmonella, una infección que provoca la ruptura del intestino. Son datos presuntivos, nosotros incluso en nuestras notas médicas nunca dijimos que había sido ultrajada o violada la señora Ernestina, nosotros lo que concluimos es que tuvo una falla orgánica múltiple, una falla senil, insuficiencia renal, y su sangrado del tubo digestivo pudo ser causada por una salmonella”.
Cabe hacer mención que con el parte médico y la revisión del médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez, se emitió el certificado de defunción el mismo 26 de febrero, firmado por el médico legista y en el cual se especifica que Ernestina Ascencio Rosario murió por “traumatismo craneoencefálico fractura, luxación de vértebras cervicales, anemia aguda, tipo de muerte mecánica traumática. El certificado fue firmado por el doctor Juan Pablo Mendizábal Pérez. Con los mismos datos de causa de muerte se elaboró el Acta de Defunción firmada por Jorge Ruiz Ochoa oficial del Registro Civil de Río Blanco.
PAPELES VAN
Por otro lado, en entrevista concedida en la capital del estado, el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, informó que la CNDH canalizará -a petición del Fiscal Especial- a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz sus expedientes técnicos y periciales científicos sobre la investigación de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario y que enriquecerán las investigaciones del Ministerio Público de Veracruz.
Sin abundar en detalles, el ejecutivo estatal expresó su beneplácito por el enlace entre las instituciones y por la promesa de José Luis Soberanes por “el respeto a las atribuciones a cada órgano del Estado Mexicano y deja al Ministerio Público de Veracruz en condiciones de concluir su averiguación”.
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