lunes, 14 de mayo de 2007

CONCERTACION PARA LA IMPUNIDAD


Miguel Ángel Granados Chapa

Una investigación pulcra, creíble, del caso que implicó la muerte de la indígena Ernestina Ascencio, no hubiera dado pie al engendro ministerial y político que ahora vemos. Tan insólitas como sospechosas, tan burdas como delatoras, las actuaciones del Ejército y del presidente Felipe Calderón, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, más recientemente, del gobierno de Veracruz, conducen las cosas a una tesis inevitable: la de una maquinación concertada desde las cúpulas del poder para cubrir de impunidad el crimen contra una anciana indefensa.



Unido tardíamente a la concertación en pro de la impunidad de los agresores de la señora Ernestina Ascencio Rosario, el gobernador Fidel Herrera quiso contribuir con un dato definitivo, contundente, que eliminara por completo la sombra de participación militar en el ataque sexual a la anciana de 72 años agredida el 25 de febrero y muerta a la mañana siguiente:



Entrevistado por Denise Maerker el martes primero de mayo, horas después de que su procurador Emeterio López Márquez negara lo que había sostenido durante semanas, hasta por lo menos diez días atrás, Herrera dio una primicia a la conductora de Punto de partida: la señora Ascencio Rosario no sugirió siquiera que gente uniformada la atacara, porque no habló, no dijo nada. Sin citar la fuente que le permitía negar ese momento clave de este acontecimiento, Herrera se dejó llevar por el entusiasmo y para hacer creíble la nueva versión sobre los últimos momentos de doña Ernestina, distinta a la que sostuvieron sus parientes cercanos, explicó que la señora Ascencio Rosario “no habló, sólo murmuraba, porque estaba herida”.



¿Cómo que herida? ¿No acaso la verdad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la que ahora se adhería consiste en que la hoy occisa murió de causas médicas, no provocadas por un agente externo? Herida, no puede entenderse de otra manera, por una acción atribuible a una o varias personas, quizá militares, según se supo desde el principio, porque desde el principio hubo noticia de presencia castrense en los hechos, presencia que mediante acciones concertadas del Ejecutivo, la CNDH y el gobierno veracruzano se intenta ahora borrar.



“El veinticinco de febrero de dos mil siete, a las veintitrés horas aproximadamente se presenta –se lee en la primera actuación ministerial del caso– una persona que dice ser sobrino, de nombre Alfredo Ascensión Marcelin, de la señora Ernestina Ascencio Rosario, manifestando que ésta había sido violada por unos sujetos en el camino de terracería de Tetlatzinga, del municipio de Soledad Atzopan (sic), Veracruz.”



En la primera diligencia, “el personal actuante de la agencia del ministerio público se trasladó al hospital regional de Río Blanco, a las veintitrés horas con quince minutos, se entrevistan (sic) con Francisco Inés Ascención (sic) y el ingeniero René Huerta Rodríguez, líder indígena de la CROISZ, quienes señalaron que la señora fue encontrada por vecinos del lugar el día veinticinco de febrero del presente año a las cinco de la tarde y fue José Vázquez y otro vecino quienes la encontraron en el camino, ésta se encontraba tirada, dicen unos y otros dicen que amarrada, y que sólo alcanzó a decir que fue violada, sin proporcionar más datos, ya que se encontraba semiinconsciente, y que según los doctores se encuentra grave de salud, ya que le perforaron el intestino, porque arrojaba sangre del ano, que no habla español por eso no se da a entender bien”.



En ese hospital la señora murió a las seis y media de la mañana del lunes 26. Fueron de inmediato llamados a declarar sus hijos Julio, que identifica el cadáver, Francisco y Marta, “quien encontró a su finada madre”. Esa misma noche, ante unas 300 personas a las afueras de Tetlatzinga, el coronel José Soberanes informó que cuatro soldados habían sido detenidos e iban a ser investigados por ese crimen, pero se desdijo a la mañana siguiente, la del 27 de febrero. Ese día llegó a la comunidad afectada, alertado seguramente por el eventual involucramiento militar —pues no es creíble que acuda a todos los lugares donde se producen asesinatos—, el gobernador Herrera, cuyo servicio de prensa explicó que estaba allí para dar sus condolencias a los deudos de la señora “quien falleció a consecuencia de la agresión de que fue objeto por un presunto grupo de militares”. A partir de esta suposición, el subprocurador Miguel Mina Rodríguez solicitó al comandante de la 26ª Zona Militar, general Sergio Arturo García Aragón, información sobre el personal acantonado en la zona y sobre la averiguación que hubiera abierto la Procuraduría Militar. Ese mismo miércoles, alertada por la mención de miembros del Ejército en el episodio, se hace presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que solicitó se permitiera a cuatro visitadores adjuntos conocer la incipiente averiguación previa. De no saber que el asunto tocaba a personal federal, militar, la CNDH hubiera dejado que la comisión local de derechos humanos se ocupara del asunto.



El primero de marzo, en su comunicado número 17, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que “investiga la posible participación de personal militar en la violación de una mujer”. Al mismo tiempo, la Sedena desmintió “categóricamente que personal militar haya sido privado de su libertad por pobladores de la comunidad de Tetlatzinga y mucho menos que hayan sido linchados por tal hecho”. Lo que sí era cierto es que había entre los pobladores y los soldados una gran tensión, atestiguada y narrada por el gobernador. Dos días después, el 3 de marzo, la CNDH dio cuenta pública de su presencia en el caso, para investigar “la presunta violación a los derechos fundamentales de una mujer de 70 años de edad, quien falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas”.



El 6 de marzo, el comunicado número 19 de la Sedena informó del avance de las investigaciones, de las dos procuradurías, la local y la castrense, y aseguró que “en el personal militar no se encontraron indicios o pruebas que indiquen la participación de dicho personal en la muerte” de doña Ernestina. Aventuró, sin embargo, una hipótesis basada en el reconocimiento de que la víctima fue asesinada y de que había un indicio que apuntaba hacia miembros del Ejército: La conjetura, presentada como afirmación, estableció que “delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen, buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades”.



Alguien encontró errada esa sugerencia, y de manera insólita fue suprimido de la página de internet de la Secretaría, y se pidió a los medios locales en Orizaba y alrededores, que habían recibido el comunicado, que lo devolvieran o al menos lo tuvieran por no distribuido. Se hizo circular a cambio otro comunicado (igualmente número 19 para sepultar el anterior), que contenía una revelación trascendente: “Peritos especialistas llevan a cabo el dictamen percial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar”. El comunicado número 20, del día siguiente, habló nuevamente de “la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta” pero ya no dijo, en tiempo presente, que se la analizaba, sino que, remitiendo el hecho al futuro, dijo que las pruebas se harían en la Procuraduría General de la República, y que los resultados tardarían entre 15 y 20 días. 



El mismo 7 de marzo, la CNDH, convertida en supervisora de la averiguación previa, solicitó a la procuraduría veracruzana la exhumación del cadáver porque halló “diversas omisiones e inconsistencias en la primera necropsia”, cuya constancia “no coincide... con las declaraciones de los servidores públicos de dicha procuraduría y con los hallazgos surgidos del análisis médico de las 51 fotografías que proporcionó la misma procuraduría”.



Por su parte, el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, recibió ese mismo miércoles 7 a la diputada Marina Arvizu, del partido Alternativa, y al día siguiente, 8 de marzo, a los líderes de las bancadas perredistas, senador Carlos Navarrete y diputado Javier González Garza, y a otros dirigentes del PRD. Sobre esa conversación la Sedena emitió un comunicado sin número en el que se reproduce la expresión del anterior, número 20, acerca del “la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta” que sería comparada en la PGR con las muestras hemáticas del personal militar acantonado en la zona.



La exhumación para la práctica de una segunda necropsia se realizó el viernes 9. Según la CNDH, la renecropsia la organizó la procuraduría local en coordinación con la militar, “que se encontraba integrando la averiguación previa 26ZM/2007. Los peritos especializados de esta Comisión Nacional participaron en dicha diligencia con el carácter de observadores”. También “participó personal médico forense de la Secretaría de la Defensa Nacional”.



