ERNESTINA. EL OLVIDO

José Gil Olmos

México, D.F., 1 de mayo (apro).- La noche del martes 24 de abril Ernestina Ascencio Rosario “murió” oficialmente. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, recibió en sus oficinas al gobernador de Veracruz, el priista Fidel Herrera, y en privado acordaron finiquitar la investigación del fallecimiento de la indígena nahua. Oficialmente no perdió la vida por una presunta violación a manos de un grupo de soldados del 63 Batallón, sino de “parasitosis” y “anemia aguda” mal atendida.

Después de dos meses de conflicto político y mediático, luego de una larga y penosa lista de contradicciones y violaciones a la ley en las que incurrieron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Felipe Calderón, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Procuraduría de de Veracruz, el caso de Ernestina Ascencio Rosario ha sido cerrado.

Por fin se deshicieron del caso de Ernestina, las manos se les quemaban con el expediente y no sabían qué hacer con este escándalo que ha puesto en entredicho no sólo al sistema de justicia estatal y federal, sino también a la institución militar que quiso manipular la información, al presidente Felipe Calderón --que trató de jugar el papel de agente del Ministerio Público-- y a la CNDH, cuya credibilidad ha venido a menos por su ineficiencia y torpe acción, pues en lugar de asumir el papel de “defensor del pueblo”, actuó como abogado del Ejecutivo federal y del Ejército.

La muerte de Ernestina, ocurrida el 25 de febrero en Atzompa, Veracruz, es un ejemplo de cómo en un solo caso las autoridades de todos los niveles han incurrido en contradicciones serias, e incluso en violaciones a la ley.

En un principio el examen médico y los dos peritajes de la Procuraduría veracruzana indicaron que había fallecido de una “fractura craneoencefálica y cervical”, además que su cuerpo presentaba desgarros en la parte vaginal y anal, así como equimosis en el cuerpo producto de una agresión, lo que coincidía con las declaraciones de los familiares de Ernestina, quienes señalaron que sus últimas palabras fueron: “Los soldados se me echaron encima”.

En un principio el presidente de la CNDH estuvo de acuerdo en esta versión y hasta condenó el crimen, y con sus declaraciones inclinaba el caso hacia la responsabilidad de militares en la posible violación tumultuaria.

El 6 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado que vino a provocar más confusión, pues admitía que había habido un “crimen”, pero acusaba a “grupos” contrarios a la institución. “…es preciso señalar que grupos desafectos a este instituto armado, en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana, y en este caso en particular delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen, buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades”.

La intención del Ejército fue acusar a grupos guerrilleros de haber cometido la agresión, y con ello sacar a los militares de la zona de influencia. Sólo que este boletín fue retirado por personal militar y sustituido por otro que, a la postre, también provocó problemas, pues reconocía que se habían tomado muestras del líquido seminal del cuerpo de Ernestina, y que se iban a comparar con el recogido en la zona militar.

Sin embargo, antes que concluyera la investigación a cargo de las procuradurías de Veracruz y Militar, el 13 de marzo en el periódico La Jornada, Felipe Calderón, como si fuera agente del MP, adelantó la conclusión de las investigaciones de la CNDH y la Procuraduría Militar: Ernestina murió de “gastritis crónica”, afirmó el presidente.

El 28 de marzo, el diputado del PAN, general retirado Jorge González, mostró a los reporteros de la Cámara de Diputados un documento de la CNDH en el que ya se anticipaban las causas clínicas de la muerte de Ernestina Ascencio, descartando la violación.

Para entonces la CNDH ya tenía pruebas de que la Procuraduría de Veracruz había cometido graves fallas: había “perdido” las pruebas del líquido seminal, en la exhumación no se encontraron señales de violación y tampoco de fractura craneoencefálica.

Por su parte, la Sedena también ya preparaba el contraataque. El viernes 6, el encargado de Comunicación Social del Ejército, general brigadier Mario Lucio González Cortés, envió una carta al diario La Jornada, señalando un dato inaudito:

“La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y jamás lo ha tenido”.

Las versiones de la CNDH, Presidencia y Sedena coincidían. No había un solo rastro de violencia en la muerte de Ernestina.

De la otra parte, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y el procurador Emeterio López Márquez, guardaron silencio, y la noche del 24 de abril pactaron con Soberanes en una reunión privada.

Así, el 30 de abril, en pleno puente vacacional, el caso de Ernestina Ascencio fue cerrado.

El fiscal especial de la indagatoria, Juan Alatriste, dio parcialmente la razón a la CNDH, al concluir que la indígena, de 73 años “no fue violada sexualmente”, sino que murió de “parasitosis”.

En otras palabras, Ernestina oficialmente murió de pobre. Pero si las causas del fallecimiento de la indígena de Zongolica cambiaron oficialmente, el descrédito de las instituciones persiste, sobre todo de la CNDH.

Pues resulta que para el informe especial del conflicto de Oaxaca, la CNDH lo puso --nueve días antes de publicarlo-- a la consideración de la Secretaría de Gobernación y de la PGR, a fin de que emitieran sus “observaciones”. No le importó la autonomía de la institución, sólo buscaba quedar bien.

De ahí la interrogante de si no hará lo mismo con la recomendación del caso de Ernestina Ascencio: enviarlo previamente al Ejército y a la Presidencia para que hagan sus “observaciones” pertinentes, ya después darlo a conocer a la ciudadanía. Este escenario no se descarta con Soberanes, al que desde ahora se menciona que buscará un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o en alguno de los tribunales judiciales, justo cuando concluya su mandato en la CNDH, en el 2010. Favor con favor se paga.