EL GOBERNADOR SE DOBLA

Regina Martínez


XALAPA, VERACRUZ- La noche del 30 de abril, en una conferencia de prensa casi clandestina, el caso de Ernestina Ascencio dio un vuelco sorpresivo: El fiscal especial designado por la procuraduría estatal, Juan Alatriste Gómez, afirmó que la muerte de la anciana indígena “no es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo, ya sea que la causa se clasifique como mecánica o patológica, aspectos que quedan en segundo plano y como materia de homologación de criterios”.



En su dictamen de sólo dos hojas, Alatriste reconoció la existencia de desgarres anales en el cuerpo de la señora, “pero pueden deberse a diversos factores, razón por la que no hay mayores indicios criminalísticos que hagan presumir la introducción de un miembro viril o instrumento por la vía no idónea”. 



Tal y como lo “anticipó” el presidente Felipe Calderón y como lo secundó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) concluyó que Ernestina Ascencio “murió por causas naturales”, ya que los análisis de laboratorio reportaron “una parasitosis y la existencia de heces intestinales pétreas o impactación fecal enmascarada en sangrado melénico”...



Con ese dictamen el gobierno veracruzano se desdijo de su versión inicial, según la cual médicos forenses de la PGJE acreditaron que la anciana de 73 años “murió de manera violenta”, ya que habrían encontrado evidencias de violación sexual, fractura craneoencefálica, golpes y fractura de costillas. 



La decisión de cerrar el caso sorprendió a las autoridades de las casi 40 comunidades del municipio de Soledad Atzompa. “No esperábamos esa respuesta”, admitió el alcalde Javier Pérez Pascuala. Y la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Rocver), conformada por cerca de 40 agrupaciones, advirtió que junto con las autoridades municipales de Soledad Atzompa acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional para exigir que se reabra la investigación.



En el caso de esta anciana indígena, manifestó la Rocver en un comunicado, “se utilizó el poder del Estado para cercar a la familia y crear una visión oficial que exculpe al Ejército. Y el gobierno estatal prefirió darle una salida política y negociada inaceptable, que lo muestra como un mero apéndice de la Presidencia de la República”. 





Soldados en la escena 





”Fue un proditorio asesinato, horrible, de una indígena veracruzana, doña Ernestina Ascencio, que fue brutalmente ultrajada y su cuerpo arrojado a una ladera, ahí, en un hoyo”, decía el gobernador Fidel Herrera el 9 de marzo, días después de la muerte de la anciana de 73 años. 



Todo el regimiento de Orizaba fue acuartelado, dijo, “para que tanto personal militar de alta calidad como del fuero común de Veracruz puedan desarrollar la más profunda investigación de todos los instrumentos científicos a su alcance para determinar responsabilidades en el terrible homicidio de una indígena veracruzana”. 



Herrera Beltrán sostuvo la hipótesis del asesinato proditorio (traicionero), hasta antes de reunirse el 26 de abril con el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, para conocer la información técnica y científica recabada por el organismo sobre el caso.



Un día después del fallecimiento de la indígena en el hospital de Río Blanco, el 27 de febrero, y ante los reclamos de justicia, el gobierno estatal informó en un comunicado de prensa que mientras se realizaban las investigaciones “cuatro elementos del Ejército, señalados como presuntos responsables de este crimen, están a disposición del Ministerio Público.



“Los militares se encontraban destacados en esa comunidad y pertenecen al cuartel militar de San Antonio, del 63 Batallón de Infantería con base en Orizaba”, precisaba el boletín difundido después de que Herrera Beltrán visitó Tetlatzinga para darle sus condolencias a la familia Ascencio Inés.



A esos mismos soldados, el alcalde Pérez Pascuala y otras 300 personas los vieron pasar a bordo de dos vehículos militares, provenientes de la parte alta del municipio. Eran alrededor de las 21 horas del 26 de febrero. Recuerda la autoridad municipal: 



“Esa noche, tras expandirse la noticia de la muerte de Ernestina Ascencio, unas 300 personas llegaron hasta mi domicilio, en la congregación de Atzompa, para preguntarme si era cierto que los militares habían agredido a la señora” 



“Yo ya había hablado con el gobernador para comentarle el lamentable hecho y el se comprometió a que al otro día estaría muy temprano en nuestro municipio para informarse personalmente de lo que había pasado. Eso le estaba explicando a la gente cuando vimos los vehículos militares. 



