Laura Castro Medina
Orizaba, Veracruz, 9 de abril (apro-cimac).- Autoridades de Soledad Atzompa preparan la documentación que entregarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, ocurrida después de que presuntamente fuera violada por varios militares.
Julio Atenco Vidal, director de Obras y Desarrollo de Soledad Atzompa, informó que el grupo legislativo del PRD en la Cámara de Diputados, gestiona que la comisión de la CIDH que visitará el país el próximo 23 de abril, se reúna con pobladores de la zona para conocer el caso.
El funcionario municipal explicó que decidieron acudir a la CIDH y “a otras instancias” debido a que el caso se está “enturbiando” cada vez más.
Es decir, explicó, “los intereses oscuros del Ejército y de la Presidencia de la República están enturbiando cada vez más este crimen, y su eventual solución, no será en el corto plazo”, por ello, las autoridades comunitarias acordaron construir una estrategia de lucha jurídica con la cooperación de grupos civiles y Amnistía Internacional.
Ante el manoseo político que le han dado al caso de Ernestina Ascencio desde la Presidencia de la República y la CNDH, dijo, "vemos que la justicia se aleja cada vez más en este caso" y, ante ello, "las autoridades también decidieron diseñar una estrategia de lucha política".
El planteamiento central de este movimiento, dijo, es demandar la desmilitarización de la sierra de Zongolica, y el fortalecimiento de sus policías comunitarias y municipales, la cuales se coordinarían con las fuerzas de seguridad estatales.
Súbita cascada de apoyos
Pese a que los indígenas de Soledad Atzompa insisten en su reclamo de justicia y ya programan marchas de protesta, autoridades del gobierno estatal arribaron a la zona para distribuir despensas, cobertores, láminas de zinc, bicicletas, colchonetas, cemento para construcción de pisos en viviendas, dos autobuses escolares para los niños de las comunidades, además de más de dos millones de pesos para la construcción de una gasolinera que desde hace más de dos años demandaba la población serrana.
En Tetlacinga, lugar donde ocurrió la presunta violación y tortura de la indígena náhuatl, el subsecretario de Finanzas del estado, Javier Duarte, acompañado de los diputados Pedro Montalvo e Ignacio Valencia, entregó 5 viviendas para los hijos de la víctima, consistentes en un cuarto de mampostería de 4 metros de largo y 4 de ancho con su respectivo baño ecológico de fibra de vidrio. Ahí los hijos de la víctima de nueva cuenta afirmaron: “No queremos dinero, no queremos nada, sólo justicia.”
Extrañados por los apoyos nunca antes vistos en Soledad Atzompa, cerca de mil personas se concentraron en el auditorio municipal para recibir la ayuda. Sin embargo, en su escaso español y con las manos ocupadas por las despensas, cobertores o láminas, aclaraban a los representantes de los medios de comunicación que no abandonarán su lucha de justicia por la muerte Ernestina Ascencio.
En este contexto el activista Jairo Guarneros Sosa, miembro adherente de la Otra Campaña, afirmó que estas acciones pueden ser interpretadas con otra intención, pues tal pareciera que el gobierno estatal intenta encubrir a los responsables del crimen de la mujer y acallar las voces de los indígenas que reclaman justicia.
Consideró “curioso” que precisamente tras la muerte de la indígena comiencen a fluir “sorpresivamente” las ayudas, y afirmó que los apoyos enviados por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, únicamente entorpecen las investigaciones y pudieran ser considerados como un intento de “compra de conciencias”.
Por su parte integrantes del Frente Político de Izquierda, del PRD, marcharán el próximo 13 de abril desde Córdoba hacia la capital del estado para exigir que el crimen no quede impune. Durante el trayecto, contingentes de otros municipios se sumarán a la marcha.
Paralelamente, diversas organizaciones no gubernamentales y de mujeres demandaron al gobierno federal cumplir con las recomendaciones emitidas por Amnistía Internacional (AI) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en relación al caso de Ernestina Ascencio Rosario.
En un comunicado de prensa, el Comité Ciudadano Rosario Ibarra, Mujeres Universitarias de Xalapa, Ciudadanas Veracruzanas Independientes, Autoridades Nahuas de Soledad Atzompa y Representantes del Gobierno Legítimo rechazaron “categóricamente la afirmación de Felipe Calderón, en el sentido de pretender exculpar a los militares violadores y asesinos. Ya que en la segunda necropsia se reitera que sí fue violada”.
Expresaron su “profunda preocupación por las expresiones exculpatorias de autoridades locales y federales, así mismo de aquellas que se supone están obligadas, éticamente y legalmente, a defender los derechos humanos, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en voz de su representante”.
La CNDH, dijeron las organizaciones, carece de datos para negar que la víctima fue violada. “Para la sociedad es grave que la CNDH pretenda exonerar a los militares”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario