domingo, 8 de abril de 2007

ME VOY A DEFENDER: EL LEGISTA VERACRUZANO

Regina Martínez / Proceso. Semanario de información y análisis / Número 1588 / Domingo 8 de abril del 2007

SIERRA DE ZONGOLICA, VERACRUZ.- De ser necesario, “no dudaré en defenderme de las declaraciones que han descalificado mi trabajo como médico legista”, advierte Juan Pablo Mendizábal Pérez, suspendido temporalmente de su cargo en el Ministerio Público de Orizaba junto con otros dos peritos y quien, el 26 de febrero, practicó la primera necropsia a la indígena Ernestina Ascencio.

La labor del médico legista, quien estableció entonces que la mujer, presuntamente violada por militares, falleció a raíz de las lesiones provocadas por la agresión, fue desacreditada el pasado 30 de marzo por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.

En entrevista con el diario La Jornada, el funcionario sentenció: “¡Qué lamentable que le hayan practicado (a la señora Ascencio) una autopsia mal hecha, totalmente irregular, con muchas omisiones, con negligencia y dejadez”.

Y, más aún, dijo que la CNDH llevará el caso hasta la Procuraduría General de la República, en donde presentará una denuncia penal contra los peritos veracruzanos.

A su vez, Mendizábal Pérez, en una declaración por escrito entregada el jueves 5 a esta corresponsal, y sin mencionar por su nombre a la CNDH, señala que las declaraciones vertidas “ponen en tela de juicio mi trabajo, sin que tenga la posibilidad de externar cuál fue la verdad que aconteció de acuerdo a mi leal saber y entender como médico legista”.

Agrega que tiene una experiencia de casi 20 años en esa actividad, sustentada en un diplomado en medicina forense que avaló la Universidad Veracruzana, así como en una maestría en ciencias penales cursada en la Universidad Popular Autónoma de Puebla.

Sin embargo, anuncia que se ha abstenido y se abstendrá, por lo pronto, de emitir cualquier comentario sobre las investigaciones del caso Ascencio, “pues de acuerdo a la ley penal en el estado de Veracruz, los datos y diligencias deberán ser secretos, a fin de no entorpecer las labores de la autoridad investigadora”.

Por eso, puntualiza, “me he mantenido al margen de las declaraciones públicas que han dado a los medios defensores de los derechos humanos tanto a nivel estado como nacional, ya que sin ser un perito en derecho y de acuerdo a la ley mencionada, todo aquel que haga públicos datos sobre los cuales debe guardarse secreto, puede tener responsabilidad penal”.

No obstante, “el hecho de no dar ningún dato o rebatir los datos que supuestamente tienen las personas que irresponsablemente han declarado a los medios de comunicación, no atiende (sic) a aceptar tácitamente culpa o responsabilidad alguna de mi parte sino, como ya lo he explicado, pleno respeto y apego a la ley que rige el ejercicio de mi trabajo como médico legista”.

Y sostiene que esa labor la ha realizado “con pleno apego a derecho y sin servir a ningún mezquino interés político, económico o de cualquier otra especie”.

La suspensión temporal de Mendizábal Pérez, así como la de los peritos María Catalina Rodríguez Rosas e Ignacio Gutiérrez Vázquez, fue determinada el 28 de marzo a pesar de que hasta el momento la CNDH no ha enviado al gobierno de Veracruz la recomendación anunciada por las presuntas irregularidades que se detectaron en los peritajes iniciales del caso.

La subprocuradora de Supervisión y Control de la PGJE, Carolina Hernández Pinzón, dio a conocer esa medida que, dijo, se tomó por instrucciones del procurador Emeterio López Márquez.

Mientras tanto, el fiscal especial designado por la PGJE para aclarar la muerte de la indígena nahua, Juan Alatriste Gómez, sostiene que las investigaciones del caso “van avanzando”, aunque no precisa en qué consisten los “avances”.

Entrevistado por Proceso en Orizaba, advierte que no busca entrar en controversia con el presidente de la CNDH, quien manifestó que Ernestina Ascencio no fue violada, como lo dictaminaron inicialmente las autoridades estatales, sino que falleció por “anemia aguda no atendida”.

