viernes, 6 de abril de 2007

“MANO NEGRA“ EL GOBIERNO FEDERAL

Regina Martínez y Rodrigo Vera / www.proceso.com

Los habitantes de la sierra de Zongolica están desconcertados por las contradicciones oficiales respecto de la violación y muerte de la septuagenaria Ernestina Ascencio. En el más puro estilo Fox, el presidente Felipe Calderón intervino para argumentar que el fallecimiento tuvo su origen en una “gastritis crónica mal atendida”. Y la CNDH se enredó en una explicación tan larga como ininteligible… Todo indica que hay una “mano negra” cuya intención es obvia: cuidar la imagen intocable del Ejército, que al parecer ha emprendido en la región una guerra de “baja intensidad”.

XALAPA, VERACRUZ.- Detrás de los contradictorios dictámenes médicos sobre el asesinato de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, presuntamente violada por un grupo de militares, se esconde una “mano negra” que intenta crear “confusión” para exonerar al Ejército y que incluso logró que el presidente Felipe Calderón asegurara que la muerte fue producto de una simple “gastritis”.

Según autoridades municipales y dirigentes sociales de la sierra de Zongolica, a través de esta “perversa” maniobra ya se intenta achacarle el crimen a un supuesto grupo guerrillero para así justificar una mayor presencia del Ejército en la zona. Esto puede ser, alertan, parte del entramado de una “guerra de baja intensidad” dirigida contra las comunidades serranas.

El luchador social Julio Atenco Vidal, fundador de la Coordinación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), afirma:

“Detrás del caso hay una mano negra que está propiciando dictámenes médicos contradictorios para así enredar el asunto judicialmente y evitar que se castigue a los responsables del crimen. Al mismo tiempo, se está preparando un escenario para crear chivos expiatorios. A partir de comunicados de prensa difundidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, ya empieza a hablarse, por ejemplo, de la presencia de grupos guerrilleros.

“Y si esa mano negra nos ha identificado como un objetivo militar, como un grano negro en el arroz, pues está viendo gigantes cuando en realidad somos pequeños pacifistas y demócratas. No somos partidarios de la violencia ni de la lucha armada, porque ya el pueblo ha sufrido bastante.”

–¿Se está dando entonces una guerra de baja intensidad? –se le pregunta.

–Es un escenario posible, aunque no tenemos elementos para afirmarlo con certeza. Como también es factible que se esté organizando un grupo paramilitar.

Son preocupantes, dice, las recientes afirmaciones de Felipe Calderón, quien da por descartado el asesinato: “El presidente está desinformado. Y no es gratuito, sino que es un acto deliberado, producto de esa mano negra”.

Por su parte, Javier Pérez Pascuala, alcalde de Soledad Atzompa, municipio donde sucedió el crimen, comenta:

“No sabemos si el presidente solamente opinó sin conocer el caso y cometió una equivocación, o intenta solapar al Ejército y encubrir a los malhechores. De ser así, es muy preocupante por tratarse del jefe de la nación.”

Añade que, por el nuevo sesgo del asunto, podría tratarse de una “guerra sucia” para “meterle miedo al pueblo por exigir sus derechos”; pero, aclara, “no podemos confirmarlo todavía”.

A su vez, Maurilio Xocua Méndez, dirigente de la Organización Campesina Independiente de la Sierra de Zongolica (OCISZ), señala: “Este tipo de cosas son utilizadas para infundir miedo, para que no podamos defender nuestros derechos, y nuestras demandas y propuestas no progresen. Hay intereses a los que no les conviene nuestra lucha social”.

–¿A usted ya se le ha señalado como miembro de la guerrilla?

–Así es. Y no sé de dónde partió esa acusación de que somos guerrilleros. Incluso hubo una denuncia en mi contra, pero no se me detuvo porque no fue una denuncia penal, sino propagada sin sustento a través de los medios de comunicación. Todo lo hacen para meter miedo.

Indica que ahora, con el crimen de la indígena Ernestina Ascencio, se han propagado informaciones confusas, “cuando lo que nosotros necesitamos es claridad, y que sobre todo se le haga justicia al pueblo”.

De esta manera, los entrevistados refutan las aseveraciones de Felipe Calderón, quien en una entrevista con el diario La Jornada, publicada el pasado martes 13, aseguró:

“He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica. La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida.”

