Roberto Vízcano / Transición / Jueves 19 de abril del 2007
Mientras familiares, autoridades municipales y estatales, includo el gobernador, Fidel Herrera dicen que murió debido a golpes y violación, el presidente Felipe Calderón, el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván y otros muchos funcionarios y especialistas lo niegan
Todo ocurrir entre martes y miércoles próximos: en esos días comparecerán ante diputados federales el doctor José Luis Soberanes y el general Guillermo Galván Galván.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acudirá primero, y el titular de la SEDENA lo hará después. Cada uno ante la comisión de su ramo aun cuando se espera acudan otros muchos legisladores e interesados.
Los dos expondrán sus pruebas, argumentos y razones por las cuales aseguran que las causas que motivaron el fallecimiento de la indígena Ernestina Ascencio Rosario el 25 de febrero pasado no son, ni una golpiza ni una violación multitudinaria realizada por soldados adscritos a Zongolica, como afirman parientes, autoridades estatales y decenas de organizaciones no gubernamentales.
No se esperan sorpresas. Ahí Soberanes y Galván se lanzarán a la yugular política y mediática del gobernador veracruzano Fidel Herrera, quien ha sostenido -junto con su procurador y equipo forense-, que Ernestina murió porque fue violada y golpeada por soldados.
Entrón, acostumbrado a dar grandes batallas, consciente de que tiene predominio en el tema, Soberanes se presentar ante los legisladores -muchos de ellos muy hostiles ahora hacia su persona y gestión, y sus críticos más duros, especialmente las diputadas del PRD-, adelantó retador:
Yo lo que quiero saber es por qué, esos que dicen que la señora Ernestina Ascencio Rosario murió porque fue golpeada y violada, me digan cuales son sus propósitos.
Al exigirlo, deja en claro lo que piensa de quienes sostienen lo contrario a lo que él afirma. Ya la sola exigencia de que se aclare cuáles son esos propósitos, representa una descalificación de sus detractores.
Respecto hacia dónde podran apuntar esas motivaciones, advierte con cierto desprecio: Es obvio que se ha querido, intentado contaminar políticamente este asunto.
Y le precisa a los diputados ante quienes comparecerá: de ninguna manera entrar en una guerra de declaraciones, simplemente expondré evidencias científicas y datos duros que confirmarán que la señora Ernestina no murió como ellos dicen y no voy a ponerme a pelear como verdulera por lo que dicen o no dicen, subrayó.
La aclaración podra ir dirigida también para el gobernador Herrera Beltrán, el procurador del estado Emeterio López Márquez y el equipo de peritos forenses que abrieron la polémica al documentar oficialmente esa agresión y presunto asesinato.
En cascada llegaron después las denuncias de los cinco hijos de la indígena fallecida -Marta, Carmen, Juana, Julio y Francisco-; del presidente municipal de Soledad Atzompa, Veracruz, el perredista Javier Pérez Pascuala; autoridades y pobladores de al menos otros ocho municipios de la región; medios informativos, legisladores de varios partidos, así como una serie de organizaciones no gubernamentales quienes han hecho circular documentos, fotos y artículos con los cuales pretenden confirmar ante la opinión pública nacional e internacional que Ernestina, quien se supone contaba con 73 años de edad, murió a consecuencia de una golpiza y violación cometidos por militares.
En contrasentido a todo esto, desde el 9 de marzo pasado en que le fue efectuada una segunda autopsia a petición de la propia CNDH -y en la cual estuvieron presentes peritos especializados de esta misma Comisión, así como de la Defensa Nacional y otros organismos-, el doctor Soberanes y el general Galván han insistido una y otra vez que el fallecimiento de doña Ernestina fue el resultado de una anemia aguda y por sangrado en el tubo digestivo debido a úlceras gástricas pépticas también agudas aunadas a una neoplastía hepática maligna y a un proceso neumónico en etapa de resolución, o sea, de muerte
De ahí no se han movido y Soberanes dice además contar con el aval de otros especialistas y pruebas biológicas, así como con videograbaciones realizadas durante la segunda autopsia que confirman sus afirmaciones y, sobre todo, desmienten lo que aseguran todos los demás, lo cual quiere decir que el gobernador Fidel Herrera, el procurador del estado y sus peritos y todos los demás, mienten.
Lo que sea que haya sido, la muerte de Ernestina está rodeada de muchas dudas y contradicciones.
Tan sólo un ejemplo: mientras los datos oficiales dicen que al morir contaba con 73 años de edad, sus familiares pusieron en las dos cruces que colocaron en su tumba, que al fallecer tenía 63
Y de ahí hasta lo que dicen la primera y segunda autopsias: los primeros dados indican que la doctora María Catalina Rodrguez Rosas, adscrita a la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y Delitos Contra la Familia, en Orizaba, envio un informe a la agente del Ministerio Pblico, licenciada María de Lourdes Montes Hernández, en el que dice que a las 23:40 horas del 25 de febrero Ernestina, quien estaba aún con vida fue ingresada (al hospital regional de Río Blanco) en estado grave, con riesgo de muerte... con probable perforación de recto, bronconeumonía, encefalopatía hipxico isquémica, hipotermia (sic) y con presumibles muestras de agresión sexual". Al final, en Conclusiones, certifica: "...esfínter anal con desgarros recientes en horas 11, 1 con sangrado en capa, con sangrado trans-anal abundante, con probable perforación rectal".
En la certificación de la primera autopsia, realizada en la "Funeraria Vázquez" a partir de las 11:00 horas del día siguiente, 26 de febrero, y firmada por el doctor Juan Pablo Mendizábal Pérez, de la Delegación de Servicios Periciales se afirma que las causas de la muerte fueron "traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras cervicales, anemia aguda", y se agrega que, se apreció líquido seminal en abundancia (en genitales)... desgarro reciente en hora 6, en relación a las manecillas del reloj".
Pero las conclusiones de la segunda necropsia dicen: el cuerpo de Ernestina presenta despulimiento de mucosa gástrica y pequeñas zonas de ulceraciones en el antro folicular, ocasionado por estress al que haya estado siendo sometida, (aunado todo esto con desgarros que presenta a nivel de región peri anal y anal), así como la edad que presentaba (senil)"
Concluye entonces que por ello la causa de la muerte fue mecánica y que a nivel de región genital sólo se observan laceraciones y eritema, con edema vulvar, lo cual desmiente, o no confirma, la violación y desecha la existencia de líquido seminal.
Quién entonces tiene la razón dónde está la verdad?
Lo que sea, el golpe de ambos va directo a la quijada política del gobernador Herrera Beltrán.
rvizcaino@mejico.com
viernes, 4 de mayo de 2007
¿A QUE LE TIRA FIDEL HERRERA?
Roberto Vízcano / Transición / Martes 3 de abril del 2007
Con Fox a Fidel le fue muy bien el gobernador le pedía 100 y Fox le daba 200 Ahora anda buscando que Calderón al menos lo trate igual, advierte ese suspicaz cercano al nuevo presidente.
Si hay un gobernador mañoso, con la más alta experiencia y currículo poltítico en el país, ese es el veracruzano Fidel Herrera. Simplemente no se le va una.
Por eso no pocos arquean las cejas cuando ven la disputa meditáica en que se ha metido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que comanda el aguerrido doctor en derecho José Luis Soberanes respecto de la muerte de la indígena septuagenaria Ernestina Ascencio, ocurrida el 25 de febrero pasado.
Fidel Herrera sabe perfectamente que afirmar que la septuagenaria fue violada y asesinada por miembros del Ejército como lo reportaron en primera instancia los forenses de la Procuraduría estatal, es desvirtuar, contradecir no lo que dice Soberanes, sino lo que afirmá el presidente Felipe Calderón y lo que recontra asegura la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las afirmaciones del habilidoso gobernador veracruzano, indican descreídas, suspicaces fuentes cercanas a Los Pinos, podran tener que ver más con el inicio de una nueva negociación y trato con el gobierno federal entrante, que con la búsqueda de la justicia. Fidel, aseguran, quiere baraja nueva y aprovecha para lograrlo lo del deceso de doña Ernestina.
Con Fox a Herrera le fue muy bien el gobernador le pedía 100 millones y Fox le daba 200 Ahora anda buscando que Calderón al menos lo trate igual, advierte ese suspicaz cercano al nuevo presidente. Será? usted a quién le cree?
Con Fox a Fidel le fue muy bien el gobernador le pedía 100 y Fox le daba 200 Ahora anda buscando que Calderón al menos lo trate igual, advierte ese suspicaz cercano al nuevo presidente.
Si hay un gobernador mañoso, con la más alta experiencia y currículo poltítico en el país, ese es el veracruzano Fidel Herrera. Simplemente no se le va una.
Por eso no pocos arquean las cejas cuando ven la disputa meditáica en que se ha metido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que comanda el aguerrido doctor en derecho José Luis Soberanes respecto de la muerte de la indígena septuagenaria Ernestina Ascencio, ocurrida el 25 de febrero pasado.
Fidel Herrera sabe perfectamente que afirmar que la septuagenaria fue violada y asesinada por miembros del Ejército como lo reportaron en primera instancia los forenses de la Procuraduría estatal, es desvirtuar, contradecir no lo que dice Soberanes, sino lo que afirmá el presidente Felipe Calderón y lo que recontra asegura la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las afirmaciones del habilidoso gobernador veracruzano, indican descreídas, suspicaces fuentes cercanas a Los Pinos, podran tener que ver más con el inicio de una nueva negociación y trato con el gobierno federal entrante, que con la búsqueda de la justicia. Fidel, aseguran, quiere baraja nueva y aprovecha para lograrlo lo del deceso de doña Ernestina.
Con Fox a Herrera le fue muy bien el gobernador le pedía 100 millones y Fox le daba 200 Ahora anda buscando que Calderón al menos lo trate igual, advierte ese suspicaz cercano al nuevo presidente. Será? usted a quién le cree?
jueves, 3 de mayo de 2007
INADECUADO, EL PROCEDER DE LA PGJ-VERACRUZ: HERRERA BELTRÁN

De la redacción
México, D.F., 2 de mayo (apro).- Tras negar cualquier tipo de presión sobre su gobierno, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, aseguró que está convencido de que la investigación que hizo su gobierno de la muerte de Ernestina Ascencio, fue “a fondo”.
Añadió que, “tan es así”, que la familia de la indígena firmó de conformidad la averiguación.
“Estoy tranquilo con lo ocurrido. No hubo presión y doña Ernestina va a poder descansar en paz”, dijo Fidel Herrera, quien prometió que no habrá impunidad.
En entrevista con Denise Maerker en el programa “Punto de Partida”, Herrera Beltrán respaldó las averiguaciones hechas por el Ministerio Público de esa entidad.
“Desde el primer día que estuve en la comunidad, con el Batallón García y con los familiares de la señora Ernestina, percibí la necesidad de ir a fondo, y estoy convencido de lo que hicimos. No habrá impunidad”, añadió.
No obstante, Herrera Beltrán aceptó que fue inadecuado que miembros de la procuraduría de Veracruz hicieran públicas las conclusiones y líneas de investigación del caso, ocurrido en la Sierra de Zongolica.
“Si alguien cometió una falla o delito tendrá que ser sancionado conforme a la ley”, subrayó.
Afirmó que la averiguación del Ministerio Público fue enriquecida con elementos científicos, con investigación de carácter penal y con hipótesis de personas que fueron interrogadas.
Señaló que el Ministerio Publico notificó a los familiares de Ernestina Ascencio toda la investigación que se fue realizando, desde el día de su deceso, y dijo que la familia de la indígena firmó de conformidad la averiguación.
Al referirse al cambio en las hipótesis que manejó su gobierno, Herrera Beltrán consideró que “había una investigación en curso, en la que se realizaron algunos eventos jurídicos”.
Negó cualquier tipo de presión sobre su gobierno.
“Sé hacer mi tarea. Estoy tranquilo con lo ocurrido. No hubo presión, y doña Ernestina va a poder descansar en paz, a costa de los que dicen defenderla y lucran con su memoria. La verdad la va a creer quien tenga conciencia real de lo que ocurrió y quien conozca cómo se realizaron estos trabajos. Estoy dispuesto a comparecer con toda claridad y limpieza”, concluyó.
SE ANUNCIAN ACCIONES PARA LLEVAR EL CASO ERNESTINA A LA CIDH
Regina Martínez y Laura Castro Medina
Soledad Atzompa, Veracruz, 2 de mayo (apro-cimac).- Julio Atenco Vidal, líder en la sierra de Zongolica, anunció que el 27 y 28 de mayo los habitantes de esa población realizarán una asamblea para analizar la posibilidad de interponer un recurso legal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el carpetazo que las autoridades estatales dieron al caso de Ernestina Ascencio.
Sostuvo que "el caso de Ernestina no se ha cerrado, esto apenas comienza, buscaremos las instancias internacionales para esclarecer el homicidio, que no sólo lesionó a una familia sino a todos los pueblos indígenas del país; este es un asunto de carácter nacional".
Después que la Procuraduría veracruzana anunció el cierre de las investigaciones, atribuyendo a causas naturales la muerte de Ernestina, Atenco dijo que ha establecido comunicación con diversas organizaciones de todo el país y del extranjero, las que se han solidarizado en la búsqueda de justicia para los grupos indígenas de la sierra de Zongolica.
Explicó que aunque la Procuraduría cerró el caso, para el pueblo indígena esto aún continúa, y si no encontraron un respaldo en las instancias nacionales, buscarán el respaldo de organismos internacionales.
Reiteró que Amnistía Internacional (AI) cuenta ya con un amplio expediente del caso, el cual siguen enriqueciendo con sus propias investigaciones.
Lamentó la actitud de las hijas e hijos de Ernestina Ascencio, quienes han recibido una serie de ayudas del gobierno estatal y ahora suprimen sus reclamos de justicia.
Sin embargo, la muerte de Ernestina es un asunto que compete a todo el país, por ello la solicitud de intervención de la CIDH no se hará como comunidad de Soledad Atzompa, sino como asamblea de pueblos de todo el país, porque una instancia federal violó los derechos de todos los indígenas de México.
Exigen comparezca procurador
Y pese a que oficialmente ya se cerró el caso, después de que la PGJE concluyera que la muerte de la anciana náhuatl se debió a "causas naturales" y determinar el no ejercicio de la acción penal, "pues no hubo crimen ni violación", el Congreso sigue esperando que comparezca el procurador Emeterio López, señaló el perredista Uriel Flores Aguayo.
Sostuvo que aquí no se autoriza que los titulares de las dependencias comparezcan ante la Legislatura local, "porque piensan que vienen a perder el tiempo", refirió en la sesión plenaria, después que los priistas se quejaron de nombramientos de panistas en las delegaciones federales, "sin informar al gobierno estatal".
Por su lado, la legisladora panista Sara María López Gómez consideró necesaria la comparecencia del titular de la PGJE, "toda vez que se ha determinado que la indígena Ernestina Ascencio Rosario no fue violada ni asesinada por miembros del Ejercito".