“Respeto mucho sus decisiones. No tengo opinión al respecto porque ni las conozco ni tampoco las he visto (sic)”, añade.

–¿Ha sido un caso difícil? ¿Ha tenido presiones?

–Ninguna presión. Estamos haciendo lo conveniente. Estamos investigando y eso es obligación. La autoridad ministerial se dedica a eso. Todo lo que se está realizando es conforme a derecho y, además, todas las autoridades tenemos la obligación de cumplirle a la sociedad.



Movilización en Soledad Atzompa



El director del hospital regional de Río Blanco, Hugo Zárate Amezcua, afirma que la conclusión de la CNDH “es muy clara cuando señala que no hubo violación”, y responsabiliza al personal del nosocomio a su cargo de las fracturas encontradas en el cuerpo de Ernestina Ascencio.

“No hubo fractura de cráneo ni de vértebras cervicales. Las fracturas que tenía, en costillas, fueron provocadas aquí mismo (en el hospital), porque como tuvo un paro cardiorrespiratorio, se le dieron maniobras de respiración; entonces, a la viejita se le fracturaron las costillas, pero nada más”, dijo a El Sol de Orizaba el 30 de marzo pasado.

A su vez, los familiares de Ernestina Ascencio, apoyados por organizaciones civiles y comunidades indígenas de la mayoría de los municipios de la Sierra de Zongolica, solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Y, ante el temor de que el expediente del caso “desaparezca” por las repercusiones políticas y sociales que está cobrando, exigen la renuncia del titular de la CNDH.

En asamblea realizada en Soledad Atzompa, los participantes acordaron adoptar “una estrategia de lucha jurídica”, con la colaboración de Amnistía Internacional y grupos ciudadanos, “ya que este asunto lo enturbian cada vez más los intereses oscuros, desde el Ejército y la Presidencia de la República”.

Autoridades comunitarias y municipales de esa localidad conformaron un “comité amplio”, junto con organizaciones civiles de la zona, para demandar “justicia por el crimen”.

En la asamblea se estableció que, debido al “manoseo político” que le han dado al asunto el presidente Felipe Calderón y José Luis Soberanes, “la justicia se aleja cada vez más”, por lo que también se acordó adoptar “una estrategia política”.

En principio, indicaron que se ratificará la “alianza estratégica” con el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, en materia de seguridad comunitaria, así como la confianza en que el mandatario cumplirá con su palabra de que “en el caso de nuestra hermana Ernestina se hará justicia y no habrá impunidad, ya que él declaró que no se trata de una muerte natural, sino de un crimen”.

Apuntaron que el pueblo de Soledad Atzompa respaldará a los diputados federales que vuelvan a tomar la tribuna del Congreso de la Unión para exigir la comparecencia de Soberanes, “ya que nuestros legisladores serán nuestra voz para demandar su destitución como presidente de la CNDH por manejar políticamente su puesto y ocultar los verdaderos resultados de la investigación policiaca y criminalística”.

El punto central de este movimiento, explicaron, “es demandar la desmilitarización de la Sierra de Zongolica y el respaldo gubernamental a los proyectos de autodesarrollo integral sustentable y autónomo de los municipios nahuas, (y) el fortalecimiento de sus policías comunitarios y municipales coordinados con los del estado”.

Y es que aun cuando los militares salieron del territorio de este municipio, ocasionalmente realizan incursiones en la sierra de Zongolica, en donde las mujeres ya no se atreven a salir solas; “ahora andamos acompañadas, en grupos de tres o cuatro”, refiere Noemí, una joven de la congregación de Atzompa.

“Después de lo que le pasó a doña Ernestina, tenemos miedo de andar solas en el monte, donde tenemos que ir a cortar leña y a cuidar a nuestros animalitos, pues pueden regresar los soldados y hacernos lo mismo que a la señora mayor”, comenta un grupo de mujeres que lava ropa en un arroyo cercano a su comunidad.

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