Así, sorpresivamente, Calderón descartó que la indígena haya sido victimada por miembros de un pelotón del Ejército acantonado en la zona, como ella misma dijo antes de morir, y según hace suponer la primera autopsia que le practicó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz tan pronto falleció, el pasado 26 de febrero (Proceso 1584).

Desconfianza

El viernes 9, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhumó el cadáver de Ernestina Ascencio para practicarle nuevos exámenes y dijo que tardaría semanas en conocer los resultados. ¿La CNDH le adelantó información confidencial a Felipe Calderón o él exculpó al Ejército sin tener prueba alguna? ¿De dónde sacó que la indígena murió de gastritis?

Al día siguiente de que se publicaron las declaraciones de Calderón, el miércoles 14, la CNDH emitió un comunicado de prensa para señalar que hubo “diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales” realizados por la PGJEV.

En primer lugar, negó que la anciana haya fallecido por “traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda”. Descartó, pues, que su muerte se debió a “mecánica traumática”, como aseguran los peritos de la procuraduría estatal.

“La determinación de la luxación de cervicales resulta plenamente incongruente con las evidencias y hallazgos de la revisión del 9 de marzo, pues no existe luxación o fractura alguna ni de esas o de ninguna otra vértebra”, recalcó la CNDH.

La institución señaló que, “de manera contraria a la praxis médica”, la autopsia de la PGJEV “omitió” el estudio “de algunos de los más importantes órganos anatómicos, como son cráneo, vértebras cervicales, pulmones, corazón, hígado, estómago, asas intestinales y órganos sexuales”.

Según la PGJEV, la muerte de la anciana de 73 años fue provocada por “la fractura de cráneo” y la anemia producida por “una hemorragia en la vía anal”, ya que fue violada por la “vía anal y vaginal”. Contrariamente, la CNDH afirmó en su comunicado que “en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni los ‘múltiples desgarros’”.

La comisión también descartó que la indígena haya sido golpeada, atada y amordazada, como ella misma dijo al acusar a los soldados.

Según la CNDH: “El tipo de equimosis encontrado en brazos y en región pectoral descrito en la autopsia, no corresponde a lesiones similares a las que se producen en maniobras de sujeción o sometimiento, lo cual permite suponer a los peritos de esta comisión que fueron producidas al ser cargada y trasladada antes de fallecer”. Así, para la comisión, los golpes quizá se los produjo el movimiento de la pequeña camioneta pick up que la llevó al hospital.

El informe de la CNDH causa desconfianza entre las autoridades de la sierra de Zongolica. “¡No puede ser! ¡No puede ser! A la señora Ernestina se le trasladó con mucho cuidado y protegida con un cobertor”, exclama el alcalde Pérez Pascuala.

–La CNDH no encontró rastros de violación –se le plantea.

–¡Caray! Todo resulta ya contradictorio y confuso. Aquí el médico legista nos informó que sí hubo violación y también fractura de cráneo. Nos lo repitieron a las autoridades municipales y a los familiares de la víctima.

Y agrega: “Desconfiamos de la CNDH. De nada valió que haya exhumado el cuerpo para provocar más confusión. Es por demás que vengan a decirnos que van a esclarecer los hechos y hagan lo contrario. Se intenta encubrir a los culpables para que el crimen quede impune”.

Por su parte, Julio Atenco insiste:

“Toda esta situación me parece muy perversa. Para empezar, cómo es posible que, según la CNDH, las autoridades de Veracruz hayan levantado un acta de defunción de una mujer que fue presuntamente violada, sin examinar siquiera sus órganos sexuales. ¡Prácticamente no revisó nada! ¡No es posible! Esto va más allá de la mera negligencia médica.

“La señora Ernestina –enfatiza– sufrió muchísima pérdida de sangre. Ahí están incluso las fotografías de su cadáver, donde se ve escurrir el sangrado. Ahora resulta que se vació de pronto y sin causa alguna. En fin, nos están presentando un absurdo tras otro”.

–¿Cómo percibe la actuación de la CNDH?

–Los mexicanos estaríamos muy jodidos si la CNDH se pliega a los intereses perversos del Ejército. Es la única institución confiable que está metida en el caso. Por lo pronto, no detectó una violación sexual. No quiero ver mala fe en la CNDH. Ojalá y cumpla bien su papel. Hay que esperar a que dé su dictamen final.


Contradicciones

La semana pasada, el médico Hugo Zárate Amezcua, director del Hospital Regional de Río Blanco, donde fue atendida la indígena, aseguró que un “objeto extraño” se introdujo en el recto de la anciana. Sus declaraciones provocaron todavía más confusión.

