Andrés T. Morales, corresponsal / La Jornada on line / Miércoles 9 de mayo del 2007
Veracruz, Veracruz. Autoridades indígenas notificaron del hallazgo del cadáver de una mujer presuntamente atacada sexualmente en un camino vecinal que conduce del municipio de Mixtla de Altamirano a San Juan Texhuacán, en la sierra de Zongolica.
La víctima fue identificada como Adelaida Amayo Aguas, de 38 años de edad, y su cuerpo presentaba un estado de putrefacción avanzada. Con la reminiscencia del caso de Ernestina Ascensión Rosario, la PGJE ordenó el traslado del cuerpo a la ciudad de Jalapa, donde se practica la cirugía y revisiónes periciales.
Pese a lo informado por las autoridades locales, la Procuraduría mantiene hermetismo sobre el caso.
lunes, 14 de mayo de 2007
HECHO AISLADO HOMICIDIO DE ADELAIDA: MIGUEL MINA
Patricio Apale / El Sol de Orizaba / Miércoles 9 de mayo del 2007
Zongolica, Veracruz.- Miguel Mina Rodríguez, subprocurador regional de Justicia en la zona centro del estado, tomó en forma directa y personal el caso de la mujer asesinada, por lo que se realizan investigaciones en un camino vecinal cerca de la desviación a San Andrés Mixtla de Altamirano, y para reforzar las investigaciones, un grupo de la primer comandancia regional está apoyando.
Ante medios de comunicación, el funcionario señaló que se está investigando el caso, el cual lo consideró como un hecho aislado pero que se podrá resolver, ya que se está trabajando en el asunto, y pidió a familiares guardar la confianza de que se dará con los responsables de este crimen.
"Estamos trabajando en esto, desafortunadamente no se pueden dar pormenores de la investigación, dado que podrían verse afectados los avances, no obstante, en su momento se podrán conocer más situaciones que nos conlleven a resolver el asunto", añadió.
Entrevistado en las oficinas que alberga la Agencia del Ministerio Público del fuero común, Mina Rodríguez se comprometió a estar atento a las investigaciones y si es necesario, diariamente estar en esta localidad, hasta entonces se tengan resultados de las investigaciones.
Lo que aseguró es que hay un grupo de la Policía Ministerial que está trabajando en apoyo a los elementos asignados a esta localidad distrital, ya se tienen líneas de investigación y se trabaja en el caso de manera directa, principalmente porque la mujer asesinada no tenía enemigos, Adelaida Amayo Aguas era una mujer de trabajo, gestora de proyectos.
Zongolica, Veracruz.- Miguel Mina Rodríguez, subprocurador regional de Justicia en la zona centro del estado, tomó en forma directa y personal el caso de la mujer asesinada, por lo que se realizan investigaciones en un camino vecinal cerca de la desviación a San Andrés Mixtla de Altamirano, y para reforzar las investigaciones, un grupo de la primer comandancia regional está apoyando.
Ante medios de comunicación, el funcionario señaló que se está investigando el caso, el cual lo consideró como un hecho aislado pero que se podrá resolver, ya que se está trabajando en el asunto, y pidió a familiares guardar la confianza de que se dará con los responsables de este crimen.
"Estamos trabajando en esto, desafortunadamente no se pueden dar pormenores de la investigación, dado que podrían verse afectados los avances, no obstante, en su momento se podrán conocer más situaciones que nos conlleven a resolver el asunto", añadió.
Entrevistado en las oficinas que alberga la Agencia del Ministerio Público del fuero común, Mina Rodríguez se comprometió a estar atento a las investigaciones y si es necesario, diariamente estar en esta localidad, hasta entonces se tengan resultados de las investigaciones.
Lo que aseguró es que hay un grupo de la Policía Ministerial que está trabajando en apoyo a los elementos asignados a esta localidad distrital, ya se tienen líneas de investigación y se trabaja en el caso de manera directa, principalmente porque la mujer asesinada no tenía enemigos, Adelaida Amayo Aguas era una mujer de trabajo, gestora de proyectos.
ADELAIDA AMAYO, OTRO ASESINATO EN LA SIERRA DE ZONGOLICA
Laura Castro Medina
Zongolica, Veracruz, 11 de mayo (apro-cimac).- El asesinato de Adelaida Amayo, integrante del Consejo Radiofónico Indígena Náhuatl y gestora de proyectos productivos para grupos étnicos, en el municipio de Zongolica, pudiera tener vínculo con el caso de Ernestina Ascencio y, según el dirigente Julio Atenco, “existe el temor de que esta acción fue con miras a alertar las conciencias democráticas” en la región.
El lunes anterior fue encontrado el cuerpo de una mujer desnuda en un camino vecinal cercano a la carretera Zongolica-San Juan Texhuacan. El cuerpo correspondía a Adelaida Amayo Aguas, quien se encontraba desaparecida desde el miércoles de la semana anterior, en que salió de su domicilio, ubicado en la comunidad de Palulca, con destino a la cabecera municipal.
A pesar del hermetismo que guardan las autoridades de la Procuraduría de Veracruz sobre el caso, de acuerdo con versiones de familiares y del esposo Hilario Lara, la mujer de 38 años y madre de cinco niños tenía atado al cuello un cinturón de hombre y trapos en el interior de la boca, cuatro cuchilladas y señales de sufrir violencia extrema.
Su cuerpo estaba en estado de avanzada descomposición y carcomido por los animales.
Julio Atenco Vidal, líder natural de la sierra de Zongolica y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), comentó que Adelaida era una mujer ampliamente reconocida en la sierra de Zongolica, pues además de su arraigo en aquella región, se encargaba de la gestión de créditos para proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi).
Además, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena de Zongolica de la XEZON, única estación que difunde información en náhuatl subsidiada por el Consejo de Desarrollo Indígena (CDI); también difunde programas y mantiene una política neutral sin colores ni partidos.
De igual forma fue socia y gestora de la Cooperativa Indígena Popular, la que tiene más de 20 años en funciones, sostenida a través de la cultura del ahorro, y con esta caja popular se han desarrollado diversos proyectos productivos comunitarios para grupos indígenas.
Existe el temor de que esta acción fue con miras a alertar a las conciencias democráticas, al destacarse el hecho de que la compañera de labores de Adelaida, Dolores Rivera, fue propuesta como candidata de izquierda a la diputación local por el distrito de Zongolica, planteamiento que ésta rechazó, sin embargo, ambas mujeres fueron consideradas como fuertes adversarias en los próximos procesos electorales locales, debido al respaldo que tienen de los grupos indígenas de la sierra de Zongolica, explicó Atenco.
Para Atenco Vidal existe una preocupación de que el caso de la muerte de Adelaida no esté desligado del de Ernestina en Soledad Atzompa, y pudiera en este caso haber sido cometido por un grupo paramilitar que busca disuadir al movimiento democrático de la zona serrana.
Por ejemplo, en el caso de Ernestina aparentemente se buscó un enfrentamiento entre el pueblo y los grupos militares, el que no se dio, pues de haberse concretado, los líderes de las corrientes democratizadoras estarían en la cárcel o muertos.
Advirtió que se percibe que con este caso se trata de “nuevos golpes”, en una primera etapa represiva, para desalentar el movimiento. “Estamos en la puerta de una represión selectiva. En donde pretenden acabar con los liderazgos de movimientos democratizadores”
Este crimen fue premeditado y estudiado, no obedece a un loco, pues primero secuestró, después asesinó y después botó el cadáver con una clara intención de dejar huella del homicidio con un mensaje implícito: fue una acción planificada y siniestra contra quienes empujan el cambio democratizador, subrayó Atenco Vidal.
Apuntó que de corroborarse la existencia de grupos paramilitares en la sierra de Zongolica, estarían ligados al Ejército y a la ultraderecha, no precisamente a nivel local sino a escala nacional, con la finalidad de desarticular o eliminar a grupos contrarios.
Aunque descartó que pudiera estar involucrado el gobierno estatal, dijo que sin embargo se ha buscado al secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar, para establecer un diálogo, a fin de plantear de forma franca y directa sus temores de un probable grupo paramilitar en Zongolica, pero por diversas circunstancias no ha habido el acercamiento con las autoridades estatales.
“La muerte de Adelaida es un foco rojo, por ello el gobierno estatal debe intensificar las investigaciones, y deslindarse --si es el caso--, pues sin evidencia plenamente se presume una intención de eliminar o desarticular a los líderes de grupos opositores en movimiento”.
Julio Atenco recordó que, desde el 12 de junio del 2006, fue amenazado de muerte y, aunque en su momento denunció los hechos, la investigación no ha avanzado.
Destacó que por el momento se han concentrado en la organización del consejo nacional a celebrarse los días 26 y 27 de mayo, en la Ciudad de México, en donde se habrán de tomar acuerdos sobre la solicitud de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la investigación de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, así como para condenar la represión política de la cual han sido objeto grupos indígenas de la sierra de Zongolica
La PGJE niega información del caso
Aunque la muerte de Adelaida Amayo ha despertado el interés de la comunidad indígena de la sierra de Zongolica, las autoridades ministeriales se niegan a hablar del tema, luego del hallazgo del cadáver el lunes anterior.
El cuerpo de la mujer fue sometido a una necroscopia con duración de más de seis horas en la ciudad de Orizaba y posteriormente fue canalizado a la ciudad de Xalapa para someterlo a una segunda necropsia.
El procurador veracruzano Emeterio López Márquez realizó una visita al municipio de Zongolica para conocer pormenores del homicidio, y ahí sostuvo que se siguen varias líneas de investigación.
BLANCA JAGGER, RECLAMARA A CALDERON POR ABUSOS DE MILITARES
Leticia Puente Beresford
Nueva York, 11 de mayo (apro-cimac).- La activista por los derechos humanos Bianca Jagger exigirá al presidente de México, Felipe Calderón, que los miembros del Ejército que violen y asesinen mujeres “no gocen de fuero militar”.
El reclamo de la exesposa de Mick Jagger –el líder de The Rolling Stones-- se suma a la campaña emprendida por Amnistía Internacional en Europa sobre la impunidad en la que quedan la mayoría de los asesinatos y casos de violencia sufridos por mujeres de México y Guatemala.
Bianca Jagger, quien durante los años 70 y 80 fue miembro destacado del jet set internacional, escribirá una carta al presidente de México, Felipe Calderón, en la que transmitirá su "preocupación por la impunidad" que rodea las muertes violentas de las que son víctimas las mujeres mexicanas, adelantó Neil Arias, abogada defensora de varias mujeres indígenas guerrerenses en una entrevista con la agencia EFE en Londres, Inglaterra.
Apoyada por Amnistía Internacional (AI) Arias iniciará el próximo sábado una gira por Europa, junto con Jorge Velásquez –padre de la joven Claudina, quien apareció muerta con un tiro en la frente en agosto de 2005--, para dar testimonio de la situación que viven las mujeres en México y Guatemala, así como de la impunidad que impera.
Arias dio a conocer Bianca Jagger se sumará a la gira el próximo sábado.
Arias y Velásquez, quienes han vivido de cerca el dolor por la muerte violenta de mujeres, atribuyen la responsabilidad de esta situación a los gobiernos latinoamericanos que, a su parecer, destinan "muy pocos recursos" para garantizar la seguridad y la justicia de su población.
Según Neil Arias, el gobierno de México "no está preocupado porque haya un respeto de los derechos humanos de la población en general".
Feminicidio en México
Por su parte, la televisora Univisión informó que madres de víctimas, activistas, académicos y artistas se reunirán en la Universidad de Stanford para hacer un llamado de atención y examinar los asesinatos y desapariciones de cientos de mujeres en países como México.
La conferencia “Femenicidio. Asesinato sancionado. Raza, género y violencia en el contexto global”, será presentada por Estudios Chicanos; han sido invitadas las escritoras y periodistas mexicanas Elena Poniatowska, Lydia Cacho y Rita L. Segato, entre otras.
"Se puede hacer mucho para denunciar los casos y cualquier atropello a los derechos humanos", dijo la cineasta Lourdes Portillo, una de las ponentes y quien en 2001 filmó el documental Señorita extraviada, acerca de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
En la última década, en Juárez ciudad fronteriza con EU se han reportado más de 400 asesinatos de mujeres. La mayoría de los casos permanecen impunes pese a las constantes denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El evento estará acompañado de una exhibición de arte ubicada en el edificio Tresidder Union. Esta exhibición se compone de vestidos en colores llamativos que cuelgan de 400 cruces rosadas que simbolizan los asesinatos no resueltos de mujeres en Ciudad Juárez.
Nueva York, 11 de mayo (apro-cimac).- La activista por los derechos humanos Bianca Jagger exigirá al presidente de México, Felipe Calderón, que los miembros del Ejército que violen y asesinen mujeres “no gocen de fuero militar”.
El reclamo de la exesposa de Mick Jagger –el líder de The Rolling Stones-- se suma a la campaña emprendida por Amnistía Internacional en Europa sobre la impunidad en la que quedan la mayoría de los asesinatos y casos de violencia sufridos por mujeres de México y Guatemala.
Bianca Jagger, quien durante los años 70 y 80 fue miembro destacado del jet set internacional, escribirá una carta al presidente de México, Felipe Calderón, en la que transmitirá su "preocupación por la impunidad" que rodea las muertes violentas de las que son víctimas las mujeres mexicanas, adelantó Neil Arias, abogada defensora de varias mujeres indígenas guerrerenses en una entrevista con la agencia EFE en Londres, Inglaterra.
Apoyada por Amnistía Internacional (AI) Arias iniciará el próximo sábado una gira por Europa, junto con Jorge Velásquez –padre de la joven Claudina, quien apareció muerta con un tiro en la frente en agosto de 2005--, para dar testimonio de la situación que viven las mujeres en México y Guatemala, así como de la impunidad que impera.
Arias dio a conocer Bianca Jagger se sumará a la gira el próximo sábado.
Arias y Velásquez, quienes han vivido de cerca el dolor por la muerte violenta de mujeres, atribuyen la responsabilidad de esta situación a los gobiernos latinoamericanos que, a su parecer, destinan "muy pocos recursos" para garantizar la seguridad y la justicia de su población.
Según Neil Arias, el gobierno de México "no está preocupado porque haya un respeto de los derechos humanos de la población en general".
Feminicidio en México
Por su parte, la televisora Univisión informó que madres de víctimas, activistas, académicos y artistas se reunirán en la Universidad de Stanford para hacer un llamado de atención y examinar los asesinatos y desapariciones de cientos de mujeres en países como México.
La conferencia “Femenicidio. Asesinato sancionado. Raza, género y violencia en el contexto global”, será presentada por Estudios Chicanos; han sido invitadas las escritoras y periodistas mexicanas Elena Poniatowska, Lydia Cacho y Rita L. Segato, entre otras.
"Se puede hacer mucho para denunciar los casos y cualquier atropello a los derechos humanos", dijo la cineasta Lourdes Portillo, una de las ponentes y quien en 2001 filmó el documental Señorita extraviada, acerca de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
En la última década, en Juárez ciudad fronteriza con EU se han reportado más de 400 asesinatos de mujeres. La mayoría de los casos permanecen impunes pese a las constantes denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El evento estará acompañado de una exhibición de arte ubicada en el edificio Tresidder Union. Esta exhibición se compone de vestidos en colores llamativos que cuelgan de 400 cruces rosadas que simbolizan los asesinatos no resueltos de mujeres en Ciudad Juárez.
LA SEDENA, LA DEPENDENCIA MAS SEÑALADA POR ABUSOS: CNDH
De la redacción
México, D.F., 11 de mayo (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, sostuvo que las casi mil ejecuciones cometidas por el crimen organizado en lo que va del año, revelan que México ha entrado en una espiral de violencia peligrosa.
Por ello, el ombudsman se pronunció en contra de que el Ejército intervenga en la lucha contra el narcotráfico, “porque a sus elementos no se les capacita en funciones de policía”.
Dijo que lo que se debe hacer es preparar a las corporaciones policíacas federales para que sean éstas las encargadas de combatir al crimen organizado.
El doctor Soberanes, de gira por Zacatecas, reveló que, de enero a la fecha, ha recibido 28 quejas provenientes de 11 estados por posibles violaciones a las garantías fundamentales cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas durante los operativos contra la delincuencia organizada, al grado de que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha convertido en la autoridad más señalada por abusos de parte de la población civil.
Señaló que la intervención del Ejército en el combate al narcotráfico debe ser de carácter provisional, en tanto se integre un cuerpo policíaco federal que deberá encabezar la lucha antidrogas y enfrentar al crimen organizado.
Añadió que las funciones del Ejército mexicano no son de policía ni de Ministerio Público, y se pronunció en favor de que los militares regresen a sus cuarteles, una vez que se haya integrado un nuevo cuerpo policíaco.