Al considerar que la procuración de justicia en Veracruz "no está en buenas manos", la panista cuestionó las inconsistencias generadas con la resolución de la PGJE, por lo que López Márquez tiene el deber de aclarar "¿quién se equivocó?".
En toda la comedia de enredos oficiales, "se tiene que aclarar a los veracruzanos quién se equivoco, qué proceso administrativo se seguirá a los responsables de los continuos enfrentamientos entre PGJE y CNDH".
Ante la decisión de cerrar el caso jurídicamente, subrayó, se "están aceptando errores en los dictámenes de los peritos, que dijeron que las causas de la muerte de Ascencio Rosario se derivaron de la violación sexual que sufrió".
Por ello, insistió, es necesario que López Márquez comparezca ante el Congreso local para explicar su actuación, y la de los peritos, para informar también sobre la determinación de que la muerte de Ernestina "no fue imputable a factores externos a la fisiología de su organismo".
El 21 de marzo, recordó, presentó ante la diputación permanente un punto de acuerdo para que se citara a comparecer al procurador, ante las pugnas mantenidas entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la PGJE en torno al caso.
Ahora, refirió, el fiscal especial Juan Alatriste Gómez concluye que la muerte de doña Ernestina "no es imputable a factores externos de su organismo, sino se debió a una anemia aguda, y que el sangrado pélvico fue consecuencia de los problemas gastrointestinales que sufría la fallecida".
Por ello "debemos preguntar si los veracruzanos podemos seguir confiando en el procurador", ya que este no es el único caso donde los errores en la investigación ministerial han provocado que no se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables.
Incertidumbre y desprestigio
Por otra parte, la diputada Marina Arvizu, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Alternativa, solicitará una explicación por parte del procurador veracruzano sobre cuáles fueron las razones médicas que lo llevaron a modificar sus declaraciones de manera tan radical, cuando apenas hace unas semanas vino a la Cámara de Diputados a decir que tenían todas las pruebas de que Ernestina había sido violada y su muerte fue la consecuencia de esta agresión.
El sorpresivo argumento de que la indígena náhuatl murió de parasitosis, y no por una violación, como lo había sostenido, así como el cierre del caso por parte de la Procuraduría local, deja una profunda duda en la sociedad y una total incertidumbre jurídica para todos los mexicanos, aseguró Arvizu.
El viraje en las afirmaciones del procurador de Veracruz, Emeterio López, en el sentido de que Ernestina no fue violada ni asesinada, deja muchas más dudas de las que había antes, y sobre todo la sospecha de que algo muy grave pasó en la sierra de Zongolica y se está tratando de tapar lo más pronto posible.
Para Alternativa, refiere el boletín, este caso, además de grave, deja un mal sabor de boca en los ciudadanos mexicanos, quienes cada vez más desconfían de las instituciones que deberían de garantizar una justicia pronta y expedita.
Soledad Atzompa, Veracruz, 2 de mayo (apro-cimac).- Julio Atenco Vidal, líder en la sierra de Zongolica, anunció que el 27 y 28 de mayo los habitantes de esa población realizarán una asamblea para analizar la posibilidad de interponer un recurso legal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el carpetazo que las autoridades estatales dieron al caso de Ernestina Ascencio.
Sostuvo que "el caso de Ernestina no se ha cerrado, esto apenas comienza, buscaremos las instancias internacionales para esclarecer el homicidio, que no sólo lesionó a una familia sino a todos los pueblos indígenas del país; este es un asunto de carácter nacional".
Después que la Procuraduría veracruzana anunció el cierre de las investigaciones, atribuyendo a causas naturales la muerte de Ernestina, Atenco dijo que ha establecido comunicación con diversas organizaciones de todo el país y del extranjero, las que se han solidarizado en la búsqueda de justicia para los grupos indígenas de la sierra de Zongolica.
Explicó que aunque la Procuraduría cerró el caso, para el pueblo indígena esto aún continúa, y si no encontraron un respaldo en las instancias nacionales, buscarán el respaldo de organismos internacionales.
Reiteró que Amnistía Internacional (AI) cuenta ya con un amplio expediente del caso, el cual siguen enriqueciendo con sus propias investigaciones.
Lamentó la actitud de las hijas e hijos de Ernestina Ascencio, quienes han recibido una serie de ayudas del gobierno estatal y ahora suprimen sus reclamos de justicia.
Sin embargo, la muerte de Ernestina es un asunto que compete a todo el país, por ello la solicitud de intervención de la CIDH no se hará como comunidad de Soledad Atzompa, sino como asamblea de pueblos de todo el país, porque una instancia federal violó los derechos de todos los indígenas de México.
Exigen comparezca procurador
Y pese a que oficialmente ya se cerró el caso, después de que la PGJE concluyera que la muerte de la anciana náhuatl se debió a "causas naturales" y determinar el no ejercicio de la acción penal, "pues no hubo crimen ni violación", el Congreso sigue esperando que comparezca el procurador Emeterio López, señaló el perredista Uriel Flores Aguayo.
Sostuvo que aquí no se autoriza que los titulares de las dependencias comparezcan ante la Legislatura local, "porque piensan que vienen a perder el tiempo", refirió en la sesión plenaria, después que los priistas se quejaron de nombramientos de panistas en las delegaciones federales, "sin informar al gobierno estatal".
Por su lado, la legisladora panista Sara María López Gómez consideró necesaria la comparecencia del titular de la PGJE, "toda vez que se ha determinado que la indígena Ernestina Ascencio Rosario no fue violada ni asesinada por miembros del Ejercito".
Al considerar que la procuración de justicia en Veracruz "no está en buenas manos", la panista cuestionó las inconsistencias generadas con la resolución de la PGJE, por lo que López Márquez tiene el deber de aclarar "¿quién se equivocó?".
En toda la comedia de enredos oficiales, "se tiene que aclarar a los veracruzanos quién se equivoco, qué proceso administrativo se seguirá a los responsables de los continuos enfrentamientos entre PGJE y CNDH".
Ante la decisión de cerrar el caso jurídicamente, subrayó, se "están aceptando errores en los dictámenes de los peritos, que dijeron que las causas de la muerte de Ascencio Rosario se derivaron de la violación sexual que sufrió".
Por ello, insistió, es necesario que López Márquez comparezca ante el Congreso local para explicar su actuación, y la de los peritos, para informar también sobre la determinación de que la muerte de Ernestina "no fue imputable a factores externos a la fisiología de su organismo".
El 21 de marzo, recordó, presentó ante la diputación permanente un punto de acuerdo para que se citara a comparecer al procurador, ante las pugnas mantenidas entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la PGJE en torno al caso.
Ahora, refirió, el fiscal especial Juan Alatriste Gómez concluye que la muerte de doña Ernestina "no es imputable a factores externos de su organismo, sino se debió a una anemia aguda, y que el sangrado pélvico fue consecuencia de los problemas gastrointestinales que sufría la fallecida".
Por ello "debemos preguntar si los veracruzanos podemos seguir confiando en el procurador", ya que este no es el único caso donde los errores en la investigación ministerial han provocado que no se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables.
Incertidumbre y desprestigio
Por otra parte, la diputada Marina Arvizu, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Alternativa, solicitará una explicación por parte del procurador veracruzano sobre cuáles fueron las razones médicas que lo llevaron a modificar sus declaraciones de manera tan radical, cuando apenas hace unas semanas vino a la Cámara de Diputados a decir que tenían todas las pruebas de que Ernestina había sido violada y su muerte fue la consecuencia de esta agresión.
El sorpresivo argumento de que la indígena náhuatl murió de parasitosis, y no por una violación, como lo había sostenido, así como el cierre del caso por parte de la Procuraduría local, deja una profunda duda en la sociedad y una total incertidumbre jurídica para todos los mexicanos, aseguró Arvizu.
El viraje en las afirmaciones del procurador de Veracruz, Emeterio López, en el sentido de que Ernestina no fue violada ni asesinada, deja muchas más dudas de las que había antes, y sobre todo la sospecha de que algo muy grave pasó en la sierra de Zongolica y se está tratando de tapar lo más pronto posible.
Para Alternativa, refiere el boletín, este caso, además de grave, deja un mal sabor de boca en los ciudadanos mexicanos, quienes cada vez más desconfían de las instituciones que deberían de garantizar una justicia pronta y expedita.
INVESTIGAN A FUNCIONARIOS A CARGO DEL CASO ASCENCIO

Quienes armaron la acusación por violación y homicidio pudieron incurrir en ilícitos: Fidel Herrera
Elba Mónica Bravo y Eugenia Jiménez / www.milenio.com / Jueves 3 de mayo del 2007
El gobernador se reunió a puerta cerrada con Calderón en aeropuerto local. La CNDH prepara recomendación sobre fallas de procuraduría veracruzana.
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, rechazó que haya carpetazo al expediente de la anciana Ernestina Ascensión, en el que las autoridades estatales habían armado un caso de asesinato y violación.
Aunque la procuraduría estatal rectificó el lunes pasado y apoyó la versión que dio en principio el presidente Felipe Calderón y después la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de que la anciana murió por causas naturales, Fidel Herrera comentó que queda por resolver las responsabilidades en las que pudieron haber incurrido funcionarios estatales encargados de investigar el caso.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos prepara la recomendación acerca de las deficiencias que hubo en el proceso de investigación y peritaje a cargo de la procuraduría estatal.
El gobernador consideró ayer que lo que concluyó fue sólo la averiguación previa de la muerte, pero aún quedan diligencias legales por resolver, incluyendo la averigución previa en la que se analiza la actuación de los funcionarios y peritos que participaron en el caso “para ver si hay responsabilidad”.
Fidel Herrera fue entrevistado durante la visita de Felipe Calderón a Veracruz. Previo a las declaraciones del priista, éste se había reunido con el Presidente a puerta cerrada, por lo menos durante diez minutos, en el aeropuerto de Minatitlán, en una acción inusual.
Antes, en Veracruz, durante la presentación del programa de apoyo federal para ancianos, un grupo de personas gritó “justicia”.
Los manifestantes dijeron pertenecer al grupo de Antorcha Campesina y aunque solicitaban servicios como pavimentación de carreteras también gritaron justicia.
Sí habrá recomendación
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que elabora la recomendación sobre el caso de Ernestina Ascensión Rosario, quien falleció en la sierra de Zongolica.
La CNDH adelantó desde el 19 de abril que sus indagatorias (cerradas ya al día de hoy) acreditaron “violaciones a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica e irregular integración de la averiguación previa en agravio de la hoy occisa y de sus familiares, derechos que están reconocidos en los artículos 16 y 21 constitucionales y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México”.
Pese al giro que dio la Procuraduría de justicia de Veracruz en sus declaraciones, al señalar que la anciana de 73 años no falleció tras haber sido violada por militares —como sostuvo durante dos meses el procurador estatal—, las observaciones sobre las fallas garrafales en la indagatoria de la dependencia estatal siguen en el aire.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que está en espera de que se le informe sobre este cambio de manera formal.
Respecto de la muerte de la anciana, el organismo federal puntualizó que espera concluir la recomendación y emitirla antes de dos semanas.
- Claves
Versión oficial
• El lunes pasado, después de más de dos meses de sostener la versión de que la anciana Ernestina Ascensión fue violada, la procuraduría de justicia de Veracruz dio la razón a Felipe Calderón y a la CNDH.
Ni violada ni asesinada, dijo en rueda de prensa el procurador Emeterio López, quien incluso había defendido su versión inicial ante diputados federales. La anciana falleció el 26 de febrero pasado de anemia, dijo.
ORDENAN "LEY MORDAZA" EN VERACRUZ POR EL CASO ASCENCIO
Acuartelan en Jalapa a los médicos involucrados
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL / La Jornada / Jueves 3 de mayo del 2007
Veracruz, Veracruz, 2 de mayo. Para no contradecir al mandatario estatal Fidel Herrera ni facilitar a la prensa datos que abunden en la controversia, el gobierno de Veracruz ordenó a todos los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) -entre ellos el titular, Emeterio López, los médicos legistas que participaron en las autopsias hechas al cadáver de Ernestina Ascensión Rosario y el fiscal especial para el caso, Juan Alatriste Gómez- no conceder entrevistas a los medios informativos sobre el veredicto emitido por el Ministerio Público sobre la muerte de la anciana. Fuentes de la procuraduría veracruzana, que pidieron no ser identificadas, señalaron que en especial los tres médicos legistas: María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez Vázquez, quienes aseguraban tener pruebas sobre la violación sexual de la anciana y la existencia de un homicidio, "prácticamente fueron acuartelados" en la ciudad de Jalapa para no ser localizados por los reporteros.
Desde la tarde del pasado lunes, la oficina del fiscal especial Juan Alatriste Gómez, en la ciudad de Orizaba, se encuentra sin servicio y sus ayudantes afirman que el funcionario "permanece en Jalapa en reuniones con el procurador".
Pese a que también se intentó localizar a los médicos Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez, ambos se negaron a conceder entrevistas. Mendizábal fue el encargado de practicar la primera revisión al cuerpo de Ernestina Ascensión Rosario, el 26 de febrero pasado, cuando falleció en el Hospital Regional de Río Blanco, y firmó el parte médico de defunción en el cual se especificaba como "muerte violenta-mecánica", además de asentar que el cuerpo presentaba "fractura craneoencefálica, de cervicales y costillas".
En tanto, Gutiérrez Vázquez estuvo a cargo de la segunda necropsia practicada el 9 de marzo en el cementerio del poblado de Tetlatzinga, donde fue exhumado el cadáver, y afirmó que las pruebas de laboratorio arrojaron la presencia en la región anal y vaginal de fosfatasa acida prostática (FAP) y Proteína P30, que únicamente son producidas en la próstata del varón. "Entonces tenemos que sí hubo un ilícito, el abuso sexual que ya está corroborado y consta en los expedientes del Ministerio Público", aseguró el galeno a La Jornada el pasado 20 de abril.
"La orden fue no hablar, lo tienen prohibido, en especial estos médicos, es orden directa del gobernador", confiaron las fuentes de la PGJE. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Noemí Quirasco Hernández, sostuvo que independientemente del fallo emitido por el Ministerio Público sobre el caso de la anciana fallecida, por su experiencia profesional, conserva la impresión original que daba credibilidad a las últimas palabras de la indígena trasmitidas a sus hijo sobre el ataque sexual que aparentemente sufrió por parte de un grupo de soldados.
Sin embargo, en entrevista telefónica sostuvo que "oficialmente" no puede opinar del caso, aunque rechazó que se le haya impuesto la "ley mordaza".
"Ya estoy demasiado grande y con la experiencia suficiente para dejarme callar", comentó.
En tanto, de manera sigilosa, los cinco hijos de la anciana Ernestina Ascensión Rosario fueron trasladados por personal del gobierno del estado desde Soledad Atzompa a la ciudad de Boca del Río, donde se reunieron en privado con el gobernador Fidel Herrera y funcionarios de la PGJE.
