ERNESTINA: LA HISTORIA CONDENA AL EJERCITO

César Augusto Vázquez Chagoya / www.elgolfoinfo.com / Lunes 9 de abril del 2007

Sin duda el gobierno federal defenderá con todo a los miembros del Ejercito Mexicano en la violación y muerte de Ernestina Ascencio, indígena náhuatl de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica. La defensa no sólo incluye el apresuramiento sin justificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desmintiendo la violación y condenando a las autoridades de Veracruz, sino que vienen acciones paralelas de tipo político.

Hay una imprecisión grave del gobierno federal y del Ejército que trasluce la licenciada Susana Pedroza, segunda visitadora de la CNDH, quien aparte de condenar la primera autopsia practicada a la indígena por los peritos de la Procuraduría de Veracruz, acusa al gobernador Fidel Herrera Beltrán de fomentar el clima de exacerbación sobre el caso, porque cuando fue al entierro de Doña Ernestina regaló bicicletas, materiales para construcción y propiedades para los hijos de la finada (cuatro casas).

Es preocupante que el mismo gobierno federal reconozca que los programas de SEDESOL para los pobres fueron manipulados en el 2005 y estos abarcan a los habitantes de la sierra de Zongolica. Es grave que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desconozca la pobreza y la actuación del ejército en la sierra de Zongolica. Se puede decir que según los primeros indicios los miembros del ejército violaron y mataron a doña Ernestina, pero este caso sólo es la corona del pastel ante el clima que ha ido construyendo el ejército en una de las regiones más pobres del país.

La sierra y sus municipios, desde tiempos de la colonia, han sido avasallados y han vivido como esclavos. Ahora sin esperanzas, empiezan a salir de sus comunidades para emigrar al norte, como un remedio a las numerosas muertes por hambre, sufrir vejaciones de caciques y autoridades.

Como reacción de su pobreza, muchos agarran con ganas el alcoholismo y como método de sacar a sus hijas del infierno en donde viven, prefieren casarlas con hombre mayores para que las mantenga a cambio de un bulto de maíz o unas botellas de licor, pero dejan de mantener una boca más.

Después de la revolución, los caciques ponían la justicia. “¿Para qué queremos aquí la policía, si con nuestras armas ponemos orden”?, decían. Primero los dueños fueron los de las tierras y las tiendas. Después surge el caciquismo de los transportistas, dueños de los camiones vitales para sobrevivir. Desde 1980, empiezan a surgir organizaciones indígenas para la defensas de sus intereses y particularmente de los taladores de madera que se ubican en Soledad Atzompa y Tequila. En ese tiempo, surge el TINAM, cobijado por sacerdotes jesuitas y las tataranietas del general Ignacio de la Llave, Gloria y Norma Arenas Agis.

Las hermanas se meten ayudar a los indígenas de la sierra porque vivían en Orizaba, al lado de donde salían los camiones a la sierra propiedad de la familia Zepahua, de Tequila. Tirados en el suelo, niños, mujeres, ancianos, hombres, con sólo un morral y sus vestimentas, pasaban fríos en la madrugada esperando las salidas de los primeros camiones, y las Arenas Agis les daban atoles y pan. Un día se opusieron a través del TINAM al aumento del pasaje y fueron perseguidas y apresadas, sacándolas del estado el secretario de Gobierno Ignacio Morales Lechuga (en los tiempos del gobernador Agustín Acosta Lagunes). Ahora una esta presa y otra huyendo por formar parte de los grupos guerrilleros EPR y el ERPI. Su madre, con sus hijos, huyó a vivir a Canadá.

No habían pasado ni 10 años del accionar de las hermanas Arenas Agis, cuando surge el movimiento armado del EZLN. Con razón y por seguridad nacional se llenó las regiones de Córdoba, Zongolica y Orizaba de elementos del ejército: estas regiones son vitales para el paso al sureste; por ejemplo, se encontró en Yanga una casa de seguridad donde se fabricaban cartuchos, se detuvo al que derribó la torre de la Comisión de la Comisión Federal de Seguridad, y se andaba sobre los pasos de Ricardo Barco, en ese entonces dirigente de la Ruta 100 del metro de la Ciudad de México, originario de Orizaba, señalado como uno de los patrocinadores del movimiento armado.

Ya pasando la efervescencia zapatista, cuando los panistas encabezados por Vicente Fox le dan más vuelo al subcomandante Marcos en el 2001 en su gira hacia la ciudad de México, el que se opuso a su estancia en Orizaba fue Julio Atenco Vidal, dirigente de la CROISZ y un tiempo casado con una integrante de "Sendero Luminoso", de Perú. Don Julio, muy enojado, concentró sus huestes, que tuvieron que ser contenidas por la policía del estado. Atenco es hoy asesor del ayuntamiento de Soledad Atzompa. En el 2001, el organizador de la estancia del líder del EZLN en Orizaba, era Jairo Guarneros.