“Eran dos vehículos tipo pick up donde iban varios soldados y que por la multitud que había en ese momento frente a mi casa no podían avanzar, ya que la gente estaba tapando el camino. 



“Luego de acreditarme como presidente municipal, le pregunté al militar que iba al mando a dónde se dirigían. Respondió que se marchaban de Tetlatzinga rumbo a Ciudad Mendoza y que tenía órdenes superiores de llevarse a unos soldados. 



“Mire, señor presidente, entendemos la inquietud de la gente, pero acá atrás vienen cuatro sospechosos que podrían ser los culpables, ya no vestidos de militar, sino de civil, me dijo, y vi que otros seis militares los venían custodiando. Pero la gente no le creyó y empezó a gritar.”



El comandante del grupo, cuyo nombre no recuerda Pérez Pascuala, se comunicó con el procurador del estado, Emeterio López Márquez. “Me pasó el teléfono y el procurador dijo que esperaba a los militares en Orizaba, donde iban a interrogarlos para ver si ellos eran los responsables; y que si no los dejaba pasar, yo sería el responsable”, relata el alcalde. 



La gente dejó que los militares continuaran su camino a Orizaba. Pero nunca se supo en qué pararon esas investigaciones ni cuál era la situación jurídica de los soldados detenidos por el propio Ejército.



Todavía el 11 de abril, cuando tenía encima las acusaciones de la CNDH en el sentido de que la PGJE hizo de la investigación “un cochinero”, el procurador López Márquez reiteró: “Hay evidencias de que sí hubo violación, aunque será el Ministerio Público el que habrá de determinar el delito”.



También cuestionó a José Luis Soberanes “por haberse adelantado a emitir opiniones cuando nosotros todavía estamos integrando una investigación ministerial y hay que esperar a que el fiscal la concluya”. 





Y de pronto... no hubo crimen



Incluso la opinión de los hijos de Ernestina Ascencio cambió radicalmente. Ocurrió después de que se entrevistaron con los visitadores de la CNDH, que llegaron en los primeros días de marzo para exhumar el cuerpo. El 11 de abril, los deudos se reunieron en privado con el subsecretario de Gobernación Abraham González, en Boca del Río.



En opinión del perredista Julio Atenco, fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se aprovechó de la pobreza de la familia de la indígena ultrajada y la “controló por el estómago” para cambiar el rumbo de la indagatoria iniciada el 25 de febrero, cuando Ascensio Rosario les reveló a sus hijos que los soldados “se le habían echado encima”.



Lo mismo hizo Calderón, según Atenco, con el gobierno del estado: “presionó al gobernador Fidel Herrera Beltrán para cambiar la verdad histórica”.



En este “trabajo sucio” –como lo califica– destacó la intervención del actual dirigente en la zona de la CROISZ, René Huerta, “quien gestionó beneficios por ambos lados”. Según Atenco Vidal, las autoridades comunales se dieron cuenta de las maniobras de Huerta y en una asamblea a mediados de abril acordaron desconocerlo como dirigente de la CROISZ, “pues ya había manipulado a la familia para que no hablara con nadie si él no estaba presente”.



En este caso, señala, ni la Presidencia de la República ni el Ejército como instituciones estaban en duda: “Nosotros nunca las atacamos, pues altos mandos habían fijado su postura de dejar en libertad la investigación y sancionar a los responsables de los hechos”. 



Pero al encubrirlos, afirma, “estas instituciones terminaron ensuciándose”, politizaron el conflicto y ocultaron la verdad que incluso el gobierno estatal demostró el 16 de abril ante una comisión plural de diputados federales: que “hubo violencia y violación”.



En esa ocasión, junto con los diputados federales y locales estuvieron presentes el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, y el propio Atenco. Ahí, la PGJE y la Fiscalía Especial mostraron cómo “en el cuerpo de la señora se encontró fosfata ácida y proteína B-30”, sustancias que, dice, “sólo las produce la próstata y se incrementan cuando el hombre tiene actividad sexual”.