La reunión, que originalmente estaba programada en Jalapa, se dio la mañana de este miércoles, previo a que Herrera Beltrán acudiera al municipio de Mecayapan para acompañar al presidente Felipe Calderón Hinojosa.
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL / La Jornada / Jueves 3 de mayo del 2007
Veracruz, Veracruz, 2 de mayo. Para no contradecir al mandatario estatal Fidel Herrera ni facilitar a la prensa datos que abunden en la controversia, el gobierno de Veracruz ordenó a todos los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) -entre ellos el titular, Emeterio López, los médicos legistas que participaron en las autopsias hechas al cadáver de Ernestina Ascensión Rosario y el fiscal especial para el caso, Juan Alatriste Gómez- no conceder entrevistas a los medios informativos sobre el veredicto emitido por el Ministerio Público sobre la muerte de la anciana. Fuentes de la procuraduría veracruzana, que pidieron no ser identificadas, señalaron que en especial los tres médicos legistas: María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez Vázquez, quienes aseguraban tener pruebas sobre la violación sexual de la anciana y la existencia de un homicidio, "prácticamente fueron acuartelados" en la ciudad de Jalapa para no ser localizados por los reporteros.
Desde la tarde del pasado lunes, la oficina del fiscal especial Juan Alatriste Gómez, en la ciudad de Orizaba, se encuentra sin servicio y sus ayudantes afirman que el funcionario "permanece en Jalapa en reuniones con el procurador".
Pese a que también se intentó localizar a los médicos Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez, ambos se negaron a conceder entrevistas. Mendizábal fue el encargado de practicar la primera revisión al cuerpo de Ernestina Ascensión Rosario, el 26 de febrero pasado, cuando falleció en el Hospital Regional de Río Blanco, y firmó el parte médico de defunción en el cual se especificaba como "muerte violenta-mecánica", además de asentar que el cuerpo presentaba "fractura craneoencefálica, de cervicales y costillas".
En tanto, Gutiérrez Vázquez estuvo a cargo de la segunda necropsia practicada el 9 de marzo en el cementerio del poblado de Tetlatzinga, donde fue exhumado el cadáver, y afirmó que las pruebas de laboratorio arrojaron la presencia en la región anal y vaginal de fosfatasa acida prostática (FAP) y Proteína P30, que únicamente son producidas en la próstata del varón. "Entonces tenemos que sí hubo un ilícito, el abuso sexual que ya está corroborado y consta en los expedientes del Ministerio Público", aseguró el galeno a La Jornada el pasado 20 de abril.
"La orden fue no hablar, lo tienen prohibido, en especial estos médicos, es orden directa del gobernador", confiaron las fuentes de la PGJE. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Noemí Quirasco Hernández, sostuvo que independientemente del fallo emitido por el Ministerio Público sobre el caso de la anciana fallecida, por su experiencia profesional, conserva la impresión original que daba credibilidad a las últimas palabras de la indígena trasmitidas a sus hijo sobre el ataque sexual que aparentemente sufrió por parte de un grupo de soldados.
Sin embargo, en entrevista telefónica sostuvo que "oficialmente" no puede opinar del caso, aunque rechazó que se le haya impuesto la "ley mordaza".
"Ya estoy demasiado grande y con la experiencia suficiente para dejarme callar", comentó.
En tanto, de manera sigilosa, los cinco hijos de la anciana Ernestina Ascensión Rosario fueron trasladados por personal del gobierno del estado desde Soledad Atzompa a la ciudad de Boca del Río, donde se reunieron en privado con el gobernador Fidel Herrera y funcionarios de la PGJE.
La reunión, que originalmente estaba programada en Jalapa, se dio la mañana de este miércoles, previo a que Herrera Beltrán acudiera al municipio de Mecayapan para acompañar al presidente Felipe Calderón Hinojosa.
INDIGNA A ONG LA CONCLUSION DE LA PGJE SOBRE EL CASO ASCENCIO

Javier González Garza califica de "vergonzante" el cambio de opinión de la autoridad
Tenemos "absoluta desconfianza en las instituciones de justicia", dice la AMDH
VICTOR BALLINAS , CIRO PEREZ / La Jornada / Miércoles 2 de abril del 2007
Organizaciones defensoras de derechos humanos, manifestaron su "indignación, desconcierto, asombro e incredulidad" ante la conclusión de las investigaciones sobre el caso de Ernestina Ascensión Rosario de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz, que ahora sostiene que "no hubo violación sexual ni homicidio", al igual que lo señalado por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.
En entrevistas por separado, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el Colectivo Contra la Tortura en México, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dijeron: "nos sorprende que después de la confrontación pública entre la CNDH -que sostuvo que no hubo violación ni homicidio-, y el procurador de Veracruz, Emeterio López -quien decía que sí había violación y crimen-, ahora éste salga con que coincide con la comisión; esto es indignante".
Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, sostuvo que si se cometieron errores en la investigación éstos deben reconocerse, y enfatizó que la indagatoria es responsabilidad de PGJE, mientras el coordinador de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática, Javier González Garza, calificó de "vergonzante" el cambio de opinión de las autoridades judiciales de Veracruz.
Luego de que el pasado lunes la procuraduría estatal cerró el caso en el que se precisa que la muerte se debió a un sangrado intestinal y no a una violación, como aseguró inicialmente la indagatoria, Zermeño lamentó que el procurador haya ventilado temas que competen a esa dependencia, como la averiguación previa antes de, en caso de existir elementos, consignar ante un juez.
También en entrevista, González Garza acusó al gobierno federal de "meterse al caso", y condenó la actitud de la PGJE, ya que al cerrar el caso favorece la impunidad. "El Estado mexicano como tal, completo, desde el Presidente, el gobernador de Veracruz, la CNDH y, sobre todo, la procuraduría estatal, se pusieron de acuerdo, evidentemente", acusó González Garza, quien no descartó llevar el caso a alguna instancia internacional.
La presidenta de la AMDH, Gloria Ramírez afirmó: "nos queda una gran inquietud, una absoluta desconfianza en las instituciones que deben impartir justicia. Hace una semana el procurador y el gobernador de ese estado sostenían que sí hubo violación y homicidio, y ahora hay acuerdo". Demandó que "la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, que afirmó que sí había violación sexual, retome su papel y ofrezca certidumbre".
Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derechos a Decidir, dijo "estoy indignada frente a la cortina de humo que se pretende tender sobre la evidente violación de los derechos humanos de doña Ernestina. Nos hemos sumado al clamor de la ciudadanía y de las organizaciones de mujeres que demandamos justicia para las mujeres de Zongolica". No puede creerse -dijo- que vayamos a aceptar estas versiones, cuando ha sido claro que hubo manipulación de la información. "Nos dijeron -el procurador y el gobernador de Veracruz- que había violación sexual, que tenían pruebas, ¿por qué ahora salen con que siempre no? Que nos expliquen la razón real que está detrás de la tergiversación de los hechos."
El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arturo Macías, sostuvo: "nos causa sorpresa, extrañeza e incertidumbre la conclusión a la que llegó la procuraduría, que no da certeza a las víctimas, aparecen sospechas de que encubre a instancias federales, el fiscal especial del caso, Juan Alatriste, con lo cual se vulnera el derecho a la verdad. Nos preguntamos, ¿qué pasó?, ¿por qué cambió su versión?, ¿por qué concluyó que no hubo violación?, ¿por qué?, si antes había sostenido que había pruebas de la violación".
El director del Colectivo Contra la Tortura en México, Javier Enríquez manifestó que "ante la presión que tienen de que el Ejército sea el responsable de la violación, el procurador retrocedió, porque él había dicho que hubo homicidio y violación. Se tiene que investigar que pasó, porqué ese retroceso. Nos parece que esa conclusión a la que llegó la procuraduría estatal se anota más en lo político para evitar conflicto mayor, porque lo que sabemos es que los estudios de ellos son contundentes en el sentido de que sí hubo violación. Hay presiones".
Mario Solórzano, de la CMDPDH, manifestó su desconcierto por la postura de la PGJE. "Ellos habían defendido la tesis de la violación y ahora resulta que coinciden con la CNDH. Su conclusión no logra dilucidar cómo dieron un giro tan drástico a sus propios dictámenes".
LA PROCURADURIA DE VERACRUZ SE DESDICE: ASCENCIO NO FUE VIOLADA

Fiscal especial de Veracruz rehúsa explicar su dictamen * Los familiares, "conformes"
Dan carpetazo al caso Ascensión: "no fue violada ni asesinada"
Desecha testimonios de ataque sexual, porque "no son los idóneos; son de oídas, no presenciales"
ANDRES T. MORALES (CORRESPONSAL) / La Jornada / Miércoles 2 de mayo del 2007
Jalapa, Veracruz, 1º de mayo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz modificó repentinamente su versión sobre la muerte de la indígena nahua Ernestina Ascensión Rosario, al difundir un diagnóstico en el que afirma que no fue violada ni asesinada, y anunciar que cerró el caso y no ejercitará la acción penal.
Mediante una complicada terminología, y sin admitir preguntas de los reporteros, el fiscal especial del caso, Juan Alatriste Gómez, no pudo identificar la causa real del deceso al dar a conocer las "conclusiones" de la indagatoria, semejantes a las que difundió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
"La muerte (...) no es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo, ya sea que la causa se clasifique como mecánica o patológica, aspecto que queda en un segundo plano y como materia de homologación de criterios", dijo Alatriste, e ignoró la petición de los periodistas para explicar la frase.
En conferencia de prensa convocada de última hora la noche del lunes, el titular de la PGJE, Emeterio López Márquez, informó sobre la conclusión de la investigación iniciada el 26 de febrero, tras el deceso de Ernestina Ascensión Rosario en el Hospital Regional de Río Blanco, donde fue internada tras una presunta agresión sexual por militares destacados en el municipio de Soledad Atzompa.
El expediente se integró en mil 200 fojas -unidas en cinco tomos y 210 anexos que fueron exhibidos a la prensa- que, a decir del funcionario, "contienen pruebas documentales públicas y privadas, testimonios de personas que tenían alguna relación con los hechos, aunque 'todos de oídas' y que se analizó minuciosamente".
En su turno, Alatriste Gómez indicó que los testimonios de familiares y personal médico -quienes hablaban de un ataque sexual contra la indígena- "no resultaron ser idóneos para acreditar los delitos de referencia, pues sólo son testigos de oídas y no presenciales".
Con ello se desecha la versión de los hijos de Ascensión Rosario sobre las últimas palabras de su madre, en las que aseguraba había sido agredida por soldados en la comunidad de Tetlatzinga, la tarde del domingo 25 de febrero.
En la parte médico-forense, Alatriste resaltó que las pruebas periciales derivadas de los análisis químicos, genéticos, histopatológicos, criminalísticos y sicológicos se concatenaron para obtener "la verdad histórica de los hechos".
Lo anterior incluye la información recibida de la CNDH. La muerte de la anciana no fue homicidio, aseguró.
El fiscal descartó también que la Ascensión Rosario haya sido atacada sexualmente y la agresión fuera la causa de los desgarres en el recto que los médicos legistas localizaron tanto en la primera como en la segunda autopsia.
"Existen desgarros anales del esfínter, los cuales pueden deberse a diversos factores, razón por la que no existen mayores indicios criminalísticos que hagan al menos presumir la introducción de un miembro viril o instrumento por esa vía no idónea".
Sin embargo, "sí se cuenta con datos de laboratorio relativos a una parasitosis y la opinión médica sobre la existencia de heces intestinales pétreas o impactación fecal enmascarada en el sangrado melénico".
La determinación de la procuraduría veracruzana fue cerrar el caso: "la institución del Ministerio Público no ejercita la acción penal en el presente asunto por los supuestos delitos de violación y homicidio".
Aunque personalmente convocó a los medios informativos para una conferencia de prensa sobre el caso, que se celebraría la tarde de este martes, de última hora el gobernador Fidel Herrera la canceló y su ayudantía se limitó a distribuir copias fotostáticas del documento que leyó el fiscal especial.
Por la mañana, al ser entrevistado durante el desfile por el Día del Trabajo, Herrera evadió el tema y sólo expresó que la familia Inés Ascensión había sido notificada del resolutivo.
Reinaldo Escobar, secretario general de Gobierno, aseguró que los deudos no impugnarían el veredicto emitido por la PGJE y que "estaban conformes con los resultados de la investigación".
Los cinco hijos de Ascensión Rosario fueron sujetos a un cerco informativo por el dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, René Huerta -desconocido por los lugareños hace dos semanas-, quien impidió a los reporteros entrevistarse con ellos.
EJERCITO: SU ENEMIGO SON LAS MUJERES
Ellas significan la fuerza moral
Laura Castro Medina / http://www.cimacnoticias.com/site/s07032701-REPORTAJE-Ejercito.16989.0.html
Sierra de Zongolica, Ver., 26 marzo 07 (CIMAC).- Un hecho que acrecentó la presencia permanente de militares en la sierra de Zongolica fue la detención, en enero del 2006, de Gustavo Robles y los hermanos Gerardo y Jorge Marcial Tzomplaxtle Tecpile, presuntos miembros del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) y vinculados con el secuestro del político y transportista de Zongolica Mario Zepahua Valencia.
Tras su detención, agentes de la AFI, policía estatal y del ejército mexicano iniciaron violentos operativos y cateos ilegales en viviendas del municipio de Astacinga, para encontrar armas escondidas.
Maximino Tzomplaxtle, hermano de Jorge y Gerardo, denunció públicamente el acoso y hostigamiento del que era objeto, al ser considerado como enlace del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la sierra de Zongolica.
En carta abierta distribuida a todos los medios de comunicación citó que el 31 de marzo del 2006 por lo menos 40 elementos del ejército y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) arribaron a su domicilio en el municipio de Astacinga y sin orden de cateo y a punta de metralleta amenazaron a mujeres y ancianos para que proporcionaran información de la supuesta célula del EPR que ahí existía.
El miedo y terror paralizó a las y los habitantes de la comunidad de Moyoapan, que no pudieron detener la destrucción de muebles, ventanas, puertas y todo aquello que se encontraba en la vivienda de Maximino, mientras que María de 85 años de edad, madre de los hermanos Tzompaxtle Tecpile desfallecía al no poder siquiera reclamar la agresión por no saber español.
Dos casas más también fueron destruidas junto con la pequeña tiendita donde se ubica la caseta telefónica de la comunidad, describe en su misiva Maximino.
SIN ESTADO DE DERECHO
A partir de entonces, la incursión del ejército, con más de 500 elementos a bordo de vehículos de guerra en Astacinga y otros municipios cercanos, se convirtió en una violación al Estado de derecho y una flagrante violación a los derechos de los pueblos indígenas de toda la serranía, según denunciaron organizaciones indígenas de la sierra de Zongolica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI).