CAUSO INCERTIDUMBRE SOCIAL EL CASO ASCENCIO: ALVAREZ ICAZA
Andrés T. Morales / La Jornada / Sábado 12 de mayo del 2007
Jalapa, Veracruz, 11 de mayo. Los dictámenes emitidos tanto por la procuraduría veracruzana como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario dejaron insatisfecha a gran parte de la sociedad mexicana, la cual no cree en ellos y, por tanto, no corresponden a la "verdad social", pese a que se basan en una supuesta "verdad jurídica", aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza. Agregó que el caso obliga a la reforma del Estado en el rubro de impartición de justicia y combate a la impunidad. El ombudsman capitalino aseguró que el caso no sólo "dolió mucho a la sociedad mexicana, sino que la dejó en medio de incertidumbre por la actuación de instituciones y órganos judiciales".
Jalapa, Veracruz, 11 de mayo. Los dictámenes emitidos tanto por la procuraduría veracruzana como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario dejaron insatisfecha a gran parte de la sociedad mexicana, la cual no cree en ellos y, por tanto, no corresponden a la "verdad social", pese a que se basan en una supuesta "verdad jurídica", aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza. Agregó que el caso obliga a la reforma del Estado en el rubro de impartición de justicia y combate a la impunidad. El ombudsman capitalino aseguró que el caso no sólo "dolió mucho a la sociedad mexicana, sino que la dejó en medio de incertidumbre por la actuación de instituciones y órganos judiciales".
CRECE LA ESPECULACION POR DESAPARICION DE LOS HIJOS DE ERNESTINA ASCENCIO
Laura Castro Medina y Regina Martínez
Soledad Atzompa, Veracruz, 8 de mayo (apro-cimac).- A la ola de contradicciones sobre la muerte de la indígena nahua Ernestina Ascencio, por presuntos militares, se suman las especulaciones sobre el paradero de sus hijos y el hallazgo del cadáver de otra mujer violada en la sierra Zongolica, que revive la indignación y el miedo entre la población serrana.
Para la Procuraduría General de Justicia de Veracruz el caso está cerrado, mientras el Ministerio Público Militar, que reconociera la violación de la señora, guarda hermetismo sobre sus propias investigaciones.
El último día de abril, Francisco, Marta, Juana y Carmen, descendientes de doña Ernestina, partieron a Xalapa, a bordo de un autobús de lujo, tras la entrega de otros seis millones de pesos en apoyos de parte del gobierno del estado, para conocer el dictamen que también sería difundido a la opinión público esa misma noche.
Estuvieron hospedados en el hotel México y revelaron al medio electrónico www.alcalorpolitico.com que iban a recibir dinero del gobierno del estado, además de que el gobernador les hizo la promesa de ayudar a todo el pueblo. Sin embargo, una semana de que se emitió el dictamen, no se sabe con certeza su paradero.
El gobernador de Veracruz asegura que se encuentran de “visita” en la Ciudad de México “cerca de la Villa de Guadalupe”. Sin embargo, vecinos de Tetlazinga aseguran que se encuentran en el interior de sus nuevas viviendas construidas por el gobierno estatal, hoy custodiadas celosamente por seis policías, con dos patrullas del Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz.
Mientras vecinos y autoridades del lugar buscan la forma de hacer contacto con la familia para pedirles que apelen dentro del plazo de 15 días que marca la ley el dictamen emitido por la PGJ, los más de tres mil indígenas que desde un inicio se solidarizaron en el reclamo de justicia hoy cuestionan el mutismo de los descendientes directos de la señora Ernestina.
Por su parte, Emeterio López Márquez, procurador de Justicia, y Juan Alatriste, fiscal especial en el caso, fueron contundentes: Ernestina Ascencio murió por causas naturales, no había crimen que perseguir.
Cabizbajo y sin responder cuestionamiento de la prensa, el fiscal veracruzano no pudo aclarar las causas por las cuales días antes había afirmado enérgicamente ante legisladores y medios de comunicación que el crimen de Ernestina Ascencio no quedaría impune.
Ahora, Adelaida
La tarde de ayer nuevamente el miedo y la indignación se apoderaron de la comunidad nahua, tras el hallazgo del cadáver de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años de edad, empleada de la caja Solidaridad del municipio de Zongolica.
Su cuerpo, en estado de putrefacción, fue encontrado por lugareños en un camino de terracería en la desviación al municipio de Mixtla de Altamirano. La mujer, que se encontraba desaparecida desde el pasado miércoles, presenta rastros de violación y estrangulamiento.
Las autoridades del Ministerio Público de Zongolica y el subprocurador de Justicia en la Zona Centro, Miguel Mina Rodríguez, guardan hermetismo sobre este nuevo asesinato en la zona serrana.
Sin embargo, la noticia del nuevo asesinato se difundió rápidamente en la región y revivió de inmediato la indignación de las comunidades indígenas.
Mientras tanto, en Jalapa, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, reiteró su exigencia de que se haga público el expediente de la investigación ministerial realizada por la PGJ de Veracruz, ante las contradicciones por la actuación de autoridades estatales, federales y militares en el caso.
La sociedad “debe exigir el derecho a la verdad”, señaló la representante de Fundar, Jacqueline Lhoist, quien cuestionó el resolutivo sobre la “muerte natural” de la anciana de 73 años, agredida supuestamente por militares.
Explicó que Fundar --la organización que preside Sergio Aguayo-- ha seguido muy de cerca el caso de Ascencio Rosario y encontró que existen elementos suficientes “para tener dudas muy fundadas” sobre el curso que tuvo la investigación ministerial iniciada por la PGJ el 25 de febrero tras los hechos ocurridos en Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica.
En conferencia de prensa dio a conocer un diagnostico sobre los alcances de las atribuciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz (CEDHV), elaborado por los investigadores de Asesoría y Servicios Rurales AC, Ángeles Muñoz y Mario Pérez.
Lhoist dijo que a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una vez que concluya el proceso definitivo, harán la solicitud para que haga público el expediente.
Soledad Atzompa, Veracruz, 8 de mayo (apro-cimac).- A la ola de contradicciones sobre la muerte de la indígena nahua Ernestina Ascencio, por presuntos militares, se suman las especulaciones sobre el paradero de sus hijos y el hallazgo del cadáver de otra mujer violada en la sierra Zongolica, que revive la indignación y el miedo entre la población serrana.
Para la Procuraduría General de Justicia de Veracruz el caso está cerrado, mientras el Ministerio Público Militar, que reconociera la violación de la señora, guarda hermetismo sobre sus propias investigaciones.
El último día de abril, Francisco, Marta, Juana y Carmen, descendientes de doña Ernestina, partieron a Xalapa, a bordo de un autobús de lujo, tras la entrega de otros seis millones de pesos en apoyos de parte del gobierno del estado, para conocer el dictamen que también sería difundido a la opinión público esa misma noche.
Estuvieron hospedados en el hotel México y revelaron al medio electrónico www.alcalorpolitico.com que iban a recibir dinero del gobierno del estado, además de que el gobernador les hizo la promesa de ayudar a todo el pueblo. Sin embargo, una semana de que se emitió el dictamen, no se sabe con certeza su paradero.
El gobernador de Veracruz asegura que se encuentran de “visita” en la Ciudad de México “cerca de la Villa de Guadalupe”. Sin embargo, vecinos de Tetlazinga aseguran que se encuentran en el interior de sus nuevas viviendas construidas por el gobierno estatal, hoy custodiadas celosamente por seis policías, con dos patrullas del Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz.
Mientras vecinos y autoridades del lugar buscan la forma de hacer contacto con la familia para pedirles que apelen dentro del plazo de 15 días que marca la ley el dictamen emitido por la PGJ, los más de tres mil indígenas que desde un inicio se solidarizaron en el reclamo de justicia hoy cuestionan el mutismo de los descendientes directos de la señora Ernestina.
Por su parte, Emeterio López Márquez, procurador de Justicia, y Juan Alatriste, fiscal especial en el caso, fueron contundentes: Ernestina Ascencio murió por causas naturales, no había crimen que perseguir.
Cabizbajo y sin responder cuestionamiento de la prensa, el fiscal veracruzano no pudo aclarar las causas por las cuales días antes había afirmado enérgicamente ante legisladores y medios de comunicación que el crimen de Ernestina Ascencio no quedaría impune.
Ahora, Adelaida
La tarde de ayer nuevamente el miedo y la indignación se apoderaron de la comunidad nahua, tras el hallazgo del cadáver de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años de edad, empleada de la caja Solidaridad del municipio de Zongolica.
Su cuerpo, en estado de putrefacción, fue encontrado por lugareños en un camino de terracería en la desviación al municipio de Mixtla de Altamirano. La mujer, que se encontraba desaparecida desde el pasado miércoles, presenta rastros de violación y estrangulamiento.
Las autoridades del Ministerio Público de Zongolica y el subprocurador de Justicia en la Zona Centro, Miguel Mina Rodríguez, guardan hermetismo sobre este nuevo asesinato en la zona serrana.
Sin embargo, la noticia del nuevo asesinato se difundió rápidamente en la región y revivió de inmediato la indignación de las comunidades indígenas.
Mientras tanto, en Jalapa, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, reiteró su exigencia de que se haga público el expediente de la investigación ministerial realizada por la PGJ de Veracruz, ante las contradicciones por la actuación de autoridades estatales, federales y militares en el caso.
La sociedad “debe exigir el derecho a la verdad”, señaló la representante de Fundar, Jacqueline Lhoist, quien cuestionó el resolutivo sobre la “muerte natural” de la anciana de 73 años, agredida supuestamente por militares.
Explicó que Fundar --la organización que preside Sergio Aguayo-- ha seguido muy de cerca el caso de Ascencio Rosario y encontró que existen elementos suficientes “para tener dudas muy fundadas” sobre el curso que tuvo la investigación ministerial iniciada por la PGJ el 25 de febrero tras los hechos ocurridos en Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica.
En conferencia de prensa dio a conocer un diagnostico sobre los alcances de las atribuciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz (CEDHV), elaborado por los investigadores de Asesoría y Servicios Rurales AC, Ángeles Muñoz y Mario Pérez.
Lhoist dijo que a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una vez que concluya el proceso definitivo, harán la solicitud para que haga público el expediente.
EL GOBERNADOR SE DOBLA
Regina Martínez
XALAPA, VERACRUZ- La noche del 30 de abril, en una conferencia de prensa casi clandestina, el caso de Ernestina Ascencio dio un vuelco sorpresivo: El fiscal especial designado por la procuraduría estatal, Juan Alatriste Gómez, afirmó que la muerte de la anciana indígena “no es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo, ya sea que la causa se clasifique como mecánica o patológica, aspectos que quedan en segundo plano y como materia de homologación de criterios”.
En su dictamen de sólo dos hojas, Alatriste reconoció la existencia de desgarres anales en el cuerpo de la señora, “pero pueden deberse a diversos factores, razón por la que no hay mayores indicios criminalísticos que hagan presumir la introducción de un miembro viril o instrumento por la vía no idónea”.
Tal y como lo “anticipó” el presidente Felipe Calderón y como lo secundó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) concluyó que Ernestina Ascencio “murió por causas naturales”, ya que los análisis de laboratorio reportaron “una parasitosis y la existencia de heces intestinales pétreas o impactación fecal enmascarada en sangrado melénico”...
Con ese dictamen el gobierno veracruzano se desdijo de su versión inicial, según la cual médicos forenses de la PGJE acreditaron que la anciana de 73 años “murió de manera violenta”, ya que habrían encontrado evidencias de violación sexual, fractura craneoencefálica, golpes y fractura de costillas.
La decisión de cerrar el caso sorprendió a las autoridades de las casi 40 comunidades del municipio de Soledad Atzompa. “No esperábamos esa respuesta”, admitió el alcalde Javier Pérez Pascuala. Y la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Rocver), conformada por cerca de 40 agrupaciones, advirtió que junto con las autoridades municipales de Soledad Atzompa acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional para exigir que se reabra la investigación.
En el caso de esta anciana indígena, manifestó la Rocver en un comunicado, “se utilizó el poder del Estado para cercar a la familia y crear una visión oficial que exculpe al Ejército. Y el gobierno estatal prefirió darle una salida política y negociada inaceptable, que lo muestra como un mero apéndice de la Presidencia de la República”.
Soldados en la escena
”Fue un proditorio asesinato, horrible, de una indígena veracruzana, doña Ernestina Ascencio, que fue brutalmente ultrajada y su cuerpo arrojado a una ladera, ahí, en un hoyo”, decía el gobernador Fidel Herrera el 9 de marzo, días después de la muerte de la anciana de 73 años.
Todo el regimiento de Orizaba fue acuartelado, dijo, “para que tanto personal militar de alta calidad como del fuero común de Veracruz puedan desarrollar la más profunda investigación de todos los instrumentos científicos a su alcance para determinar responsabilidades en el terrible homicidio de una indígena veracruzana”.
Herrera Beltrán sostuvo la hipótesis del asesinato proditorio (traicionero), hasta antes de reunirse el 26 de abril con el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, para conocer la información técnica y científica recabada por el organismo sobre el caso.
Un día después del fallecimiento de la indígena en el hospital de Río Blanco, el 27 de febrero, y ante los reclamos de justicia, el gobierno estatal informó en un comunicado de prensa que mientras se realizaban las investigaciones “cuatro elementos del Ejército, señalados como presuntos responsables de este crimen, están a disposición del Ministerio Público.
“Los militares se encontraban destacados en esa comunidad y pertenecen al cuartel militar de San Antonio, del 63 Batallón de Infantería con base en Orizaba”, precisaba el boletín difundido después de que Herrera Beltrán visitó Tetlatzinga para darle sus condolencias a la familia Ascencio Inés.
A esos mismos soldados, el alcalde Pérez Pascuala y otras 300 personas los vieron pasar a bordo de dos vehículos militares, provenientes de la parte alta del municipio. Eran alrededor de las 21 horas del 26 de febrero. Recuerda la autoridad municipal:
“Esa noche, tras expandirse la noticia de la muerte de Ernestina Ascencio, unas 300 personas llegaron hasta mi domicilio, en la congregación de Atzompa, para preguntarme si era cierto que los militares habían agredido a la señora”
“Yo ya había hablado con el gobernador para comentarle el lamentable hecho y el se comprometió a que al otro día estaría muy temprano en nuestro municipio para informarse personalmente de lo que había pasado. Eso le estaba explicando a la gente cuando vimos los vehículos militares.
“Eran dos vehículos tipo pick up donde iban varios soldados y que por la multitud que había en ese momento frente a mi casa no podían avanzar, ya que la gente estaba tapando el camino.
“Luego de acreditarme como presidente municipal, le pregunté al militar que iba al mando a dónde se dirigían. Respondió que se marchaban de Tetlatzinga rumbo a Ciudad Mendoza y que tenía órdenes superiores de llevarse a unos soldados.
“Mire, señor presidente, entendemos la inquietud de la gente, pero acá atrás vienen cuatro sospechosos que podrían ser los culpables, ya no vestidos de militar, sino de civil, me dijo, y vi que otros seis militares los venían custodiando. Pero la gente no le creyó y empezó a gritar.”
El comandante del grupo, cuyo nombre no recuerda Pérez Pascuala, se comunicó con el procurador del estado, Emeterio López Márquez. “Me pasó el teléfono y el procurador dijo que esperaba a los militares en Orizaba, donde iban a interrogarlos para ver si ellos eran los responsables; y que si no los dejaba pasar, yo sería el responsable”, relata el alcalde.
La gente dejó que los militares continuaran su camino a Orizaba. Pero nunca se supo en qué pararon esas investigaciones ni cuál era la situación jurídica de los soldados detenidos por el propio Ejército.
Todavía el 11 de abril, cuando tenía encima las acusaciones de la CNDH en el sentido de que la PGJE hizo de la investigación “un cochinero”, el procurador López Márquez reiteró: “Hay evidencias de que sí hubo violación, aunque será el Ministerio Público el que habrá de determinar el delito”.
También cuestionó a José Luis Soberanes “por haberse adelantado a emitir opiniones cuando nosotros todavía estamos integrando una investigación ministerial y hay que esperar a que el fiscal la concluya”.
Y de pronto... no hubo crimen
Incluso la opinión de los hijos de Ernestina Ascencio cambió radicalmente. Ocurrió después de que se entrevistaron con los visitadores de la CNDH, que llegaron en los primeros días de marzo para exhumar el cuerpo. El 11 de abril, los deudos se reunieron en privado con el subsecretario de Gobernación Abraham González, en Boca del Río.
En opinión del perredista Julio Atenco, fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se aprovechó de la pobreza de la familia de la indígena ultrajada y la “controló por el estómago” para cambiar el rumbo de la indagatoria iniciada el 25 de febrero, cuando Ascensio Rosario les reveló a sus hijos que los soldados “se le habían echado encima”.
Lo mismo hizo Calderón, según Atenco, con el gobierno del estado: “presionó al gobernador Fidel Herrera Beltrán para cambiar la verdad histórica”.
En este “trabajo sucio” –como lo califica– destacó la intervención del actual dirigente en la zona de la CROISZ, René Huerta, “quien gestionó beneficios por ambos lados”. Según Atenco Vidal, las autoridades comunales se dieron cuenta de las maniobras de Huerta y en una asamblea a mediados de abril acordaron desconocerlo como dirigente de la CROISZ, “pues ya había manipulado a la familia para que no hablara con nadie si él no estaba presente”.
