lunes, 23 de abril de 2007

MISION: CALLAR A LOS ASCENCIO


Regina Martínez / Proceso. Semanario de información y análisis / Número 1590 / Domingo 22 de abril del 2007 SOLEDAD

ATZOMPA, VERACRUZ- “Se me echaron encima”, reveló Ernestina Ascencio Rosario a sus hijos Martha y Francisco el 25 de febrero pasado, cuando la encontraron moribunda. Agregó que fue ultrajada “por cuatro hombres vestidos de soldado”.

La familia de la víctima les dijo eso en náhuatl a los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que el 9 de marzo participaron en la exhumación del cuerpo. Luego, el 11 de abril, reiteraron el testimonio ante el subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda.

La primera vez fungió como traductor el delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zongolica, Norberto Lara García; y en la segunda, el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala.

Ahora, la CNDH y el subsecretario de Gobernación –quien fue enviado por el presidente Felipe Calderón a entrevistarse con la familia de la anciana– “quieren echar abajo este testimonio”, advierte en entrevista Julio Atenco Vidal, director de obras públicas de Soledad Atzompa. Por eso, las autoridades del municipio aclaran: “La palabra de la señora Ernestina no está en duda. No se puede pensar que haya mentido cuando estaba al borde de la muerte”.

“El gobierno federal y la CNDH pretenden desviar los hechos”, dice. Y relata que el 11 de abril las autoridades municipales fueron convocadas a una reunión con González Uyeda en Boca del Río. Ahí, el subsecretario les pidió esperar a que terminaran las investigaciones de la PGJE “con la finalidad de no darle un sesgo político al caso”.

“Nosotros –apunta Atenco– dijimos que ha sido el Ejército Mexicano el que ha politizado este asunto al proteger a los delincuentes y esconderlos, así como la CNDH, al arrogarse funciones que no le corresponden y empezar a manejar políticamente la información del caso.”

El funcionario federal les informó que el presidente Calderón, a través del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, “había hablado con el gobernador Fidel Herrera para darle certeza de que el gobierno federal sacaría las manos del asunto y de que iba a respetar plenamente el trabajo de la PGJE”, cuenta el entrevistado.

Entonces González Uyeda propuso visitar a la familia de Ernestina Ascencio. “Textualmente le dijo (al alcalde Pérez Pascuala): Cuando usted me dice que no vaya, no voy, pero si me dice que sí, voy y usted me acompaña”, recuerda Atenco.

El presidente municipal aceptó ir y le ofreció todas las garantías para visitar a la familia Ascencio. Entonces acordaron que al día siguiente, 12 de abril, el subsecretario de Gobernación y Pérez Pascuala se encontrarían en Atzompa para irse de ahí a Tetlatzinga.

Se acordó también que el 13 de abril se realizaría una asamblea con las autoridades comunitarias para explicarles esos acuerdos. El subsecretario González “planteó que podía salir una declaración conjunta” de esas reuniones.

A las autoridades del municipio les pareció alentador otro comentario de González: “que la solución de este problema podría ser un parteaguas en la impartición de justicia relacionada con los abusos de militares”. Así que Pérez Pascuala, Atenco y dos agentes municipales “le reiteramos al subsecretario... que mientras no haya justicia, el Ejército no regresara a nuestro territorio”.

Sin embargo, el subsecretario no cumplió con la cita para ir a Tetlatzinga; “llegó más tarde a buscar al alcalde a Atzompa, y no fue solo, sino que venía acompañado de los familiares de doña Ernestina, de sus cinco hijos, sobrinos y otros familiares”. Con ellos venía el dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), René Huerta.

Más tarde visitaron el lugar de los hechos y Pérez Pascuala le tradujo a González Uyeda las palabras de las hijas de Ernestina Ascencio, quienes “reiteraron el testimonio de su mamá, en el sentido de que unos soldados se le habían echado encima”. En lengua náhuatl, explica Atenco, no existe el término violación. Sin embargo, “la expresión ‘se le echaron encima’ se traduce como una violación”.

Finalmente, el enviado de Felipe Calderón canceló su asistencia a la asamblea con las autoridades comunales en el palacio municipal de Soledad Atzompa. “Sus auxiliares nos dijeron que tuvo que salir de urgencia a la Ciudad de México y se comunicarían para una nueva fecha”, afirma el entrevistado.

Días después supieron del subsecretario por los medios de comunicación: “Aseguró que los familiares de doña Ernestina nunca hablaron de un crimen, sino que sólo pedían justicia. No entiendo entonces cómo van a pedir justicia si no hubo crimen”, cuestiona Atenco.

“Rompió el acuerdo de que no haríamos ninguna declaración unilateral, sino que se haría una conjunta. No se esperó, a pesar de que las hijas de la señora reiteraron la versión de su mamá en el sentido de que fueron soldados quienes la agredieron”, lamenta. En todo caso, afirma, “nosotros seguiremos defendiendo la palabra de doña Ernestina para que se haga justicia, pues no está en duda que hubo violación y que los responsables fueron militares”.

Pero el 19 de abril, mientras en la capital del país José Luis Soberanes reiteraba que la señora Ascencio no fue violada, el subsecretario de Gobernación regresó a Soledad Atzompa y, con el apoyo de René Huerta, trasladó a los familiares de la víctima a Boca del Río. “Hay gente que los vio pasar en una camioneta oficial de la Secretaría de Gobernación”, señala Atenco Vidal.

–¿Podrían manipular a la familia para que se desdigan? –se le pregunta a Julio Atenco.

–En varias ocasiones han reiterado lo que les dijo su mamá antes de morir, pero si en esa reunión les sacaron algunas palabras sin el apoyo de un traductor ni la presencia de un testigo de calidad, es posible que pretendan coaccionarlos o hacerles una oferta económica, aprovechándose de su pobreza.

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