No obstante las cotidianas agresiones a las comunidades indígenas, a petición del ex presidente municipal panista de Zongolica, Crispín Hernández Romero, y aparentemente de 9 de los 14 ayuntamientos de la sierra de Zongolica, contingentes del ejército mexicano fueron requeridos en otros puntos de la sierra para inhibir la presencia de organizaciones populares que “tendían a incitar a la violencia”.
Hernández Romero argumentaba que la OINSZ, CROISZ, TINAM y OCISZ “podrían ser semillero de movimientos subversivos”, y que la finalidad de la intervención militar era "infundir temor" a las mismas.
La comunidad y organizaciones indígenas de inmediato reprobaron la acción al verse señalados como delincuentes, terroristas y un peligro social, por pretender combatir la miseria y segregación.
SUPERIORIDAD Y TERROR
La ira y el descontento de las comunidades indígenas de Veracruz y del país se encendieron, luego de que el pasado 25 de febrero presuntamente 4 militares de la base “García” del 26 batallón instalado en Soledad Atzompa, violaron, torturaron y provocaron las muerte de una indígena náhuatl de 73 años de edad, oriunda de de Tetlacinga.
Julio Atenco Vidal líder natural de la serranía y fundador de CROISZ, reclama el evidente contubernio entre el ejército y la Procuraduría General de Justicia del estado, pues al amparo de la confidencialidad de la investigación, premeditadamente incurrieron en anomalías de la necropsia para encubrir a los militares.
De esta forma, según Atenco Vidal, lo que debió ser un acto de impartición de justicia se convirtió en un acto de impunidad, de injusticia y discriminación racial, por ello solicitaron la intervención de altos organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, que retomaron el caso y han aducido anomalías en los procesos de investigación de la PGJE de Veracruz.
Para Jairo Guarneros Sosa, integrante de la Coordinadora de la Sociedad Civil de la Región de Orizaba y adherente a la Otra Campaña, si bien las acciones de hostigamiento de parte de militares a mujeres en la sierra de Zongolica son una acción cotidiana, la muerte de la mujer nahuatl rebasó toda violencia permitida dentro del ejército.
Fue básicamente para demostrar superioridad y aterrorizar, como mencionan los manuales de contrainsurgencia en los sitios de conflicto como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pues Zongolica para el ejército mexicano se enmarca en una guerra de baja intensidad, explica.
La muerte de la indígena náhuatl dimensionó el problema que se vive en la sierra de Zongolica, pero sobre todo el hecho de que no existe la justicia cuando se trata de abusos de militares.
Y aunque en este caso interviene AI, dice, el pueblo no debe conformarse con que el ejército salga de una comunidad para asentarse en otra. Deben salir. No hay ningún fundamento legal ni moral para seguir en la sierra, pues ya no es una institución que vele por la seguridad de la población, sólo provoca temor.
Después de este caso, ya no habrá mujeres que se atrevan a pasar cerca de un retén militar en la sierra de Zongolica, concluye Guarneros Sosa.
¿Por qué ni las mujeres mayores están a salvo en Zongolica?, preguntamos al maestro Arturo Neri Contreras, sociólogo rural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Porque los soldados saben muy bien lo que significa una mujer mayor para las comunidades indígenas: ellas simbólicamente representan no sólo la autoridad, también la tradición, la fuerza moral, son las madres de todos. Los miembros del Ejército mexicano lo saben, porque lo aprenden bien en sus entrenamientos militares, en su aprendizaje de la guerra de baja intensidad contra las comunidades indígenas. Lo saben también porque muchos, antes de ser soldados, respetaban a sus mayores, pues son también indígenas. Atacándolas, están enviando un mensaje claro a los pueblos indios, a los sublevados y a los inconformes del país: ésta es una guerra.
07/LC/CV/GG
Laura Castro Medina / http://www.cimacnoticias.com/site/s07032701-REPORTAJE-Ejercito.16989.0.html
Sierra de Zongolica, Ver., 26 marzo 07 (CIMAC).- Un hecho que acrecentó la presencia permanente de militares en la sierra de Zongolica fue la detención, en enero del 2006, de Gustavo Robles y los hermanos Gerardo y Jorge Marcial Tzomplaxtle Tecpile, presuntos miembros del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) y vinculados con el secuestro del político y transportista de Zongolica Mario Zepahua Valencia.
Tras su detención, agentes de la AFI, policía estatal y del ejército mexicano iniciaron violentos operativos y cateos ilegales en viviendas del municipio de Astacinga, para encontrar armas escondidas.
Maximino Tzomplaxtle, hermano de Jorge y Gerardo, denunció públicamente el acoso y hostigamiento del que era objeto, al ser considerado como enlace del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la sierra de Zongolica.
En carta abierta distribuida a todos los medios de comunicación citó que el 31 de marzo del 2006 por lo menos 40 elementos del ejército y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) arribaron a su domicilio en el municipio de Astacinga y sin orden de cateo y a punta de metralleta amenazaron a mujeres y ancianos para que proporcionaran información de la supuesta célula del EPR que ahí existía.
El miedo y terror paralizó a las y los habitantes de la comunidad de Moyoapan, que no pudieron detener la destrucción de muebles, ventanas, puertas y todo aquello que se encontraba en la vivienda de Maximino, mientras que María de 85 años de edad, madre de los hermanos Tzompaxtle Tecpile desfallecía al no poder siquiera reclamar la agresión por no saber español.
Dos casas más también fueron destruidas junto con la pequeña tiendita donde se ubica la caseta telefónica de la comunidad, describe en su misiva Maximino.
SIN ESTADO DE DERECHO
A partir de entonces, la incursión del ejército, con más de 500 elementos a bordo de vehículos de guerra en Astacinga y otros municipios cercanos, se convirtió en una violación al Estado de derecho y una flagrante violación a los derechos de los pueblos indígenas de toda la serranía, según denunciaron organizaciones indígenas de la sierra de Zongolica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI).
No obstante las cotidianas agresiones a las comunidades indígenas, a petición del ex presidente municipal panista de Zongolica, Crispín Hernández Romero, y aparentemente de 9 de los 14 ayuntamientos de la sierra de Zongolica, contingentes del ejército mexicano fueron requeridos en otros puntos de la sierra para inhibir la presencia de organizaciones populares que “tendían a incitar a la violencia”.
Hernández Romero argumentaba que la OINSZ, CROISZ, TINAM y OCISZ “podrían ser semillero de movimientos subversivos”, y que la finalidad de la intervención militar era "infundir temor" a las mismas.
La comunidad y organizaciones indígenas de inmediato reprobaron la acción al verse señalados como delincuentes, terroristas y un peligro social, por pretender combatir la miseria y segregación.
SUPERIORIDAD Y TERROR
La ira y el descontento de las comunidades indígenas de Veracruz y del país se encendieron, luego de que el pasado 25 de febrero presuntamente 4 militares de la base “García” del 26 batallón instalado en Soledad Atzompa, violaron, torturaron y provocaron las muerte de una indígena náhuatl de 73 años de edad, oriunda de de Tetlacinga.
Julio Atenco Vidal líder natural de la serranía y fundador de CROISZ, reclama el evidente contubernio entre el ejército y la Procuraduría General de Justicia del estado, pues al amparo de la confidencialidad de la investigación, premeditadamente incurrieron en anomalías de la necropsia para encubrir a los militares.
De esta forma, según Atenco Vidal, lo que debió ser un acto de impartición de justicia se convirtió en un acto de impunidad, de injusticia y discriminación racial, por ello solicitaron la intervención de altos organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, que retomaron el caso y han aducido anomalías en los procesos de investigación de la PGJE de Veracruz.
Para Jairo Guarneros Sosa, integrante de la Coordinadora de la Sociedad Civil de la Región de Orizaba y adherente a la Otra Campaña, si bien las acciones de hostigamiento de parte de militares a mujeres en la sierra de Zongolica son una acción cotidiana, la muerte de la mujer nahuatl rebasó toda violencia permitida dentro del ejército.
Fue básicamente para demostrar superioridad y aterrorizar, como mencionan los manuales de contrainsurgencia en los sitios de conflicto como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pues Zongolica para el ejército mexicano se enmarca en una guerra de baja intensidad, explica.
La muerte de la indígena náhuatl dimensionó el problema que se vive en la sierra de Zongolica, pero sobre todo el hecho de que no existe la justicia cuando se trata de abusos de militares.
Y aunque en este caso interviene AI, dice, el pueblo no debe conformarse con que el ejército salga de una comunidad para asentarse en otra. Deben salir. No hay ningún fundamento legal ni moral para seguir en la sierra, pues ya no es una institución que vele por la seguridad de la población, sólo provoca temor.
Después de este caso, ya no habrá mujeres que se atrevan a pasar cerca de un retén militar en la sierra de Zongolica, concluye Guarneros Sosa.
¿Por qué ni las mujeres mayores están a salvo en Zongolica?, preguntamos al maestro Arturo Neri Contreras, sociólogo rural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Porque los soldados saben muy bien lo que significa una mujer mayor para las comunidades indígenas: ellas simbólicamente representan no sólo la autoridad, también la tradición, la fuerza moral, son las madres de todos. Los miembros del Ejército mexicano lo saben, porque lo aprenden bien en sus entrenamientos militares, en su aprendizaje de la guerra de baja intensidad contra las comunidades indígenas. Lo saben también porque muchos, antes de ser soldados, respetaban a sus mayores, pues son también indígenas. Atacándolas, están enviando un mensaje claro a los pueblos indios, a los sublevados y a los inconformes del país: ésta es una guerra.
07/LC/CV/GG
TIENE ZONGOLICA UNA SUCIA MANCHA VERDE OLIVO
Comenten militares abusos y violaciones sexuales
Ma. Guadalupe Gómez Q. / http://www.cimacnoticias.com/site/07030212-Tiene-Zongolica-una.16743.0.html /
México DF, 2 marzo 07 (CIMAC).- ¿Qué hace el Ejército la Sierra Zongolica, una región donde la pobreza extrema obliga a la migración, donde el cacicazgo controla el café y la madera, e impone formas de vida miserables, analfabetismo, desnutrición, depredación del medio ambiente, tala clandestina, monopolio en la distribución de víveres, donde el agua es tan escasa como la justicia?
¿Qué buscan los militares en las comunidades donde habitan indígenas nahuas, cuya forma de organización, sus fuertes lazos comunales, son las únicas armas con las que enfrentan su condición de marginados?
Las autoridades del municipio de Soledad Atzompa preguntaron hace unos días al “alto mando castrense” sobre el motivo del despliegue militar en la región nahua, pero aunque no les respondió “lo que sí dijo es que no buscan mariguana, narcos ni armas”.
Solo obedecían órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), repiten los soldados ¿Entonces qué buscan con sus rondines y cateos diarios pues su estancia en el municipio es por periodos semanales?, se preguntan las autoridades indígenas.
La violación y el asesinato de la adulta mayor nahua, de 73 años, cometidos presuntamente por cuatro soldados la semana pasada, levantó nuevamente la protesta de las comunidades, porque en Zongolica decir soldados es sinónimo de abuso sexual, desde hace ya varios años.
En agosto de 2002, cuatro organizaciones indígenas del lugar denunciaron que los soldados cometieron al menos 50 casos de violación a mujeres, principalmente menores de edad, pero que el Ministerio Público se negó a admitirlas bajo el argumento de que los militares se rigen por las leyes castrenses, según informaron los diarios nacionales.
Los casos fueron documentados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) en su informe de ese año.
El vocero de la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (OINSZ), Juan Carlos Mexhua Campos, dijo entonces que los dos primeros casos documentados correspondían a dos jovencitas de 13 y 18 años de edad, quienes concibieron dos niños como resultado de la agresión sexual.
Ante la pasividad de las autoridades, las familias de las jóvenes dijeron que estaban dispuestas a que se hicieran exámenes genéticos a los niños, para comprobar la paternidad de los militares.
Pero nada sucedió entonces y nuevamente la presencia militar se ha intensificado, con los consecuentes abusos a la población civil. Y otra vez, una violación cometida contra una indígena nahua.
Labor social, patrullajes, apoyos, auxilios, son algunas respuestas que los voceros gubernamentales dan cuando se les pide expliquen el afán de manchar con el sucio verde olivo la sierra Zongolica.
La militarización aquí es un eco de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) que emprendió el gobierno desde 1994, con el levantamiento zapatista y luego con la aparición del EPR, coinciden en señalar dirigentes indígenas y analistas políticos.
Apenas el año pasado, en marzo, el Ejército Mexicano, la Subprocuraduría de Investigación Especializada Contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) realizaron movilizaciones para perseguir a Maximino Tzompaxtle Tecpile y de su familia, con el fin de vincularlos con una supuesta célula del EPR en la región, pues en enero de ese mismo año fueron detenidos los hermanos Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, vinculándolos con esa organización guerrillera.
Desde entonces se recrudeció el clima de persecución en la zona, no sólo contra ellos, a quienes violentaron en sus derechos humanos, pero las autoridades locales negaron la presencia militar diciendo que las fotografías publicadas en la prensa local eran falsas.
Sin embargo, el 15 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) informó “que los eperristas detenidos recientemente (12 de enero) estarían vinculados con una célula del EPR que opera en la sierra de Zongolica (Veracruz). Esta célula tendría nexos con otros grupos armados en Guerrero y en Oaxaca”, de acuerdo con la memoria hemerográfica que guarda la página de Internet de la institución.
Adherentes de La Otra Campaña en Orizaba prestaron asesoría a Maximino en la defensa de sus derechos humanos, lo que significó que fueran también investigados.
Esas investigaciones con seguridad aún continúan, pero de ellas nada se sabe.
Vicente Fox visitó durante su mandato la Sierra Zongolica, pero lo único que expresó conmovido no tenía nada que ver con las condiciones de miseria e injusticia que existen ahí, sino con su deseo de volver, para “acampar”.
Quizá no lo pueda hacer, pues Veracruz forma parte del plan contra la delincuencia que su sucesor, Felipe Calderón, tiene preparado para la región nahua, el cual será bienvenido por el gobernador Fidel Herrera.
La vida en la Sierra Zongolica mientras tanto sigue, con sus niños desnutridos, criados por mujeres igualmente desnutridas, envejecidas prematuramente por la miseria y porque tienen que asumir el rol de madres a temprana edad. Lo único deseable es que esa maternidad no les sea impuesta por los soldados, como ya ocurrió.
Ma. Guadalupe Gómez Q. / http://www.cimacnoticias.com/site/07030212-Tiene-Zongolica-una.16743.0.html /
México DF, 2 marzo 07 (CIMAC).- ¿Qué hace el Ejército la Sierra Zongolica, una región donde la pobreza extrema obliga a la migración, donde el cacicazgo controla el café y la madera, e impone formas de vida miserables, analfabetismo, desnutrición, depredación del medio ambiente, tala clandestina, monopolio en la distribución de víveres, donde el agua es tan escasa como la justicia?
