EXHONERA HERRERA BELTRAN A MILITARES DEL CASO ASCENCIO

Laura Castro Medina

Orizaba, Veracruz, 27 de abril (apro-cimac).- Sin que la Procuraduría local concluya las investigaciones, y menos emita su reporte, el gobernador priista Fidel Herrera Beltrán exoneró de toda responsabilidad a elementos del Ejército Mexicano del caso Ernestina Ascencio, mientras --a través de una carta electrónica presuntamente emitida por los cinco hijos de la indígena— éstos piden los “dejen en paz”, y redimen de toda responsabilidad en el escándalo a militares.

En breve entrevista realizada por el conductor Ciro Gómez Leyva, el gobernador de Veracruz dijo sobre el caso de Ernestina Ascencio:

“Confío plena y absolutamente --porque estuve en el sitio-- que nadie, ningún integrante del Ejército Mexicano, tiene ninguna acción que ver con lo que ocurrió”.

Agregó, ante la insistencia del periodista:

“Nadie nunca aquí actuó de mala fe, a lo mejor pudieron haber cometido un error, yo no me niego a considerar, espero que en la averiguación eso sea muy contundente, pero aquí nadie tuvo mala fe”.

Explicó que si en esta ocasión hablaba del caso, es porque anteriormente se había abstenido por apego a la ley, dando paso a que el Ministerio Público concluyera su investigación.

Sin embargo, abundó, estuvo muy de cerca del caso. Incluso cerca del cuerpo de Ernestina. “Vi y saludé a los 94 miembros del Batallón García, del glorioso Ejército Mexicano, destacamentados en la sierra de Zongolica.

“Ahora debo reconocer que la actitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fortalece el trato respetuoso e institucional”, remató.

Así mismo, informó que el lunes anterior se reunió con José Luis Soberanes con la finalidad de contribuir a una determinación técnica y profesional, con sustento científico, avalada con lo que se tenía de pruebas.

Sin embargo, reconoce que la CNDH cuenta con mejores recursos e infraestructura para efectuar una investigación:

“Pero tras celebrar la comparecencia de la CNDH, es difícil decir que meto las manos al fuego por el procurador Emeterio López Márquez, pues en la investigación no fue él directamente quien investigó el caso de Ernestina Ascencio.

“Primero pasó por los médicos del hospital regional de Río Blanco, luego por los legistas de la primera y segunda necropsia, posteriormente por colaboradores en la Subprocuraduría de Córdoba, y por un andamiaje que probablemente no tenga toda la estructura ni los recursos de la CNDH”.

Finalmente puntualizó:

“Creo, entiendo, porque esto ha sido el término de nuestros acuerdos, que habrá primero la averiguación y después las recomendaciones, pero estaré en términos de la ley y de la moralidad a entender y atender la recomendación en sus efectos legales”.

Presunta carta

A través del correo electrónico de René Huerta Rodríguez, depuesto dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), fue emitida una carta adjudicada a las y los hijos de la víctima, en la que, en una forma por demás dudosa, piden los dejen en paz, cuando ellos mismos clamaron en repetidas ocasiones justicia por la muerte de su madre asesinada (como consta en los audios en poder de Cimac).

El comunicado dice lo siguiente: “Los hijos de la señora Ernestina Ascencio Rosario les solicitamos por este conducto, a todas las personas, que nos permitan vivir en paz nuestro duelo, que tengan un poco de sensibilidad y respeto, el hecho que nos aconteció no se lo deseamos a nadie, nuestra mamá ya está descansando, pero nosotros ya estamos cansados de tantas agresiones, ofensas y calumnias que estamos sufriendo últimamente, nadie se ha puesto a pensar en nosotros, que tenemos el deseo de que se haga justicia para encontrar un poco de resignación.

“Ahora algunas gentes dicen que ya vendimos la causa, sólo le queremos recordar que esa causa se llama nuestra madre, y que solamente quien no haya nacido de una mujer puede pensar que eso sea posible, ya que su conciencia hallará la respuesta, tal vez porque somos pobres, porque no todos sabemos leer ni escribir, y no hablamos el español como mi madre, o porque muchas veces no nos podemos defender, piensan que no tenemos valores, ni dignidad, que no tenemos sentimientos.

“Las autoridades municipales de Soledad Atzompa hicieron una junta el 23 de abril para decidir qué debemos hacer o dejar de hacer, no lo vamos a aceptar, nosotros somos libres y queremos seguir siendo libres, algunos nos dicen inocentes, pero más bien nos quieren decir tontos, que nos dejamos manipular, y no es verdad, no somos tontos y sabemos distinguir entre quien nos engaña y quienes quieren sacar beneficios, y quien nos dice la verdad; creemos que todas las ofensas que estamos recibiendo se deben precisamente a que no hemos permitido que nos utilicen”.

