Laura Castro Medina
Soledad Atzompa, Veacruz., 12 de abril (apro-cimac).- El presidente municipal de esta población, Javier Pérez Pascuala, rompió el diálogo con las autoridades federales, luego de que el subsecretario de Gobernación, Abraham Kunio González, faltó a la cita que tenía programada hoy con la comunidad para tratar el caso de Ernestina Ascencio Rosario.
Pérez Pascuala comentó el funcionario federal se había comprometido a reunirse con ellos en el palacio municipal, pero que esta mañana recibieron una llamada de su oficina cancelando su visita a la región “argumentando causas ajenas a su voluntad”.
Esta actitud irritó a pobladores y familiares de la anciana presuntamente violada y asesinada por militares y al propio edil, que anunció el rompimiento del diálogo con el gobierno federal.
El munícipe dio a conocer también que, debido a las presiones a que han sido sometidas en los últimos días, las tres hijas de Ernestina se encuentran delicadas de salud. Comentó que se niegan a comer, duermen poco y están tensas todo el tiempo.
Por otra parte, integrantes del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli de Veracruz, exigirán, a través de sus representantes en el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), agilizar el proceso legal de las denuncias de agresiones sexuales contra cuatro mujeres de la región, así como el esclarecimiento de la muerte de la indígena de 73 años de edad.
Maria de la Cruz Jaimés García, presidenta del colectivo, indicó que los casos se encuentran impunes ante la lentitud con que avanzan las investigaciones. Por ello, la agrupación realiza un informe detallado de los cuatro casos en los que se violentaron las garantías individuales de las veracruzanas.
Señaló que, el pasado 8 de marzo, las integrantes del colectivo feminista y de otras agrupaciones como la Federación de Mujeres Urbanas y Rurales, efectuaron una marcha-mitin para exigir el esclarecimiento de la muerte de la indígena de Soledad Atzompa y de 33 mujeres más asesinadas en la región en los últimos dos años.
Explicó que también las agresiones físicas y sexuales hacia las mujeres de la zona centro de Veracruz han sido numerosas. Sin embargo, dijo, hay cuatro casos más. Uno de ellos es la agresión sexual de un intendente de la escuela primaria “Leona Vicario” de Orizaba contra una estudiante de quinto grado.
Otro de los casos ocurridos también en esa localidad es el abuso sexual de un profesor de la escuela secundaria “Luis González Gómez” contra una menor de ese plantel del segundo grado. En este caso, los padres de la menor denunciaron violación. Sin embargo, se tipificó como “abuso erótico sexual”, lo que permitió que el profesor agresor, Carlos Gregorio Estévez, saliera en libertad, tras el pago de una fianza, aunque el proceso legal continúa.
El tercer caso ocurrió en el ayuntamiento de Ixhuatlancillo, donde el secretario municipal, Sergio Dazza, incurrió en acoso sexual en contra de su secretaria, la cual, al no ceder a las pretensiones sexuales, fue despedida injustificadamente. Sin embargo, el funcionario municipal se presentó a laborar esta semana con un amparo, por lo que no fue posible su aprehensión, mientras que las autoridades ministeriales sólo integraron el delito de acoso sexual, no el de abuso de autoridad, con el que no alcanzaría fianza.
Finalmente, Maria de la Cruz Jaimés agregó que otro asunto de preocupación es la violación de una enfermera del municipio de Huiloapan quien, tras denunciar la agresión, fue amenazada de muerte por el violador, por lo que teme que logre la libertad bajo fianza.
Los casos antes citados serán la prueba de fuego para la recién nombrada presidenta del Instituto Veracruzano de la Mujer, Martha Mendoza Parissi, quien deberá mostrar una postura a favor de la defensa de los derechos de las mujeres. De lo contrario, el IVM no será digno de respeto en Veracruz, opinó el también feminista Jairo Guarneros Sosa, representante de la sociedad civil y miembro adherente a “La otra campaña”.
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