¿Qué buscan los militares en las comunidades donde habitan indígenas nahuas, cuya forma de organización, sus fuertes lazos comunales, son las únicas armas con las que enfrentan su condición de marginados?
Las autoridades del municipio de Soledad Atzompa preguntaron hace unos días al “alto mando castrense” sobre el motivo del despliegue militar en la región nahua, pero aunque no les respondió “lo que sí dijo es que no buscan mariguana, narcos ni armas”.
Solo obedecían órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), repiten los soldados ¿Entonces qué buscan con sus rondines y cateos diarios pues su estancia en el municipio es por periodos semanales?, se preguntan las autoridades indígenas.
La violación y el asesinato de la adulta mayor nahua, de 73 años, cometidos presuntamente por cuatro soldados la semana pasada, levantó nuevamente la protesta de las comunidades, porque en Zongolica decir soldados es sinónimo de abuso sexual, desde hace ya varios años.
En agosto de 2002, cuatro organizaciones indígenas del lugar denunciaron que los soldados cometieron al menos 50 casos de violación a mujeres, principalmente menores de edad, pero que el Ministerio Público se negó a admitirlas bajo el argumento de que los militares se rigen por las leyes castrenses, según informaron los diarios nacionales.
Los casos fueron documentados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) en su informe de ese año.
El vocero de la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (OINSZ), Juan Carlos Mexhua Campos, dijo entonces que los dos primeros casos documentados correspondían a dos jovencitas de 13 y 18 años de edad, quienes concibieron dos niños como resultado de la agresión sexual.
Ante la pasividad de las autoridades, las familias de las jóvenes dijeron que estaban dispuestas a que se hicieran exámenes genéticos a los niños, para comprobar la paternidad de los militares.
Pero nada sucedió entonces y nuevamente la presencia militar se ha intensificado, con los consecuentes abusos a la población civil. Y otra vez, una violación cometida contra una indígena nahua.
Labor social, patrullajes, apoyos, auxilios, son algunas respuestas que los voceros gubernamentales dan cuando se les pide expliquen el afán de manchar con el sucio verde olivo la sierra Zongolica.
La militarización aquí es un eco de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) que emprendió el gobierno desde 1994, con el levantamiento zapatista y luego con la aparición del EPR, coinciden en señalar dirigentes indígenas y analistas políticos.
Apenas el año pasado, en marzo, el Ejército Mexicano, la Subprocuraduría de Investigación Especializada Contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) realizaron movilizaciones para perseguir a Maximino Tzompaxtle Tecpile y de su familia, con el fin de vincularlos con una supuesta célula del EPR en la región, pues en enero de ese mismo año fueron detenidos los hermanos Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, vinculándolos con esa organización guerrillera.
Desde entonces se recrudeció el clima de persecución en la zona, no sólo contra ellos, a quienes violentaron en sus derechos humanos, pero las autoridades locales negaron la presencia militar diciendo que las fotografías publicadas en la prensa local eran falsas.
Sin embargo, el 15 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) informó “que los eperristas detenidos recientemente (12 de enero) estarían vinculados con una célula del EPR que opera en la sierra de Zongolica (Veracruz). Esta célula tendría nexos con otros grupos armados en Guerrero y en Oaxaca”, de acuerdo con la memoria hemerográfica que guarda la página de Internet de la institución.
Adherentes de La Otra Campaña en Orizaba prestaron asesoría a Maximino en la defensa de sus derechos humanos, lo que significó que fueran también investigados.
Esas investigaciones con seguridad aún continúan, pero de ellas nada se sabe.
Vicente Fox visitó durante su mandato la Sierra Zongolica, pero lo único que expresó conmovido no tenía nada que ver con las condiciones de miseria e injusticia que existen ahí, sino con su deseo de volver, para “acampar”.
Quizá no lo pueda hacer, pues Veracruz forma parte del plan contra la delincuencia que su sucesor, Felipe Calderón, tiene preparado para la región nahua, el cual será bienvenido por el gobernador Fidel Herrera.
La vida en la Sierra Zongolica mientras tanto sigue, con sus niños desnutridos, criados por mujeres igualmente desnutridas, envejecidas prematuramente por la miseria y porque tienen que asumir el rol de madres a temprana edad. Lo único deseable es que esa maternidad no les sea impuesta por los soldados, como ya ocurrió.
SIN REACCION CNDH SOBRE CASO ZONGOLICA HASTA QUE SE EMITA RECOMENDACION
http://srv2.vanguardia.com.mx // 2 de mayo del 2007 (NOTIMEX)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no tendrá reacción alguna sobre el reconocimiento de las autoridades veracruzanas de que Ernestina Asencio Rosario, indígena de la Sierra de Zongolica, no fue violada ni asesinada por militares.
De acuerdo con fuentes del organismo, la CNDH no hará nada en tanto no emita la recomendación sobre la violación de los derechos humanos de la anciana, que podría emitirse en la primera quincena de este mes, y será pública como lo señala la ley.
Se apuntó que no se descarta que en la recomendación se específiquen las conductas omisas administrativas y legales por parte del Ministerio Público local y del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, y que confirman que hubo conductas dudosas.
La CNDH también apuntará sobre las conductas violatorias a los derechos humanos como es el de la salud, y se da por confirmada la recomendación por la violación de garantías federales y se resalta que la mujer falleció a consecuencia de una hemorragia masiva gastrointestinal.
Cabe recordar que el pasado 25 de abril, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, compareció ante las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
Ahí el ombudsman nacional insistió en la existencia de inconsistencias y omisiones en la primera necropsia practicada a Ascencio Rosario, y recalcó que la muerte de la indígena fue a consecuencia de anemia aguda y no de una violación, como se había afirmado.
Ante los legisladores resaltó el hecho de que el documento oficial de la primera necropsia no coincide con las declaraciones de los servidores públicos de la PGJEV, y que tampoco con lo hallado en el análisis médico de las 51 fotografías que ofreció dicha Procuraduría.
Ante esas omisión e inconsistencias, el 7 de marzo pasado la CNDH solicitó a la instancia estatal llevar a cabo la renecropsia del cuerpo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no tendrá reacción alguna sobre el reconocimiento de las autoridades veracruzanas de que Ernestina Asencio Rosario, indígena de la Sierra de Zongolica, no fue violada ni asesinada por militares.
De acuerdo con fuentes del organismo, la CNDH no hará nada en tanto no emita la recomendación sobre la violación de los derechos humanos de la anciana, que podría emitirse en la primera quincena de este mes, y será pública como lo señala la ley.
Se apuntó que no se descarta que en la recomendación se específiquen las conductas omisas administrativas y legales por parte del Ministerio Público local y del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, y que confirman que hubo conductas dudosas.
La CNDH también apuntará sobre las conductas violatorias a los derechos humanos como es el de la salud, y se da por confirmada la recomendación por la violación de garantías federales y se resalta que la mujer falleció a consecuencia de una hemorragia masiva gastrointestinal.
Cabe recordar que el pasado 25 de abril, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, compareció ante las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
Ahí el ombudsman nacional insistió en la existencia de inconsistencias y omisiones en la primera necropsia practicada a Ascencio Rosario, y recalcó que la muerte de la indígena fue a consecuencia de anemia aguda y no de una violación, como se había afirmado.
Ante los legisladores resaltó el hecho de que el documento oficial de la primera necropsia no coincide con las declaraciones de los servidores públicos de la PGJEV, y que tampoco con lo hallado en el análisis médico de las 51 fotografías que ofreció dicha Procuraduría.
Ante esas omisión e inconsistencias, el 7 de marzo pasado la CNDH solicitó a la instancia estatal llevar a cabo la renecropsia del cuerpo.
SIN REACCION CNDH SOBRE CASO ZONGOLICA HASTA QUE SE EMITA RECOMENDACION
http://srv2.vanguardia.com.mx // 2 de mayo del 2007 (NOTIMEX)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no tendrá reacción alguna sobre el reconocimiento de las autoridades veracruzanas de que Ernestina Asencio Rosario, indígena de la Sierra de Zongolica, no fue violada ni asesinada por militares.
De acuerdo con fuentes del organismo, la CNDH no hará nada en tanto no emita la recomendación sobre la violación de los derechos humanos de la anciana, que podría emitirse en la primera quincena de este mes, y será pública como lo señala la ley.
Se apuntó que no se descarta que en la recomendación se específiquen las conductas omisas administrativas y legales por parte del Ministerio Público local y del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, y que confirman que hubo conductas dudosas.
La CNDH también apuntará sobre las conductas violatorias a los derechos humanos como es el de la salud, y se da por confirmada la recomendación por la violación de garantías federales y se resalta que la mujer falleció a consecuencia de una hemorragia masiva gastrointestinal.
Cabe recordar que el pasado 25 de abril, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, compareció ante las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
Ahí el ombudsman nacional insistió en la existencia de inconsistencias y omisiones en la primera necropsia practicada a Ascencio Rosario, y recalcó que la muerte de la indígena fue a consecuencia de anemia aguda y no de una violación, como se había afirmado.
Ante los legisladores resaltó el hecho de que el documento oficial de la primera necropsia no coincide con las declaraciones de los servidores públicos de la PGJEV, y que tampoco con lo hallado en el análisis médico de las 51 fotografías que ofreció dicha Procuraduría.
Ante esas omisión e inconsistencias, el 7 de marzo pasado la CNDH solicitó a la instancia estatal llevar a cabo la renecropsia del cuerpo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no tendrá reacción alguna sobre el reconocimiento de las autoridades veracruzanas de que Ernestina Asencio Rosario, indígena de la Sierra de Zongolica, no fue violada ni asesinada por militares.
De acuerdo con fuentes del organismo, la CNDH no hará nada en tanto no emita la recomendación sobre la violación de los derechos humanos de la anciana, que podría emitirse en la primera quincena de este mes, y será pública como lo señala la ley.
Se apuntó que no se descarta que en la recomendación se específiquen las conductas omisas administrativas y legales por parte del Ministerio Público local y del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, y que confirman que hubo conductas dudosas.
La CNDH también apuntará sobre las conductas violatorias a los derechos humanos como es el de la salud, y se da por confirmada la recomendación por la violación de garantías federales y se resalta que la mujer falleció a consecuencia de una hemorragia masiva gastrointestinal.
Cabe recordar que el pasado 25 de abril, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, compareció ante las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
Ahí el ombudsman nacional insistió en la existencia de inconsistencias y omisiones en la primera necropsia practicada a Ascencio Rosario, y recalcó que la muerte de la indígena fue a consecuencia de anemia aguda y no de una violación, como se había afirmado.
Ante los legisladores resaltó el hecho de que el documento oficial de la primera necropsia no coincide con las declaraciones de los servidores públicos de la PGJEV, y que tampoco con lo hallado en el análisis médico de las 51 fotografías que ofreció dicha Procuraduría.
Ante esas omisión e inconsistencias, el 7 de marzo pasado la CNDH solicitó a la instancia estatal llevar a cabo la renecropsia del cuerpo.
CASO ERNESTINA, EL CERCO OFICIAL

José Gil Olmos
México, D.F., 1 de mayo (apro).- Pese a las mutuas recriminaciones y violaciones a la ley en que incurrieron Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Felipe Calderón, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Procuraduría veracruzana, el caso de la presunta violación de Ernestina Ascencio Rosario por parte de un grupo de militares ha sido oficialmente cerrado.
No sólo eso, ahora resulta que murió de “muerte natural”, es decir, de “parasitosis” y “gastritis crónica”, no obstante que desde un principio autoridades estatales y federales --incluidas Sedena y CNDH-- admitieron se trataba de un “crimen”.
El giro en el caso de Ernestina se dio luego de una reunión a puerta cerrada la noche del martes 24 de abril entre el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, y el gobernador veracruzano de extracción priista, Fidel Herrera.
Ahí, en las oficinas de Soberanes, acordaron que la CNDH entregaría su investigación a la Procuraduría veracruzana, y ésta elaboraría un dictamen final del caso.
Sólo bastaron siete días para que las autoridades veracruzanas recularan de sus primeras afirmaciones, en el sentido de que Ernestina murió a raíz de una violación tumultuaria, y ahora resulta que falleció de una “anemia aguda” producto de una gastritis crónica.
El deceso de Ernestina --ocurrido el 25 de febrero en Soledad Atzompa, Veracruz-- es emblemático de cómo en un solo caso las autoridades de todos los niveles incurrieron en serias contradicciones e incluso en violaciones a la ley.
En un principio el examen médico y los dos peritajes de la Procuraduría veracruzana señalaban que la indígena de 73 años había fallecido de una “fractura craneoencefálica y cervical”, además que su cuerpo presentaba desgarres en la parte vaginal y anal, así como equimosis en el cuerpo producto de una agresión.
Estas pruebas coincidían plenamente con las declaraciones que hicieron los familiares de la occisa, quienes señalaron que las últimas palabras de Ernestina fueron: “Los soldados se me echaron encima”.
Días después, el propio presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, condenó el crimen y envió a un equipo de quince médicos, peritos y un forense al mando de la segunda visitadora, Susana Thalía Pedrosa, quienes propusieron la exhumación del cuerpo luego de detectar graves contradicciones en los exámenes periciales y en las entrevistas con los médicos forenses de Veracruz que practicaron la autopsia a Ernestina.
Cuando se difundió en los medios la noticia de la muerte de Ernestina, presuntamente por una violación cometida por cinco soldados, la gente en la sierra de Zongolica exigió la salida del Ejército de la zona.
El 5 de marzo, Soberanes sostuvo --en una entrevista radiofónica con Carmen Aristegui-- que a “los soldados los van a dar de baja”, dejando entrever la responsabilidad de los militares. Deberán ser puestos a disposición de las autoridades civiles “para que los juzguen”, señaló.
Incluso adelantó que pediría a la Sedena no fuera a consignar el caso al “fuero militar”, sino que los presuntos responsables dieran cuentas a juzgadores civiles de la entidad.
Soberanes regresaba entonces del extranjero, y con estas declaraciones apuntaba a responsabilidades de soldados del 63 batallón.
Mientras la Defensa Nacional, en un comunicado que generó más confusión que certidumbre, admitió –el 6 de marzo-- que había habido un “crimen”, pero acusaba a “grupos” contrarios a la institución.
Sustitución de comunicados
En el boletín 19 deslindaba a personal militar de haber participado en la muerte de Ernestina Ascencio: “…es preciso señalar que grupos desafectos a este instituto armado, en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana, y en este caso en particular, delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo federal, y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades”.
Sin embargo, este comunicado fue embargado por el personal militar de las redacciones de medios de comunicación en Veracruz, y fue sustituido por otro marcado también con el número 19, pero con un contenido distinto.
El párrafo mencionado desapareció en el nuevo comunicado, pero añadieron otro en el admitían haber recogido rastros de semen tomados del cuerpo de doña Ernestina.
“Peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del personal militar”.
