!TENEMOS CORAJE!

Regina Martínez / Proceso / Número 1587 / 1 de abril del 2007

XALAPA, VER.- Las autoridades y los habitantes del municipio de Soledad Atzompa insisten en que Ernestina Ascencio falleció a causa del ultraje de los militares y arremeten contra las autoridades federales porque, dicen, intentan exculpar al Ejército.

El alcalde atzompeño, Javier Pérez Pascuala, critica al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien cambió su postura inicial –de que había elementos para presumir una violación–, ahora sostiene que la anciana de 73 años murió “de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario”.

Lo que ha ocurrido desde el 25 de febrero pasado, cuando fue atacada la anciana “por hombres vestidos de verde” en la comunidad de Tetlatzinga, “nos tiene preocupados y ha aumentado el coraje del pueblo, que ve que no se va a aplicar la justicia”, declara el edil, quien considera falso el argumento del ombudsman Soberanes de que “nuestra hermana se murió de anemia aguda, que no hubo violación y que no tenía fracturas. Eso es una mentira que pretende desviar la realidad de los hechos”.

Irritado por las declaraciones de Soberanes, Pérez Pascuala asegura que el funcionario se está prestando para encubrir al Ejército, pues el procurador general de Justicia del estado, Emeterio López Márquez, así como los médicos del Hospital Regional de Río Blanco, “reconocieron que sí hubo violación”.

“Como indígenas nahuas nos preguntamos: ¿cómo es posible que ahora el doctor Soberanes diga lo contrario. Creemos que está ocultando la verdad y trata de desviar la atención de la opinión pública con el propósito de dejar impune este lamentable crimen”, afirma.

Julio Atenco Vidal, luchador social e integrante del ayuntamiento de Soledad Atzompa, una comunidad enclavada en las faldas de la sierra de Zongolica, dice a Proceso que a principios de marzo todos los miembros del cabildo local se entrevistaron con funcionarios de la CNDH. Ahí, recuerda, “los visitadores Pedro Armendáriz y Francisco Platas nos dijeron que todas las evidencias que habían recabado hasta entonces apuntaban a que los soldados eran los responsables”.

Según él, Armendáriz y Platas expresaron en forma confidencial que, “además de que aceptaban la violación de nuestra hermana, estaban convencidos de que los militares eran los culpables”. De hecho el encuentro fue para que las autoridades municipales aportaran detalles sobre el crimen, el escenario y las circunstancias en que se perpetró el ataque. Todas las evidencias apuntaban hacia el Ejército, según reconocieron los dos visitadores, insiste.

Por eso Julio se molestó cuando oyó al presidente Felipe Calderón cuando dijo que Ernestina Ascencio había fallecido por “gastritis crónica no atendida”. “De inmediato –puntualiza– me comuniqué con Pedro Armendáriz para preguntarle si eso era cierto. La respuesta (del visitador) fue contundente: ‘no sé de dónde habrá sacado la información; la CNDH no ha emitido ninguna información oficial’”.

Le desconcierta que la CNDH haya hecho un buen trabajo en este caso, pero lamenta que los resultados estén escondidos. “Lo que pretende el señor Soberanes –dice– es darle un uso político al trabajo que hizo la institución. Lo está tergiversando para darle sustento a lo dicho por el presidente Calderón”.

Asegura que, desde el principio, las autoridades se contradijeron y cita un ejemplo: el 26 de febrero por la noche, horas después de que Ernestina falleció, el coronel José Soberanes informó “ante más de 300 personas” que cuatro soldados estaban arrestados e iban a ser investigados por ese crimen. Pero al día siguiente, el mismo militar declaró: “La información fue que no había ningún soldado arraigado”; a su vez, la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó de los hechos y dejó correr la versión de que el autor del homicidio había sido un grupo guerrillero.

A juicio del también director de obras del municipio de Soledad Atzompa, “este crimen tenía como objeto provocar un enfrentamiento entre el pueblo y el Ejército, pues nos tienen estigmatizados como gente violenta, lo cual no es verdad, pero sí es verdad que hay una tradición de lucha organizada desde hace más de una década.