Más con impresiones que con resultados de análisis, porque era prematuro llegar a ellos, álguien acudió a Los Pinos el fin de semana siguiente y comunicó al presidente Calderón conclusiones que, deliberadamente, éste no se guardó y, al contrario, dio a conocer para marcar un nuevo rumbo a las indagaciones, de suerte de dejar de lado la presencia militar. El lunes 12 por la mañana dijo a Elena Gallegos, de La Jornada, a quien dispensaba una de las varias entrevistas organizadas para festejar sus 100 días iniciales de gobierno, que había seguido de cerca el caso Ascencio Rosario –sin que la periodista le hubiera inquirido sobre el tema— y emitió su célebre diagnóstico (que no ha coincidido con los que se dieron a conocer después, aunque el sentido sea el mismo): “La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada”. No citó a la Comisión Nacional como fuente, pero al deslizar su nombre parecia admitir que lo era.




La CNDH lo niega. En la quinta respuesta a “Treinta preguntas a la CNDH sobre el caso de Ernestina Ascencio”, esa Comisión “supone, sin saberlo a ciencia cierta –pues ello no corresponde aclararlo a la CNDH— que las afirmaciones del presidente de la República se basaron en las que le proporcionó el personal médico forense de la Sedena, presente durante la exhumación... Es claro que la CNDH no ha tenido ni tiene relación alguna de subordinación hacia el titular del Poder Ejecutivo ni le informa de sus actuaciones o investigaciones”.



Tan rotunda afirmación es increíble a la luz de lo ocurrido en otro asunto relevante que en esos mismos días estaba en curso. El 6 de marzo Soberanes entregó al secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, el informe que el día 15 rendiría ante diputados (que debieron ser sus únicos destinatarios) sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca. Le pidió observaciones en el término de 72 horas, para incorporar su contenido antes de la reunión con los legisladores. Y cuando seis semanas después la reportera de Excélsior Marcela Turati, que tenía constancia documental de esa entrega, le preguntó ex profeso, Soberanes mintió, negando que la hubiera hecho: “Sería suicida, ¿no?” .



El 14 de marzo la CNDH, en su comunicado número 39, hizo públicas sus recriminaciones a la averiguación veracruzana y destacó “que en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni ‘los múltiples desgarros’ que manifestaba la autopsia, Todavía, sin embargo, no negó que se tratara de un homicidio, pues siguió presumiendo “la violación de su derecho fundamental a la vida”. Pero ya estaba en curso la decisión presidencial de declarar la muerte médica. Con circunloquios técnicos lo afirmó la comisión el 29 de marzo (luego de obtener un fragmento del hígado de la víctima, cuyo cuerpo ha sido destazado), cuando dijo contar “con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en proceso de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen médico, no se observaron lesiones de origen traumático al exterior”.



Se consumó entonces el giro inicial: puesto que no hubo ataque de terceros, sino causas médicas, la CNDH dejó de considerar que la víctima había padecido violación a su derecho humano a la vida, y se orientó a señalar “violaciones a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y a la protección a la salud”, a las que se referiría en la recomendación que el 29 de marzo dijo que emitiría “en breve” y cinco semanas después no ha producido. También anunció que denunciaría delitos y faltas administrativas en que habrían incurrido los servidores públicos de la procuraduría veracruzana. Se buscaba de ese modo descalificar las conclusiones que hasta entonces parecían desprenderse de la investigación oficial. Era como una respuesta anticipada al señalamiento que organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo el propio 29 de marzo: Las afirmaciones de la CNDH “no abordan de manera integral todas y cada una de las evidencias y testimonios recabados en el desarrollo de la investigación, por lo que se deberá esperar a los resultados que arroje la averiguación previa” de la procuraduría local, que “es la autoridad ministerial de carácter civil responsable de agotar todas las líneas de investigación”.