Este párrafo se repitió en los siguientes dos comunicados, e incluso la Sedena anunció que las muestras serían enviadas a la Ciudad de México para que la Procuraduría General de la República (PGR) las analizara y se lograra así obtener los perfiles genéticos, compararlos y deslindar responsabilidades. Los resultados estarían listos 15 o 20 días después.
Sin embargo, antes de que concluyera la investigación a cargo de las procuradurías de Veracruz y Militar, el presidente Felipe Calderón, sin que viniera al caso y erigiéndose en Ministerio Público, adelantó la conclusión que enarbolarían más tarde CNDH y Sedena: Ernestina murió de “gastritis crónica” (La Jornada, 13 de marzo).
Esta definición, hecha desde el Ejecutivo federal, lejos de generar certidumbre en las investigaciones en curso sólo creó más confusión.
Dictada la línea oficial, la CNDH responsabilizó a Sedena de haber informado por adelantado a Calderón, sin embargo con ello --según Soberanes-- no se violentaba ninguna ley, pues como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente podía recibir y dar información proporcionada por la Sedena, si así lo consideraba pertinente.
Así, en lugar de los análisis clínicos de la PGR o de la Procuraduría veracruzana, el presidente Calderón y la CNDH se dedicaron a difundir las conclusiones de una investigación a cargo del Ministerio Público.
El 28 de marzo, por ejemplo, el diputado panista, general retirado Jorge González, mostró a los reporteros de la Cámara de Diputados un documento de la CNDH, en el que ya se anticipaban las causas clínicas de la muerte de Ernestina Ascencio y desechando la violación.
El 4 de abril, la segunda visitadora de la CNDH, Susana Thalía Pedrosa, en una entrevista anunció que el gobierno de Veracruz había “perdido” las pruebas del líquido seminal, que en la exhumación descubrieron que no hubo violación y que efectivamente había muerto como lo dijo Felipe Calderón.
Cuando se le inquirió sobre las pruebas de líquido seminal que la Sedena dijo haber recogido del cuerpo de Ernestina, la funcionaria simplemente contestó que eso tendría que responderlo la autoridad militar.
Efectivamente, dos días después de esta entrevista, el viernes 6, el encargado de Comunicación Social de la Sedena, general brigadier Mario Lucio González Cortés, envió una carta La Jornada, en la que señaló un dato inaudito:
“La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y jamás lo ha tenido”.
La dependencia militar negaba lo que había publicado en tres boletines (19, 20 y 21 de marzo), pretextando que si en un comunicado anterior hizo referencia a la existencia de líquido seminal, era “porque partía de la premisa de que estarían dichas muestras en poder de la autoridad investigadora, en este caso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz”.
Entonces sostuvo lo mismo que la CNDH, que hasta la fecha la Procuraduría veracruzana no ha proporcionado dichas muestras.
Sin las muestras de una presumible violación, con el líquido seminal desparecido y con las deficiencias de los dictámenes forenses en las manos, la CNDH inició su embestida contra las autoridades de Veracruz y, en conferencian de prensa del 19 de abril, Soberanes anunció que demandarían al procurador local.
Pacto en privado
El gobernador Fidel Herrera y el procurador Emeterio López Márquez guardaron silencio y, la noche del 24 de abril, pactaron con Soberanes en una reunión privada.
De esta forma, el lunes 30 de abril el caso de Ernestina Ascencio fue oficialmente cerrado. Tocó al fiscal especial de la indagatoria, Juan Alatriste, poner punto final al escándalo y por ello le dio parcialmente la razón a la CNDH, al concluir que la indígena “no fue violada sexualmente”.
Sólo falta conocer la recomendación de la CNDH en torno al tema, la que se difundirá esta misma semana, según lo informó el propio Soberanes Fernández, y saber si se va a incluir en la reprimenda no sólo a las autoridades de Veracruz, sino a la Sedena, por tratar de manipular la información; al presidente Felipe Calderón, por difundir anticipadamente conclusiones de un caso que aún se investigaba, y al propio ombudsman, que se erigió en MP y circuló pruebas de un expediente que hasta entonces no se cerraba.
VERACRUZ. CLAMAN JUSTICIA PARA EL CASO ASCENCIO EN EL DESFILE DEL DIA DEL TRABAJO
Regina Martínez
Jalapa, Veracruz, 1 de mayo (apro).- “!Justicia! ¡justicia! ¡justicia!", exigieron activistas de organizaciones sociales al gobierno de Fidel Herrera Beltrán por haber cerrado el caso de Ernestina Ascencio Rosario con la inverosímil conclusión de que ésta falleció por enfermedad y no por haber sido golpeada y ultrajado por elementos del ejército.
Precisamente, el viraje de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) en sus conclusiones fue una de las banderas que tomaron los trabajadores en el desfile del Día del Trabajo.
"Castigo a los militares violadores y asesinos", demandó un grupo de mujeres del Comité de Defensa "Rosario Ibarra de Piedra", al momento de pasar frente al presídium oficial instalado para el desfile de los trabajadores, en el que fue notoria ausencia del gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Aunque en la víspera Herrera Beltrán había anunciado que, a diferencia del presidente Felipe Calderón, él sí presidiría el desfile, no cumplió.
En cambio, Herrera Beltrán se trasladó a Orizaba, donde encabezó el desfile del Día del Trabajo, acto donde se negó a abordar el tema de la anciana ultrajada el 25 de febrero pasado por supuestos militares, remitiendo a los reporteros a "leer el boletín, (donde) hay un dictamen, por favor".
Dijo: "Hoy es el Día del Trabajo. Estoy en la conmemoración de los Mártires de Cananea, de los de Río Blanco y de los de Chicago. Estamos con los derechos laborales", señaló, sin comentar más sobre si el caso de la indígena que ya fue cerrado por la PGJE.
En esta ciudad, activistas del Comité de Defensa "Rosario Ibarra de Piedra" y del Movimiento Popular Independiente, encabezado por el diputado del PRD, Uriel Flores Aguayo, manifestaron su repudio a la resolución de la PGJE sobre el caso.
María Romero Hernández, de ese comité, manifestó su preocupación por la actitud de los gobiernos federal y estatal y de la CNDH, al exculpar a los agresores de la indígena.
Afirmó que el procurador Emeterio López Márquez y el fiscal especial del caso, Juan Alatriste Gómez, "quedaron muy mal ante la opinión pública, porque no respetaron los derechos humanos y no investigaron la violación de Ernestina".
Por su parte, Flores Aguayo cuestionó el hecho de que el procurador del estado haya asegurado que defendería el trabajo de los médicos legistas que realizaron la necropsia de Ascencio Rosario.
“Ahora van a decir que la señora murió de susto o que ella se suicidio. La procuraduría del estado quedó en ridículo y su actuación es muy dudosa en este caso, lo que quiere decir que la CNDH se salió con la suya", añadió.
Con la resolución de la PGJE, dijo, "ahora esta en duda la justicia en Veracruz", situación que deberá explicar López Márquez cuando comparezca ante el Congreso local, "sí es que lo autoriza el gobernador".
Dijo que el Congreso local tendrá que analizar la actuación de López Márquez al frente de la PGJE, "pues es lamentable que quedemos en ridículo al dejar que la CNDH se haya salido con la suya, aunque todo viene cuando Calderón dijo no hubo violación y todo se hizo para acomodar las cosas".
Añadió: “A la mejor, hubo presión de Calderón y del Ejército, pero las cosas quedan bastante dudosas y tal vez nunca se sepa la verdad. Tal parece que, como se trata de una ancianita de Soledad Atzompa, a nadie le preocupa. En cambio, si hubiera sido una hija de (Carlos) Slim o de (Emilio) Azcárraga o de un magnate, hubieran movido cielo, mar y tierra para hacer justicia". PGJE cierra el caso Ernestina
Anoche, el procurador Emeterio López Márquez y el fiscal especial, Juan Alatriste, dieron a conocer los puntos concluyentes de la investigación de la muerte de la indígena de Soledad Atzompa, "pero no los razonamientos porque es una determinación de más de cien hojas".
Tras dar por cerrado el caso, Alatriste dijo que, luego de un "amplio estudio científico, técnico y pericial", se llegó a la conclusión de que "la muerte de Ernestina Ascencio no es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo".
En el resolutivo, de dos páginas y media, que leyó anoche en la conferencia de prensa, a la que no todos los medios fueron convocados, López Márquez reconoció que existen desgarros anales en el esfínter de Ascencio Rosario, lo que, dijo, "pueden deberse a diversos factores", que no explicó.
En la conferencia de prensa no se aceptaron preguntas de los reporteros, convocados por el área de Comunicación Social del gobierno del estado.
Según el fiscal, "no existen mayores indicios criminalísticos que hagan al menos presumir la introducción de un miembro viril o instrumento por esa vía no idónea". Sin embargo, "sí se cuenta con datos de laboratorio relativos a una parasitosis y la opinión médica sobre la asistencia de heces intestinales pétreas o impactación fecal enmascarada en sangrado melénico".
De esta manera, la PGJE determinó "no ejercitar acción penal por los presuntos delitos de violación y homicidio", conclusión a que se llegó, "después de hacer un estudio técnico, científico y legal de la investigación ministerial 140/2007".
En las investigaciones, argumento, "se obtuvieron testimoniales de familiares y personal médico que la atendieron, advirtiéndose que dichas testimoniales no resultan ser idóneas para acreditar los delitos de referencia, pues son testigos de oídas y no presenciales".
Añadió que, para "poder obtener la verdad histórica de los hechos", se desahogaron diversas periciales en materia de medicina forense, estudios de genética, hispatológicos, psicológicos y de criminalística, diligencias y reconstrucción de los hechos, entre otros.
Jalapa, Veracruz, 1 de mayo (apro).- “!Justicia! ¡justicia! ¡justicia!", exigieron activistas de organizaciones sociales al gobierno de Fidel Herrera Beltrán por haber cerrado el caso de Ernestina Ascencio Rosario con la inverosímil conclusión de que ésta falleció por enfermedad y no por haber sido golpeada y ultrajado por elementos del ejército.
Precisamente, el viraje de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) en sus conclusiones fue una de las banderas que tomaron los trabajadores en el desfile del Día del Trabajo.
"Castigo a los militares violadores y asesinos", demandó un grupo de mujeres del Comité de Defensa "Rosario Ibarra de Piedra", al momento de pasar frente al presídium oficial instalado para el desfile de los trabajadores, en el que fue notoria ausencia del gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Aunque en la víspera Herrera Beltrán había anunciado que, a diferencia del presidente Felipe Calderón, él sí presidiría el desfile, no cumplió.
En cambio, Herrera Beltrán se trasladó a Orizaba, donde encabezó el desfile del Día del Trabajo, acto donde se negó a abordar el tema de la anciana ultrajada el 25 de febrero pasado por supuestos militares, remitiendo a los reporteros a "leer el boletín, (donde) hay un dictamen, por favor".
Dijo: "Hoy es el Día del Trabajo. Estoy en la conmemoración de los Mártires de Cananea, de los de Río Blanco y de los de Chicago. Estamos con los derechos laborales", señaló, sin comentar más sobre si el caso de la indígena que ya fue cerrado por la PGJE.
En esta ciudad, activistas del Comité de Defensa "Rosario Ibarra de Piedra" y del Movimiento Popular Independiente, encabezado por el diputado del PRD, Uriel Flores Aguayo, manifestaron su repudio a la resolución de la PGJE sobre el caso.
María Romero Hernández, de ese comité, manifestó su preocupación por la actitud de los gobiernos federal y estatal y de la CNDH, al exculpar a los agresores de la indígena.
Afirmó que el procurador Emeterio López Márquez y el fiscal especial del caso, Juan Alatriste Gómez, "quedaron muy mal ante la opinión pública, porque no respetaron los derechos humanos y no investigaron la violación de Ernestina".
Por su parte, Flores Aguayo cuestionó el hecho de que el procurador del estado haya asegurado que defendería el trabajo de los médicos legistas que realizaron la necropsia de Ascencio Rosario.
“Ahora van a decir que la señora murió de susto o que ella se suicidio. La procuraduría del estado quedó en ridículo y su actuación es muy dudosa en este caso, lo que quiere decir que la CNDH se salió con la suya", añadió.
Con la resolución de la PGJE, dijo, "ahora esta en duda la justicia en Veracruz", situación que deberá explicar López Márquez cuando comparezca ante el Congreso local, "sí es que lo autoriza el gobernador".
Dijo que el Congreso local tendrá que analizar la actuación de López Márquez al frente de la PGJE, "pues es lamentable que quedemos en ridículo al dejar que la CNDH se haya salido con la suya, aunque todo viene cuando Calderón dijo no hubo violación y todo se hizo para acomodar las cosas".
Añadió: “A la mejor, hubo presión de Calderón y del Ejército, pero las cosas quedan bastante dudosas y tal vez nunca se sepa la verdad. Tal parece que, como se trata de una ancianita de Soledad Atzompa, a nadie le preocupa. En cambio, si hubiera sido una hija de (Carlos) Slim o de (Emilio) Azcárraga o de un magnate, hubieran movido cielo, mar y tierra para hacer justicia". PGJE cierra el caso Ernestina
Anoche, el procurador Emeterio López Márquez y el fiscal especial, Juan Alatriste, dieron a conocer los puntos concluyentes de la investigación de la muerte de la indígena de Soledad Atzompa, "pero no los razonamientos porque es una determinación de más de cien hojas".
Tras dar por cerrado el caso, Alatriste dijo que, luego de un "amplio estudio científico, técnico y pericial", se llegó a la conclusión de que "la muerte de Ernestina Ascencio no es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo".
En el resolutivo, de dos páginas y media, que leyó anoche en la conferencia de prensa, a la que no todos los medios fueron convocados, López Márquez reconoció que existen desgarros anales en el esfínter de Ascencio Rosario, lo que, dijo, "pueden deberse a diversos factores", que no explicó.
En la conferencia de prensa no se aceptaron preguntas de los reporteros, convocados por el área de Comunicación Social del gobierno del estado.
Según el fiscal, "no existen mayores indicios criminalísticos que hagan al menos presumir la introducción de un miembro viril o instrumento por esa vía no idónea". Sin embargo, "sí se cuenta con datos de laboratorio relativos a una parasitosis y la opinión médica sobre la asistencia de heces intestinales pétreas o impactación fecal enmascarada en sangrado melénico".
De esta manera, la PGJE determinó "no ejercitar acción penal por los presuntos delitos de violación y homicidio", conclusión a que se llegó, "después de hacer un estudio técnico, científico y legal de la investigación ministerial 140/2007".
En las investigaciones, argumento, "se obtuvieron testimoniales de familiares y personal médico que la atendieron, advirtiéndose que dichas testimoniales no resultan ser idóneas para acreditar los delitos de referencia, pues son testigos de oídas y no presenciales".
Añadió que, para "poder obtener la verdad histórica de los hechos", se desahogaron diversas periciales en materia de medicina forense, estudios de genética, hispatológicos, psicológicos y de criminalística, diligencias y reconstrucción de los hechos, entre otros.