En este caso, señala, ni la Presidencia de la República ni el Ejército como instituciones estaban en duda: “Nosotros nunca las atacamos, pues altos mandos habían fijado su postura de dejar en libertad la investigación y sancionar a los responsables de los hechos”.
Pero al encubrirlos, afirma, “estas instituciones terminaron ensuciándose”, politizaron el conflicto y ocultaron la verdad que incluso el gobierno estatal demostró el 16 de abril ante una comisión plural de diputados federales: que “hubo violencia y violación”.
En esa ocasión, junto con los diputados federales y locales estuvieron presentes el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, y el propio Atenco. Ahí, la PGJE y la Fiscalía Especial mostraron cómo “en el cuerpo de la señora se encontró fosfata ácida y proteína B-30”, sustancias que, dice, “sólo las produce la próstata y se incrementan cuando el hombre tiene actividad sexual”.
XALAPA, VERACRUZ- La noche del 30 de abril, en una conferencia de prensa casi clandestina, el caso de Ernestina Ascencio dio un vuelco sorpresivo: El fiscal especial designado por la procuraduría estatal, Juan Alatriste Gómez, afirmó que la muerte de la anciana indígena “no es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo, ya sea que la causa se clasifique como mecánica o patológica, aspectos que quedan en segundo plano y como materia de homologación de criterios”.
En su dictamen de sólo dos hojas, Alatriste reconoció la existencia de desgarres anales en el cuerpo de la señora, “pero pueden deberse a diversos factores, razón por la que no hay mayores indicios criminalísticos que hagan presumir la introducción de un miembro viril o instrumento por la vía no idónea”.
Tal y como lo “anticipó” el presidente Felipe Calderón y como lo secundó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) concluyó que Ernestina Ascencio “murió por causas naturales”, ya que los análisis de laboratorio reportaron “una parasitosis y la existencia de heces intestinales pétreas o impactación fecal enmascarada en sangrado melénico”...
Con ese dictamen el gobierno veracruzano se desdijo de su versión inicial, según la cual médicos forenses de la PGJE acreditaron que la anciana de 73 años “murió de manera violenta”, ya que habrían encontrado evidencias de violación sexual, fractura craneoencefálica, golpes y fractura de costillas.
La decisión de cerrar el caso sorprendió a las autoridades de las casi 40 comunidades del municipio de Soledad Atzompa. “No esperábamos esa respuesta”, admitió el alcalde Javier Pérez Pascuala. Y la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Rocver), conformada por cerca de 40 agrupaciones, advirtió que junto con las autoridades municipales de Soledad Atzompa acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional para exigir que se reabra la investigación.
En el caso de esta anciana indígena, manifestó la Rocver en un comunicado, “se utilizó el poder del Estado para cercar a la familia y crear una visión oficial que exculpe al Ejército. Y el gobierno estatal prefirió darle una salida política y negociada inaceptable, que lo muestra como un mero apéndice de la Presidencia de la República”.
Soldados en la escena
”Fue un proditorio asesinato, horrible, de una indígena veracruzana, doña Ernestina Ascencio, que fue brutalmente ultrajada y su cuerpo arrojado a una ladera, ahí, en un hoyo”, decía el gobernador Fidel Herrera el 9 de marzo, días después de la muerte de la anciana de 73 años.
Todo el regimiento de Orizaba fue acuartelado, dijo, “para que tanto personal militar de alta calidad como del fuero común de Veracruz puedan desarrollar la más profunda investigación de todos los instrumentos científicos a su alcance para determinar responsabilidades en el terrible homicidio de una indígena veracruzana”.
Herrera Beltrán sostuvo la hipótesis del asesinato proditorio (traicionero), hasta antes de reunirse el 26 de abril con el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, para conocer la información técnica y científica recabada por el organismo sobre el caso.
Un día después del fallecimiento de la indígena en el hospital de Río Blanco, el 27 de febrero, y ante los reclamos de justicia, el gobierno estatal informó en un comunicado de prensa que mientras se realizaban las investigaciones “cuatro elementos del Ejército, señalados como presuntos responsables de este crimen, están a disposición del Ministerio Público.
“Los militares se encontraban destacados en esa comunidad y pertenecen al cuartel militar de San Antonio, del 63 Batallón de Infantería con base en Orizaba”, precisaba el boletín difundido después de que Herrera Beltrán visitó Tetlatzinga para darle sus condolencias a la familia Ascencio Inés.
A esos mismos soldados, el alcalde Pérez Pascuala y otras 300 personas los vieron pasar a bordo de dos vehículos militares, provenientes de la parte alta del municipio. Eran alrededor de las 21 horas del 26 de febrero. Recuerda la autoridad municipal:
“Esa noche, tras expandirse la noticia de la muerte de Ernestina Ascencio, unas 300 personas llegaron hasta mi domicilio, en la congregación de Atzompa, para preguntarme si era cierto que los militares habían agredido a la señora”
“Yo ya había hablado con el gobernador para comentarle el lamentable hecho y el se comprometió a que al otro día estaría muy temprano en nuestro municipio para informarse personalmente de lo que había pasado. Eso le estaba explicando a la gente cuando vimos los vehículos militares.
“Eran dos vehículos tipo pick up donde iban varios soldados y que por la multitud que había en ese momento frente a mi casa no podían avanzar, ya que la gente estaba tapando el camino.
“Luego de acreditarme como presidente municipal, le pregunté al militar que iba al mando a dónde se dirigían. Respondió que se marchaban de Tetlatzinga rumbo a Ciudad Mendoza y que tenía órdenes superiores de llevarse a unos soldados.
“Mire, señor presidente, entendemos la inquietud de la gente, pero acá atrás vienen cuatro sospechosos que podrían ser los culpables, ya no vestidos de militar, sino de civil, me dijo, y vi que otros seis militares los venían custodiando. Pero la gente no le creyó y empezó a gritar.”
El comandante del grupo, cuyo nombre no recuerda Pérez Pascuala, se comunicó con el procurador del estado, Emeterio López Márquez. “Me pasó el teléfono y el procurador dijo que esperaba a los militares en Orizaba, donde iban a interrogarlos para ver si ellos eran los responsables; y que si no los dejaba pasar, yo sería el responsable”, relata el alcalde.
La gente dejó que los militares continuaran su camino a Orizaba. Pero nunca se supo en qué pararon esas investigaciones ni cuál era la situación jurídica de los soldados detenidos por el propio Ejército.
Todavía el 11 de abril, cuando tenía encima las acusaciones de la CNDH en el sentido de que la PGJE hizo de la investigación “un cochinero”, el procurador López Márquez reiteró: “Hay evidencias de que sí hubo violación, aunque será el Ministerio Público el que habrá de determinar el delito”.
También cuestionó a José Luis Soberanes “por haberse adelantado a emitir opiniones cuando nosotros todavía estamos integrando una investigación ministerial y hay que esperar a que el fiscal la concluya”.
Y de pronto... no hubo crimen
Incluso la opinión de los hijos de Ernestina Ascencio cambió radicalmente. Ocurrió después de que se entrevistaron con los visitadores de la CNDH, que llegaron en los primeros días de marzo para exhumar el cuerpo. El 11 de abril, los deudos se reunieron en privado con el subsecretario de Gobernación Abraham González, en Boca del Río.
En opinión del perredista Julio Atenco, fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se aprovechó de la pobreza de la familia de la indígena ultrajada y la “controló por el estómago” para cambiar el rumbo de la indagatoria iniciada el 25 de febrero, cuando Ascensio Rosario les reveló a sus hijos que los soldados “se le habían echado encima”.
Lo mismo hizo Calderón, según Atenco, con el gobierno del estado: “presionó al gobernador Fidel Herrera Beltrán para cambiar la verdad histórica”.
En este “trabajo sucio” –como lo califica– destacó la intervención del actual dirigente en la zona de la CROISZ, René Huerta, “quien gestionó beneficios por ambos lados”. Según Atenco Vidal, las autoridades comunales se dieron cuenta de las maniobras de Huerta y en una asamblea a mediados de abril acordaron desconocerlo como dirigente de la CROISZ, “pues ya había manipulado a la familia para que no hablara con nadie si él no estaba presente”.
En este caso, señala, ni la Presidencia de la República ni el Ejército como instituciones estaban en duda: “Nosotros nunca las atacamos, pues altos mandos habían fijado su postura de dejar en libertad la investigación y sancionar a los responsables de los hechos”.
Pero al encubrirlos, afirma, “estas instituciones terminaron ensuciándose”, politizaron el conflicto y ocultaron la verdad que incluso el gobierno estatal demostró el 16 de abril ante una comisión plural de diputados federales: que “hubo violencia y violación”.
En esa ocasión, junto con los diputados federales y locales estuvieron presentes el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, y el propio Atenco. Ahí, la PGJE y la Fiscalía Especial mostraron cómo “en el cuerpo de la señora se encontró fosfata ácida y proteína B-30”, sustancias que, dice, “sólo las produce la próstata y se incrementan cuando el hombre tiene actividad sexual”.
"DESAPARECEN" LOS HIJOS DE ERNESTINA ASCENCIO
En probable aislamiento oficial, los hijos de la anciana Ascensión
Nadie sabe su paradero desde que fueron sacados de Zongolica en patrullas
Sus viviendas están abandonadas y bajo resguardo de la policía
Lo que se pretende es que no puedan impugnar el fallo: ONG y diputadas
Vecinos aseguran que se los llevaron en un patrulla
Extraen el expediente clínico de la indígena veracruzana
BLANCHE PETRICH / La Jornada / Lunes 7 de mayo del 2007
Este lunes se cumplen dos semanas desde que los cinco hijos de la anciana Ernestina Ascensión Inés -Marta, Carmen e Isabel, Francisco y Julio- fueron sacados de Tetlaltzinga, su comunidad en lo alto de la sierra de Zongolica, por tres patrullas de la Policía Auxiliar veracruzana y trasladados, inicialmente, a Jalapa. Se ignora su paradero.
Justo a partir del momento en el que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz dio un giro de 180 grados en su postura inicial de investigar la muerte de la mujer nahua por una violación tumultuaria y concluir sorpresivamente que se trató de una muerte natural, "por parasitosis", y que no procedía la acción penal, sus descendientes abandonaron sus casas.
Lo anterior fue constatado por tres diputadas federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Valentina Batres, Alliet Bautista y Marisela Contreras, quienes viajaron el fin de semana a la región y llegaron hasta las viviendas de la familia. Ahí sólo encontraron las casas abandonadas y a policías del estado, con armas largas, bajo las órdenes del comandante Héctor Manuel Alcántara Ortiz, vigilando el área. Un sobrino de doña Ernestina, Bernardo Ascensión, que laboraba en uno de los talleres de carpintería de la familia, recibió al grupo de legisladoras, pero no proporcionó ningún dato.
A partir de ese día, 30 de abril, cuando el fiscal especial Juan Alatriste y el procurador de Justicia veracruzano, Emeterio López Márquez, anunciaron el no ejercicio de la acción penal, los hermanos Ascensión Inés perdieron todo contacto con sus vecinos, el resto de su parentela, sus autoridades comunitarias y municipales, las organizaciones de derechos humanos y la prensa.
Agentes "protegen" viviendas de la familia
Según el testimonio del presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, a partir del 22 de abril -fecha en la que él subió hasta Tetlaltzinga para interesarse por la familia-, un comando integrado por 10 elementos del Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz, con dos camionetas tipo pick up de la corporación, permaneció custodiando las viviendas de los hijos de Ernestina, en las orillas del pueblo. Los agentes decían estar brindando "protección" a los familiares, pero en la práctica los aislaban de todo contacto con el exterior.
El día 30, cerca de las siete de la mañana, varios testigos de los pueblos aledaños vieron bajar a los cinco hermanos de la montaña dentro de una patrulla, custodiados por dos camionetas con policías armados. No hablaron con nadie. Algunas autoridades del municipio suponen que fueron trasladados a Orizaba, pero otros consideran que es probable que hayan sido llevados hasta Jalapa. Según datos recabados por las legisladoras en las entrevistas que realizaron con pobladores de la región, en el pueblo se rumora que están en México, "invitados por el presidente Felipe Calderón, porque los quiere tener cerca".
Este sábado 5 de mayo, en una reunión de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Veracruz y las tres diputadas -Contreras, que preside la Comisión de Equidad y Género; Batres y Bautista, que integran la Comisión de Derechos Humanos- se concluyó que lo que se pretende en este operativo de aislamiento en el que intervienen los gobiernos estatal y federal es "mantenerlos guardados" mientras transcurre el plazo de 15 días hábiles desde el momento en el que la procuraduría estatal resolvió que en el caso de doña Ernestina no hay delito que perseguir porque falleció de "parasitosis", para que posteriormente ninguno de sus hijos pueda impugnar esta conclusión de la averiguación previa.
Una vez transcurridos los 15 días, prescribe la posibilidad de que los interesados se inconformen con la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.
El primero de mayo, en entrevista, el gobernador Fidel Herrera declaró que "había hablado" con la familia de Ernestina y que habían firmado un documento de conformidad con la conclusión del procurador. No se conoce en qué términos fue redactado este documento, que no se ha hecho público. Tampoco se explicó con qué propósito se pidió la firma de los familiares de la víctima. Al día siguiente, en la televisora local, aparecieron en público por última vez los cinco hermanos Inés Ascención, tomándose la foto con Herrera Beltrán, pero sin hacer declaración alguna.
La diputada Valentina Batres consideró que "nadie sabe si su firma de conformidad fue voluntaria o si fue lograda por presión de las autoridades".
Otro de los hallazgos de las diputadas en su gira a Soledad Atzompa es que el expediente médico de doña Ernestina en la clínica Unidad Médica Rural de Acultzingo fue extraído.
Personal de la clínica recuerda bien a la señora Ascensión, una mujer sana para su edad, con algunos antecedentes de bronquitis y que hace algunos años fue atendida ahí mismo por una mordedura de perro en la pierna. Ni un rastro de gastritis, úlceras pépticas o, como finalmente se dijo, parasitosis. El jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Orizaba, doctor Javier Yeo Canales, reclamó el expediente y no lo devolvió.
Estos datos fueron valorados en la reunión que sostuvieron las diputadas Batres, Contreras y Bautista con los representantes de las siguientes organizaciones: el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, Matraca, que trabaja con niños y trabajadores de la calle, la Red de Organismos Civiles de Veracruz, el Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos (OVDH) y los representantes de las redes de defensa del voto del 2 de julio.
En la reunión, Cristopher Servín, del OVDH, informó que su organismo ya interpuso, el pasado 22 de abril, una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por irregularidades en la investigación de este caso.
Nadie sabe su paradero desde que fueron sacados de Zongolica en patrullas
Sus viviendas están abandonadas y bajo resguardo de la policía
Lo que se pretende es que no puedan impugnar el fallo: ONG y diputadas
Vecinos aseguran que se los llevaron en un patrulla
Extraen el expediente clínico de la indígena veracruzana
BLANCHE PETRICH / La Jornada / Lunes 7 de mayo del 2007
Este lunes se cumplen dos semanas desde que los cinco hijos de la anciana Ernestina Ascensión Inés -Marta, Carmen e Isabel, Francisco y Julio- fueron sacados de Tetlaltzinga, su comunidad en lo alto de la sierra de Zongolica, por tres patrullas de la Policía Auxiliar veracruzana y trasladados, inicialmente, a Jalapa. Se ignora su paradero.
Justo a partir del momento en el que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz dio un giro de 180 grados en su postura inicial de investigar la muerte de la mujer nahua por una violación tumultuaria y concluir sorpresivamente que se trató de una muerte natural, "por parasitosis", y que no procedía la acción penal, sus descendientes abandonaron sus casas.
Lo anterior fue constatado por tres diputadas federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Valentina Batres, Alliet Bautista y Marisela Contreras, quienes viajaron el fin de semana a la región y llegaron hasta las viviendas de la familia. Ahí sólo encontraron las casas abandonadas y a policías del estado, con armas largas, bajo las órdenes del comandante Héctor Manuel Alcántara Ortiz, vigilando el área. Un sobrino de doña Ernestina, Bernardo Ascensión, que laboraba en uno de los talleres de carpintería de la familia, recibió al grupo de legisladoras, pero no proporcionó ningún dato.
A partir de ese día, 30 de abril, cuando el fiscal especial Juan Alatriste y el procurador de Justicia veracruzano, Emeterio López Márquez, anunciaron el no ejercicio de la acción penal, los hermanos Ascensión Inés perdieron todo contacto con sus vecinos, el resto de su parentela, sus autoridades comunitarias y municipales, las organizaciones de derechos humanos y la prensa.