La audacia de la CNDH llegaba al punto de fingir que la renecropsia negaba los resultados de la primera, y de asegurar que la causa de la muerte era médica cuando en el dictamen del 9 de marzo se lee claramente, en el punto 3 dedicado a la etiología de la muerte, que la causa fue mecánica. Más todavía, la doctora Bárbara Yllán, exsubprocuradora de Atención a Víctimas de la procuraduría capitalina, consultada una y otra vez sobre el tema por Carmen Aristegui, legítima y eficazmente atenta al caso, comparó los dictámenes de las dos necropsias y un certificado emitido por la doctora María Catalina Rodríguez Rosas, médica legista adscrita al Ministerio Público en Orizaba, cuando la señora Ernestina estaba todavía con vida. Dijo la doctora Yllán que ese documento contiene datos “coincidentes con el dictamen de exhumación en cuanto a los exámenes ginecológico y proctológico; es decir, sí se describen lesiones tanto en el órgano genital como en la zona anal de la víctima, con lo cual es posible llegar a tener elementos para una investigación... para acreditar el delito de violación”.



La declaratoria de la CNDH fue mal recibida por la familia y la comunidad de doña Ernestina. El 3 de abril los hijos de la víctima se quejaron de que Soberanes miente “al decir que la muerte de nuestra madre fue por enfermedad”. Blanche Petrich los vio en la cabecera municipal: “Las tres mujeres de largas trenzas, Marta, Carmen y Juana, a ratos se tapan la boca con el rebozo, apenadas. Los dos hombres, Julio y Francisco, se muestran firmes. Juntos, los hermanos Inés Ascencio encabezaron este martes una asamblea en la que participaron más de 100 hombres y mujeres congregados de los 22 municipios serranos y de algunas zonas urbanas de Orizaba y Córdoba”. El alcalde Javier Pérez Pascuala, que el 2 de febrero anterior se había quejado, sin ser oído, ante la Presidencia y la Sedena por abusos militares, dijo en esa misma reunión que “la declaración de la CNDH agrede a la familia” (La Jornada, 4 de abril).



En su edición de esa misma fecha, El mundo de Orizaba publicó que René Huerta, el líder de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), estaba siendo acosado. En las semanas recientes, dijo, lo seguían dos camionetas de modelo reciente. Interpretó el asedio como un intento de intimidación para que abandonara su posición: “el mismo Ejército y el gobierno federal estuvieron esgrimiendo el argumento del grupo guerrillero como causante del crimen; ahora, como eso no les resultó, el Ejército y gobierno federal, apoyados por la CNDH, están diciendo que fue de muerte natural. Estos grupos tienen el mismo objetivo: distorsionar la verdad”.



En esa decisión de “distorsionar la verdad”, el 5 de abril la Sedena hizo su parte, se delató a sí misma como mentirosa. A diferencia de lo afirmado el 6, el 7 y el 8 de marzo, dijo no contar “con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario y jamás lo ha tenido”. Y en la misma línea que la CNDH, cargó contra la procuraduría veracruzana, que la Sedena creía estaba en posesión de esa muestra, por lo que esperaba recibirla (y no obstante aseguró una y otra vez que la tenía) sin que hasta el momento eso hubiera ocurrido.




El 10 de abril, un poco tarde para ese efecto declarado, llegó hasta Tetlatzinga, para expresar las condolencias del presidente Calderón, el subsecretario de Gobernación Abraham González Uyeda. Su visita, repetida el 19 de abril, sería muy eficaz, pues persuadió a la familia de retraerse del caso, efecto para el cual contó con la ayuda de René Huerta, quien rehusó asistir a una reunión de la CROISZ y fue por ello depuesto de su liderazgo.



En ese mismo 19 de abril Soberanes debía comparecer ante diputados, que lo habían citado una semana atrás. A última hora los legisladores aplazaron la cita, lo que no fue obstáculo para que el ombudsman montara una aparatosa explicación a los medios. Subrayó su actitud de 20 días atrás: Atribuyó a la procuraduría veracruzana haber afirmado que la señora Ascencio Rosario “fue víctima de una violación tumultuaria” con base “en supuestas pruebas hechas al vapor, y la acusó de “falta de profesionalismo... manipulación de pruebas” y de omisiones, errores y “graves descuidos de algunos de sus servidores”. Y lamentó que “en vez de corregirlos pretenda negarlos y con ello abra, de par en par, las puertas de la suspicacia y las suposiciones sin fin y sin límite”.