También en la misiva argumentan que las autoridades municipales y comunitarias se encuentran inconformes por no haberles notificado de reuniones sostenidas con autoridades federales y estatales, acusando que también ellos --las autoridades de Soledad Atzompa-- han tenido reuniones con autoridades del estado y de la Federación, sin notificar a la familia.

Agrega la carta: “Vivimos asustados, tenemos que andar escondiéndonos porque no somos libres de hablar con nadie, porque se enojan las autoridades municipales y comunales, porque quieren que les informemos todo lo que hacemos a las autoridades, mismas que critican al señor Soberanes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por hablar sin fundamento, y ellos hacen lo mismo”.

“El 19 de los presentes, nos reunimos con el señor gobernador Fidel Herrera Beltrán, exponiéndole el temor por personas desconocidas, con persecuciones, y últimamente un disparo el sábado 21 de abril a la 1:00 am, a una distancia de 200 metros de nuestros hogares, y el 22 de abril, aproximadamente a la 1:00 de la mañana, se detuvo una camioneta con 10 integrantes que con un faro alumbraba nuestra vivienda y, al hacerle señas para que se detuvieran, continuó su camino; al ser alcanzada se pudo comprobar que llevaban tres armas, y a la media hora llegó el presidente municipal de Soledad Atzompa, diciendo que eran cazadores de conejitos, y desconocemos por que a los policías ahí presentes les pidió no los bajaran y entregaran las armas a Javier Pérez Pascuala, presidente municipal; nos preguntamos ¿por que?

“También a algunos integrantes de la familia misteriosamente sus milpas han sido destruidas por vehículos”. Aclaramos que ningún familiar estuvo en la comparecencia del doctor Soberanes el día de ayer, y si fueron autoridades municipales o comunales, fue a título personal, no a nombre de la familia.

“Por este conducto les pedimos que respeten los acuerdos que tomamos el día 3 de abril en la congregación de Atzompa, municipio de Soledad Atzompa, donde estuvieron representantes municipales y comunales de 23 municipios y otras organizaciones, y se acordó respetar nuestras decisiones y esperar los resultados de la Procuraduría del estado, en quien depositamos nuestra confianza; les agradecemos si desean ayudarnos pero también agradecemos que nos respeten como personas, así como nuestra libertad y nuestras garantías individuales, pero más les vamos a agradecer que no mezclen sus intereses personales ni desvirtúen las cosas, que se pongan un momento en nuestro lugar y, con todo respeto, que nos dejen vivir en paz”.

No queremos “chivos expiatorios”

En entrevista, Julio Atenco Vidal dijo que las palabras de Fidel Herrera Beltrán lastiman al pueblo indígena, pues antes de que se emita un informe de la Procuraduría estatal, el Ejecutivo ya está exonerando a los militares como responsables del crimen de Ernestina Ascencio, por lo que no se descarta que se pueda buscar “chivos expiatorios puestos”, o que sean señalados de entre la misma comunidad indígena.

Indicó que en las próximas horas los habitantes de las comunidades indígenas de Zongolica tomarán una determinación sobre las acciones que habrán de seguir. Por el momento, esperarán al informe final de la PGJE, manteniendo su postura de exigir justicia y castigo a los verdaderos responsables del crimen de la indígena de Soledad Atzompa.

Reiteró que el agravio no fue exclusivamente para Ernestina o para su familia, sino para todas las comunidades indígenas del país, que ven pisoteados sus derechos y su dignidad.

Las fotografías como pruebas de un crimen

Respecto del proceso legal que se emprenderá en contra de peritos que proporcionaron las fotografías publicadas en medios --en que la señora se observa sobre un charco de sangre--, Atenco Vidal explicó que las fotografías no afectaron a la familia; al contrario, permitieron que el caso desde el primer momento atrajera la atención de las y los mexicanos y que no se cerrara, pues “creó mucho ruido”. Las fotografías evidenciaron que sí hubo violencia en contra de la mujer.

Indicó que le causa mucha extrañeza que luego de una reunión con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Abraham Kunio González, a partir del 12 o 13 de marzo la familia comenzó a desistirse de sus señalamientos en contra de los militares como responsables de la muerte de su madre y, peor aún, se vetó un diálogo con los medios.

Destacó que el lunes anterior, en una reunión en palacio de gobierno con funcionarios estatales, él advirtió –en representación de la comunidad indígena-- que no permitirán se busquen ‘chivos expiatorios’, pues ha trascendido desde hace más de una semana que la PGJE tiene identificados a tres presuntos responsables del crimen, pero no son militares sino se trataría de presuntos talamontes, versión que se corrobora con las declaraciones vertidas ayer por el gobernador Fidel Herrera Beltrán en una entrevista radiofónica, acotó el entrevistado.

De asentarse lo anterior en la investigación de la Procuraduría local, el gobierno veracruzano estaría limpiando la imagen del Ejército, y así podría aliarse con el gobierno federal dejando impune el crimen, observó.