–¿Es verdad que tenía el intestino perforado? –le preguntaron los reporteros.

–Sí, así es.

–¿Cómo pudo el pene perforar el intestino?

–No se puede. Tuvo que haber sido un objeto extraño que le introdujeron en el recto y eso dañó su intestino. Presentó una rectorragia (hemorragia anal) y eso le generó mucha pérdida de sangre. Ningún miembro genital del varón puede provocar el desgarre interno en el ano.

Zárate Amezcua reveló que la anciana fue atendida en el cuarto de choques del hospital por tres especialistas: la ginecóloga María Elena Rodríguez, el cirujano Erick Maya y el cardiólogo Isidro Mendoza. No hubo, dijo, negligencia médica.

De acuerdo con el diagnóstico del Hospital Regional de Río Blanco, la indígena falleció a consecuencia de daño renal o falla orgánica múltiple, deshidratación y una probable bronconeumonía.

A estos dictámenes contradictorios se suman los señalamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El pasado 6 de marzo, la comandancia de la 26 Zona Militar, a la que pertenece el pelotón asentado en Soledad Atzompa, emitió un comunicado en el que señala que los violadores no fueron sus soldados, sino “delincuentes que utilizaron prendas militares, provocaron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia”.

A raíz de estas acusaciones, las autoridades gubernamentales ya sospechan que un grupo guerrillero opera en la sierra de Zongolica. Al respecto, Julio Atenco cuenta una anécdota reveladora:

“En una reunión que acabo de tener con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, le comenté sobre lo absurdo de suponer la existencia de ese grupo adverso al Ejército. Y él me preguntó muy serio: ‘¿Y no lo hay?’. Yo le respondí: ‘Por supuesto que no existe’. Él todavía me insistió: ‘¿De verás no existe?’. Le repetí: ‘No, no hay tal grupo’.”

El líder de la CROISZ agrega: “Y respecto de nosotros, puede ser que nos lleguen a vincular con acciones violentas, que a mí me señalen como autor intelectual. Puede ser, pero lo harían sin ningún fundamento”.

El alcalde Pérez Pascuala refiere que desde 1994, cuando se dio en Chiapas el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se les ha intentado relacionar con la guerrilla. Lo mismo ocurrió cuando surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR). “Siempre se nos ha tratado de involucrar con esos grupos. Por acá aparecían pintas en las que se nos ligaba con ellos. Quién sabe quién las pondría, pero nada tenemos que ver, pues somos un pueblo pacífico”.

–¿La presencia del Ejército en la sierra de Zongolica se intensificó a partir de 1994? –preguntan los reporteros.

–Sí. A partir de entonces el Ejército empezó a venir muy seguido, en pelotones compuestos por unos 130 soldados. Antes, sólo subían de vez en cuando.

Maurilio Xocua, dirigente de la OCISZ, agrega: “En el 97, cuando supuestamente se supo la identidad del subcomandante Marcos, elementos de Seguridad Pública recorrieron la sierra de Zongolica y detuvieron a nuestro compañero Alejandro Salas Romero. Lo acusaron de guerrillero y se lo llevaron a una cárcel clandestina en Fortín. No le comprobaron nada y lo liberaron”.

Todavía en 2003, a Xocua se le intentó involucrar con grupos guerrilleros y en el secuestro del entonces diputado federal priista Mario Zepahua. Las acusaciones quedaron sin sustento.

Eso sí, Julio Atenco señala que en la zona hay una fuerte tradición de lucha social que, en ciertos momentos, ha provocado brotes de rebeldía. Por ejemplo, en 1973 la gente pobre de Tehuipango realizó protestas contra las autoridades municipales y los cacicazgos locales, que provocó saqueos a comercios.

Y a comienzos de los ochenta, en la comunidad de Tequila, hubo otro levantamiento indígena en contra de los cacicazgos que controlaban la explotación forestal. Los manifestantes llegaron a enfrentarse con la policía y las guardias blancas. Este movimiento dio origen a la Unión de los Pueblos Pobres de la Sierra de Zongolica, a la que en náhuatl se le abrevia como TINAM.

En 1984 surgió la Organización de Campesinos e Indígenas de la Sierra de Zongolica (OCISZ), de ideario socialista y dedicada a luchar por mejoras materiales para los indígenas. Por estas fechas también empezó a gestarse la Coordinación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROIZ) y en 1995 se constituyó formalmente para luchar por la “reivindicación de los pueblos originarios”.

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