ZERMEÑO: EN EL CASO ERNESTINA LOS MEDIOS SE ERIGEN EN JUZGADORES
Jesusa Cervantes
México, D.F., 1 de mayo (apro).- Después que la Procuraduría de Veracruz reculó en su versión sobre la muerte de la indígena Ernestina Ascencio, el panista y presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, se apresuró a acusar a los medios de erigirse en “juzgadores”.
Sin embargo, cuando se le recordó que fue el propio presidente Felipe Calderón el que se anticipó a los resultados de la investigación, al descartar la violación y asegurar que la anciana falleció a causa de una “gastritis mal atendida”, buscó justificarlo:
“Con los datos que él tenía, es una declaración que él hizo, con los que ustedes tienen o con los que yo tengo. Lo que les digo es que hemos encontrado muchas opiniones en donde a veces los medios de comunicación o determinadas personas tratan de convertirse en juzgadores”, expresó.
--¿Pero Calderón dio por terminada la investigación?
--El presidente dio una opinión en su momento y eso corresponde a él --eludió.
La noche del lunes, la Procuraduría veracruzana cambió su versión y, después de haber asegurado y repetido a lo largo de dos meses que Ernestina Ascencio fue violentada sexualmente y fallecido a causa de ello, finalmente dijo que no fue así.
Incluso hace dos semanas, cuando el procurador veracruzano Emeterio López Vázquez acudió a la Cámara de Diputados, insistió en que Ernestina sí fue violada, aunque evitó responsabilizar a militares de los hechos.
Zermeño comentó: “Lo lamentable es que un procurador ande dando a conocer asuntos que primero competen a su ámbito, a su responsabilidad, para integrar una averiguación a partir de los datos con los que cuenta, y creo que tiene que tener una mayor reserva en cuanto a declaraciones públicas”.
Pero la discreción que exigió el panista y presidente de la Cámara de Diputados al procurador veracruzano no se atrevió a reclamársela a Felipe Calderón, incluso pretendió avalar sus dichos.
En cuanto a la comisión especial de diputados que se creó para indagar en el caso, Zermeño dijo que los legisladores no son investigadores, pero nunca pudo responder qué es lo que hará ahora dicha instancia.
Por lo pronto, el coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, adelantó que el sol azteca estudia acudir a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar el caso y se investigue.
Sin embargo, ello dependerá de los hijos de Ernestina Ascencio, quienes también deberán decir si interponen un amparo ante la Suprema Corte frente a las innumerables contradicciones en que incurrieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ahora la Procuraduría de Veracruz.
Sobre la actuación de la CNDH en el caso, el panista Zermeño aseguró que su papel y reputación están fuera de duda, y opinó que sigue siendo un organismo “respetable”.
México, D.F., 1 de mayo (apro).- Después que la Procuraduría de Veracruz reculó en su versión sobre la muerte de la indígena Ernestina Ascencio, el panista y presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, se apresuró a acusar a los medios de erigirse en “juzgadores”.
Sin embargo, cuando se le recordó que fue el propio presidente Felipe Calderón el que se anticipó a los resultados de la investigación, al descartar la violación y asegurar que la anciana falleció a causa de una “gastritis mal atendida”, buscó justificarlo:
“Con los datos que él tenía, es una declaración que él hizo, con los que ustedes tienen o con los que yo tengo. Lo que les digo es que hemos encontrado muchas opiniones en donde a veces los medios de comunicación o determinadas personas tratan de convertirse en juzgadores”, expresó.
--¿Pero Calderón dio por terminada la investigación?
--El presidente dio una opinión en su momento y eso corresponde a él --eludió.
La noche del lunes, la Procuraduría veracruzana cambió su versión y, después de haber asegurado y repetido a lo largo de dos meses que Ernestina Ascencio fue violentada sexualmente y fallecido a causa de ello, finalmente dijo que no fue así.
Incluso hace dos semanas, cuando el procurador veracruzano Emeterio López Vázquez acudió a la Cámara de Diputados, insistió en que Ernestina sí fue violada, aunque evitó responsabilizar a militares de los hechos.
Zermeño comentó: “Lo lamentable es que un procurador ande dando a conocer asuntos que primero competen a su ámbito, a su responsabilidad, para integrar una averiguación a partir de los datos con los que cuenta, y creo que tiene que tener una mayor reserva en cuanto a declaraciones públicas”.
Pero la discreción que exigió el panista y presidente de la Cámara de Diputados al procurador veracruzano no se atrevió a reclamársela a Felipe Calderón, incluso pretendió avalar sus dichos.
En cuanto a la comisión especial de diputados que se creó para indagar en el caso, Zermeño dijo que los legisladores no son investigadores, pero nunca pudo responder qué es lo que hará ahora dicha instancia.
Por lo pronto, el coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, adelantó que el sol azteca estudia acudir a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar el caso y se investigue.
Sin embargo, ello dependerá de los hijos de Ernestina Ascencio, quienes también deberán decir si interponen un amparo ante la Suprema Corte frente a las innumerables contradicciones en que incurrieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ahora la Procuraduría de Veracruz.
Sobre la actuación de la CNDH en el caso, el panista Zermeño aseguró que su papel y reputación están fuera de duda, y opinó que sigue siendo un organismo “respetable”.
SE LLEVARA A LA CIDH EL CASO ERNESTINA
Regina Martínez
Jalapa, Veracruz, 1 de mayo (apro).- El luchador social Julio Atenco Vidal deploró el súbito carpetazo al caso Ernestina Ascencio Rosario, y comentó, indignado, que dicha resolución ofende la inteligencia y la conciencia de la sociedad mexicana.
Insistió en que las autoridades municipales y comunales de Soledad Atzompa dan crédito a las últimas palabras de la indígena de 73 años, quien antes de morir "reveló a sus hijos que había sido atacada y golpeada por soldados", es decir, "fue violada".
Atenco Vidal comentó que las autoridades de Soledad Atzompa convocarán a una asamblea para fijar una posición al respecto.
“¿Dónde quedaron los indicios y las pruebas de la violación que sufrió la señora Ernestina Ascencio y que tiene la propia Procuraduría?”, se preguntó el también director de Obras y Desarrollo del municipio de Soledad Atzompa.
Opinó que el gobernador Fidel Herrera “dobló las manos” durante su encuentro del martes pasado con el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, aunque también señaló al presidente Felipe Calderón, al que responsabilizó del trabajo “sucio” para deslindar al Ejército de los hechos en que perdió la vida Ernestina.
Tampoco dejó fuera de la conjura a René Huerta, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ). Denunció que éste manipuló a la familia de Ernestina después de la visita de los representantes de la CNDH.
Recordó también que Huerta prohibió a los hijos de la anciana hablar con los medios si él no estaba presente.
Este martes los familiares de Ernestina fueron notificados de los resultados de la investigación de la Procuraduría y, según el secretario general de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, tomaron la noticia con tranquilidad.
El funcionario dijo que los únicos que se “alborotaron” fueron los representantes de los medios.
En entrevista, Atenco Vidal esbozó la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para que se esclarezca el caso, entre ellas mencionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ya cuenta con el expediente, reveló.
El funcionario municipal comentó, a título personal, que el gobernador Fidel Herrera se dejó presionar por el gobierno federal y el Ejército. “¡Qué casualidad que, después de reunirse con Soberanes, deslindó a los militares y ahora concluyó con que no hubo violación ni hay crimen que perseguir!", subrayó.
Finalmente, durante el desfile obrero de este 1 de mayo el gobernador se negó a responder los cuestionamientos de los reporteros en torno al caso Ernestina, e incluso su equipo de prensa sólo se limitó a entregar el comunicado del lunes de la fiscalía especial, a cargo de Juan Alatriste, en que se da por cerrada la investigación.
Jalapa, Veracruz, 1 de mayo (apro).- El luchador social Julio Atenco Vidal deploró el súbito carpetazo al caso Ernestina Ascencio Rosario, y comentó, indignado, que dicha resolución ofende la inteligencia y la conciencia de la sociedad mexicana.
Insistió en que las autoridades municipales y comunales de Soledad Atzompa dan crédito a las últimas palabras de la indígena de 73 años, quien antes de morir "reveló a sus hijos que había sido atacada y golpeada por soldados", es decir, "fue violada".
Atenco Vidal comentó que las autoridades de Soledad Atzompa convocarán a una asamblea para fijar una posición al respecto.
“¿Dónde quedaron los indicios y las pruebas de la violación que sufrió la señora Ernestina Ascencio y que tiene la propia Procuraduría?”, se preguntó el también director de Obras y Desarrollo del municipio de Soledad Atzompa.
Opinó que el gobernador Fidel Herrera “dobló las manos” durante su encuentro del martes pasado con el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, aunque también señaló al presidente Felipe Calderón, al que responsabilizó del trabajo “sucio” para deslindar al Ejército de los hechos en que perdió la vida Ernestina.
Tampoco dejó fuera de la conjura a René Huerta, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ). Denunció que éste manipuló a la familia de Ernestina después de la visita de los representantes de la CNDH.
Recordó también que Huerta prohibió a los hijos de la anciana hablar con los medios si él no estaba presente.
Este martes los familiares de Ernestina fueron notificados de los resultados de la investigación de la Procuraduría y, según el secretario general de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, tomaron la noticia con tranquilidad.
El funcionario dijo que los únicos que se “alborotaron” fueron los representantes de los medios.
En entrevista, Atenco Vidal esbozó la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para que se esclarezca el caso, entre ellas mencionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ya cuenta con el expediente, reveló.
El funcionario municipal comentó, a título personal, que el gobernador Fidel Herrera se dejó presionar por el gobierno federal y el Ejército. “¡Qué casualidad que, después de reunirse con Soberanes, deslindó a los militares y ahora concluyó con que no hubo violación ni hay crimen que perseguir!", subrayó.
Finalmente, durante el desfile obrero de este 1 de mayo el gobernador se negó a responder los cuestionamientos de los reporteros en torno al caso Ernestina, e incluso su equipo de prensa sólo se limitó a entregar el comunicado del lunes de la fiscalía especial, a cargo de Juan Alatriste, en que se da por cerrada la investigación.
"VERGONZANTE" ACTUACION DE LA PGJ-VERACRUZ EN EL CASO ASCENCIO: PRD

De la redacción
México, D.F., 1 de mayo (apro).- Tras considerar que la pretensión es dejar el asunto en la impunidad, el PRD en la Cámara de Diputados calificó de “vergonzante” la actuación de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz en el caso de la muerte de Ernestina Ascencio.
Ayer, la procuraduría veracruzana dio un giro total a su postura inicial, y determinó que la indígena murió por causas naturales y no por violación a manos de presuntos miembros del Ejército.
Javier González Garza, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, refirió que hace una semana el procurador de esa entidad, Emeterio López, acudió a San Lázaro y manifestó que se existían indicios de asesinato y violación contra la anciana.
Tras el cambio de versión, González Garza afirmó que “el Estado mexicano como tal, completo, desde el presidente, el gobernador de Veracruz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, sobre todo, la procuraduría estatal se pusieron de acuerdo”.
En los hechos, dijo, “es la pretensión aviesa de dejar el asunto en la impunidad”, por lo que adelantó que es un caso que analizarán esta semana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
González Garza no descartó que el caso lo lleven a alguna corte internacional, pues, dijo, existen evidencias de que la investigación fue manipulada.
En tanto, Jorge Zermeño Infante, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se concretó a señalar que dicha investigación es responsabilidad de la procuraduría de Veracruz. Consideró que si se cometieron errores deben reconocerse.
“Son instituciones de buena fe que también se equivocan y si aquí hay algún error, debe reconocerlo el procurador y decirlo”, añadió.
Por último, lamentó que el caso se haya “politizado” por parte de diputados, y dijo que la CNDH “es una institución respetable que no tiene por qué andar limpiando la imagen”.
ERNESTINA. EL OLVIDO

José Gil Olmos
México, D.F., 1 de mayo (apro).- La noche del martes 24 de abril Ernestina Ascencio Rosario “murió” oficialmente. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, recibió en sus oficinas al gobernador de Veracruz, el priista Fidel Herrera, y en privado acordaron finiquitar la investigación del fallecimiento de la indígena nahua. Oficialmente no perdió la vida por una presunta violación a manos de un grupo de soldados del 63 Batallón, sino de “parasitosis” y “anemia aguda” mal atendida.
Después de dos meses de conflicto político y mediático, luego de una larga y penosa lista de contradicciones y violaciones a la ley en las que incurrieron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Felipe Calderón, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Procuraduría de de Veracruz, el caso de Ernestina Ascencio Rosario ha sido cerrado.
Por fin se deshicieron del caso de Ernestina, las manos se les quemaban con el expediente y no sabían qué hacer con este escándalo que ha puesto en entredicho no sólo al sistema de justicia estatal y federal, sino también a la institución militar que quiso manipular la información, al presidente Felipe Calderón --que trató de jugar el papel de agente del Ministerio Público-- y a la CNDH, cuya credibilidad ha venido a menos por su ineficiencia y torpe acción, pues en lugar de asumir el papel de “defensor del pueblo”, actuó como abogado del Ejecutivo federal y del Ejército.
La muerte de Ernestina, ocurrida el 25 de febrero en Atzompa, Veracruz, es un ejemplo de cómo en un solo caso las autoridades de todos los niveles han incurrido en contradicciones serias, e incluso en violaciones a la ley.
En un principio el examen médico y los dos peritajes de la Procuraduría veracruzana indicaron que había fallecido de una “fractura craneoencefálica y cervical”, además que su cuerpo presentaba desgarros en la parte vaginal y anal, así como equimosis en el cuerpo producto de una agresión, lo que coincidía con las declaraciones de los familiares de Ernestina, quienes señalaron que sus últimas palabras fueron: “Los soldados se me echaron encima”.
En un principio el presidente de la CNDH estuvo de acuerdo en esta versión y hasta condenó el crimen, y con sus declaraciones inclinaba el caso hacia la responsabilidad de militares en la posible violación tumultuaria.
El 6 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado que vino a provocar más confusión, pues admitía que había habido un “crimen”, pero acusaba a “grupos” contrarios a la institución. “…es preciso señalar que grupos desafectos a este instituto armado, en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana, y en este caso en particular delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen, buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades”.
La intención del Ejército fue acusar a grupos guerrilleros de haber cometido la agresión, y con ello sacar a los militares de la zona de influencia. Sólo que este boletín fue retirado por personal militar y sustituido por otro que, a la postre, también provocó problemas, pues reconocía que se habían tomado muestras del líquido seminal del cuerpo de Ernestina, y que se iban a comparar con el recogido en la zona militar.
Sin embargo, antes que concluyera la investigación a cargo de las procuradurías de Veracruz y Militar, el 13 de marzo en el periódico La Jornada, Felipe Calderón, como si fuera agente del MP, adelantó la conclusión de las investigaciones de la CNDH y la Procuraduría Militar: Ernestina murió de “gastritis crónica”, afirmó el presidente.