Agentes "protegen" viviendas de la familia
Según el testimonio del presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, a partir del 22 de abril -fecha en la que él subió hasta Tetlaltzinga para interesarse por la familia-, un comando integrado por 10 elementos del Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz, con dos camionetas tipo pick up de la corporación, permaneció custodiando las viviendas de los hijos de Ernestina, en las orillas del pueblo. Los agentes decían estar brindando "protección" a los familiares, pero en la práctica los aislaban de todo contacto con el exterior.
El día 30, cerca de las siete de la mañana, varios testigos de los pueblos aledaños vieron bajar a los cinco hermanos de la montaña dentro de una patrulla, custodiados por dos camionetas con policías armados. No hablaron con nadie. Algunas autoridades del municipio suponen que fueron trasladados a Orizaba, pero otros consideran que es probable que hayan sido llevados hasta Jalapa. Según datos recabados por las legisladoras en las entrevistas que realizaron con pobladores de la región, en el pueblo se rumora que están en México, "invitados por el presidente Felipe Calderón, porque los quiere tener cerca".
Este sábado 5 de mayo, en una reunión de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Veracruz y las tres diputadas -Contreras, que preside la Comisión de Equidad y Género; Batres y Bautista, que integran la Comisión de Derechos Humanos- se concluyó que lo que se pretende en este operativo de aislamiento en el que intervienen los gobiernos estatal y federal es "mantenerlos guardados" mientras transcurre el plazo de 15 días hábiles desde el momento en el que la procuraduría estatal resolvió que en el caso de doña Ernestina no hay delito que perseguir porque falleció de "parasitosis", para que posteriormente ninguno de sus hijos pueda impugnar esta conclusión de la averiguación previa.
Una vez transcurridos los 15 días, prescribe la posibilidad de que los interesados se inconformen con la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.
El primero de mayo, en entrevista, el gobernador Fidel Herrera declaró que "había hablado" con la familia de Ernestina y que habían firmado un documento de conformidad con la conclusión del procurador. No se conoce en qué términos fue redactado este documento, que no se ha hecho público. Tampoco se explicó con qué propósito se pidió la firma de los familiares de la víctima. Al día siguiente, en la televisora local, aparecieron en público por última vez los cinco hermanos Inés Ascención, tomándose la foto con Herrera Beltrán, pero sin hacer declaración alguna.
La diputada Valentina Batres consideró que "nadie sabe si su firma de conformidad fue voluntaria o si fue lograda por presión de las autoridades".
Otro de los hallazgos de las diputadas en su gira a Soledad Atzompa es que el expediente médico de doña Ernestina en la clínica Unidad Médica Rural de Acultzingo fue extraído.
Personal de la clínica recuerda bien a la señora Ascensión, una mujer sana para su edad, con algunos antecedentes de bronquitis y que hace algunos años fue atendida ahí mismo por una mordedura de perro en la pierna. Ni un rastro de gastritis, úlceras pépticas o, como finalmente se dijo, parasitosis. El jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Orizaba, doctor Javier Yeo Canales, reclamó el expediente y no lo devolvió.
Estos datos fueron valorados en la reunión que sostuvieron las diputadas Batres, Contreras y Bautista con los representantes de las siguientes organizaciones: el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, Matraca, que trabaja con niños y trabajadores de la calle, la Red de Organismos Civiles de Veracruz, el Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos (OVDH) y los representantes de las redes de defensa del voto del 2 de julio.
En la reunión, Cristopher Servín, del OVDH, informó que su organismo ya interpuso, el pasado 22 de abril, una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por irregularidades en la investigación de este caso.
EXIGE OGN A CNDH ABRIR EXPEDIENTES DEL CASO ASCENCIO
Elizabeth Velasco / La Jornada / Lunes 7 de mayo del 2007
México, DF. La asociación civil Fundar exigió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de Justicia Militar la apertura de todos los expedientes relativos al caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario.
Esa agrupación, pionera en temas de transparencia y rendición de cuentas, destacó que “existen elementos para tener dudas fundadas sobre el curso y resultado de las investigaciones”, sobre todo a partir del dictamen emitido por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz.
Tras detallar al menos siete irregularidades en las indagatorias, Alicia Athié, vocera de Fundar, dijo que “ante el evidente conflicto entre las instancias gubernamentales”, toca a la sociedad civil arrojar luz sobre los hechos por los que falleció la indígena.
México, DF. La asociación civil Fundar exigió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de Justicia Militar la apertura de todos los expedientes relativos al caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario.
Esa agrupación, pionera en temas de transparencia y rendición de cuentas, destacó que “existen elementos para tener dudas fundadas sobre el curso y resultado de las investigaciones”, sobre todo a partir del dictamen emitido por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz.
Tras detallar al menos siete irregularidades en las indagatorias, Alicia Athié, vocera de Fundar, dijo que “ante el evidente conflicto entre las instancias gubernamentales”, toca a la sociedad civil arrojar luz sobre los hechos por los que falleció la indígena.
LOS HIJOS DE ASCENCIO ESTAN DE VISITA EN EL DF, CONFIRMA HERRERA BELTRAN
Fidel Herrera: "invitados" en el DF, los hijos de Ascensión
"Se les mostró en Jalapa el documento ministerial sobre la causa de muerte de su madre"
El gobernante se desdice en el noticiario Hoy por hoy: fue "un crimen de la pobreza"
Los cinco hermanos fueron trasladados por policías en autobús, no en patrullas, afirma
BLANCHE PETRICH / La Jornada / Martes 8 de mayo del 2007
El gobernador de Veracruz Fidel Herrera confirmó ayer que los cinco hijos de Ernestina Ascensión, muerta hace poco más de dos meses en su pueblo de la Sierra de Zongolica -Tetlalzinga, municipio de Soledad de Atzompa- se encuentran en la ciudad de México, hospedados en algún lugar cerca de la Villa de Guadalupe, "invitados" por una fundación de Córdoba -no especificó cuál- para "hacer un recorrido".
En entrevista con Carmen Aristegui, conductora del noticiario Hoy por hoy, de la radioemisora XEW, el mandatario veracruzano reconoció también que los cinco hijos de la indígena, que inicialmente denunciaron que su madre murió a causa de una violación tumultuaria perpetrada por soldados de un destacamento acampado cerca de sus viviendas el pasado 26 de febrero, fueron trasladados de su pueblo serrano hacia Jalapa el 30 de abril por policías del Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz, pero "no en patrullas sino en un autobús".
El traslado a Jalapa se realizó, dijo Herrera, para que conocieran el documento del Ministerio Público, en el cual, la noche de ese mismo día 30, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz determinó el no ejercicio de la acción penal, en el entendido de que se trató de una "muerte natural por parasitosis" y no un deceso a causa de una agresión sexual violenta, como documentaron inicialmente los médicos, peritos forenses en la necropsia y aún más, en una segunda necropsia efectuada dos semanas después del fallecimiento.
Con ello, las autoridades estatales cambiaron radicalmente su versión de que la anciana murió por perforación anal, producto de una violación tumultuaria, para homologar la resolución de la fiscalía especializada de Orizaba con la que sostuvieron, mucho antes, el presidente de la República, Felipe Calderón, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes.
En el mismo noticiario, el gobernador fue interrogado por el periodista de El Financiero José Reveles, enviado a Tetlalzinga, quien le preguntó si los hermanos Inés Ascensión, únicos facultados para inconformarse ante la resolución de la procuraduría estatal, "aparecerían" antes de que venza el plazo de 15 días hábiles establecido por ley para apelar de una conclusión como esta.
"Yo creo que sí. Están en la Villa de Guadalupe. Deben regresar. Tampoco conozco su programa a detalle. No llega el poder del gobernador a controlar la voluntad de viaje de una familia."
Pero añadió: "Están siempre en su derecho de interponer la acción legal que corresponde ante el tribunal si estuvieran inconformes con alguna de las partes de lo averiguado".
En otro momento de la entrevista, que durante varios días el gobernador negó a la conductora, Carmen Aristegui le preguntó por la contradicción entre sus palabras pronunciadas el 27 de febrero, cuando voló en helicóptero a Tetlalzinga para ofrecer sus condolencias a la familia de doña Ernestina -por cierto, según le consta al alcalde de Atzompa, Javier Pérez Pascuala, con un sobre de dinero en efectivo para entregar en ese momento- y dijo textualmente: "Fue un crimen, no un deceso natural".
Ayer, en la radio, Fidel Herrera se enmendó la plana: "En efecto, estuve ahí (...) y dije: Este es un crimen de lesa humanidad, un crimen de la pobreza". Herrera aprovechó para criticar a quienes "han propagandizado con el tema y no han dejado descansar en paz a doña Ernestina".
Antes, inopinadamente, había establecido un paralelismo entre el crimen contra Ernestina y el asesinato de la abogada Digna Ochoa, el 19 de octubre de 2000, que en la versión oficial se trató de un "suicidio simulado".
"Yo me acuerdo mucho con (sic) otra veracruzana excepcional, Digna Ochoa, cuando se encuentra la verdad que ya había estado sentenciada por los medios. Entonces no se cree. Y ahí tiene al procurador (Bernardo) Bátiz (durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador) todavía combatiendo porque crean lo legítimo y apegado a derecho, de aquella investigación". Dicha pesquisa, por cierto, ha sido reabierta ante la presentación de más pruebas que demuestran que se trató de un homicidio. La averiguación sigue abierta.
LA IMPUNIDAD AZUL
José Gil Olmos
México, D.F., 9 de mayo (apro).- En los últimos días se han dado varios hechos que dejan la sensación de que la impunidad es lo que reinará en este sexenio.
El dictamen negociado sobre las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, la sentencia de 67 años de cárcel a los líderes de Atenco --mientras a uno de los capos del narco, Ismael Higuera “El Mayel”, sólo le aplican 18--, la negativa a la petición ciudadana de acceso a las boletas de la elección del 2 de julio del 2006, y las declaraciones de Carlos Ahumada y Elba Esther Gordillo, en el sentido de que pusieron su “granito de arena” para la victoria de Felipe Calderón, son parte de las acciones que conforman la nueva cara de la impunidad.
La impunidad con que los priistas gobernaron el país por más de siete décadas fue uno de los vicios que provocaron un hartazgo en la sociedad que decidió dar el cambio en la elección del 2000. El otro gran vicio fue la corrupción.
Lamentablemente estas dos lacras han permanecido con los gobiernos panistas y todo parece indicar que nada cambiará, pues forma parte de la “cultura política” que comparten todos los partidos.
El problema es que la impunidad parece ser una virtud exclusiva del poder público y los beneficiados son aquellos que están vinculados al grupo que mal dirige este país, desde los presidentes municipales hasta los gobernadores, incluidos los líderes de los partidos y los presidentes de los tribunales de justicia y electorales.
Los recientes cambios al Código Penal, que imputan a los líderes sociales figuras de “saboteadores y conspiradores”, abona más a esta sensación de impunidad, pues del otro lado, donde operan los empresarios, líderes políticos, sindicales, banqueros y funcionarios, se cometen actos ilegales y son ignorados o pactados por las propias autoridades.
El caso de Ernestina Ascencio deja muy mal sabor de boca cuando vemos que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, decide pactar con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), José Luis Soberanes, para echar atrás las indagaciones sobre una posible violación tumultuaria cometida por militares.
El mismo malestar se sintió cuando los jueces determinaron dar una sentencia de 67 años a Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en San Salvador Atenco, y al siguiente día al “Mayel”, lugarteniente del cártel de Tijuana, simplemente le dan 18 años de cárcel, no obstante que se trata de uno de los responsables de envenenar a miles de jóvenes que consumen la cocaína y mariguana en México y Estados Unidos.
La balanza de la justicia no esta bien.
Mientras el presidente Felipe Calderón se ufana de haber ganado limpiamente, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se niega dar acceso a las boletas utilizadas el 2 de julio del 2006, como lo solicitaran la revista Proceso y un grupo de ciudadanos.
Casi al mismo tiempo, en un programa de televisión, la maestra Elba Esther Gordillo reconoce públicamente que operó a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a favor de Felipe Calderón. La naturalidad con que lo dijo ante las cámaras de televisión no sorprendió a nadie, menos a la Presidencia de la República, que guardó silencio y con ello dio por buena la declaración de la política chiapaneca, la que para muchos encarna la imagen de la corrupción política.
Días después, al salir de la cárcel, lo primero que dijo Carlos Ahumada fue que, al difundir los videos de René Bejarano y otros perredistas recibiendo dinero para sus campañas políticas, aportaba su “granito de arena” para detener a Andrés Manuel López Obrador en su carrera presidencial.
El descaro de estas declaraciones, el desparpajo con que son reconocidas por las propias autoridades judiciales, electorales y de gobierno es lo que preocupa, pues reflejan hasta qué niveles llega la impunidad, que es asumida como algo natural, como una acción cotidiana, que ya no causa asombro.
Sin embargo sí habría que preocuparse por que la impunidad, como parte del ejercicio del poder público, únicamente genera descrédito e ilegitimidad en las instituciones. Y esto a la larga es uno de los factores de la inestabilidad social.
La impunidad con la actuó el PRI todos los años en que gobernó el país no es diferente a la del PAN, que sigue sus mismos pasos, con la agravante de que los panistas están minando sus propias bases de simpatizantes que comienzan a descubrir que esta lacra sólo cambio de color y ahora está pintada de azul.
México, D.F., 9 de mayo (apro).- En los últimos días se han dado varios hechos que dejan la sensación de que la impunidad es lo que reinará en este sexenio.
El dictamen negociado sobre las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, la sentencia de 67 años de cárcel a los líderes de Atenco --mientras a uno de los capos del narco, Ismael Higuera “El Mayel”, sólo le aplican 18--, la negativa a la petición ciudadana de acceso a las boletas de la elección del 2 de julio del 2006, y las declaraciones de Carlos Ahumada y Elba Esther Gordillo, en el sentido de que pusieron su “granito de arena” para la victoria de Felipe Calderón, son parte de las acciones que conforman la nueva cara de la impunidad.
La impunidad con que los priistas gobernaron el país por más de siete décadas fue uno de los vicios que provocaron un hartazgo en la sociedad que decidió dar el cambio en la elección del 2000. El otro gran vicio fue la corrupción.
Lamentablemente estas dos lacras han permanecido con los gobiernos panistas y todo parece indicar que nada cambiará, pues forma parte de la “cultura política” que comparten todos los partidos.
El problema es que la impunidad parece ser una virtud exclusiva del poder público y los beneficiados son aquellos que están vinculados al grupo que mal dirige este país, desde los presidentes municipales hasta los gobernadores, incluidos los líderes de los partidos y los presidentes de los tribunales de justicia y electorales.
Los recientes cambios al Código Penal, que imputan a los líderes sociales figuras de “saboteadores y conspiradores”, abona más a esta sensación de impunidad, pues del otro lado, donde operan los empresarios, líderes políticos, sindicales, banqueros y funcionarios, se cometen actos ilegales y son ignorados o pactados por las propias autoridades.
El caso de Ernestina Ascencio deja muy mal sabor de boca cuando vemos que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, decide pactar con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), José Luis Soberanes, para echar atrás las indagaciones sobre una posible violación tumultuaria cometida por militares.
El mismo malestar se sintió cuando los jueces determinaron dar una sentencia de 67 años a Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en San Salvador Atenco, y al siguiente día al “Mayel”, lugarteniente del cártel de Tijuana, simplemente le dan 18 años de cárcel, no obstante que se trata de uno de los responsables de envenenar a miles de jóvenes que consumen la cocaína y mariguana en México y Estados Unidos.
La balanza de la justicia no esta bien.
Mientras el presidente Felipe Calderón se ufana de haber ganado limpiamente, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se niega dar acceso a las boletas utilizadas el 2 de julio del 2006, como lo solicitaran la revista Proceso y un grupo de ciudadanos.
Casi al mismo tiempo, en un programa de televisión, la maestra Elba Esther Gordillo reconoce públicamente que operó a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a favor de Felipe Calderón. La naturalidad con que lo dijo ante las cámaras de televisión no sorprendió a nadie, menos a la Presidencia de la República, que guardó silencio y con ello dio por buena la declaración de la política chiapaneca, la que para muchos encarna la imagen de la corrupción política.
Días después, al salir de la cárcel, lo primero que dijo Carlos Ahumada fue que, al difundir los videos de René Bejarano y otros perredistas recibiendo dinero para sus campañas políticas, aportaba su “granito de arena” para detener a Andrés Manuel López Obrador en su carrera presidencial.
El descaro de estas declaraciones, el desparpajo con que son reconocidas por las propias autoridades judiciales, electorales y de gobierno es lo que preocupa, pues reflejan hasta qué niveles llega la impunidad, que es asumida como algo natural, como una acción cotidiana, que ya no causa asombro.
Sin embargo sí habría que preocuparse por que la impunidad, como parte del ejercicio del poder público, únicamente genera descrédito e ilegitimidad en las instituciones. Y esto a la larga es uno de los factores de la inestabilidad social.
La impunidad con la actuó el PRI todos los años en que gobernó el país no es diferente a la del PAN, que sigue sus mismos pasos, con la agravante de que los panistas están minando sus propias bases de simpatizantes que comienzan a descubrir que esta lacra sólo cambio de color y ahora está pintada de azul.