“Pero calcularon mal –precisa–, porque pensaron que este pueblo ‘violento’ iba a enfrentar al Ejército, pero estuvo mal su cálculo porque el pueblo reaccionó con sensatez”.

Los representantes comunales de Tetlatzinga, Atexcatcotl y Huixzila, Rosendo Antonio Dolores, Roberto Antonio Soledad y Pablo Ponce Castro, respectivamente, dicen que de no haber justicia en el caso de Ernestina, la situación se volverá crítica.

Rosendo Antonio asegura que “las mujeres están muy preocupadas y temerosas de salir a trabajar a los campos, porque allá es una costumbre salir a cuidar los borregos… Con lo que le ocurrió a la señora Ernestina, ahora tienen miedo”.

Y su compañero de Atexcatcotl se pregunta: “¿Qué va a suceder en nuestros pueblos indígenas si no hay justicia? Si se les otorga impunidad a los soldados que atacaron a la anciana, nuestra gente puede reaccionar para ya no dejar que el Ejército incursione en nuestro territorio”.



Cadena de complicidades



La controversia generada por las declaraciones del presidente de la CNDH fue aprovechada por el gobernador Fidel Herrera Beltrán y por el procurador de Justicia, Emeterio López Márquez.

El 28 de marzo, el mandatario estatal emitió un comunicado en el que afirmó: “Si por una parte mi gobierno se opone a señalamientos infundados, por otra parte no dejaremos que haya impunidad si se llega a demostrar que el hecho tiene connotación de un homicidio”. De manera simultánea, el procurador Emeterio López ordenó suspender a los peritos María Catalina Rodríguez Rosas, Pablo Pérez Mendizábal e Ignacio Gutiérrez Vázquez, quienes emitieron los dictámenes relativos a la violación, lesiones y fractura de cráneo que sufrió Ernestina Ascencio. Los tres fueron suspendidos de manera “temporal”.

La procuraduría estatal declaró que los peritos suspendidos “incurrieron en actos y omisiones” al elaborar los dictámenes del expediente de queja 2007/901/2/Q.

–¿Qué tanta validez legal tiene para la procuraduría estatal una recomendación de la CNDH? –pregunta la reportera a la subprocuradora de supervisión y control de la dependencia, Carolina Hernández Pinzón.

–Primero tenemos que ver las actuaciones que realizó la CNDH y, según las pruebas desahogadas, tendremos que analizar cuáles son válidas para nosotros… porque no es un juicio el que se lleva aquí, sino un procedimiento administrativo.

–¿Si la CNDH está hablando de irregularidades, qué va a pasar con los exámenes periciales? ¿Se van a desechar del expediente ministerial?

–No. Son pruebas que se están analizando en el propio expediente y será la Fiscalía Especial la que determine si desecha o no las probanzas. Nosotros no podemos intervenir.

A su vez, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), Noemí Quirasco Hernández, expresa sus discrepancias con el informe de la CNDH. Dice que “el delito de violación no se acredita necesariamente con desgarres vaginales, ni tampoco porque exista semen o se haya aplicado una prueba química donde se haya efectuado la penetración”.

Si acaso Ernestina Ascencio no murió a causa de la violación, indica Quirasco, “creo que nadie ha mencionado que la señora fue arrojada a un barranco, donde fue encontrado su cuerpo. Entonces, habrá muchas cosas que investigar, y la PGJE está haciéndolo de manera correcta”.

–¿Avala usted el reporte de la CNDH?

–Yo no puedo avalar nada porque no me compete ni es un asunto de la comisión estatal. A nosotros no nos corresponde determinar el cuerpo del delito, ni la presunta responsabilidad de nadie. Esa es una labor de la PGJE y creo que una violación de derechos humanos está ahí latente, porque hubo un servidor público que no cumplió con su deber.

–¿Valida usted la versión de que la señora murió de gastritis crónica?

–Leí un artículo (periodístico)… Es increíble que el presidente (Felipe Calderón) sea un pitoniso, ¿no?, pero desde luego se tiene que corroborar eso y yo tampoco quiero hacer más comentarios. Pero en lo que atañe a si hubo o no violación, a mí me quedan serias dudas.