Regina Martínez
Jalapa, Veracruz, 18 de abril (apro).- Frente a la controversia generada por el caso Ernestina Ascencio, diputados locales deploraron este día la intromisión del titular de la CNDH, José Luis Soberanes, por precipitarse en las conclusiones de una investigación aún no culminada, y por ello decidieron llamar a comparecencia al procurador Emeterio López Márquez, a fin de que detalle el avance de las indagatorias.
El funcionario deberá reunirse con los diputados antes del 15 de mayo, para informar sobre los hechos ocurridos en Soledad Atzompa, ante lo controvertido de los dictámenes emitidos por la Procuraduría local y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Después de aprobar la propuesta presentada por la panista Sara María López Gómez, la priista Guadalupe Porras David, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, calificó la muerte de la indígena de 73 años como "un hecho que hiere a los veracruzanos".
A nombre de los integrantes de esa comisión, la priista exigió respetar las indagatorias, "ya que estos hechos han provocado un morbo y una politización indebida, no sólo a nivel local sino nacional".
La legisladora manifestó su inconformidad por la intervención de instancias "incompetentes que arriesgan el estado de derecho", ya que este es un hecho que, en términos del artículo 21 constitucional, "compete al Ministerio Público local investigar y ejercitar la acción penal".
Calificó de "arriesgada" la declaración de José Luis Soberanes, titular de la CNDH, "quien manifestó que la señora Ernestina murió de gastritis cuando estamos ante la presencia de un brutal ataque sexual en agravio de esta veracruzana".
Subrayó que instancias como el ombudsman "deben tener una mística y una tendencia: apoyar a la víctima, deben tener por objeto esencial la protección y la observancia, la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos".
Por ello, apuntó, "me causa extrañeza que en este caso esté totalmente en contra" y, por lo tanto, es "incorrecto que se anticipen a las decisiones de las autoridades constitucionalmente competentes para resolver la procuración de justicia en el territorio estatal".
En paralelo, hizo un reconocimiento al trabajo de la Procuraduría estatal y a la intervención del gobernador Fidel Herrera Beltrán, "quien estuvo presente inmediatamente en el lugar de los hechos, exigiendo pulcritud, transparencia y estricto apego a derecho en el caso".
Sostuvo que en ningún momento las autoridades estatales han realizado un señalamiento en contra de institución alguna, y lo que existe "es el ejercicio de las facultades constitucionales para conocer la verdad histórica de los hechos que han afectado directamente a una veracruzana e, indirectamente, a toda una región del estado".
"No adelantemos vísperas ni exoneremos inocencias", acotó, al señalar que los diputados deben mantenerse atentos a las investigaciones y cuestionar los resultados, a fin de que las instancias de derechos humanos, la sociedad civil y los medios "conozcamos la verdad y se haga justicia".
Por ello, y a nombre de esa comisión legislativa, precisó, "manifiesto mi total inconformidad por la arriesgada intromisión de la CNDH, violando con ello el artículo 102 constitucional, el cual faculta exclusivamente al Ministerio Público para determinar si existe o no tal o cual delito.
"Me causa extrañeza la insistencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al negar la existencia de un delito antes de emitir una recomendación, que son esencialmente sus funciones", apuntó.
Sobre este tema, refirió, se ha discutido mucho acerca de la existencia o no de laminillas con semen, "cuando esto no es determinante para que se dé la violación. La violación es un delito de realización oculta, y se debe dar toda la importancia a la sola declaración de la víctima".
En este caso, subrayó en la tribuna, "la finada señora Ernestina Ascencio Rosario declaró antes de morir y señaló a su agresor, por lo que exigimos se respete esta declaración, que es de una veracruzana que sin duda fue violada brutalmente".
Además, aclaró, "recordemos que la mujer indígena se caracteriza por ser sana y honesta", y en cuanto a la causa de la muerte de doña Ernestina, "dejemos que la determine la Procuraduría de Justicia, quien se encuentra trabajando intensamente para lograr esta determinación".
Insistió en su reclamo al presidente de la CNDH a respetar lo establecido en la Constitución, a no obstaculizar ni distraer la atención de la PGJE, "la cual debe estar totalmente inmersa en una investigación ministerial sin intervenciones inadecuadas".
Y otra priista, Rosa Luna Hernández, secretaria de la Comisión de Equidad y Género, destacó que la muerte de Ernestina, "por las condiciones en que sucedió, ha cimbrado a la sociedad veracruzana y a la opinión pública nacional".
Por ello ante la controversia que existe entre la PGJE, CNDH y Ejército mexicano, señaló, "lo único que se ha logrado es fortalecer el morbo, la politización e incluso posibles transgresiones a la secrecía de las investigaciones ministeriales".
Pese a que la facultad investigadora y persecutoria de los delitos es exclusiva del MP, con el afán de actuar con plena transparencia y, por la gravedad de los hechos, "la PGJE permitió la participación de la Procuraduría de Justicia Militar y de la CNDH, por eso es lamentable que ahora digan que la investigación ministerial es un cochinero".
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