LA FAMILIA INES ASCENCIO CALLA SOBRE CASO ERNESTINA
Van a la basílica por la bendición, dice intérprete
ELIZABETH VELASCO C. / La Jornada / Miércoles 9 de mayo del 2007
Después de siete horas de dar "vueltas por la ciudad" de México, los cinco hijos de Ernestina Ascensión Rosario y otros familiares de la indígena muerta hace meses en la Sierra de Zongolica llegaron a la Basílica de Guadalupe.
Aunque su arribo estaba previsto para las 11 de la mañana -según anunció ayer el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, a Carmen Aristegui, conductora del noticiario Hoy por hoy-, Efraín, intérprete de la familia nahua, soltó: "No querían llegar porque ya no quieren hablar con nadie".
A otro intérprete, después de muchos intentos en dos horas, le dijo: "Ya lo que pasó, pasó, y lo único que queremos es la bendición de Dios. Ya no vamos a decir nada. La intención de estar en la Basílica es con un fin espiritual".
Dos meses atrás los hijos de la indígena, entre ellos Julio Inés Ascensión, denunciaron que su madre había sido violada tumultuariamente por soldados en Tetlalzinga, municipio de Soledad de Atzompa, donde hace 12 años hay presencia militar.
La tarde de ayer, el propio Julio rehuyó hablar; reflejaba temor y nerviosismo. Algunas palabras dijo a intérpretes nahuas enviados por Aristegui, pero prácticamente nada con los reporteros.
"No hablamos el mismo náhuatl, para qué hablamos" -decía Julio a los intérpretes-, y con el mismo argumento, pero en castellano, esquivó a la prensa: "No hablamos el mismo idioma, no nos entendemos". Sus hermanas y demás familiares hicieron mutis total y hasta corrían cuando se les hacía una pregunta.
René Huerta, de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra Zongolica -destituido de la dirigencia de esa agrupación y desconocido en abril pasado por las comunidades de la sierra por presuntos acuerdos que tuvo con el gobierno federal para, mediante presiones, lograr que la familia Inés Ascensión se desistiera de las acusaciones contra el Ejército-, en todo momento evitó el contacto de los medios de comunicación con Efraín, a quien llamaba continuamente -así conocimos su nombre- cuando algún reportero se acercaba. Menos aún había posibilidad de dialogar con los hijos o los yernos de Ernestina.
Increpado por tres reporteras, Huerta sostuvo que su presencia obedecía a que "soy invitado de la familia (de Ernestina); me tiene confianza, no hago más que ayudarla". Dijo que la familia Inés Ascensión fue apartada de su comunidad desde hace cuatro días por "la zozobra, el temor y el hostigamiento de muchas personas que siempre les preguntan; son compañeros que no tienen prudencia y se sienten agredidos". Además, "los han seguido en algunos vehículos y hubo disparos en una de las casas de ellos; a raíz de eso salen".
De las acusaciones en su contra por las comunidades de Zongolica, dijo: "Es su dicho; esto va más allá de esta situación". No obstante, aceptó tener una "relación de trabajo" con el gobernador de Veracruz.
-Se dijo que el lunes vendría la familia Inés Ascensión a la basílica, ¿por qué no vino?
-Porque se descompuso el carro.
-¿Hoy también?
-No, pues lo tenían que revisar.
-Los familiares de Ernestina se ven asustados, ni siquiera quieren voltear a vernos...
-Es parte de su forma de ser, pero también es por toda la situación que se ha venido; lo que ellos piden es tranquilidad y que los dejen en paz todas las gentes que los están importunando; que no sabemos quienes sean, ni la familia los conoce.
Además de Huerta, en el lugar había personal del área de comunicación social del estado de Veracruz y presuntos periodistas, entre ellos Jorge Díaz Basáñez, quienes seguían a los reporteros cuando se acercaban a los indígenas.
La familia Inés Ascensión -acompañada por 19 menores- ingresó al antiguo y nuevo edificio de la basílica; en el primero, los cinco hermanos rezaron ante la imagen de la Virgen de Guadalupe; en el segundo, participaron en la misa de las 18 horas.
Fueron muchos los intentos por hablar. Incluso llegaron tres intérpretes nahuas y fue hasta después de las 19 horas cuando Julio les dijo en su lengua: "Ya lo que pasó, pasó; lo único a que venimos es a pedir la bendición de Dios; no queremos saber nada del gobierno, porque dijeron e hicieron lo que les conviene. Venimos a pedir la bendición, porque Ernestina se fue con Dios; ya no está con nosotros".
ELIZABETH VELASCO C. / La Jornada / Miércoles 9 de mayo del 2007
Después de siete horas de dar "vueltas por la ciudad" de México, los cinco hijos de Ernestina Ascensión Rosario y otros familiares de la indígena muerta hace meses en la Sierra de Zongolica llegaron a la Basílica de Guadalupe.
Aunque su arribo estaba previsto para las 11 de la mañana -según anunció ayer el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, a Carmen Aristegui, conductora del noticiario Hoy por hoy-, Efraín, intérprete de la familia nahua, soltó: "No querían llegar porque ya no quieren hablar con nadie".
A otro intérprete, después de muchos intentos en dos horas, le dijo: "Ya lo que pasó, pasó, y lo único que queremos es la bendición de Dios. Ya no vamos a decir nada. La intención de estar en la Basílica es con un fin espiritual".
Dos meses atrás los hijos de la indígena, entre ellos Julio Inés Ascensión, denunciaron que su madre había sido violada tumultuariamente por soldados en Tetlalzinga, municipio de Soledad de Atzompa, donde hace 12 años hay presencia militar.
La tarde de ayer, el propio Julio rehuyó hablar; reflejaba temor y nerviosismo. Algunas palabras dijo a intérpretes nahuas enviados por Aristegui, pero prácticamente nada con los reporteros.
"No hablamos el mismo náhuatl, para qué hablamos" -decía Julio a los intérpretes-, y con el mismo argumento, pero en castellano, esquivó a la prensa: "No hablamos el mismo idioma, no nos entendemos". Sus hermanas y demás familiares hicieron mutis total y hasta corrían cuando se les hacía una pregunta.
René Huerta, de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra Zongolica -destituido de la dirigencia de esa agrupación y desconocido en abril pasado por las comunidades de la sierra por presuntos acuerdos que tuvo con el gobierno federal para, mediante presiones, lograr que la familia Inés Ascensión se desistiera de las acusaciones contra el Ejército-, en todo momento evitó el contacto de los medios de comunicación con Efraín, a quien llamaba continuamente -así conocimos su nombre- cuando algún reportero se acercaba. Menos aún había posibilidad de dialogar con los hijos o los yernos de Ernestina.
Increpado por tres reporteras, Huerta sostuvo que su presencia obedecía a que "soy invitado de la familia (de Ernestina); me tiene confianza, no hago más que ayudarla". Dijo que la familia Inés Ascensión fue apartada de su comunidad desde hace cuatro días por "la zozobra, el temor y el hostigamiento de muchas personas que siempre les preguntan; son compañeros que no tienen prudencia y se sienten agredidos". Además, "los han seguido en algunos vehículos y hubo disparos en una de las casas de ellos; a raíz de eso salen".
De las acusaciones en su contra por las comunidades de Zongolica, dijo: "Es su dicho; esto va más allá de esta situación". No obstante, aceptó tener una "relación de trabajo" con el gobernador de Veracruz.
-Se dijo que el lunes vendría la familia Inés Ascensión a la basílica, ¿por qué no vino?
-Porque se descompuso el carro.
-¿Hoy también?
-No, pues lo tenían que revisar.
-Los familiares de Ernestina se ven asustados, ni siquiera quieren voltear a vernos...
-Es parte de su forma de ser, pero también es por toda la situación que se ha venido; lo que ellos piden es tranquilidad y que los dejen en paz todas las gentes que los están importunando; que no sabemos quienes sean, ni la familia los conoce.
Además de Huerta, en el lugar había personal del área de comunicación social del estado de Veracruz y presuntos periodistas, entre ellos Jorge Díaz Basáñez, quienes seguían a los reporteros cuando se acercaban a los indígenas.
La familia Inés Ascensión -acompañada por 19 menores- ingresó al antiguo y nuevo edificio de la basílica; en el primero, los cinco hermanos rezaron ante la imagen de la Virgen de Guadalupe; en el segundo, participaron en la misa de las 18 horas.
Fueron muchos los intentos por hablar. Incluso llegaron tres intérpretes nahuas y fue hasta después de las 19 horas cuando Julio les dijo en su lengua: "Ya lo que pasó, pasó; lo único a que venimos es a pedir la bendición de Dios; no queremos saber nada del gobierno, porque dijeron e hicieron lo que les conviene. Venimos a pedir la bendición, porque Ernestina se fue con Dios; ya no está con nosotros".
CONCERTACION PARA LA IMPUNIDAD
Miguel Ángel Granados Chapa
Una investigación pulcra, creíble, del caso que implicó la muerte de la indígena Ernestina Ascencio, no hubiera dado pie al engendro ministerial y político que ahora vemos. Tan insólitas como sospechosas, tan burdas como delatoras, las actuaciones del Ejército y del presidente Felipe Calderón, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, más recientemente, del gobierno de Veracruz, conducen las cosas a una tesis inevitable: la de una maquinación concertada desde las cúpulas del poder para cubrir de impunidad el crimen contra una anciana indefensa.
Unido tardíamente a la concertación en pro de la impunidad de los agresores de la señora Ernestina Ascencio Rosario, el gobernador Fidel Herrera quiso contribuir con un dato definitivo, contundente, que eliminara por completo la sombra de participación militar en el ataque sexual a la anciana de 72 años agredida el 25 de febrero y muerta a la mañana siguiente:
Entrevistado por Denise Maerker el martes primero de mayo, horas después de que su procurador Emeterio López Márquez negara lo que había sostenido durante semanas, hasta por lo menos diez días atrás, Herrera dio una primicia a la conductora de Punto de partida: la señora Ascencio Rosario no sugirió siquiera que gente uniformada la atacara, porque no habló, no dijo nada. Sin citar la fuente que le permitía negar ese momento clave de este acontecimiento, Herrera se dejó llevar por el entusiasmo y para hacer creíble la nueva versión sobre los últimos momentos de doña Ernestina, distinta a la que sostuvieron sus parientes cercanos, explicó que la señora Ascencio Rosario “no habló, sólo murmuraba, porque estaba herida”.
¿Cómo que herida? ¿No acaso la verdad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la que ahora se adhería consiste en que la hoy occisa murió de causas médicas, no provocadas por un agente externo? Herida, no puede entenderse de otra manera, por una acción atribuible a una o varias personas, quizá militares, según se supo desde el principio, porque desde el principio hubo noticia de presencia castrense en los hechos, presencia que mediante acciones concertadas del Ejecutivo, la CNDH y el gobierno veracruzano se intenta ahora borrar.
“El veinticinco de febrero de dos mil siete, a las veintitrés horas aproximadamente se presenta –se lee en la primera actuación ministerial del caso– una persona que dice ser sobrino, de nombre Alfredo Ascensión Marcelin, de la señora Ernestina Ascencio Rosario, manifestando que ésta había sido violada por unos sujetos en el camino de terracería de Tetlatzinga, del municipio de Soledad Atzopan (sic), Veracruz.”
En la primera diligencia, “el personal actuante de la agencia del ministerio público se trasladó al hospital regional de Río Blanco, a las veintitrés horas con quince minutos, se entrevistan (sic) con Francisco Inés Ascención (sic) y el ingeniero René Huerta Rodríguez, líder indígena de la CROISZ, quienes señalaron que la señora fue encontrada por vecinos del lugar el día veinticinco de febrero del presente año a las cinco de la tarde y fue José Vázquez y otro vecino quienes la encontraron en el camino, ésta se encontraba tirada, dicen unos y otros dicen que amarrada, y que sólo alcanzó a decir que fue violada, sin proporcionar más datos, ya que se encontraba semiinconsciente, y que según los doctores se encuentra grave de salud, ya que le perforaron el intestino, porque arrojaba sangre del ano, que no habla español por eso no se da a entender bien”.
En ese hospital la señora murió a las seis y media de la mañana del lunes 26. Fueron de inmediato llamados a declarar sus hijos Julio, que identifica el cadáver, Francisco y Marta, “quien encontró a su finada madre”. Esa misma noche, ante unas 300 personas a las afueras de Tetlatzinga, el coronel José Soberanes informó que cuatro soldados habían sido detenidos e iban a ser investigados por ese crimen, pero se desdijo a la mañana siguiente, la del 27 de febrero. Ese día llegó a la comunidad afectada, alertado seguramente por el eventual involucramiento militar —pues no es creíble que acuda a todos los lugares donde se producen asesinatos—, el gobernador Herrera, cuyo servicio de prensa explicó que estaba allí para dar sus condolencias a los deudos de la señora “quien falleció a consecuencia de la agresión de que fue objeto por un presunto grupo de militares”. A partir de esta suposición, el subprocurador Miguel Mina Rodríguez solicitó al comandante de la 26ª Zona Militar, general Sergio Arturo García Aragón, información sobre el personal acantonado en la zona y sobre la averiguación que hubiera abierto la Procuraduría Militar. Ese mismo miércoles, alertada por la mención de miembros del Ejército en el episodio, se hace presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que solicitó se permitiera a cuatro visitadores adjuntos conocer la incipiente averiguación previa. De no saber que el asunto tocaba a personal federal, militar, la CNDH hubiera dejado que la comisión local de derechos humanos se ocupara del asunto.
El primero de marzo, en su comunicado número 17, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que “investiga la posible participación de personal militar en la violación de una mujer”. Al mismo tiempo, la Sedena desmintió “categóricamente que personal militar haya sido privado de su libertad por pobladores de la comunidad de Tetlatzinga y mucho menos que hayan sido linchados por tal hecho”. Lo que sí era cierto es que había entre los pobladores y los soldados una gran tensión, atestiguada y narrada por el gobernador. Dos días después, el 3 de marzo, la CNDH dio cuenta pública de su presencia en el caso, para investigar “la presunta violación a los derechos fundamentales de una mujer de 70 años de edad, quien falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas”.
El 6 de marzo, el comunicado número 19 de la Sedena informó del avance de las investigaciones, de las dos procuradurías, la local y la castrense, y aseguró que “en el personal militar no se encontraron indicios o pruebas que indiquen la participación de dicho personal en la muerte” de doña Ernestina. Aventuró, sin embargo, una hipótesis basada en el reconocimiento de que la víctima fue asesinada y de que había un indicio que apuntaba hacia miembros del Ejército: La conjetura, presentada como afirmación, estableció que “delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen, buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades”.
Alguien encontró errada esa sugerencia, y de manera insólita fue suprimido de la página de internet de la Secretaría, y se pidió a los medios locales en Orizaba y alrededores, que habían recibido el comunicado, que lo devolvieran o al menos lo tuvieran por no distribuido. Se hizo circular a cambio otro comunicado (igualmente número 19 para sepultar el anterior), que contenía una revelación trascendente: “Peritos especialistas llevan a cabo el dictamen percial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar”. El comunicado número 20, del día siguiente, habló nuevamente de “la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta” pero ya no dijo, en tiempo presente, que se la analizaba, sino que, remitiendo el hecho al futuro, dijo que las pruebas se harían en la Procuraduría General de la República, y que los resultados tardarían entre 15 y 20 días.
El mismo 7 de marzo, la CNDH, convertida en supervisora de la averiguación previa, solicitó a la procuraduría veracruzana la exhumación del cadáver porque halló “diversas omisiones e inconsistencias en la primera necropsia”, cuya constancia “no coincide... con las declaraciones de los servidores públicos de dicha procuraduría y con los hallazgos surgidos del análisis médico de las 51 fotografías que proporcionó la misma procuraduría”.
Por su parte, el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, recibió ese mismo miércoles 7 a la diputada Marina Arvizu, del partido Alternativa, y al día siguiente, 8 de marzo, a los líderes de las bancadas perredistas, senador Carlos Navarrete y diputado Javier González Garza, y a otros dirigentes del PRD. Sobre esa conversación la Sedena emitió un comunicado sin número en el que se reproduce la expresión del anterior, número 20, acerca del “la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta” que sería comparada en la PGR con las muestras hemáticas del personal militar acantonado en la zona.
La exhumación para la práctica de una segunda necropsia se realizó el viernes 9. Según la CNDH, la renecropsia la organizó la procuraduría local en coordinación con la militar, “que se encontraba integrando la averiguación previa 26ZM/2007. Los peritos especializados de esta Comisión Nacional participaron en dicha diligencia con el carácter de observadores”. También “participó personal médico forense de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Más con impresiones que con resultados de análisis, porque era prematuro llegar a ellos, álguien acudió a Los Pinos el fin de semana siguiente y comunicó al presidente Calderón conclusiones que, deliberadamente, éste no se guardó y, al contrario, dio a conocer para marcar un nuevo rumbo a las indagaciones, de suerte de dejar de lado la presencia militar. El lunes 12 por la mañana dijo a Elena Gallegos, de La Jornada, a quien dispensaba una de las varias entrevistas organizadas para festejar sus 100 días iniciales de gobierno, que había seguido de cerca el caso Ascencio Rosario –sin que la periodista le hubiera inquirido sobre el tema— y emitió su célebre diagnóstico (que no ha coincidido con los que se dieron a conocer después, aunque el sentido sea el mismo): “La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada”. No citó a la Comisión Nacional como fuente, pero al deslizar su nombre parecia admitir que lo era.