El principal destinatario de las acusaciones no guardó silencio. Ya en ocasiones anteriores el procurador Emeterio López Márquez había refutado dichos de Soberanes. Notablemente molesto, demandó del presidente de la CNDH acreditar sus afirmaciones, porque son “temerarias”, e insistió en que, si bien no podía ser más explícito a causa del sigilo ministerial, “sí había habido violación” y que tenía las pruebas de ello. Denunció a su vez que la CNDH “se está arrogando atribuciones que solamente tiene el Ministerio Público”. Habló en tal sentido directamente ante la prensa en Jalapa y en entrevistas con Carmen Aristegui y Denise Maerker. Pero no pudo mantenerse mucho tiempo en esa posición porque el lunes siguiente su jefe el gobernador se arregló con Soberanes para sintonizar las posiciones discordantes.



Persuadido quién sabe por qué oscuro motivo, Herrera visitó a Soberanes el martes 24 y se rindió. Esperó para producir los efectos de su nueva actitud a que el presidente de la CNDH cumpliera su cita con los diputados, fijada para el día siguiente, 25 de abril. La comparecencia se interrumpió cuando Soberanes pretendió que los legisladores oyeran a sus asesores, y mostrar fotografías. Consiguió el efecto de aparecer como víctima de sectarismo y de incongruencia, y los medios atendieron menos las razones de las diputadas y diputados, que posteriormente explicaron que el formato del encuentro había sido previamente aceptado por Soberanes, quien expuso durante más de una hora, y que la reunión fue interrumpida por Soberanes –quien dijo estar “sacado de onda”— cuando “le solicitamos se abstuviera de mostrar imágenes del cuerpo sin vida de la señora Ernestina... que actualmente forman parte de una averiguación previa... que resultaban ofensivas a la memoria de doña Ernestina; sin embargo, nunca se le negó el derecho de explicar su contenido”.



Soberanes, por lo demás, había mostrado esas fotos y hecho hablar a sus asesores ante públicos específicos, como el Consejo Consultivo de la Comisión que preside y aun ante ministros de la Suprema Corte de Justicia, cargo al que según los conocedores aspira y para el cual debe ser propuesto por el presidente de la República, cuando concluya su período al frente de la CNDH y aun antes. Muy otro fue el resultado de la comparecencia, al día siguiente, jueves 26, del general secretario de la Defensa, quien explicó, sin entrar en pormenores por eso mismo, que la averiguación previa militar estaba en curso y no había llegado a conclusiones.



Fidel Herrera, en cambio, sí tenía ya las suyas. En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, exoneró a los militares, como primer paso de su palinodia. Lo hizo tartajosamente: “Confío plena y absolutamente, porque estuve en el sitio, que nadie, ningún integrante del Ejército Mexicano tiene ninguna acción que ver con lo que ocurrió”. Para mostrar que la rendición fue completa, y como si no conociera las expresiones ofensivas a su procurador, Herrera dijo también: “debo reconocer que la actitud de la CNDH fortalece el trato respetuoso e institucional”.



El lunes 30, ya anochecido, el fiscal especial del caso, Juan Alatriste, y el procurador López Márquez cerraron la fase ministerial del caso: Anunciaron el no ejercicio de la acción penal, porque la víctima murió de parasitosis (no de anemia aguda, según el dictamen de la CNDH, ni de gastritis, según el dicho presidencial) y su muerte “no es imputable a factores externos a la fisiología de su organismo”. No pudieron borrar, sin embargo, la evidencia de los desgarres anales, pero estos “pueden deberse a diversos factores”. Y dijeron que pasó a segundo plano la cuestión de si la muerte tuvo causa médica o mecánica.



El procurador y el fiscal no aceptaron preguntas, Sí lo hizo, al día siguiente, Herrera mismo, convocado por Denise Maerker para su Punto de partida. Allí reveló el silencio final de la víctima, con lo que dejó como mentirosos a sus hijos, con los que ya se había reunido ese mismo día para explicarles la decisión del Ministerio Público y orientarlos sobre el curso legal posible. Ya lo había hecho antes el subsecretario de Gobernación, pues se hizo circular una carta atribuida a los Inés Ascencio —no obstante que el texto asegura que no saben leer ni escribir— en donde piden que se les deje en paz.



De eso se trata, de que se deje a todos en paz, aunque reine la impunidad. 


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