El 28 de marzo, el diputado del PAN, general retirado Jorge González, mostró a los reporteros de la Cámara de Diputados un documento de la CNDH en el que ya se anticipaban las causas clínicas de la muerte de Ernestina Ascencio, descartando la violación.
Para entonces la CNDH ya tenía pruebas de que la Procuraduría de Veracruz había cometido graves fallas: había “perdido” las pruebas del líquido seminal, en la exhumación no se encontraron señales de violación y tampoco de fractura craneoencefálica.
Por su parte, la Sedena también ya preparaba el contraataque. El viernes 6, el encargado de Comunicación Social del Ejército, general brigadier Mario Lucio González Cortés, envió una carta al diario La Jornada, señalando un dato inaudito:
“La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y jamás lo ha tenido”.
Las versiones de la CNDH, Presidencia y Sedena coincidían. No había un solo rastro de violencia en la muerte de Ernestina.
De la otra parte, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y el procurador Emeterio López Márquez, guardaron silencio, y la noche del 24 de abril pactaron con Soberanes en una reunión privada.
Así, el 30 de abril, en pleno puente vacacional, el caso de Ernestina Ascencio fue cerrado.
El fiscal especial de la indagatoria, Juan Alatriste, dio parcialmente la razón a la CNDH, al concluir que la indígena, de 73 años “no fue violada sexualmente”, sino que murió de “parasitosis”.
En otras palabras, Ernestina oficialmente murió de pobre. Pero si las causas del fallecimiento de la indígena de Zongolica cambiaron oficialmente, el descrédito de las instituciones persiste, sobre todo de la CNDH.
Pues resulta que para el informe especial del conflicto de Oaxaca, la CNDH lo puso --nueve días antes de publicarlo-- a la consideración de la Secretaría de Gobernación y de la PGR, a fin de que emitieran sus “observaciones”. No le importó la autonomía de la institución, sólo buscaba quedar bien.
De ahí la interrogante de si no hará lo mismo con la recomendación del caso de Ernestina Ascencio: enviarlo previamente al Ejército y a la Presidencia para que hagan sus “observaciones” pertinentes, ya después darlo a conocer a la ciudadanía. Este escenario no se descarta con Soberanes, al que desde ahora se menciona que buscará un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o en alguno de los tribunales judiciales, justo cuando concluya su mandato en la CNDH, en el 2010. Favor con favor se paga.
DE ZONGOLICA, CHESPIRITO Y LO ABSURDO

mreyesretana@yahoo.com / www.milenio.com / Miércoles 2 de mayo del 2007
Con toda desfachatez, la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz, la misma que había afirmado que Ernestina Ascencio había muerto a causa de una violación, ahora decidió cerrar el caso por falta de evidencias y no ejercitar acción penal.
El procurador Emeterio López y el fiscal especial del caso, Juan Alatriste, informaron que la mujer falleció por una parasitosis que le provocó un sangrado pélvico.
Y se quedaron tan tranquilos, como si no supieran que el caso de la anciana veracruzana provocó un verdadero revuelo entre la clase política nacional, los medios y los organismos de derechos humanos.
¿Qué van a decir ahora las diputadas perredistas que impidieron a José Luis Soberanes presentar las pruebas de que Ascencio no había sido violada? ¿Aceptará el partido del sol azteca que la CNDH tuvo razón y que ellos fueron vilmente manipulados? ¿A quién se le ocurrió utilizar la muerte de una anciana indígena para incriminar al Ejército y, de paso, embarrar a la CNDH?
¿Qué explicación dará Fidel Herrera de su actuación y la de sus subalternos durante la investigación? Esta mascarada aberrante no puede quedar impune, son necesarias muchas explicaciones, empezando por la más importante: ¿a quién encubre el gobierno de Veracruz y por qué la urgencia de que el Ejército abandone Zongolica?
Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del PRD, declaró que: “Calderón está utilizando una figura tan importante como la CNDH para cubrir a quien él considera no debe ser tocado por nadie. Este es un tema que debe investigarse hasta el fondo”. Tiene razón: este tema tiene que investigarse a fondo y los que propalaron esta gran mentira nos deben muchas explicaciones.
PS: Chespirito enloqueció; se disfrazó de crítico de arte e informó que el “Guernica” de Picasso es una obra carente de calidad y de seriedad.
“Quien me convenza de que el cuadro Guernica no es una caricatura va a tener que hacer un gran esfuerzo, porque al verla detalladamente no me parece otra cosa”, afirmó Chespirito en la Feria del Libro de Bogotá, pocos días después de que se cumplieron 70 años del bombardeo a la localidad vasca de Guernica.
Habría que contarle a Chespirito que el cuadro inquietó tanto al general Franco que Picasso se vio obligado a enviar su obra a Nueva York para salvarla de la furia del Generalísimo.
“Guernica” no volvió a España sino hasta 1975, a la muerte del dictador.
¿No sería bueno para todos que Chespirito regresara a la comedia y le dejara las apreciaciones artísticas e históricas a los expertos?
¿MEDIAS VERDADES EN ZONGOLICA?

gomezalce@aol.com / www.milenio.com / Miércoles 2 de mayo del 2007
• Los vientos de mayo
• El veto de Bush
Somos propietarios de nuestro silencio, mi estimado, y esclavos de nuestras palabras. Mayo se antoja candente y volátil. En Estados Unidos, mientras George W. Bush va en caída libre ante la opinión pública y ahora el epicentro del debate político se coloca en su decisión de haber vetado el proyecto de ley, aprobado en el Congreso de mayoría demócrata alrededor de la fecha para el inicio del retiro de las tropas de Irak, miles de personas en pro de los migrantes marcharon en diversas ciudades mostrando que todavía hay músculo exigiendo a su paso una reforma migratoria, amén de salvaguardar los derechos de millones de indocumentados.
Aquí en el país hubo manifestaciones de los sindicatos y organizaciones campesinas en diversos estados que anunciaron que hoy bloquearán los cruces fronterizos con nuestros vecinos del norte y del sur, y las diversas casetas de peaje en el país. Entre los simpáticos revoltosos, que también quieren mostrar músculo, están la CNTE, el SITUAM, Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas, el SME y otros más. Mayo, my friend, se antoja ardiente.
Y para colmos del timing, en este contexto se anunció también el cierre del extraño caso de la muerte de la mujer indígena, Ernestina Ascencio, ocurrida hace unas semanas en la sierra de Zongolica en Veracruz, donde a decir verdad, mi querido lector, el protagonista de toda esta peligrosa película –que ha confrontado de una manera grotesca a los medios– ha sido el contundente desaseo, la confusión, el desorden, las mentiras, la contradicción y la simulación entre las dependencias involucradas del gobierno federal, que sólo da putrefactas señales ante un asunto que no termina de convencer a nadie. Pero vamos al fondo...
¿Cuándo (y quién) se descompuso el inédito culebrón? Fácil y rapidito.
Con la intrépida declaración de Felipe Calderón en una entrevista dada a La Jornada, sin pregunta de por medio, sobre las causas del fallecimiento de la anciana. O sea, el inquilino de Los Pinos se convirtió mágicamente en Ministerio Público y doctor a la vez afirmando que una gastritis crónica whatever había sido la consecuencia de su muerte.
El caso, manoseado desde el principio en donde se involucró a elementos de nuestras fuerzas armadas en una presunta violación masiva, se fue complicando ante la bola de estupideces vertidas por parte de funcionarios del gobierno de Fidel Herrera —quien enfrenta chistosos escenarios de narcotráfico donde varios están metidos hasta el cuello— por confusos y contradictorios boletines de prensa, por entrevistas sobre la investigación y sus protagonistas y por un sinfín de delicadas cuestiones que terminaron de involucrar también al titular de la CNDH, José Luis Soberanes. Eso sin contar la presión de las lacritas amarillas en ambas Cámaras legislativas.
Lo más curioso es que el gobierno federal no ha manejado públicamente un seductor hilo, quizá fundamental, en el estado gobernado por Herrera Beltrán que hoy enfrenta un largo camino de una pesadilla llamada narcotráfico... y guerrilla. Mezcla por demás peligrosa, justo en momentos donde Los Pinos, pese a ocurrentes encuestas, está perdiendo su lucha contra la delincuencia organizada.
Zongolica, mi estimado, es territorio donde se mueve desparpajadamente el célebre EPR y la presencia de soldados no deja de ser, digamos, incómoda.
Recuerde que hace algunas lunas fueron difundidas imágenes de personas disfrazadas de uniformes militares cruzando la frontera cargados de droga desencadenando un delicado episodio bilateral.
Nada demuestra que la historia en Zongolica pudiera ser... similar. Y que Ernestina fue violada y asesinada por personas con uniforme militar que saben perfectamente bien la magnitud de un escándalo nacional, en estos tiempos confusos, para delinear una estrategia y... sopesar la respuesta federal. Sobre todo para presionar al Ejército de abandonar esa divertida zona.
El problema fue el impune e irresponsable manejo presidencial que terminó obligando a todos, digan lo que digan, a cerrar filas y darle carpetazo al asunto que terminó arrastrándolos al descrédito, sentando un muy delicado precedente de (miedo) e impunidad. Las medias verdades, my friend, son mentiras completas... y el horno no está para bollos
PRIMERO DE MAYO EN ZONGOLICA

Irene Selser / www.milenio.com / Miércoles 2 de mayo del 2007
Casi impensable en instituciones tan conocidas del periodismo mundial como el vespertino francés Le Monde, tan plural y equilibrado, el liberal y súbitamente bushiano The New York Times, el centrista italiano Il Corriere Della Sera o el próspero emporio mediático que encarna en Sudamérica el diario argentino Clarín, la libertad de opinión y de crítica de las que gozamos los editores de MILENIO Diario son un privilegio formidable. Más de una docena de responsables de área y un director nos reunimos dos veces al día para discutir contenidos y enfoques, desde la nota más nimia hasta, por supuesto, la confección colectiva de la primera plana. Quien alienta el disenso es el propio director, Carlos Marín, capaz de soportar con estoicismo la crítica más dura a alguno de sus escritos sobre el cambio climático o el caso Digna Ochoa, el aborto o el oscuro expediente de Zongolica.
Con un “que mi opinión no los inhiba”, Carlos Marín permite decir y hacer, acordar o contravenir, al punto de que pese a su postura editorial infranqueable en cuanto a que la campesina de la sierra de Zongolica, Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, no fue violada ni asesinada, según el mismo fallo definitivo presentado por las autoridades de Veracruz la noche del lunes 30 de abril ante la prensa local —advertida, sin embargo, de que no podría formular preguntas—, es posible asentar en estas líneas, habitualmente destinadas al análisis internacional, nuestra perplejidad sobre cómo, en la última semana, tanto el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, como el procurador de Justicia estatal, Emeterio López, y el fiscal especial del caso, Juan Alatristre, derivaron de una postura inicial que incluía “violación por parte de militares” a otra que hablaba de “violación” y por último una repentina “parasitosis y la existencia de heces intestinales hasta provocar sangrado pélvico”, lo que le ocasionó la muerte. Un fallo que supone un giro de 180 grados en el discurso de esos funcionarios, cuyo dictamen sabe, por lo mismo, a carpetazo, más aun cuando en días pasados escuchamos en el programa Hoy X Hoy, de Carmen Aristegui, a comuneros de Zongolica dando cuenta del obsequio de “bicicletas y casas” a los familiares de la anciana, a modo de “reparación del daño”.
En este embrollo de versiones y contra versiones, en nada contribuyó, sino al contrario, la patética actuación de las diputadas del PRD, que tras invitación expresa al ombudsman de México, José Luis Soberanes, para que compareciera ante la Cámara, le impidieron mostrar lo que a su juicio son las innumerables inconsistencias de las primeras indagatorias y en la realización de la necropsia y la exhumación del cuerpo de Ernestina. Queda la duda, enorme, de por qué lo hicieron, pero también de cómo y de qué murió Ascensión Rosario ya que, si su muerte no es imputable a “factores externos”, ¿por qué el gobernador Fidel Herrera concluyó la entrevista del 26 de abril con el periodista Ciro Gómez Leyva diciendo, a propósito de las recomendaciones de la CNDH, que “por lo pronto, estamos trabajando como al principio: agraviados, dolidos, consternados, solidarios”. ¿Por una parasitosis?
ZONGOLICA Y LA VERDAD SOSPECHOSISTA

jcalixto@milenio.com / www.milenio.com / Miércoles 2 de mayo del 2007
Somos sospechosistas por naturaleza, cosa que nos hace desconfiados frente a cualquier información oficial, refractarios a los comunicados autorizados y rejegos a toda forma de tesis gubernamental pues, aunque la burra no era arisca, estamos acostumbrados a que nos lleven al baile y a ser timados de manera sexenal en hombre del bien común y del engrandecimiento de la patria. Por eso no creemos en el asesino solitario de Colosio ni en la supuesta inocente confusión que derivó en la muerte del cardenal Posadas Ocampo, o en la inexistencia de la mala fe en la caída del sistema en el 88, o en el nuevo papel de Carlos Salinas como facilitador social (ya no se diga en las bondades de la nueva Ley del ISSSTE).
México no cree, a pesar de su guadalupanismo, en casualidades.
Sólo por eso no les vaya a extrañar a las autoridades que a la opinión pública en general le resulte un tanto inverosímil que, de manera rimbombante pero oficial, la Procuraduría de Justicia de Veracruz, a través de Emeterio López —quien hasta hace unos días estaba de lo más escéptico—, ya reconoció que la señora Ernestina Ascensión Rosario no fue violada ni asesinada por nadie, menos por uniformados, sino que murió por sangrado intestinal, coincidiendo así con la CNDH, encabezada por José Luis Soberanes, egregio defensor de las grandes causas, sobre todo las suyas.
Pero no nos lo vayan a tomar a mal, se los digo hasta con pena porque luego luego nos van a salir con que estamos en la lógica del complot, que no creemos en las instituciones, que queremos desestabilizar al país y que somos tan histéricos como el PRD, situaciones que sólo nos pueden provocar una gastritis que, mal atendida, corre el peligro de volverse fatal como en el caso de Ernestina.
Relax. Sólo ejercemos nuestro legítimo derecho al sospechosismo y a las recochinas dudas; sobre todo cuando se trata de un caso que ha sido y es la representación misma de la falta de profesionalismo, el valemadrismo, la oligofrenia judicial, la soberbia institucional y la estupidez en formas tan sorprendentes como no suficientemente exploradas. Pero sobre todo el súmmum de la insensibilidad: ni Calderón ni Fidel Herrera ni Soberanes ni Galván Galván ni el último de los visitadores y los médicos legistas, puestos de acuerdo en que la muerte de la señora Ascensión Rosario era producto de problemas gastrointestinales, no pudieron concluir que, luego entonces, la verdadera asesina de Ernestina había sido, aunque suene cursi, gastado y melodramático, la pobreza.
Las verdades en México serán sospechosistas o no serán, papá.
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