La CNDH lo niega. En la quinta respuesta a “Treinta preguntas a la CNDH sobre el caso de Ernestina Ascencio”, esa Comisión “supone, sin saberlo a ciencia cierta –pues ello no corresponde aclararlo a la CNDH— que las afirmaciones del presidente de la República se basaron en las que le proporcionó el personal médico forense de la Sedena, presente durante la exhumación... Es claro que la CNDH no ha tenido ni tiene relación alguna de subordinación hacia el titular del Poder Ejecutivo ni le informa de sus actuaciones o investigaciones”.
Tan rotunda afirmación es increíble a la luz de lo ocurrido en otro asunto relevante que en esos mismos días estaba en curso. El 6 de marzo Soberanes entregó al secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, el informe que el día 15 rendiría ante diputados (que debieron ser sus únicos destinatarios) sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca. Le pidió observaciones en el término de 72 horas, para incorporar su contenido antes de la reunión con los legisladores. Y cuando seis semanas después la reportera de Excélsior Marcela Turati, que tenía constancia documental de esa entrega, le preguntó ex profeso, Soberanes mintió, negando que la hubiera hecho: “Sería suicida, ¿no?” .
El 14 de marzo la CNDH, en su comunicado número 39, hizo públicas sus recriminaciones a la averiguación veracruzana y destacó “que en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni ‘los múltiples desgarros’ que manifestaba la autopsia, Todavía, sin embargo, no negó que se tratara de un homicidio, pues siguió presumiendo “la violación de su derecho fundamental a la vida”. Pero ya estaba en curso la decisión presidencial de declarar la muerte médica. Con circunloquios técnicos lo afirmó la comisión el 29 de marzo (luego de obtener un fragmento del hígado de la víctima, cuyo cuerpo ha sido destazado), cuando dijo contar “con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en proceso de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen médico, no se observaron lesiones de origen traumático al exterior”.
Se consumó entonces el giro inicial: puesto que no hubo ataque de terceros, sino causas médicas, la CNDH dejó de considerar que la víctima había padecido violación a su derecho humano a la vida, y se orientó a señalar “violaciones a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y a la protección a la salud”, a las que se referiría en la recomendación que el 29 de marzo dijo que emitiría “en breve” y cinco semanas después no ha producido. También anunció que denunciaría delitos y faltas administrativas en que habrían incurrido los servidores públicos de la procuraduría veracruzana. Se buscaba de ese modo descalificar las conclusiones que hasta entonces parecían desprenderse de la investigación oficial. Era como una respuesta anticipada al señalamiento que organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo el propio 29 de marzo: Las afirmaciones de la CNDH “no abordan de manera integral todas y cada una de las evidencias y testimonios recabados en el desarrollo de la investigación, por lo que se deberá esperar a los resultados que arroje la averiguación previa” de la procuraduría local, que “es la autoridad ministerial de carácter civil responsable de agotar todas las líneas de investigación”.
La audacia de la CNDH llegaba al punto de fingir que la renecropsia negaba los resultados de la primera, y de asegurar que la causa de la muerte era médica cuando en el dictamen del 9 de marzo se lee claramente, en el punto 3 dedicado a la etiología de la muerte, que la causa fue mecánica. Más todavía, la doctora Bárbara Yllán, exsubprocuradora de Atención a Víctimas de la procuraduría capitalina, consultada una y otra vez sobre el tema por Carmen Aristegui, legítima y eficazmente atenta al caso, comparó los dictámenes de las dos necropsias y un certificado emitido por la doctora María Catalina Rodríguez Rosas, médica legista adscrita al Ministerio Público en Orizaba, cuando la señora Ernestina estaba todavía con vida. Dijo la doctora Yllán que ese documento contiene datos “coincidentes con el dictamen de exhumación en cuanto a los exámenes ginecológico y proctológico; es decir, sí se describen lesiones tanto en el órgano genital como en la zona anal de la víctima, con lo cual es posible llegar a tener elementos para una investigación... para acreditar el delito de violación”.
La declaratoria de la CNDH fue mal recibida por la familia y la comunidad de doña Ernestina. El 3 de abril los hijos de la víctima se quejaron de que Soberanes miente “al decir que la muerte de nuestra madre fue por enfermedad”. Blanche Petrich los vio en la cabecera municipal: “Las tres mujeres de largas trenzas, Marta, Carmen y Juana, a ratos se tapan la boca con el rebozo, apenadas. Los dos hombres, Julio y Francisco, se muestran firmes. Juntos, los hermanos Inés Ascencio encabezaron este martes una asamblea en la que participaron más de 100 hombres y mujeres congregados de los 22 municipios serranos y de algunas zonas urbanas de Orizaba y Córdoba”. El alcalde Javier Pérez Pascuala, que el 2 de febrero anterior se había quejado, sin ser oído, ante la Presidencia y la Sedena por abusos militares, dijo en esa misma reunión que “la declaración de la CNDH agrede a la familia” (La Jornada, 4 de abril).
En su edición de esa misma fecha, El mundo de Orizaba publicó que René Huerta, el líder de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), estaba siendo acosado. En las semanas recientes, dijo, lo seguían dos camionetas de modelo reciente. Interpretó el asedio como un intento de intimidación para que abandonara su posición: “el mismo Ejército y el gobierno federal estuvieron esgrimiendo el argumento del grupo guerrillero como causante del crimen; ahora, como eso no les resultó, el Ejército y gobierno federal, apoyados por la CNDH, están diciendo que fue de muerte natural. Estos grupos tienen el mismo objetivo: distorsionar la verdad”.
En esa decisión de “distorsionar la verdad”, el 5 de abril la Sedena hizo su parte, se delató a sí misma como mentirosa. A diferencia de lo afirmado el 6, el 7 y el 8 de marzo, dijo no contar “con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario y jamás lo ha tenido”. Y en la misma línea que la CNDH, cargó contra la procuraduría veracruzana, que la Sedena creía estaba en posesión de esa muestra, por lo que esperaba recibirla (y no obstante aseguró una y otra vez que la tenía) sin que hasta el momento eso hubiera ocurrido.
El 10 de abril, un poco tarde para ese efecto declarado, llegó hasta Tetlatzinga, para expresar las condolencias del presidente Calderón, el subsecretario de Gobernación Abraham González Uyeda. Su visita, repetida el 19 de abril, sería muy eficaz, pues persuadió a la familia de retraerse del caso, efecto para el cual contó con la ayuda de René Huerta, quien rehusó asistir a una reunión de la CROISZ y fue por ello depuesto de su liderazgo.
En ese mismo 19 de abril Soberanes debía comparecer ante diputados, que lo habían citado una semana atrás. A última hora los legisladores aplazaron la cita, lo que no fue obstáculo para que el ombudsman montara una aparatosa explicación a los medios. Subrayó su actitud de 20 días atrás: Atribuyó a la procuraduría veracruzana haber afirmado que la señora Ascencio Rosario “fue víctima de una violación tumultuaria” con base “en supuestas pruebas hechas al vapor, y la acusó de “falta de profesionalismo... manipulación de pruebas” y de omisiones, errores y “graves descuidos de algunos de sus servidores”. Y lamentó que “en vez de corregirlos pretenda negarlos y con ello abra, de par en par, las puertas de la suspicacia y las suposiciones sin fin y sin límite”.
El principal destinatario de las acusaciones no guardó silencio. Ya en ocasiones anteriores el procurador Emeterio López Márquez había refutado dichos de Soberanes. Notablemente molesto, demandó del presidente de la CNDH acreditar sus afirmaciones, porque son “temerarias”, e insistió en que, si bien no podía ser más explícito a causa del sigilo ministerial, “sí había habido violación” y que tenía las pruebas de ello. Denunció a su vez que la CNDH “se está arrogando atribuciones que solamente tiene el Ministerio Público”. Habló en tal sentido directamente ante la prensa en Jalapa y en entrevistas con Carmen Aristegui y Denise Maerker. Pero no pudo mantenerse mucho tiempo en esa posición porque el lunes siguiente su jefe el gobernador se arregló con Soberanes para sintonizar las posiciones discordantes.
Persuadido quién sabe por qué oscuro motivo, Herrera visitó a Soberanes el martes 24 y se rindió. Esperó para producir los efectos de su nueva actitud a que el presidente de la CNDH cumpliera su cita con los diputados, fijada para el día siguiente, 25 de abril. La comparecencia se interrumpió cuando Soberanes pretendió que los legisladores oyeran a sus asesores, y mostrar fotografías. Consiguió el efecto de aparecer como víctima de sectarismo y de incongruencia, y los medios atendieron menos las razones de las diputadas y diputados, que posteriormente explicaron que el formato del encuentro había sido previamente aceptado por Soberanes, quien expuso durante más de una hora, y que la reunión fue interrumpida por Soberanes –quien dijo estar “sacado de onda”— cuando “le solicitamos se abstuviera de mostrar imágenes del cuerpo sin vida de la señora Ernestina... que actualmente forman parte de una averiguación previa... que resultaban ofensivas a la memoria de doña Ernestina; sin embargo, nunca se le negó el derecho de explicar su contenido”.
Soberanes, por lo demás, había mostrado esas fotos y hecho hablar a sus asesores ante públicos específicos, como el Consejo Consultivo de la Comisión que preside y aun ante ministros de la Suprema Corte de Justicia, cargo al que según los conocedores aspira y para el cual debe ser propuesto por el presidente de la República, cuando concluya su período al frente de la CNDH y aun antes. Muy otro fue el resultado de la comparecencia, al día siguiente, jueves 26, del general secretario de la Defensa, quien explicó, sin entrar en pormenores por eso mismo, que la averiguación previa militar estaba en curso y no había llegado a conclusiones.
Fidel Herrera, en cambio, sí tenía ya las suyas. En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, exoneró a los militares, como primer paso de su palinodia. Lo hizo tartajosamente: “Confío plena y absolutamente, porque estuve en el sitio, que nadie, ningún integrante del Ejército Mexicano tiene ninguna acción que ver con lo que ocurrió”. Para mostrar que la rendición fue completa, y como si no conociera las expresiones ofensivas a su procurador, Herrera dijo también: “debo reconocer que la actitud de la CNDH fortalece el trato respetuoso e institucional”.
El lunes 30, ya anochecido, el fiscal especial del caso, Juan Alatriste, y el procurador López Márquez cerraron la fase ministerial del caso: Anunciaron el no ejercicio de la acción penal, porque la víctima murió de parasitosis (no de anemia aguda, según el dictamen de la CNDH, ni de gastritis, según el dicho presidencial) y su muerte “no es imputable a factores externos a la fisiología de su organismo”. No pudieron borrar, sin embargo, la evidencia de los desgarres anales, pero estos “pueden deberse a diversos factores”. Y dijeron que pasó a segundo plano la cuestión de si la muerte tuvo causa médica o mecánica.
El procurador y el fiscal no aceptaron preguntas, Sí lo hizo, al día siguiente, Herrera mismo, convocado por Denise Maerker para su Punto de partida. Allí reveló el silencio final de la víctima, con lo que dejó como mentirosos a sus hijos, con los que ya se había reunido ese mismo día para explicarles la decisión del Ministerio Público y orientarlos sobre el curso legal posible. Ya lo había hecho antes el subsecretario de Gobernación, pues se hizo circular una carta atribuida a los Inés Ascencio —no obstante que el texto asegura que no saben leer ni escribir— en donde piden que se les deje en paz.
De eso se trata, de que se deje a todos en paz, aunque reine la impunidad.
sábado, 5 de mayo de 2007
NO HAY NADA QUE AGREGAR EN EL CASO ASCENCIO: GOBERNACION
Fabiola Martínez / La Jornada / Sábado 5 de mayo del 2007
Alto Lucero, Veracruz. El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, marcó distancia respecto de las versiones de la Procuraduría de Justicia de Veracruz y de la CNDH en torno al caso de Ascensión Rosario. Lacónico respondió: "ya ustedes tienen toda la información. No hay nada más que agregar". En conferencia de prensa, tras un recorrido por la central nucleoeléctrica Laguna Verde, el funcionario dijo: "ahí están los datos y son los que tienen que agregar las formas y las causas (sic)".
Alto Lucero, Veracruz. El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, marcó distancia respecto de las versiones de la Procuraduría de Justicia de Veracruz y de la CNDH en torno al caso de Ascensión Rosario. Lacónico respondió: "ya ustedes tienen toda la información. No hay nada más que agregar". En conferencia de prensa, tras un recorrido por la central nucleoeléctrica Laguna Verde, el funcionario dijo: "ahí están los datos y son los que tienen que agregar las formas y las causas (sic)".
EXIGE ONG LA REAPERTURA DEL CASO ERNESTINA
De la redacción
México, D.F., 4 de mayo (apro).- Inconformes por la escasa asepsia con que se manejó el asunto, la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Rocver) exigió hoy la reapertura del caso de Ernestina Ascencio.
El pasado 30 de abril, la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz (PGJE) declaró cerrado el caso, con la conclusión de que la anciana falleció por causas naturales y no por los golpes y la agresión sexual, como inicialmente había dicho.
Sin embargo, Alfonso Oceguera, representante de Rocver, dijo que, durante el Encuentro de Derechos Humanos y Autonomía Indígena y Municipal, que se realizará el 26 y 27 de mayo próximo en la Ciudad de México, pedirán la reapertura del caso.
Oceguera criticó la actuación de la PGJE, a la que acusó de dar un viraje en sus conclusiones, con tal de apegarse a lo dicho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
"El caso de Ernestina Ascensio es una expresión grotesca de la simulación de un estado de derecho y de una impartición de justicia, por parte de las autoridades de todos los niveles", expresó.
Anunció que solicitarán la intervención de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, para que el caso sea reabierto y se esclarezca si Ernestina Ascencio fue agredida por elementos del Ejército.
"Este asunto demuestra el grado de indefensión y vulnerabilidad de las mujeres, lo que se agrava tratándose de una mujer indígena, pobre y anciana", recriminó.
Reiteró que la actuación de la PGJE está en tela de juicio, toda vez que, en un principio, las autoridades sostuvieron que la indígena de la Sierra de Zongolica había sido golpeada y ultrajada sexualmente y posteriormente modificó su versión y concluyó que murió por una enfermedad.
"Nos preguntamos ¿qué habrán pactado el gobierno federal y la CNDH con el gobierno veracruzano y su procuraduría, para que ahora resulte que lo que habían reconocido como un crimen, lo presenten como un caso de muerte natural?", cuestionó.
México, D.F., 4 de mayo (apro).- Inconformes por la escasa asepsia con que se manejó el asunto, la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Rocver) exigió hoy la reapertura del caso de Ernestina Ascencio.
El pasado 30 de abril, la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz (PGJE) declaró cerrado el caso, con la conclusión de que la anciana falleció por causas naturales y no por los golpes y la agresión sexual, como inicialmente había dicho.
Sin embargo, Alfonso Oceguera, representante de Rocver, dijo que, durante el Encuentro de Derechos Humanos y Autonomía Indígena y Municipal, que se realizará el 26 y 27 de mayo próximo en la Ciudad de México, pedirán la reapertura del caso.
Oceguera criticó la actuación de la PGJE, a la que acusó de dar un viraje en sus conclusiones, con tal de apegarse a lo dicho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
"El caso de Ernestina Ascensio es una expresión grotesca de la simulación de un estado de derecho y de una impartición de justicia, por parte de las autoridades de todos los niveles", expresó.
Anunció que solicitarán la intervención de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, para que el caso sea reabierto y se esclarezca si Ernestina Ascencio fue agredida por elementos del Ejército.
"Este asunto demuestra el grado de indefensión y vulnerabilidad de las mujeres, lo que se agrava tratándose de una mujer indígena, pobre y anciana", recriminó.
Reiteró que la actuación de la PGJE está en tela de juicio, toda vez que, en un principio, las autoridades sostuvieron que la indígena de la Sierra de Zongolica había sido golpeada y ultrajada sexualmente y posteriormente modificó su versión y concluyó que murió por una enfermedad.
"Nos preguntamos ¿qué habrán pactado el gobierno federal y la CNDH con el gobierno veracruzano y su procuraduría, para que ahora resulte que lo que habían reconocido como un crimen, lo presenten como un caso de muerte natural?", cuestionó.