El 18 de julio del 2002, el regidor del ayuntamiento de Zongolica Carlos Mazhua Campos, miembro del PRD y líder de la organización OINSZ (Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica), denunciaba que el ejército mexicano con su labor "social", buscaba células guerrilleras, sembradíos de drogas y de paso abusaban de sus mujeres. Mazhua habló de 47 casos de indígenas violadas y presentaron las denuncias ante el Ministerio Público, pero éste se negó a recibirlas porque "no eran de su incumbencia". Sobre el mismo caso, el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" documentó 50 casos. Nadie les hizo caso en el gobierno de Veracruz, porque según ellos no había denuncias. El TINAM en ese tiempo respaldó a Mazhua.

El 9 de julio del 2004 vuelve aparecer la denuncia sobre violaciones y abusos del ejército: el indígena Evaristo Xanahual Xicahual denuncia que el ejército, por encontrarle madera sin permiso, se la decomisó y se metieron a su casa y otras más de una comunidad de Atlahuilco, donde se encontraban sus hijas y su mujer. Señaló que los miembros de la SEDENA saben dónde están los aserraderos y con ellos no se meten, además de que en su región existen decenas de mujeres violadas, pero no denuncian por las amenazas y porque no las apoyan las autoridades.

El 17 de octubre del 2004, la Ministerio Público Itinerante licenciada Bárbara Rojas Morteo, informa que en la sierra de Zongolica aumentan las violaciones, por lo que ha recibido 14 denuncias y que la mayoría no se presentan por miedo a represalias o que el culpable no tenga castigo, porque en general los agresores son cercanos a la familia; pero la funcionaria deja al descubierto algo que es indigno en estos días: las mujeres indígenas no hablan en su mayoría español.

Existen señalamientos por violaciones de militares sobre indígenas en Chiapas, Veracruz, Guerrero y la penúltima en Coahuila, donde 20 soldados violaron a 13 prostitutas el 11 de julio del 2006, después de las elecciones federales. Fueron detenidos 6 y dos se fugaron. Todavía no se hace justicia porque las damiselas están siendo amenazadas y han retirado sus denuncias. En los demás casos no existen detenidos, porque SEDENA no permite u obstaculiza todo intento de la autoridad civil de hacer justicia.

De todos los casos señalados, la única muerta es doña Ernestina Ascencio, de 73 años, en donde a pesar de que se ha dicho que el caso lo juzgará la autoridad de Veracruz, casi todas las declaraciones iniciales (incluso la del Presidente Municipal de Soledad Atzompa) se han realizado en el cuartel militar de Orizaba.

No se espante, porque las cosas son más graves. En junio del 2006, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI), en el estado de Veracruz desde el año 2000 se han sentenciado a 742 soldados, ubicados en las zonas militares de Minatitlán, Xalapa y Tuxpam, y en ese sentido, Veracruz ocupa para la SEDENA el segundo lugar a nivel nacional en deserciones, desobediencia y abuso de autoridad. Sólo le gana el Estado de México (754) con menos soldados. Le sigue el Distrito Federal (686) también con menos elementos, y como se ve, pinta “bien” el panorama para los indígenas de Veracruz: no hay en el informe del IFAI un sólo caso de castigo para un militar por violación.

Según parece, para el Ejército Mexicano es más grave un escándalo de violación que tener en la cárcel a generales por narcotráfico, por matar a un compañero, etcétera. Creen firmemente que sus soldados son hombres perfectos, que no se atreverían meterse violentamente con una mujer. Ni los generales, ni a quien a matado a un compañero militar, ni los violadores de Coahuila, ni cuatro o tres violadores de Ernestina Ascensio, manchan la imagen del ejército, quienes han probado (no una, sino muchas veces) su entrega a las causas de las instituciones. Con el caso de Doña Ernestina, aunque amenacen a todo el estado, de que hay violación, hay violación, así digan lo contrario sus "paleros” de la CNDH.

Vale, resalta, que en las denuncias de indígenas violadas en el 2002, 2004 y 2006 en la sierra de Zongolica, siempre el gobierno de Veracruz, alcaldes, diputados locales, líderes agrarios, todos del PRI, negaron contundentemente las violaciones. Con doña Ernestina sucedió al revés por una razón lógica: después que los indígenas supieron que fueron miembros del ejército los que violaron y mataron a doña Ernestina, cercaron a los militares pidiendo justicia. Fue personal de Seguridad Pública, de la subsecretaria de Gobierno y de la Procuraduría de Justicia del Estado y los indígenas no cedían, hasta que llegó el gobernador, quien dio su palabra de que habría justicia y así dejaron irse a los soldados acampados a menos de 150 metros de la casa de doña Ernestina.

Ahora lo acusan de meter mas leña a la hoguera con los apoyos que otorgó. Esta historia dará más de qué hablar.