INDIGENAS, CONTRA EL FALLO SOBRE MUERTE DE ANCIANA
Impugnarán decisión de procuraduría veracruzana
Presionaron a familiares de Ernestina Ascensión, acusan
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL / La Jornada / Sábado 5 de mayo del 2007
Jalapa, Veracruz, 4 de mayo. Autoridades indígenas de 40 poblados del municipio de Soledad Atzompa realizarán una asamblea la próxima semana para definir una estrategia para impugnar, ante instancias nacionales e internacionales, el fallo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre la muerte de la anciana Ernestina Ascensión Rosario.
Las autoridades comunitarias buscarán obtener la personalidad jurídica para reabrir la investigación del caso, que fue cerrado por la PGJE al afirmar que la muerte de la indígena nahua "fue natural, sin existir homicidio ni violación sexual".
En conferencia de prensa, el vocero de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), Julio Atenco Vidal, informó que ya se prepara una acción legal para impugnar dicho fallo.
Atenco Vidal denunció que los deudos de Ascensión Rosario fueron acorralados y presionados por funcionarios federales y estatales para que no apelen del veredicto de la procuraduría veracruzana, que fue dado a conocer el pasado lunes.
Los pobladores de Soledad Atzompa no aceptan la versión de las autoridades, por lo que agentes municipales, líderes indígenas, jueces comunitarios y comisariados ejidales de 40 poblados se reunirán en asamblea, en la cabecera municipal, para discutir si emprenden la defensa jurídica.
"Hasta donde sabemos, la familia no impugnará y nosotros convocamos a organizaciones de abogados para que se nos asesore sobre la representatividad jurídica para apelar del fallo ministerial", expuso el portavoz de la CROISZ.
Anunció además que el ayuntamiento de Soledad Atzompa, apoyado por el Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara, convocará a un foro nacional los días 26 y 27 de mayo en el Distrito Federal para analizar el caso y el comportamiento de las instituciones en el mismo.
Por su parte, representantes de la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Rocver) y el Comité Ciudadano Rosario Ibarra desconocieron el veredicto de la fiscalía especial sobre el deceso de Ernestina Ascensión Rosario.
Guadalupe Rebolledo, de Rocver, aseguró que las conclusiones de la PGJE no sólo son inverosímiles sino que reflejan que se desprendieron de un acuerdo entre autoridades para proteger a los agresores de la anciana.
Los activistas se pronunciaron porque el procurador estatal, Emeterio López Márquez, comparezca ante el Congreso local y, en su caso, sea destituido por las acciones erráticas e ilegales en el curso de las investigaciones.
Presionaron a familiares de Ernestina Ascensión, acusan
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL / La Jornada / Sábado 5 de mayo del 2007
Jalapa, Veracruz, 4 de mayo. Autoridades indígenas de 40 poblados del municipio de Soledad Atzompa realizarán una asamblea la próxima semana para definir una estrategia para impugnar, ante instancias nacionales e internacionales, el fallo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre la muerte de la anciana Ernestina Ascensión Rosario.
Las autoridades comunitarias buscarán obtener la personalidad jurídica para reabrir la investigación del caso, que fue cerrado por la PGJE al afirmar que la muerte de la indígena nahua "fue natural, sin existir homicidio ni violación sexual".
En conferencia de prensa, el vocero de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), Julio Atenco Vidal, informó que ya se prepara una acción legal para impugnar dicho fallo.
Atenco Vidal denunció que los deudos de Ascensión Rosario fueron acorralados y presionados por funcionarios federales y estatales para que no apelen del veredicto de la procuraduría veracruzana, que fue dado a conocer el pasado lunes.
Los pobladores de Soledad Atzompa no aceptan la versión de las autoridades, por lo que agentes municipales, líderes indígenas, jueces comunitarios y comisariados ejidales de 40 poblados se reunirán en asamblea, en la cabecera municipal, para discutir si emprenden la defensa jurídica.
"Hasta donde sabemos, la familia no impugnará y nosotros convocamos a organizaciones de abogados para que se nos asesore sobre la representatividad jurídica para apelar del fallo ministerial", expuso el portavoz de la CROISZ.
Anunció además que el ayuntamiento de Soledad Atzompa, apoyado por el Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara, convocará a un foro nacional los días 26 y 27 de mayo en el Distrito Federal para analizar el caso y el comportamiento de las instituciones en el mismo.
Por su parte, representantes de la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Rocver) y el Comité Ciudadano Rosario Ibarra desconocieron el veredicto de la fiscalía especial sobre el deceso de Ernestina Ascensión Rosario.
Guadalupe Rebolledo, de Rocver, aseguró que las conclusiones de la PGJE no sólo son inverosímiles sino que reflejan que se desprendieron de un acuerdo entre autoridades para proteger a los agresores de la anciana.
Los activistas se pronunciaron porque el procurador estatal, Emeterio López Márquez, comparezca ante el Congreso local y, en su caso, sea destituido por las acciones erráticas e ilegales en el curso de las investigaciones.
viernes, 4 de mayo de 2007
DOÑA ERNESTINA (QEPD)
Ifigenia Martínez / El Universal / Jueves 3 de mayo de 2007
La muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años de edad, habitante de Soledad Atzompa, Veracruz, municipio clasificado por el INEGI con un grado de marginación muy alto, amerita una seria y profunda reflexión ciudadana por la forma en que ocurrió. Según la Información Básica Municipal disponible, Soledad Atzompa se integra por 31 localidades de menos de mil habitantes, carece de hospitales y clínicas del servicio público de salud, y de las 2 mil 400 viviendas habitadas más de 80% carecía de agua entubada y de drenaje y tenía piso de tierra. La población analfabeta mayor de 15 años era 56%, y tan sólo 6% había completado la primaria.
Teniendo esa marginación y miseria extrema como telón de fondo, afrenta el mal trato que sufrió doña Ernestina a manos del Ejército, pero también el abandono de los gobiernos federal y estatal durante las administraciones neoliberales responsables de las fallidas "políticas de Estado" que no impulsan un desarrollo económico y social digno e incluyente.
Es un hecho que doña Ernestina estaba enferma, carecía de atención médica adecuada y que en esas condiciones efectuaba pesadas labores de hogar y trabajo. Llegó golpeada a su hogar por militares la noche del domingo 26 de febrero y transportada al hospital regional de Río Blanco, falleció en la mañana del lunes siguiente. ¿Qué misión cumplían miembros del Ejército adscritos al 63 Batallón de Infantería con base de operaciones en la sierra de Zongolica, Veracruz, ocasionando molestias y temor entre la población por la interferencia en sus quehaceres cotidianos? Si doña Ernestina, quien hablaba náhuatl, fue víctima de violencia y maltrato por parte del Ejército, será definido por la Procuraduría General de la República, mientras al gobernador le corresponde exigir respeto para la población civil de su estado y a las autoridades militares garantizar una relación respetuosa con el pueblo al que están obligados a otorgar protección y defensa.
Este grave incidente que implica a autoridades federales y locales no es más que la costra que esconde el verdadero delito, que es de carácter social y que consiste en el abandono que padece el grueso de la población que anteriormente fue campesina y ahora, sin ocupación fija ni protección alguna, tiene que refugiarse en la economía informal de subsistencia.
¿Por qué el gobierno de Veracruz no aplica un plan estatal que apoye la producción agrícola y pecuaria de la región, que la industrialice, que explote sus bosques (sujetos ya a un peligroso proceso de deforestación) para asegurar un desarrollo sustentable y empleo para la población, que supere el analfabetismo, proporcione una educación bilingüe y preserve la riqueza étnica del país?
Se necesita una verdadera planeación del desarrollo sustentable y una reforma del Estado para deshacer la contrarreforma de Carlos Salinas y sus sucesores, al desaparecer las instituciones de protección y fomento a la actividad agropecuaria y el sistema nacional de instituciones de crédito.
Y también urge una reforma educativa que obligue a completar los 12 años de educación básica, a llevar la cuenta de los trabajadores disponibles y a darles la capacitación técnica adecuada. ¿Pero cómo puede el estado de Veracruz financiar un plan estatal de desarrollo, cuando 91% de sus rentas se las proporciona la Federación mediante la vergonzante Ley de Coordinación Fiscal que despoja de sus atribuciones recaudatorias a las entidades federativas para hacerlas dependientes de la Secretaría de Hacienda?
Desde 1991 el municipio de Zongolica, adyacente al de Soledad Atzompa, ha sido gobernado por el PRD. Esperamos que la Confederación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) intervenga, mediante su representación en la Cámara de Diputados, en la negociación sobre las asignaciones estatales y federales en el próximo presupuesto federal para su desarrollo sustentable e incluyente.
Urgen reformas al sistema de federalismo fiscal, así como el fortalecimiento de un sistema nacional de banca y crédito que aminore las profundas diferencias económicas y sociales que subsisten en un país que ya está ampliamente comunicado por tierra y que, en vísperas del centenario de la Revolución de Mexicana, no puede tolerar las abismales diferencias que han quedado al descubierto con el desamparo y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario.
Directora del Instituto Nacional de Formación Política del Partido de la Revolución Democrática. Integrante del Consejo Político del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Maestra en Economía por la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Fue diputada federal de la L Legislatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), senadora de la República por el Frente Democrático Nacional, fundadora y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, diputada federal de la LVIII Legislatura por dicho partido y embajadora permanente alterna de México en la ONU.
IMPUNIDAD EN CASO DE LA SEÑORA ERNESTINA ASCENCIO ROSARIO
www.mareainformativa.com / Xalapa-Eqz., Veracruz a 2 de mayo de 2007
El Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos (OVDH) expresa su grave preocupación por la postura asumida por parte del Gobierno del Estado de Veracruz en la que se concluye el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL y el cierre de las investigaciones, en virtud de que se ha establecido "oficialmente" que la muerte de Ernestina Ascensio Rosario fue por causas naturales. Esta decisión a todas luces resulta anticipada, pues en ella no imperan los principios estandarizados internacionalmente de proporcionalidad, razonabilidad y temporalidad, que todo juzgador, incluidos los ministerios públicos, deben observar a la hora de resolver un caso. Dicho fallo vulnera el derecho a la verdad y a la justicia que tienen tanto la señora Ernestina Ascensio Rosario, como sus familiares a conocer las causas de su muerte y las razones por las que se han manejado versiones contrapuestas en las investigaciones, en particular las del día 7 de abril –donde se sostuvo por parte del Ejecutivo local, pese a las declaraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la víctima fue asesinada tal y como lo consignaron en su momento los peritajes efectuados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz- con las del día 30 de abril de este mismo año –donde se concluye que la Ascencio Rosario ni fue violada ni asesinada, descartándose por ende cualquier responsabilidad de miembros del Ejército Mexicano por la muerte de la antes citada-.
Al margen de que esta determinación es incongruente con el actuar de las autoridades de Veracruz, que en los últimos dos meses realizaron investigaciones para determinar la identidad de las personas responsables de los delitos de violación y homicidio de la señora Ernestina Ascencio Rosario, cabe resaltar que dicha determinación es aún más inconsistente con el hecho de que el Gobierno de Veracruz, el día 22 de abril, decidió brindar una custodia personal a los familiares de la víctima debido a que su integridad personal se había visto amenazada. Por otro lado, esta postura desconoce una serie de declaraciones de familiares por considerar que éstos son testigos de oídas, y afirma que Ernestina Ascencio nunca dijo nada, y que sólo podía murmurar porque estaba herida, cuando inicialmente se había afirmado que las declaraciones de los familiares estaban basadas en la declaración que la propia víctima, previo a su muerte, tuvo oportunidad de señalar en su lengua natal, clara y puntualmente ante uno de sus hijos y ante la Agente del Ministerio Público. A su vez, es importante mencionar que esta contradicción de las autoridades de Veracruz se enmarcan dentro de una incertidumbre generada por la documentación que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual desencadenó una serie de inconsistencias en los comunicados, entre otras instancias, de la Secretaría de Defensa Nacional –pues ésta inicialmente había afirmado que tenía en su posesión muestras de liquido seminal encontrado en el cuerpo de Ascencio Rosario y posteriormente se retractaría de ello-.
La muerte de Ernestina Ascencio es una muestra más de la inexistencia del Estado Democrático de Derecho en Veracruz ya que no se cumple la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos en esta entidad. La forma en que se ha llevado a cabo la documentación e investigación de la muerte de Ascencio Rosario, es una prueba de las violaciones al acceso a la justicia, debido proceso y derecho a la verdad que sufren las personas que habitan el Estado de Veracruz, en particular, las personas que pertenecen a sectores de la población en situación de vulnerabilidad, tales como las comunidades indígenas, las mujeres, las personas adultas mayores, y las personas que viven en situación de pobreza. Estas violaciones conllevan a su vez la impunidad sobre las posibles violaciones al derecho a la integridad personal y el derecho a la vida de Ernestina Ascencio, los cuales se encuentran reconocidos en el orden jurídico mexicano, en particular en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 4, 5, 8 y 25), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículos 1 y 2) y Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" (artículos 1, 3, 4 y 7) y demás instrumentos aplicables, ello a la luz del artículo 133 Constitucional; de ahí que el caso de Ernestina Ascencio Rosario ya ha sido turnado por este Observatorio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en recientes fechas.
Por todo lo anterior, esta ORGANIZACIÓN DEPLORA Y RECHAZA LA CONCLUSIÓN DELA INVESTIGACIÓN, e invita al gobierno de la entidad a tener presente que la búsqueda de la verdad constituye el punto de partida para la liberación, así como la protección del ser humano; sin la verdad -por más insoportable que ésta resulte- no es posible liberarse del tormento de la incertidumbre, y tampoco es posible ejercer los derechos protegidos por la Constitución Federal, la Veracruzana y los Instrumentos Internacionales mencionados.
La cristalización del derecho a la verdad es un imperativo para la preservación de los vínculos y los lazos de solidaridad entre los muertos y los vivos, formando la unidad del género humano, con el respeto
El Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos (OVDH) expresa su grave preocupación por la postura asumida por parte del Gobierno del Estado de Veracruz en la que se concluye el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL y el cierre de las investigaciones, en virtud de que se ha establecido "oficialmente" que la muerte de Ernestina Ascensio Rosario fue por causas naturales. Esta decisión a todas luces resulta anticipada, pues en ella no imperan los principios estandarizados internacionalmente de proporcionalidad, razonabilidad y temporalidad, que todo juzgador, incluidos los ministerios públicos, deben observar a la hora de resolver un caso. Dicho fallo vulnera el derecho a la verdad y a la justicia que tienen tanto la señora Ernestina Ascensio Rosario, como sus familiares a conocer las causas de su muerte y las razones por las que se han manejado versiones contrapuestas en las investigaciones, en particular las del día 7 de abril –donde se sostuvo por parte del Ejecutivo local, pese a las declaraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la víctima fue asesinada tal y como lo consignaron en su momento los peritajes efectuados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz- con las del día 30 de abril de este mismo año –donde se concluye que la Ascencio Rosario ni fue violada ni asesinada, descartándose por ende cualquier responsabilidad de miembros del Ejército Mexicano por la muerte de la antes citada-.
Al margen de que esta determinación es incongruente con el actuar de las autoridades de Veracruz, que en los últimos dos meses realizaron investigaciones para determinar la identidad de las personas responsables de los delitos de violación y homicidio de la señora Ernestina Ascencio Rosario, cabe resaltar que dicha determinación es aún más inconsistente con el hecho de que el Gobierno de Veracruz, el día 22 de abril, decidió brindar una custodia personal a los familiares de la víctima debido a que su integridad personal se había visto amenazada. Por otro lado, esta postura desconoce una serie de declaraciones de familiares por considerar que éstos son testigos de oídas, y afirma que Ernestina Ascencio nunca dijo nada, y que sólo podía murmurar porque estaba herida, cuando inicialmente se había afirmado que las declaraciones de los familiares estaban basadas en la declaración que la propia víctima, previo a su muerte, tuvo oportunidad de señalar en su lengua natal, clara y puntualmente ante uno de sus hijos y ante la Agente del Ministerio Público. A su vez, es importante mencionar que esta contradicción de las autoridades de Veracruz se enmarcan dentro de una incertidumbre generada por la documentación que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual desencadenó una serie de inconsistencias en los comunicados, entre otras instancias, de la Secretaría de Defensa Nacional –pues ésta inicialmente había afirmado que tenía en su posesión muestras de liquido seminal encontrado en el cuerpo de Ascencio Rosario y posteriormente se retractaría de ello-.
La muerte de Ernestina Ascencio es una muestra más de la inexistencia del Estado Democrático de Derecho en Veracruz ya que no se cumple la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos en esta entidad. La forma en que se ha llevado a cabo la documentación e investigación de la muerte de Ascencio Rosario, es una prueba de las violaciones al acceso a la justicia, debido proceso y derecho a la verdad que sufren las personas que habitan el Estado de Veracruz, en particular, las personas que pertenecen a sectores de la población en situación de vulnerabilidad, tales como las comunidades indígenas, las mujeres, las personas adultas mayores, y las personas que viven en situación de pobreza. Estas violaciones conllevan a su vez la impunidad sobre las posibles violaciones al derecho a la integridad personal y el derecho a la vida de Ernestina Ascencio, los cuales se encuentran reconocidos en el orden jurídico mexicano, en particular en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 4, 5, 8 y 25), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículos 1 y 2) y Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" (artículos 1, 3, 4 y 7) y demás instrumentos aplicables, ello a la luz del artículo 133 Constitucional; de ahí que el caso de Ernestina Ascencio Rosario ya ha sido turnado por este Observatorio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en recientes fechas.
Por todo lo anterior, esta ORGANIZACIÓN DEPLORA Y RECHAZA LA CONCLUSIÓN DELA INVESTIGACIÓN, e invita al gobierno de la entidad a tener presente que la búsqueda de la verdad constituye el punto de partida para la liberación, así como la protección del ser humano; sin la verdad -por más insoportable que ésta resulte- no es posible liberarse del tormento de la incertidumbre, y tampoco es posible ejercer los derechos protegidos por la Constitución Federal, la Veracruzana y los Instrumentos Internacionales mencionados.
La cristalización del derecho a la verdad es un imperativo para la preservación de los vínculos y los lazos de solidaridad entre los muertos y los vivos, formando la unidad del género humano, con el respeto
EN EL CASO ASCENCIO FIDEL HERRERA SE DOBLEGO ANTE CALDERON: AMLO
Regina Martínez
Ignacio de la Llave, Veracruz 3 de mayo (apro).- El denominado “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, calificó como una “vergüenza” el dictamen de la Procuraduría de Justicia de Veracruz sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, al resolver que la mujer falleció por causas naturales, no por violación.
López Obrador cuestionó la actitud del gobernador Fidel Herrera Beltrán, "pues se doblegó ante el espurio que ocupa la Presidencia de la República, lo que es una vergüenza pública".
De gira por municipios de la región centro de la entidad, en entrevista, López Obrador dijo que a Herrera Beltrán "le faltó carácter para permitir que se hiciera justicia y da vergüenza su actitud servil”.
El caso de la indígena de Soledad Atzompa, violada por supuestos militares, dijo, "no se puede permitir que se quede en el olvido, sino impugnar la decisión judicial para que se investigue hasta las últimas consecuencias y castigar a los responsables".
En su tercera gira por municipios veracruzanos, donde se reunió con simpatizantes del Frente Amplio Progresista (FAP), López Obrador insistió que es “vergonzante” el viraje de las autoridades judiciales de Veracruz sobre el caso.
A una pregunta sobe lo dicho el lunes pasado por la procuraduría del estado, en el sentido de que no hay delito que perseguir, López Obrador afirmó: “Me da vergüenza que el gobernador Fidel Herrera se haya doblegado ante el gobierno del usurpador”.
Ante la decisión del procurador Emeterio López Márquez y el fiscal especial, Juan Alatriste, de cerrar el caso, López Obrador, consideró que se debe exigir que se investigue hasta sus últimas consecuencias.
“El caso no tiene porqué cerrarse; es una vergüenza todo lo que ha pasado. Cómo es posible que primero la procuraduría haya dicho que hubo violación y apenas habló Felipe Calderón, de que era un problema estomacal, todos, de manera servil, se doblaron. No debe ser”, apuntó.
Añadió: “Fidel Herrera ya se olvidó que la política se hace con la cabeza, el corazón y con carácter, sobre todo carácter”.
Por otro lado, López Obrador se refirió a la “la jornada informativa” que se llevará a cabo el próximo 1 de julio en el zócalo de la capital del país, en la que, dijo, se presentará a la opinión pública los testimonios de personas que estuvieron cerca del proceso electoral de 2006 y que tienen “información fidedigna” sobre el fraude perpetrado en el Instituto Federal Electoral.
“Hay muchas personas que tienen información y no querían proporcionarla, pero ahora van a contar cómo fue el fraude”, añadió.
AMLO: FIDEL HERRERA SE DOBLEGO ANTE LOS PINOS
Una "vergüenza", la postura de la procuraduría estatal
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL / La Jornada / Viernes 4 de mayo del 2007
Ignacio de la Llave, Veracruz, 3 de mayo. El veredicto emitido por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) sobre la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario es una '"vergüenza pública" y confirma que el gobernador Fidel Herrera Beltrán se doblegó ante el "espurio" que ocupa Los Pinos, acusó el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Además, consideró que la política que aplica Felipe Calderón en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico ha sido un fracaso, y en contra de lo que se esperaba, "nunca había habido tanta violencia en el país ni en Veracruz como ahora.
"Ellos -dijo en referencia a los miembors del gabinete calderonista- decían que iban a resolver el problema de la inseguridad y todavía no han hecho nada.
"Da vergüenza la actitud servil de Fidel Herrera; le faltó carácter para permitir que se hiciera justicia", insistió.
Dijo que no se debe permitir que el caso sea olvidado, sino que deberá impugnarse la decisión judicial para que se investigue hasta sus últimas consecuencias, y no dar impunidad a quienes "asesinaron" a la anciana indígena.
Entrevistado al iniciar su tercera gira por municipios veracruzanos, donde realizó jornadas de información con simpatizantes del Frente Amplio Progresista (FAP), López Obrador consideró "vergonzante" el viraje de las autoridades judiciales de Veracruz sobre el caso Ascensión Rosario.
"Da vergüenza que el gobernador Fidel Herrera se haya doblegado ante el gobierno del usurpador, que se haya plegado a sus deseos", expuso en alusión al veredicto de la PGJE emitido el lunes pasado, en el que negó la existencia de violación sexual y homicidio en la muerte de la anciana nahua de Soledad Atzompa.
Afirmó que si bien la procuraduría estatal dio por cerrado el caso, la sociedad no debe abandonarlo. "No tiene por qué cerrarse, es una vergüenza todo lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que primero la procuraduría asegure que hubo violación, y apenas habló Felipe Calderón y dijo que era un problema estomacal, todos, de manera servil, se doblaron; eso no debe ser".
Insistió en que la sociedad civil debe pugnar para que se investigue el caso hasta sus últimas consecuencias. "Lo que pasó es que a Fidel Herrera le faltó carácter, ya olvidó que la política se hace con la cabeza, con el corazón y con carácter, sobre todo con carácter".
López Obrador también se refirió al programa de Apoyo a los adultos de 70 años y más que Calderón puso en marcha este miércoles. Afirmó que el proyecto no fue idea del inquilino de Los Pinos, sino de los legisladores del FAP, y se incluyó en el presupuesto para este año.
Recordó que cuando se desempeñó como jefe de Gobierno del Distrito Federal aplicó el programa de pensión alimentaria para los adultos mayores en la capital del país, medida que los panistas criticaron y calificaron de populista y paternalista.
Consideró que los panistas "son muy hipócritas, manejan un doble discurso y ahora de manera oportunista el pelele (en alusión a Felipe Calderón) se monta" en el programa de adultos mayores.
Añadió que de todas formas, no hay nada de qué sorprenderse, "porque los panistas son de lo peor que puede haber; me refiero a los de arriba, a los dirigentes, al hampa de la política". Testimonios del "fraude"
El tabasqueño anunció la realización de una jornada informativa en vísperas del próximo primero de julio en la capital del país, para presentar a la opinión pública los testimonios de personas que estuvieron cerca de la realización del proceso comicial de 2006 y tienen información fidedigna sobre el "fraude" perpetrado en el Instituto Federal Electoral.
"Hay muchas personas que tienen información y no querían proporcionarla, pero ahora lo van a hacer, van a contar cómo fue el fraude", adeantó López Obrador
Los testimonios documentados, agregó, se difundirán en la concentración masiva a celebrarse en el Zócalo el primero de julio.
"Todo se sabrá, se hará público ahí y demostraremos que sigue la resistencia, que sigue el movimiento para defender la esperanza de los mexicanos en la democracia, y el repudio hacia un gobierno usurpador", concluyó.
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL / La Jornada / Viernes 4 de mayo del 2007
Ignacio de la Llave, Veracruz, 3 de mayo. El veredicto emitido por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) sobre la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario es una '"vergüenza pública" y confirma que el gobernador Fidel Herrera Beltrán se doblegó ante el "espurio" que ocupa Los Pinos, acusó el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Además, consideró que la política que aplica Felipe Calderón en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico ha sido un fracaso, y en contra de lo que se esperaba, "nunca había habido tanta violencia en el país ni en Veracruz como ahora.
"Ellos -dijo en referencia a los miembors del gabinete calderonista- decían que iban a resolver el problema de la inseguridad y todavía no han hecho nada.
"Da vergüenza la actitud servil de Fidel Herrera; le faltó carácter para permitir que se hiciera justicia", insistió.
Dijo que no se debe permitir que el caso sea olvidado, sino que deberá impugnarse la decisión judicial para que se investigue hasta sus últimas consecuencias, y no dar impunidad a quienes "asesinaron" a la anciana indígena.
Entrevistado al iniciar su tercera gira por municipios veracruzanos, donde realizó jornadas de información con simpatizantes del Frente Amplio Progresista (FAP), López Obrador consideró "vergonzante" el viraje de las autoridades judiciales de Veracruz sobre el caso Ascensión Rosario.
"Da vergüenza que el gobernador Fidel Herrera se haya doblegado ante el gobierno del usurpador, que se haya plegado a sus deseos", expuso en alusión al veredicto de la PGJE emitido el lunes pasado, en el que negó la existencia de violación sexual y homicidio en la muerte de la anciana nahua de Soledad Atzompa.
Afirmó que si bien la procuraduría estatal dio por cerrado el caso, la sociedad no debe abandonarlo. "No tiene por qué cerrarse, es una vergüenza todo lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que primero la procuraduría asegure que hubo violación, y apenas habló Felipe Calderón y dijo que era un problema estomacal, todos, de manera servil, se doblaron; eso no debe ser".
Insistió en que la sociedad civil debe pugnar para que se investigue el caso hasta sus últimas consecuencias. "Lo que pasó es que a Fidel Herrera le faltó carácter, ya olvidó que la política se hace con la cabeza, con el corazón y con carácter, sobre todo con carácter".
López Obrador también se refirió al programa de Apoyo a los adultos de 70 años y más que Calderón puso en marcha este miércoles. Afirmó que el proyecto no fue idea del inquilino de Los Pinos, sino de los legisladores del FAP, y se incluyó en el presupuesto para este año.
Recordó que cuando se desempeñó como jefe de Gobierno del Distrito Federal aplicó el programa de pensión alimentaria para los adultos mayores en la capital del país, medida que los panistas criticaron y calificaron de populista y paternalista.
Consideró que los panistas "son muy hipócritas, manejan un doble discurso y ahora de manera oportunista el pelele (en alusión a Felipe Calderón) se monta" en el programa de adultos mayores.
Añadió que de todas formas, no hay nada de qué sorprenderse, "porque los panistas son de lo peor que puede haber; me refiero a los de arriba, a los dirigentes, al hampa de la política". Testimonios del "fraude"
El tabasqueño anunció la realización de una jornada informativa en vísperas del próximo primero de julio en la capital del país, para presentar a la opinión pública los testimonios de personas que estuvieron cerca de la realización del proceso comicial de 2006 y tienen información fidedigna sobre el "fraude" perpetrado en el Instituto Federal Electoral.
"Hay muchas personas que tienen información y no querían proporcionarla, pero ahora lo van a hacer, van a contar cómo fue el fraude", adeantó López Obrador
Los testimonios documentados, agregó, se difundirán en la concentración masiva a celebrarse en el Zócalo el primero de julio.
"Todo se sabrá, se hará público ahí y demostraremos que sigue la resistencia, que sigue el movimiento para defender la esperanza de los mexicanos en la democracia, y el repudio hacia un gobierno usurpador", concluyó.
DIPUTADOS DEL PRD LLEVARAN A LA CIDH EL CASO DE ASCENCIO ROSARIO
Recurrirán también a Amnistía Internacional y Human Rights Watch
Autoridades y CNDH "ya no son confiables": Valentina Batres y Marisela Contreras
ANDREA BECERRIL , ENRIQUE MENDEZ / La jornada / Viernes 4 de mayo del 2007
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados llevará el caso de Ernestina Ascensión Rosario a la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), y recurrirá también a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, con el propósito de que valoren y juzguen la actuación del Estado mexicano, dado que los resultados de las investigaciones realizadas en el país en torno a la muerte de la indígena de Zongolica "son una vergüenza".
En conferencia de prensa, las diputadas perredistas Valentina Batres y Marisela Contreras señalaron que la actuación de las autoridades federales y estatales, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha sido "tan turbia, oscura y absurda" que la única opción que queda son las instancias internacionales.
A su juicio, no tiene caso solicitar la intervención de ninguna otra autoridad federal o estatal, porque ya demostraron que no son confiables y no se les puede creer nada. "Enredaron el caso creyendo que así no se entendería nada y que igual daba si un día sostenían una cosa y después otra".
No se necesita ser muy perspicaces, dijeron, para dudar de "los resultados", pues en los primeros días después de la muerte de Ascensión Rosario tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la CNDH y el gobierno de Veracruz sostuvieron que la anciana había sido violada, como denunciaron los familiares. Se habló de pruebas físicas e incluso se llevaron cabo exámenes de semen de más de 78 elementos militares, según información de la propia SEDENA.
Sin embargo, "a raíz del dictamen médico de 'gastritis' que hizo el señor Felipe Calderón, todo se transformó: la investigación de la Sedena, de la que hasta la fecha no sabemos nada, la de la CNDH, que se hizo de una atribución investigadora ad hoc, y finalmente de la procuraduría estatal".
La situación, agregaron, es peor que durante los gobiernos priístas, ya que "no es el presidente quien pregunta de qué murió, sino que le preguntan: ¿y de qué quiere que muera, señor presidente?". Las diputadas perredistas advirtieron que aunque la vida de Ernestina Ascensión no vale nada para los gobernantes, hay que decirle a los involucrados "que no hay injusticia o impunidad que no se pague". Informaron que integran el expediente que habrán de llevar a la CIDH y a las demás instancias internacionales. "No se trata de una queja o demanda -precisaron-, sino de una solicitud de opinión "sobre el estatus que guarda la protección de los derechos humanos en México".
Antes, detallaron, se tienen que agotar otras instancias, esperar a que la CNDH haga pública su recomendación y tener el aval de la familia de Ernestina Ascensión, cuyos miembros son los que deben suscribir la demanda.
Denunciaron que los familiares de la anciana han sido acosados por autoridades locales y federales, que los mantienen bajo un cerco.
Autoridades y CNDH "ya no son confiables": Valentina Batres y Marisela Contreras
ANDREA BECERRIL , ENRIQUE MENDEZ / La jornada / Viernes 4 de mayo del 2007
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados llevará el caso de Ernestina Ascensión Rosario a la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), y recurrirá también a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, con el propósito de que valoren y juzguen la actuación del Estado mexicano, dado que los resultados de las investigaciones realizadas en el país en torno a la muerte de la indígena de Zongolica "son una vergüenza".
En conferencia de prensa, las diputadas perredistas Valentina Batres y Marisela Contreras señalaron que la actuación de las autoridades federales y estatales, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha sido "tan turbia, oscura y absurda" que la única opción que queda son las instancias internacionales.
A su juicio, no tiene caso solicitar la intervención de ninguna otra autoridad federal o estatal, porque ya demostraron que no son confiables y no se les puede creer nada. "Enredaron el caso creyendo que así no se entendería nada y que igual daba si un día sostenían una cosa y después otra".
No se necesita ser muy perspicaces, dijeron, para dudar de "los resultados", pues en los primeros días después de la muerte de Ascensión Rosario tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la CNDH y el gobierno de Veracruz sostuvieron que la anciana había sido violada, como denunciaron los familiares. Se habló de pruebas físicas e incluso se llevaron cabo exámenes de semen de más de 78 elementos militares, según información de la propia SEDENA.
Sin embargo, "a raíz del dictamen médico de 'gastritis' que hizo el señor Felipe Calderón, todo se transformó: la investigación de la Sedena, de la que hasta la fecha no sabemos nada, la de la CNDH, que se hizo de una atribución investigadora ad hoc, y finalmente de la procuraduría estatal".
La situación, agregaron, es peor que durante los gobiernos priístas, ya que "no es el presidente quien pregunta de qué murió, sino que le preguntan: ¿y de qué quiere que muera, señor presidente?". Las diputadas perredistas advirtieron que aunque la vida de Ernestina Ascensión no vale nada para los gobernantes, hay que decirle a los involucrados "que no hay injusticia o impunidad que no se pague". Informaron que integran el expediente que habrán de llevar a la CIDH y a las demás instancias internacionales. "No se trata de una queja o demanda -precisaron-, sino de una solicitud de opinión "sobre el estatus que guarda la protección de los derechos humanos en México".
Antes, detallaron, se tienen que agotar otras instancias, esperar a que la CNDH haga pública su recomendación y tener el aval de la familia de Ernestina Ascensión, cuyos miembros son los que deben suscribir la demanda.
Denunciaron que los familiares de la anciana han sido acosados por autoridades locales y federales, que los mantienen bajo un cerco.
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